Nelly del Rosario Vásquez Gerónimo
Expediente 1018/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nelly del Rosario Vásquez Gerónimo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, el catorce de julio de dos mil veintiuno. Del estado de los autos se advierte que mediante proveído de tres de febrero del presente año, entre otras cuestiones, se ordenó el archivo en el presente asunto; por ende, se estima innecesario que continúe en este juzgado los dos tomos de pruebas que se formaron con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. En consecuencia, devuélvase los tomos de pruebas a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del cinco al diecinueve de julio de dos mil veintiuno; según consta en el oficio CCJ/ST/1445/2021 signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1018/2019, y su acumulado 1049/2019, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de catorce enero de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridades responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el siete de febrero de dos mil veinte, se negó el amparo y protección a la parte quejosa. Inconforme con la citada resolución, la parte quejosa Nelly del Rosario Vásquez Gerónimo, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión ordinaria virtual celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, revocó la sentencia recurrida, para los siguientes efectos: ".En consecuencia, ante lo fundado del agravio suplido en su deficiencia, en lo que la materia de la revisión, procede revocar la sentencia impugnada y conceder la protección constitucional solicitada para que la autoridad responsable se sujete a los siguientes efectos: A) Deje insubsistente el acto reclamado dictado el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil 594/2018 de su índice. B) En su lugar, dicte otra en la que reitere lo que no fue materia de concesión del amparo. C) Para efectos de la regraduación de la pensión alimenticia provisional si bien deberá tener por justificado que el deudor alimentario otorga el rubro de habitación, para tal efecto se deberá de abstener de tomar en consideración el concepto de "PTMO.ADMTVO. Por $594.44 (quinientos noventa y cuatro pesos 44/100 M.N.)." Como consecuencia de lo anterior, en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveídos de trece y catorce enero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante oficio 54 de ocho de enero del año en curso, el Juez Octavo de Primera de Instancia Especializado en Materia de Familiar de Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de esa misma data, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos, derivado del juicio ordinario civil 594/2018 de su índice, y se pronunció nuevamente al respecto, en la que analizó los elementos de prueba concernientes a la etapa procesal y con libertad de jurisdicción declaró procedente el recurso de reclamación planteada, en la que determinó reducir la pensión provisional alimentaria fijada del 65% (sesenta y cinco por ciento) al 55% (cincuenta y cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso César Eduardo Hernández Méndez. Para lo cual planteó los agravios hechos valer por el demandado y que de forma sucinta baso en que la pensión alimenticia provisional decretada violenta el principio de proporcionalidad ya que no se tomó en consideración que proporciona el rubro de casa-habitación. Esto es, que él eroga el pago de la casa en donde viven sus hijos, así como su esposa, por lo que la actora aquí también quejosa no paga renta, que les proporciona seguridad social por parte de la empresa en donde labora, para lo cual exhibió un pago de préstamo especial para gastos de escrituración por la cantidad de $85,865.35 (ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 35/100 moneda nacional) expedido por la Dirección Corporativa de Administración Subdirección Corporativo de relaciones laborales Gerencia Corporativa de Prestaciones, ocho recibos de nómina correspondientes al reo, expedidos por Pemex, Exploración y Producción, una constancia médica de veintidós de noviembre de dos mil diez, a los cuales se les otorgó valor conforme a lo establecido por los artículos 210, 235 fracción III, VI, 334 y 337 de la Ley Procesal Civil, puesto que la parte actora no ofreció ningún medio de convicción para desvirtuar la autenticidad de las pruebas que fueron aportadas. Ahora, en relación a las ocho impresiones de los recibos de nómina emitidos por Pemex, Exploración y Producción a nombre de César Eduardo Hernández Méndez el juez responsable la encontró adminiculada con el informe rendido por el departamento de personal de Boca del Río, de data veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, en donde consta el desglose y deducciones que se le efectúan al demandado en el periodo 17/2019 (catorcenal) así como el recibo de pago de préstamo especial para gastos de escrituración de quince de abril de dos mil quince, y advirtiéndose que dentro de sus deducciones de acuerdo al informe rendido por PEMEX y en especial se encuentran los conceptos: SIFIVI ALMORT, BVA, por la suma de $2,346.10 así como GASTOS DE ESCRITURACIÓN por la cantidad de $825.72 (ochocientos veinticinco pesos 75/100 moneda nacional, de las que se advierte que la adquisición del bien inmueble, no obstante lo manifestado por la actora aquí quejosa en el sentido de que es al reo al que le descuentan el pago del inmueble en donde habían los hijos, no se puede decir que está cumpliendo con los alimentos que se le reclaman por los hijos no comen casa; confesión que se le dio valor probatorio conforme al diverso 320, de la Ley Adjetiva Civil. Asimismo, el juez señaló, determinó que el demandado si se encuentra proporcionando el rubro de habitación a sus acreedores, circunstancia de la cual no se tenía conocimiento cuando se decretó la pensión alimenticia provisional, también se dilucidaron los préstamos solicitados por gastos de escrituración por la cantidad de $85,865.35 (ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 35/100 moneda nacional) a efecto de pagar al notario público número Dieciséis Licenciado Eduardo Panes Campillo, con que quedó demostrado que el reclamante proporcional el "rubro de habitación", la cual se toma en consideración para la reducción de la pensión alimenticia provisional decretada. Por lo que respecta al préstamo que aparece como "PTMO.ADMTVO, a razón de $594.44 (quinientos noventa y cuatro pesos 44/100 moneda nacional) el mismo no fue considerado para el rubro de habitación que hace mención el demandado, puesto que las pruebas que ofreció se estableció que no justificaban que el citado préstamo hubiera sido para las mejoras del bien inmueble, máxime que para entablar la pensión alimenticia debe ser tomada como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas por el deudor alimentario como podrían ser, entre otro, el impuesto al ingreso por trabajo realizado, por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades alimentarias, deben ser calculadas del monto total de las percepciones de carácter permanente, por esa razón no citada pensión no puede disminuirse. En relación a lo antes expuesto, y de acuerdo al medio de convicción exhibido por las partes, quedó justificada la existencia de los descuentos de sus ingresos del sesenta y cinco por ciento, al cincuenta y cinco por ciento de su salario y demás prestaciones, sin embargo, se desconocía que proporciona el rubro de casa habitación, dicho que acreditó con las documentales antes descritas. Por tales motivos se redujo la medida cautelar del 65% (sesenta y cinco por ciento) al 55% (cincuenta y cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso César Eduardo Hernández Méndez. En ese sentido, en concordancia con lo anteriormente expuesto se determina que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera de Instancia Especializado en Materia de Familiar de Veracruz, atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la diversa de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, y dictó otra para los efectos de la regraduación de la pensión alimenticia; motivo por el cual debe concluirse que se ha restituido al peticionario de amparo en el goce de sus garantías violadas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 3, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k) II inciso a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa Nelly del Rosario Vásquez Gerónimo por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad y César Eduardo Hernández Méndez, por oficio a la autoridad responsable, a la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, y por lista a las demás partes, el contenido del presente proveído.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte tercero interesada, el auto de Boca tres de febrero de dos mil veintiuno, que en su parte sustancial dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de catorce enero de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridades responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el siete de febrero de dos mil veinte, se negó el amparo y protección a la parte quejosa. Inconforme con la citada resolución, la parte quejosa Nelly del Rosario Vásquez Gerónimo, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión ordinaria virtual celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, revocó la sentencia recurrida, para los siguientes efectos: ... Como consecuencia de lo anterior, en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveídos de trece y catorce enero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante oficio 54 de ocho de enero del año en curso, el Juez Octavo de Primera de Instancia Especializado en Materia de Familiar de Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de esa misma data, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos, derivado del juicio ordinario civil 594/2018 de su índice, y se pronunció nuevamente al respecto, en la que analizó los elementos de prueba concernientes a la etapa procesal y con libertad de jurisdicción declaró procedente el recurso de reclamación planteada, en la que determinó reducir la pensión provisional alimentaria fijada del 65% (sesenta y cinco por ciento) al 55% (cincuenta y cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso ++++. Para lo cual planteó los agravios hechos valer por el demandado y que de forma sucinta baso en que la pensión alimenticia provisional decretada violenta el principio de proporcionalidad ya que no se tomó en consideración que proporciona el rubro de casa-habitación. Esto es, que él eroga el pago de la casa en donde viven sus hijos, así como su esposa, por lo que la actora aquí también quejosa no paga renta, que les proporciona seguridad social por parte de la empresa en donde labora, para lo cual exhibió un pago de préstamo especial para gastos de escrituración por la cantidad de $85,865.35 (ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 35/100 moneda nacional) expedido por la Dirección Corporativa de Administración Subdirección Corporativo de relaciones laborales Gerencia Corporativa de Prestaciones, ocho recibos de nómina correspondientes al reo, expedidos por Pemex, Exploración y Producción, una constancia médica de veintidós de noviembre de dos mil diez, a los cuales se les otorgó valor conforme a lo establecido por los artículos 210, 235 fracción III, VI, 334 y 337 de la Ley Procesal Civil, puesto que la parte actora no ofreció ningún medio de convicción para desvirtuar la autenticidad de las pruebas que fueron aportadas. Ahora, en relación a las ocho impresiones de los recibos de nómina emitidos por Pemex, Exploración y Producción a nombre de César Eduardo Hernández Méndez el juez responsable la encontró adminiculada con el informe rendido por el departamento de personal de Boca del Río, de data veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, en donde consta el desglose y deducciones que se le efectúan al demandado en el periodo 17/2019 (catorcenal) así como el recibo de pago de préstamo especial para gastos de escrituración de quince de abril de dos mil quince, y advirtiéndose que dentro de sus deducciones de acuerdo al informe rendido por PEMEX y en especial se encuentran los conceptos: SIFIVI ALMORT, BVA, por la suma de $2,346.10 así como GASTOS DE ESCRITURACIÓN por la cantidad de $825.72 (ochocientos veinticinco pesos 75/100 moneda nacional, de las que se advierte que la adquisición del bien inmueble, no obstante lo manifestado por la actora aquí quejosa en el sentido de que es al reo al que le descuentan el pago del inmueble en donde habían los hijos, no se puede decir que está cumpliendo con los alimentos que se le reclaman por los hijos no comen casa; confesión que se le dio valor probatorio conforme al diverso 320, de la Ley Adjetiva Civil. Asimismo, el juez señaló, determinó que el demandado si se encuentra proporcionando el rubro de habitación a sus acreedores, circunstancia de la cual no se tenía conocimiento cuando se decretó la pensión alimenticia provisional, también se dilucidaron los préstamos solicitados por gastos de escrituración por la cantidad de $85,865.35 (ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 35/100 moneda nacional) a efecto de pagar al notario público número Dieciséis Licenciado +++, con que quedó demostrado que el reclamante proporcional el "rubro de habitación", la cual se toma en consideración para la reducción de la pensión alimenticia provisional decretada. ++++ el mismo no fue considerado para el rubro de habitación que hace mención el demandado, puesto que las pruebas que ofreció se estableció que no justificaban que el citado préstamo hubiera sido para las mejoras del bien inmueble, máxime que para entablar la pensión alimenticia debe ser tomada como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas por el deudor alimentario como podrían ser, entre otro, el impuesto al ingreso por trabajo realizado, por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades alimentarias, deben ser calculadas del monto total de las percepciones de carácter permanente, por esa razón no citada pensión no puede disminuirse. En relación a lo antes expuesto, y de acuerdo al medio de convicción exhibido por las partes, quedó justificada la existencia de los descuentos de sus ingresos del sesenta y cinco por ciento, al cincuenta y cinco por ciento de su salario y demás prestaciones, sin embargo, se desconocía que proporciona el rubro de casa habitación, dicho que acreditó con las documentales antes descritas. Por tales motivos se redujo la medida cautelar del 65% (sesenta y cinco por ciento) al 55% (cincuenta y cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso ++++. En ese sentido, en concordancia con lo anteriormente expuesto se determina que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera de Instancia Especializado en Materia de Familiar de Veracruz, atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la diversa de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, y dictó otra para los efectos de la regraduación de la pensión alimenticia; motivo por el cual debe concluirse que se ha restituido al peticionario de amparo en el goce de sus garantías violadas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 3, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista a la parte tercero interesado el auto de fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, el cual dice: Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, para lo cual se le deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k) y III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa ********************, y por lista a las demás partes.
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