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Expediente 603/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
603/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Ne Telemetría Electrónica y Cómputo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por Andrés Saavedra Avendaño, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que ahí precisa, autorizando a diversas persona para efectos de recibir los documentos que indica. En relación a la devolución de los documentos, dígase a la parte promovente que se esté a lo determinado en proveído de diez de junio del año en curso. Por cuanto a las personas que señala, se les tiene por autorizados únicamente para los efectos que precisa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Jaime César Pereyra Román, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que, dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso alguno en contra del auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos: Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto; sin embargo, se omitió notificar personalmente a los quejosos Rafael Quintin Duran Nava y Emmanuel Duran Nava. Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para que a la brevedad notifique la resolución en comento a dicha parte procesal. Hecho lo anterior, vincule al expediente electrónico dicha actuación, ello de conformidad con establecido en el artículo 3° de la ley de amparo. Lo anterior, para estar en condiciones de continuar con la secuela normal del procedimiento y en su momento, mandar el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Alfonso Escobar Pérez, para que las autoridades responsables, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, dé contestación en forma congruente a la petición realizada el treinta de junio de dos mil diecisiete, y reiterada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, veintidós de abril de dos mil diecinueve, seis de septiembre de dos mil diecinueve y dos de octubre de dos mil veinte, y notificarlo como legalmente procesa. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, mediante oficio recibido el seis de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió el acuerdo que emitió en atención a la solicitud de pensión por jubilación presentado por la parte quejosa a la oficialía de partes de la responsable el treinta de junio de dos mil diecisiete, y reiterada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, veintidós de abril de dos mil diecinueve, seis de septiembre de dos mil diecinueve y dos de octubre de dos mil veinte, así como, la notificación conducente de dicho acuerdo de solicitud de pensión; constancias estas últimas con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al haber dado respuesta a la parte quejosa de sus escritos que presentó a la responsable el treinta de junio de dos mil diecisiete, y reiterada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, veintidós de abril de dos mil diecinueve, seis de septiembre de dos mil diecinueve y dos de octubre de dos mil veinte, aludiendo que fue declarada improcedente y por lo anterior negada la pensión por jubilación al estar pendiente de resolver un juicio laboral 01/1038/2019, determinando además que quedaban a salvo sus derechos para en cuanto se resolviera en definitiva promoviera su jubilación, ello con libertad de jurisdicción, notificando dicha actuación a la parte quejosa, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dé contestación en forma congruente a la petición realizada el treinta de junio de dos mil diecisiete, y reiterada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, veintidós de abril de dos mil diecinueve, seis de septiembre de dos mil diecinueve y dos de octubre de dos mil veinte, y notificarlo como legalmente procesa. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la autoridad responsable dio respuesta a la parte quejosa el nueve de febrero de dos mil veintidós en atención a sus escritos que presentó a la responsable el treinta de junio de dos mil diecisiete, y reiterada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, veintidós de abril de dos mil diecinueve, seis de septiembre de dos mil diecinueve y dos de octubre de dos mil veinte, aludiendo que fue declarada improcedente y por lo anterior negada la pensión por jubilación al estar pendiente de resolver un juicio laboral 01/1038/2019, determinando además que quedaban a salvo sus derechos para en cuanto se resolviera en definitiva promoviera su jubilación, ello con libertad de jurisdicción, notificando dicha actuación a la parte quejosa, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. No es óbice a lo anterior, las diversas manifestaciones que vierte la parte quejosa en su escrito de veintiséis de enero de dos mil veintidós, como las diversas que realizó en el periodo de ejecución, en el sentido de que la autoridad responsable a la fecha no da debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo toda vez que no se provee sobre su pensión jubilatoria no obstante que está determinado sus años de servicio, además no es óbice para tomar en consideración el expediente laboral que se encuentra sub-judice, por lo anterior, considera que la responsable no cumple a la fecha con la ejecutoria de amparo. Al respecto, dígase que lo anterior es inoperante y no ha lugar acordar favorable su petición toda vez que el núcleo de la ejecutoria de amparo fue cumplido en sus términos tal y como quedó señalado en párrafos que anteceden, además de dicha ejecutoria nunca se le dio lineamiento alguno a la responsable en la forma en que debía determinar la solicitud de pensión por jubilación, sino se le dio libertad de jurisdicción, por lo anterior, no puede ser materia de estudio lo que se resolvió el nueve de febrero de dos mil veintidós ya que se otorgó libertad de jurisdicción, esto es no se le dio lineamiento alguno a la responsable o que tuviera que resolver la pensión solicitada en sentido favorable; además contrario a la manifestado de la parte quejosa esté órgano jurisdiccional no puede abordar el análisis con lo que solicita se proceda a estudiar su pensión jubilatoria solicitada en los términos que precisa, ya que ello no fue materia de la ejecutoria de amparo, sino únicamente como ya se dijo, fue para que diera respuesta a sus solicitudes de pensión tantas veces mencionada, es decir si era procedente o no, ello con libertad de jurisdicción fundando y motivando su actuar, lo cual sí se desprende, empero, ahora no se puede analizar en esta determinación lo alegado por la parte quejosa, en consecuencia, se reitera que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida y se dejan a salvo los derechos de la quejosa a efecto de que lo haga valer en la vía y forma en que corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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