Neftali Tajonar Salazar

Expediente 1364/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1364/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
09/05/2017

Partes del expediente

  • Neftali Tajonar Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso B), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el nueve de mayo de dos mil diecisiete, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a nueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la razón que antecede, en términos de los numerales 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos; mediante el cual informa que se avoca al conocimiento del juicio de amparo; al respecto este juzgado federal se tiene por legalmente enterado. Lo anterior, comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes, y en su oportunidad, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente con fundamento en el precepto 196 de la Ley antes invocada. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción II, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes a los que haya lugar el oficio del Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual remite las constancias solicitadas en autos; al respecto, dese vista a la parte quejosa para los efectos legales procedentes. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Así mismo y dada la voluminosidad de las constancias que remite como complemento a su informe justificado, y para un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar un anexo debiendo tenerlo a la vista durante el tiempo que dure este juicio.Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los artículos 75, 117 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que se encuentre notificada del presente acuerdo, remita copia certificada del recurso de reconsideración RR/CHPyCP/001/2016. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la razón secretarial de cuenta, en términos de los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por NEFTALI TAJONAR SALAZAR y AGUSTIN MELGAR TRUJILLO, mediante el cual amplían su demanda de amparo; al respecto, se acuerda lo siguiente: Se procede a examinar el escrito de ampliación de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, tomando en consideración que los promoventes del amparo en su demanda, señalan como acto reclamado lo siguiente: ".IV. ACTO QUE RECLAMO.- La sentencia definitiva de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, misma que resolvió el recurso de reconsideración número RR/CHPyCP/001/2016 que los suscritos hicimos valer ante la ahora autoridad responsable." Al respecto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía combate desde el siete de julio de dos mil dieciséis, por lo tanto en esta misma fecha tuvo conocimiento del acto por el cual amplía su demanda de amparo. Apoya a lo anterior, en lo conducente el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 199 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV Segunda parte-1, Julio a Diciembre de 1989, correspondiente a la Octava Época que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. En esas condiciones, se colige que los promoventes del amparo, tuvieron conocimiento pleno de la existencia del acto que por esta vía constitucional reclaman, desde el siete de julio de dos mil dieciséis, como los mismos lo precisan. Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo el quejoso para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda la presenta hasta el cinco de agosto de dos mil dieciséis, de donde se advierte que cuando menos desde esa fecha el impetrante estuvo en aptitud de promover su ampliación de la demanda de amparo, y si la ampliación fue presentada hasta el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, es inconcuso que resulta extemporánea. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio dentro del plazo previsto por la Ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, en esas condiciones los quejosos fueron enterados del acto que señalan como acto reclamado el siete de julio de dos mil dieciséis, por tanto, como se adelantó resulta NOTORIAMENTE EXTEMPORÁNEA LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA POR NEFTALI TAJONAR SALAZAR y AGUSTIN MELGAR TRUJILLO. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la ampliación de la demanda de amparo intentada por NEFTALI TAJONAR SALAZAR y AGUSTIN MELGAR TRUJILLO, por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Es aplicable también al caso, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/994, publicada en la página 40 del Anexo al Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, al terminar el año de mil novecientos noventa y seis, que aparece bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Asimismo, por lo que respecta a la manifestación de los quejosos, de las cuales manifiestan que no se señaló como acto reclamado el procedimiento de creación y consecuentemente la aplicación de diversos artículos de la ley de Auditoria Superior Gubernamental del Estado de Morelos, ya que su demanda fue presentada como amparo directo; al respecto dígase a los promoventes que no es obstáculo que la demanda se promoviera como amparo directo la falta de impugnación al procedimiento de creación de la ley de Auditoria Superior Gubernamental del Estado de Morelos, aunado a que se puede combatir la inconstitucionalidad de las leyes que se aplican en las resoluciones que se combaten en amparo directo; máxime que la ley de amparo contempla la revisión del amparo directo. Finalmente, en ese orden de ideas se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS DEL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

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