Neftali Bartolon Ramos

Expediente 199/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
199/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Neftali Bartolon Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de veintidós de febrero del presente año, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de diez de febrero último, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público, Titular de la Agencia Vigésimo Sexta, de la Fiscalía General del Estado, con sede en Hunucmá, Yucatán, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a las mencionadas partes el once y quince de febrero de dos mil veintidós, respectivamente, sin que hasta la fecha hubiesen hecho manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable Fiscal Investigador del Ministerio Público, Titular de la Agencia Vigésimo Sexta, con sede en Hunucmá, Yucatán: 1.- Dejara insubsistente la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictada en la carpeta de investigación UNATD26-GK/000751/19, en la que negó la petición de la defensa del inculpado de declarar la prescripción de la acción penal; y, 2.- Dictara una nueva, en la que atendiendo a las directrices trazadas en la sentencia constitucional, hiciera la declaración de que operó la prescripción de la acción penal por los hechos que se le atribuyen al implicado; lo cual debería hacer de su conocimiento. Posteriormente, en auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la resolución de mérito, y se requirió su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio signado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público, Titular de la Agencia Vigésimo Sexta, con sede en Hunucmá, Yucatán, dejó insubsistente la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictada en la carpeta de investigación UNATD26-GK/000751/19, y dictó una nueva, en la que atendiendo a las directrices trazadas en la presente sentencia constitucional, hizo la declaración de que operó la prescripción de la acción penal por los hechos que se le atribuyen al implicado; lo cual le notificó el siete de febrero de dos mil veintidós. En consecuencia, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable, ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. TESTIMONIO DE RESOLUCIÓN DE LA SUPERIORIDAD Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 1157 signado por la Secretaria de Acuerdos Interina del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la resolución de nueve de febrero del presente año, pronunciada por ese Tribunal en el toca 298/2021, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Daniel Cardín Martínez, en contra de los acuerdos de cuatro y cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictados en estos propios autos. Al respecto, se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por Daniel Cardín Martínez, contra los acuerdos de cuatro y cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictados por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en autos del juicio de amparo indirecto 1956/2021, en donde tuvo por no presentada la demanda de amparo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO. Se revocan los acuerdos recurridos. - - - - - - - - - - - - TERCERO. Se ordena al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, proveer sobre la admisión de la demanda, en los términos precisados en la presente ejecutoria." Acúsese recibo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y con apoyo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Daniel Cardín Martínez, en contra de los actos que reclama al Juez y Secretario de Acuerdos, ambos del Juzgado Primero Oral Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, como autoridades ordenadoras, y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, como autoridad ejecutora, todos con sede en esta ciudad, que hizo consistir esencialmente en: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo oral mercantil 346/2020 del índice del Juzgado Primero Oral Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, derivado del ilegal emplazamiento. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA Ahora bien, por lo que se refiere a la autoridad responsable Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Oral Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la misma ley, SE DESECHA PARCIALMENTE la demanda de amparo en relación a la referida autoridad. Al respecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]." Por su parte, el artículo 5 de la propia ley establece lo siguiente: "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." Se afirma lo anterior, toda vez que es de explorado derecho, que los Secretarios no son considerados como autoridad para efectos del amparo, ya que su intervención es vigilar la tramitación de los procedimientos con el objeto de autorizar todas las actuaciones procesales a excepción de las diligencias encomendadas a otros funcionarios. Además, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, los Secretarios únicamente están facultados para autorizar las resoluciones a su cargo. De ahí que el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Oral Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no es autoridad para efectos del juicio amparo en el pronunciamiento de los decretos, autos y sentencias dentro del procedimiento natural; pues se limita a dar fe del acto pronunciado por el Juez responsable, actuación que carece de las características de decisión e imperio que distinguen por regla general a los actos de autoridad. En ese tenor, lo procedente es desechar la demanda por cuanto hace a la aludida autoridad. Es aplicable a esta consideración, por analogía, la tesis jurisprudencial número VII.2o.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que se consulta en la página 388, del tomo II, correspondiente a septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 204360, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es a éste a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del juzgado, de quien, en tal aspecto, deviene improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 11 de dicho ordenamiento legal." Y la tesis IV.3o.A.11 A, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la foja 1744, del Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 181606, que precisa: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ESTE CARÁCTER EL SECRETARIO DE UNA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA CON SU FIRMA LAS ACTUACIONES DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR Y DE LA SALA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, el secretario de una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que autoriza con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la Sala a la que está adscrito, conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, habida cuenta que sólo actúa como un fedatario público que autoriza y da fe de las resoluciones que aquéllos emiten como integrantes de la Sala, por consiguiente, no actúa con imperio y facultad de decisión, ni realiza motu proprio actos de molestia que puedan ser reclamados en el juicio de garantías. En consecuencia, es improcedente el juicio de amparo que señala como autoridad responsable al referido funcionario, en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso artículo 11, ambos de la Ley de Amparo." ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de referencia como en derecho procede únicamente por cuanto hace a las restantes autoridades responsables. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con copia de la demanda de amparo, auto de prevención, escritos aclaratorios, oficio 1157 y del presente proveído, fórmese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las once horas con nueve minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós; en la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo, que de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, en términos del precepto 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 21/2021 y 1/2022; se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General, durante la vigencia del mismo. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando el informe ante la oficina de correspondencia respectiva; toda vez que la permisibilidad de hacerlo al correo institucional de este juzgado sólo fue por el periodo de suspensión contenido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como la Circular CAP/3/2020; de tal manera que de hacerlo de manera distintas se tendrá por no rendido. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Por otra parte, tal y como lo establece el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a Jorge Antonio Domínguez Sosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la citada Ley de la materia, por conducto de uno de los actuarios judiciales de este tribunal, emplácesele en el domicilio señalado para tal efecto, entregándole copia simple del escrito de demanda, escritos aclaratorios y oficio 1157, así como copia autorizada del auto de prevención y del presente acuerdo, haciéndole saber que pueden apersonarse a este juicio, si así le conviniere. Exhortando a la parte tercero interesada a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que en el presente acuerdo se señalan en la parte final del mismo, a fin de poder continuar en todo momento con la tramitación del mismo. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda, auto de prevención, escritos aclaratorios, oficio 1157 y del presente acuerdo. CONOCIMIENTO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos, con sesenta centavos, moneda nacional). PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones en todo cuanto favorezca a sus intereses, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1821/2021-III-B, promovido por ********************, como representante del menor ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, como representante del menor ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 2. Titular de la Secretaría de Salud, 3. Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, 4. Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, todos con sede en la Ciudad de México; así como del 5. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, 6. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán; 7. Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación VS. COVID-19 "Operativo Correcaminos" con sede en Yucalpetén, Yucatán; 8. Coordinador de Brigadas Especial del Estado de Yucatán, y 9. Delegado en el Estado de Yucatán de la Secretaría del Bienestar, ambos también con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado en el juicio principal el once de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. TERCERO. En diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia incidental, únicamente respecto a las autoridades locales y se difirió respecto a las diversas foráneas, señalándose fecha y hora de audiencia para este día, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que precede, previos diferimientos. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en: a) La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales llueve, truene o relampaguee, a partir del día 30 de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer a las quejosas, con sus dos dosis, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inició el 30 de Agosto de 2021, bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e Internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y/o notificar al menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, ante el inicio de clases presenciales, desde el día treinta de agosto de este año en la Ciudad de Mérida, Yucatán. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que las quejosas no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; pues cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. SEGUNDA. Son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud, Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, todas con sede en la Ciudad de México, así como al Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación contra Covid-19 Operativo Correcaminos, con sede en Yucalpetén, Yucatán, toda vez que a la fecha no se tiene conocimiento de que hubieren rendido sus informes previos, no obstante de encontrarse debidamente notificadas para ello; por lo que únicamente para efectos de la suspensión opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERA. Sin embargo, no obstante la certeza del acto reclamado, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo del que deriva este incidente, se aprecia que el diez de enero pasado se sobreseyó fuera de audiencia en dicho controvertido constitucional, ya que cesaron los efectos del acto reclamado, pues se aplicaron al menor quejoso las dos dosis de la vacuna Pfizer BIOnTech; por tanto, es evidente que no existe materia para analizar la medida cautelar solicitada, por lo que lo procedente es negar la suspensión definitiva. En el entendido que la determinación de quedar sin materia el presente incidente no deriva del sobreseimiento decretado sino del hecho de que ya le ha sido aplicado al menor quejoso el esquema completo de vacunación, relativo al acto reclamado; por lo que ya no existe materia sobre la cual pronunciarse en el incidente de suspensión. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA al menor quejoso ******************** la suspensión definitiva que solicitó contra los actos que atribuyó a las responsables y por el motivo expresado en la última consideración de esta sentencia incidental. Notifíquese y cúmplase.

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