Neidy Guadalupe Ortega Cobos
Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Neidy Guadalupe Ortega Cobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 31/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ". Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios de la sentencia dirigidos a las autoridades foráneas; ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, puesto que el acto reclamado se emitió en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios de la sentencia dirigidos a las autoridades foráneas; ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, puesto que el acto reclamado se emitió en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data Neidy Guadalupe Ortega Cobos por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada, promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz y 2. Secretario de acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz (fojas 2 a 5). SEGUNDO. Admisión. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se acordó admitir la demanda; dar la intervención al Fiscal Federal de la adscripción; fijar data y hora para la audiencia constitucional; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; formar por separado y duplicado el incidente de suspensión; se ordenó emplazar al tercero interesado Aldrin de Jesús Hernández Escobar; se giró oficio al Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que designe un representante para el menor de identidad reservada dentro del presente juicio de amparo (fojas 7 a 13). TERCERO. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo a la asesora jurídica federal Maribel Galicia Siles aceptando el cargo como representante especial dentro del presente juicio del menor quejoso de identidad reservada, quien formuló alegatos (fojas 22 y 24, 59 a 61 y 63). El once siguiente, se tuvo al tercero interesado Aldrin de Jesús Hernández Escobar por apersonado a juicio, quien formuló alegatos (fojas 26 a 27 y 52 a 54). CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 42 a 49 y 66, así como cuaderno de pruebas) la audiencia constitucional tuvo verificativo el uno de julio de dos mil veintiuno (fojas 72) sin que ninguna de las partes se hubiera opuesto a la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama el acuerdo dictado, en la audiencia prevista por los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz de doce de enero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de los autos del juicio ordinario civil 1033/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, en la que se señalaron las diecisiete horas del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia especial citada, para decidir sobre los derechos inherentes al régimen de convivencia de un menor con sus padres, lo cual afecta materialmente el derecho sustantivo a la salud mental (emocional o psicológica) reconocido en favor de toda persona en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Así también, se es competente por cuestión del territorio, toda vez que se trata de un acto que se atribuye a una autoridad que radica en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado y que es el lugar en el que se emitió y surte sus efectos. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. Al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos particularmente el informe justificado de la autoridad responsable, se aprecia que dicho acto es: El acuerdo dictado, en la audiencia prevista por los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz de doce de enero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de los autos del juicio ordinario civil 1033/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, en la que se señalaron las diecisiete horas del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia especial citada para decidir sobre los derechos inherentes al régimen de convivencia de un menor con sus padres, para lo cual se previnó a la progenitora custodia, Neidy Guadalupe Ortega Cobos, a efecto de que compareciera en compañía de su menor hijo de identidad reservada. (Se notificó por lista a la parte quejosa el trece de enero de dos mil veintiuno, fojas 47 y 280 del cuaderno de prueba). Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de técnica jurídica, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz; debido a que, al rendir su informe justificado, reconoció su existencia (fojas 42 a 49 y 66, así como cuaderno de pruebas). Lo que se corrobora, pues la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz; remitió copia certificada del juicio ordinario civil juicio ordinario civil 1033/2017 como justificación de su acto, en las que se advierte el acuerdo dictado, en la audiencia prevista por los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz de doce de enero de dos mil veintiuno que por esta vía se combate, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas expedidas por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley (fojas 44 a 47 y 277 a 280 del cuaderno de prueba). Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por cuanto hace a la autoridad responsable 2. Secretario de acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, a pesar de que fue notificado no rindió su informe justificado, en esa virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de Ley citada. Es aplicable tesis de Jurisprudencia 1a./J. 8/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, página 26, con registro digital 194401 del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias - de hecho o de derecho - que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." En el caso, a juicio del suscrito se estima que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque se considera que la parte quejosa omitió agotar el medio de impugnación ordinario de defensa consistente en el recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, susceptible de revocarlo y, por tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. MARCO NORMATIVO Para justificar la actualización del aludido motivo de improcedencia, se considera oportuno establecer el siguiente marco legal. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." De una interpretación jurídica sustancial del ordenamiento legal descrito, se advierte prevé el llamado principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Dicho principio en materia de amparo, estudiado por la doctrina, retraído en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que los gobernados tengan al alcance para revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Doctrinalmente se ha sostenido que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resulta improcedente. Así se tiene que, de una interpretación sistemática y teleológica del precepto legal citado se pone de manifiesto que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los que el gobernado promueve el juicio constitucional al impugnar un acto emanado de estos órganos jurisdiccionales, sin haber agotado previamente los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, conforme a la ley que rija tales actos. Ahora, de una acuciosa lectura de la fracción en comento, se advierte que el legislador estableció como presupuestos para que se actualice la causa de improcedencia referida, los siguientes: a) El acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. c) Ese recurso o medio ordinario de defensa se contemple dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d) Por virtud del medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. e) No se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad. e.1) Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. e.2) El acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. e.3) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Al respecto es de señalar que, la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad de acto reclamado, comparece a dicho proceso judicial. e.4) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En relación con esto último, debe decirse que denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia. De esa manera, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a la existencia de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 361, del tomo IV, segunda parte-1, julio diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, conviene destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se da pie al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por otra parte, se precisa que el juicio del que deriva el acto reclamado se tramita conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Así, los artículos 506, 508, 509 y 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, señalan los medios de impugnación que las partes en un juicio ordinario civil pueden interponer, como son la revocación, reposición, apelación y la queja a saber: "Artículo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 508. De los decretos y autos del Tribunal de Segunda Instancia puede pedirse la reposición, que se substanciará en la misma forma que la revocación." "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." "Artículo 525. El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niegue a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante; II. Respecto de los autos dictados en ejecución de sentencia; III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley." De una interpretación sistemática y teleológica de las normas legales descritas, se advierte el recurso de revocación, procede contra los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. La naturaleza jurídica de la irreparabilidad, se refiere al entorno del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por otra parte, el medio de impugnación relativo a la reposición procede contra los decretos y autos emitidos por el Tribunal de Segunda Instancia. Así también, en cuanto al recurso de apelación se advierte procede contra sentencias, autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia. Finalmente, el recurso de queja procede contra el juez que se niegue a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante; respecto de los autos dictados en ejecución de sentencia; contra la denegación de apelación; en los demás casos fijados por la ley. Así también, los artículos 515, 516 y 517 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establecen: "Artículo 515. Interpuesta una apelación el juez la admitirá sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando si la admite en ambos efectos o en uno sólo." "Artículo 516 El recurso de apelación procede en un solo efecto y en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la prosecución del juicio, y en el segundo, se suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto. Para la tramitación de la apelación que proceda sólo en el efecto devolutivo, se compulsará y remitirá al tribunal, dentro de tres días, testimonio de las constancias que señalen las partes." "Artículo 517 Se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I.-De las sentencias; II.-De los autos que paralizan o ponen término al juicio, haciendo imposible su terminación; III.-De otras resoluciones que especifique la ley." De los preceptos transcritos se desprende que: a). El recurso de apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el efecto suspensivo, o sólo en el primero. b). La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución del auto o sentencia hasta que en la segunda instancia se dicte la resolución correspondiente y ésta sea conocida por el inferior. c). Mientras que la apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la sentencia o del auto apelado, supuesto en el que se ubicaría el acuerdo dictado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, atento a lo dispuesto por el diverso numeral 516 del citado ordenamiento legal. d). Entre los autos apelables en efecto devolutivo se encuentran aquéllos que tienen fuerza de definitivos o lo disponga expresamente la ley, si además lo fuera la sentencia definitiva en el juicio que se dicten. e). Por autos que tienen fuerza de definitivos se entiende, aquéllos que causan un gravamen que no pueda repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal, salvo los que se refieran a la mera tramitación del juicio. ANTECEDENTES En virtud de exponer con claridad la conclusión anterior, es conveniente hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado relativo al acuerdo dictado, en la audiencia prevista por los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz de doce de enero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de los autos del juicio ordinario civil 1033/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, en la que se señalaron las diecisiete horas del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia especial citada para decidir sobre los derechos inherentes al régimen de convivencia de un menor con sus padres, para lo cual se previnó a la progenitora custodia Neidy Guadalupe Ortega Cobos, a efecto de que compareciera en compañía de su menor hijo de identidad reservada, que se desprende de las documentales que se allegaron al presente juicio, lo que se hace en la relación siguiente: a) Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, ante el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, quien lo radicó con el número de juicio ordinario civil 1033/2017, Aldrin de Jesús Hernández Escobar, por propio derecho, promovió juicio ordinario civil contra Neidy Guadalupe Ortega Cobos, de quien solicitó entre otras prestaciones el divorcio incausado y la perdida de la guarda y custodia de su menor hijo de identidad reservada (fojas 1 a 6, cuaderno de pruebas). b) Por auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el aludido juez, entre otras cosas, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada Neidy Guadalupe Ortega Cobos, lo cual ocurrió el ocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 14 a 15 y 16, cuaderno de pruebas). c) Luego de que se emplazara a la demandada en el juicio, dio contestación e interpuso reconvención reclamando el pago de una pensión alimenticia y demás prestaciones (fojas 19 a 24, cuaderno de pruebas) y por lo cual, en auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte actora y se decretó una pensión alimenticia provisional a favor de la acreedora alimenticia y de su menor hijo de identidad reservada, consistente en dos salarios mínimos diarios de forma proporcional para ambos, a un valor de $88.36 (ochenta y ocho pesos con 36/100 moneda nacional), siendo en total $176.72 (ciento setenta y seis pesos con 72/100 moneda nacional) lo que se requirió al momento de emplazarlo (fojas 25 a 26, cuaderno de pruebas). d) Notificado que fue la parte demandada reconvencional (fojas 27, cuaderno de pruebas) interpuso el recurso de reclamación contra el proveído que fijo el monto de la pensión alimenticia provisional, el cual se tuvo por admitido por auto de uno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 32 a 36 y 43, cuaderno de pruebas). e) El seis de abril de dos mil dieciocho, se ordenó turnar los autos a la vista del juzgador a efecto de resolver lo procedente respecto a la reclamación interpuesta, así también se señaló data y hora para que tuviera verificativo la audiencia especial prevista en los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, al igual que la diversa audiencia prevista por el artículo 219 del citado ordenamiento, a efecto del desahogo de pruebas de las partes (fojas 48 a 50, cuaderno de pruebas). f) Audiencia prevista en el artículo 219 del Código Civil del Estado de Veracruz, que tuvo verificativo a las diez horas del ocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 55 a 65, cuaderno de pruebas). g) El quince de junio de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia especial prevista en los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz (fojas 71 a 72, cuaderno de pruebas). h) Resolución de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de reclamación la cual se declaró infundada (fojas 73 a 75, cuaderno de pruebas). i) El doce de septiembre de dos mil dieciocho, se decretó por concepto de pensión alimenticia en favor de Neidy Guadalupe Ortega Cobos, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada, el cuarenta por ciento de las pre liquidaciones o liquidaciones y demás prestaciones que percibe el demandado Aldrin de Jesús Hernández Escobar, como productor y/o introductor de caña de azúcar y/o trabajador de la persona moral denominada Ingenio Tres Valles Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 90 a 91, cuaderno de pruebas). j) Audiencia prevista en el artículo 247 del Código Civil del Estado de Veracruz, la cual tuvo verificativo a las diez horas del cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 111 a 118, cuaderno de pruebas). k) Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se señalaron las diez horas del seis de marzo siguiente, para que tuviera verificativo la audiencia especial prevista en los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz (fojas 165 a 168, cuaderno de pruebas). l) El seis de marzo de dos mil veinte, data y hora para que tuviera verificativo la audiencia especial prevista en los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, se difirió por inasistencia de la parte demandada y se fijaron de nueva cuenta las doce horas del dieciocho de marzo de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia especial prevista en los artículos citados, para lo cual se previnó a la progenitora custodia Neidy Guadalupe Ortega Cobos, a efecto de que compareciera en compañía de su menor hijo de identidad reservada (fojas 171, cuaderno de pruebas). m) Proveído de dieciocho de marzo dedos mil veinte, por él que se hace del conocimiento de las partes la suspensión de labores (fojas 18 7, cuaderno de pruebas). n) El veintisiete de octubre de dos mil veinte, se señalaron las dieciséis horas del veintinueve de octubre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia especial prevista en los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz (fojas 193 a 196, cuaderno de pruebas). ñ) El veintinueve de octubre de dos mil veinte, data y hora para que tuviera verificativo la audiencia especial prevista en los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, se difirió por inasistencia de la parte demandada y se fijaron de nueva cuenta las dieciséis horas del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la especial prevista en los artículos citados, para lo cual se previnó a la progenitora custodia Neidy Guadalupe Ortega Cobos, a efecto de que compareciera en compañía de su menor hijo de identidad reservada (fojas 207 a 216, cuaderno de pruebas). o) El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por admitido el recurso de apelación en contra del auto de dictado en audiencia especial de treinta (sic) de octubre de dos mil veinte, además se fijaron de nueva cuenta las dieciséis horas del tres de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la especial prevista en los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, para lo cual se previnó a la progenitora custodia Neidy Guadalupe Ortega Cobos, a efecto de que compareciera en compañía de su menor hijo de identidad reservada (fojas 221 y 233 a 239, cuaderno de pruebas). p) El tres de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por admitido el recurso de apelación en contra del auto dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte (fojas 260 a 261 y 262 a 263, cuaderno de pruebas). q) Siendo las dieciséis horas del tres de diciembre de dos mil veinte, data y hora para la celebración de la especial prevista en los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, se difirió por inasistencia de la parte demandada y se fijaron de nueva cuenta las dieciséis horas con treinta minutos del doce de enero de dos mil veinte, para la celebración de la especial prevista en los artículos citados, para lo cual se previnó a la progenitora custodia Neidy Guadalupe Ortega Cobos, a efecto de que compareciera en compañía de su menor hijo de identidad reservada (fojas 264 a 266, cuaderno de pruebas). r) Siendo las dieciséis horas con treinta minutos del doce de enero de dos mil veinte, data y hora para la celebración de la especial prevista en los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, se difirió por inasistencia de la parte demandada y se fijaron de nueva cuenta las diecisiete horas del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la especial prevista en los artículos citados, para lo cual se previnó a la progenitora custodia Neidy Guadalupe Ortega Cobos, a efecto de que compareciera en compañía de su menor hijo de identidad reservada (fojas 277 a 280, cuaderno de pruebas). (Auto que constituye el acto reclamado). s) El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se desechó de plano el recurso de apelación que interpuso en contra del auto dictado el cuatro (sic) de diciembre de dos mil veinte (fojas 284 a 285 y 287 a 289, cuaderno de pruebas). t) Sentencia de divorcio de tres de febrero de dos mil veintiuno (fojas 290 a 306, cuaderno de pruebas). u) Siendo las diecisiete horas del tres de febrero de dos mil veintiuno, data y hora para la celebración de la especial prevista en los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, se difirió por inasistencia de la parte demandada (fojas 307, cuaderno de pruebas). Expuestos los antecedentes de referencia, se procede al estudio de la causal de improcedencia mencionada en el marco normativo de esta sentencia. SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, en el asunto a estudio, se impugna el acuerdo dictado, en la audiencia prevista por los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz de doce de enero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de los autos del juicio ordinario civil 1033/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, en la que se señalaron las diecisiete horas del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia especial citada para decidir sobre los derechos inherentes al régimen de convivencia de un menor con sus padres, para lo cual se previnó a la progenitora custodia Neidy Guadalupe Ortega Cobos, a efecto de que compareciera en compañía de su menor hijo de identidad reservada. En ese contexto, lo procedente es verificar si en el caso en estudio se colman los presupuestos fácticos para que se actualice la causa de improcedencia que se citó al inicio del presente considerando, a saber, la prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. a) Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Requisito que se encuentra satisfecho, porque el acto reclamado proviene del Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, es decir, de un tribunal judicial. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. El acuerdo dictado, en la audiencia prevista por los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz de doce de enero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de los autos del juicio ordinario civil 1033/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, en la que se señalaron las diecisiete horas del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia especial citada para decidir sobre los derechos inherentes al régimen de convivencia de un menor con sus padres, para lo cual se previnó a la progenitora custodia Neidy Guadalupe Ortega Cobos, a efecto de que compareciera en compañía de su menor hijo de identidad reservada, la cual se sujeta a las normas preestablecidas tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Veracruz, pues se acciona en relación a que la parte quejosa Neidy Guadalupe Ortega Cobos, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada, promovió dentro del juicio ordinario civil reconvención en contra Aldrin de Jesús Hernández Escobar aquí tercero perjudicado de quien solicitó, alimentos de forma provisional. En este punto es importante destacar que la parte quejosa, no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento de origen, sino por el contrario, de las constancias del juicio natural remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado y valoradas con anterioridad, se puede observar que compareció a dicho procedimiento en su carácter de demandada y actora reconvencional, por lo que no se puede desconocer dicha circunstancia en el presente juicio de amparo. Efectivamente, lo anterior se evidencia de la relatoría de constancias efectuada con antelación, y en el que se precisa que Neidy Guadalupe Ortega Cobos, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada, dentro del juicio ordinario civil promovió reconvención contra Aldrin de Jesús Hernández Escobar, por lo que es incuestionable que no puede alegar ser tercero extraño a la contienda de origen, de ahí, que tampoco puede aducir desconocimiento de las actuaciones, así como de las formalidades respecto a las cuales se tramita el juicio de origen. En esa virtud, a juicio de quien resuelve se estima que, como se precisó, al haber comparecido la parte quejosa a la contienda de origen, la determinación que se tilda de ilegal debió ser combatida a través del recurso de apelación previsto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, medio de impugnación que se encuentra regulado en el artículo 509, el cual establece que tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, entre ellos los autos que causan daño irreparable en la sentencia. En consecuencia, se advierte que en el caso que nos ocupa, sí procedía el recurso de apelación, aun cuando Neidy Guadalupe Ortega Cobos, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada, promueva el presente juicio de amparo, al ser parte, dentro del juicio ordinario civil 1033/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, por lo que estaba obligada a agotar el medio de impugnación que la ley contempla, ya que el hecho de que se tratara de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia 44/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro X, julio de 2012, tomo 1, de la décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto literal son los siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." c) Que ese recurso o medio ordinario de defensa se contemple dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Como se evidenció, el recurso de apelación está contemplado en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, codificación aplicable a la controversia del orden familiar juicio ordinario civil 1033/2017, promovida por Neidy Guadalupe Ortega Cobos, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada, en contra del aquí tercero interesado Aldrin de Jesús Hernández Escobar, de donde deriva el acto reclamado, aunado a que el citado medio de defensa se interpone ante el juzgado que conoce de ese procedimiento, por escrito o ante la autoridad de alzada. d) Que, por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Este requisito también se encuentra satisfecho, pues dada la naturaleza jurídica del recurso de apelación, se tiene como finalidad que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad. En el caso en estudio, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, pues el acto reclamado no se encuentra contemplado en el artículo 22 Constitucional; tampoco consiste en alguna resolución que afecte la libertad personal del quejoso; ni se encuentra en el supuesto de persona extraña al juicio, como ya se apuntó; no se trata de un auto de vinculación a proceso; así como tampoco la procedencia del recurso de apelación tiene interpretación adicional ni sus fundamentos legales son insuficientes; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así como la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 37, del Volumen XII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, séptima época, del siguiente tenor literal: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, la jurisprudencia por contradicción 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Libro X, Julio de 2012, Página 729, Materia Común, Civil, Décima Época, con registro 2001155, del rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", estableció como enunciado jurídico, que la definitividad debe ser agotada, siempre que el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos los siguientes: I. Sea idóneo. II. Eficaz. III. Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo; lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame y finalmente, el plazo razonable significa que éstos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, como se expuso, el recurso de apelación reúne esos estándares, pues éste es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito de la parte recurrente en el que exprese su inconformidad, dentro de los cinco días siguientes o verbalmente en el acto de notificarse; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Con base en lo anterior, es posible afirmar que la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar ese medio ordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Toda vez que, como se ha señalado el motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a este sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, ya que en esto estriba precisamente el principio de definitividad aludido, el cual debió agotarse previamente por la parte quejosa. CONCLUSIÓN Por tanto, no hay excepción que permita suprimir la definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto; en consecuencia, si el acto reclamado en estudio, el acuerdo dictado, en la audiencia prevista por los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz de doce de enero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de los autos del juicio ordinario civil 1033/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, en la que se señalaron las diecisiete horas del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia especial citada para decidir sobre los derechos inherentes al régimen de convivencia de un menor con sus padres, para lo cual se previnó a la progenitora custodia Neidy Guadalupe Ortega Cobos, a efecto de que compareciera en compañía de su menor hijo de identidad reservada, admite el medio de defensa que prevé la codificación de la materia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo que, se sobresee el presente juicio de garantías, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XVIII, 63, fracción IV, 73 y 74, de la Ley de Amparo en vigor, seR E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Neidy Guadalupe Ortega Cobos, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada, en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero y por el acto que se le reclama en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se obtiene que el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, conferido a las partes con las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, en alcance a su informe justificado, en proveído de diecisiete de mayo pasado, fenece el treinta y uno de mayo de la presente anualidad. En esas condiciones, se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.
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