Nedy Noemi Cisneros Briceño

Expediente 1318/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1318/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
06/09/2017

Partes del expediente

  • Nedy Noemi Cisneros Briceño

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa el treinta de agosto del año en curso, desahogando la vista concedida mediante escrito presentado en esta propia fecha. En consecuencia, al haber transcurrido el término que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil quince, por una parte se sobreseyó en el presente juicio constitucional y por la otra se negó a Nedy Noemí Cisneros Briceño, el amparo y protección de la Justicia Federal Inconforme con la anterior determinación, la citada quejosa interpuso en su contra recurso de revisión, del que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, residente en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio de las labores del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el que por ejecutoria de uno de octubre de dos mil quince, en la materia de la revisión, modificó la sentencia recurrida; levantó el sobreseimiento decretado respecto del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, tildado de inconstitucional; dejó firme el sobreseimiento respecto del acto reclamado a la institución financiera Afore XXI, Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable; declaró infundada la revisión adhesiva; se declaró legalmente incompetente para resolver el fondo del asunto en la parte que se refiere a la inconstitucionalidad de los artículos 93, fracción XIII, y tercer párrafo, 95 y 145, primer y tercer párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, así como la expedición de la Regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce; y, remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presente juicio constitucional así como el toca relativo a fin de que determinara lo procedente. Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil quince, se tuvieron por recibidas las certificaciones relativas a las versiones impresas del acuerdo de once de noviembre del referido año, dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1322/2015, en el que manifestó que dicho asunto encuadraba en la hipótesis prevista en el punto primero del Acuerdo General Número 11/2015 de diez de agosto de dos mil quince del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho siguiente, por lo que ordenó remitir los autos y demás constancias al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, residente en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Por ejecutoria de seis de julio de dos mil diecisiete, dicha Superioridad, resolvió: "PRIMERO.- SE MODIFICA la sentencia impugnada.- - - SEGUNDO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo que Nedy Noemí Cisneros Briceño, promovió en contra del acto de aplicación atribuido a la Administradora de Fondos para el Retiro "Afore XXI Banorte", Sociedad Anónima de Capital Variable. - - - TERCERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a NEDY NOEMÍ CISNEROS BRICEÑO, en contra de los actos que reclamó de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de los artículos 93, fracción XIII, tercer párrafo, 95 y 145, párrafos primero y tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece.- - - CUARTO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a NEDY NOEMÍ CISNEROS BRICEÑO, en contra de la regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y la retención impugnada, en los términos y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.- - - QUINTO.- Es INFUNDADA la revisión adhesiva del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.". Posteriormente, en auto de diez de agosto de dos mil diecisiete, se requirió al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Director General de Afore XXI, Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, ambos con residencia en la Ciudad de México, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en los siguientes términos: "En consecuencia, lo procedente es modificar la sentencia recurrida en lo que respecta a la regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y conceder a la parte quejosa, aquí recurrente, la protección constitucional solicitada en su contra.--- Determinación que se hace extensiva a la retención efectuada por concepto de la entrega del saldo de la subcuenta de retiro respectiva.--- Lo anterior, para el efecto de que dicha regla no se aplique en perjuicio del quejoso (sic) en el caso concreto, ni en futuros actos hasta en tanto no se derogue o pierda vigencia.--- Sin embargo, debe precisarse que esta determinación no implica que los recursos que se entregan en una sola exhibición de las subcuentas de retiro antes referidas queden liberados del pago del impuesto sobre la renta, sino que los efectos de la concesión son que se realice el cálculo del tributo a enterar conforme a lo dispuesto por los artículos 93 y 96 del Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta -vigente al momento que se efectuó la retención respectiva- denominado "DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO", así como en las diversas disposiciones secundarias aplicables.--- Asimismo, en caso de que con motivo del recálculo del impuesto a pagar resultaran diferencias a favor de la quejosa, deben entregársele. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio 600-04-03-00-00-2017-33441, signado por el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, en ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, informó a este Juzgado Federal que en el ámbito de su competencia que se abstuvo de aplicar a la nombrada peticionaria de amparo, la regla 1.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil trece, en el presente y en lo futuro, hasta en tanto no sea modificada la norma. Por oficio de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable "Afore XXI Banorte", Sociedad Anónima de Capital Variable, informó que procedió a realizar un nuevo cálculo y/o recálculo conforme a lo establecido en los artículos 93 y 96 del Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente al momento que se efectuó la retención respectiva y determinando, por los motivos que expuso, su imposibilidad material y jurídica para aplicar el procedimiento del artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, se advierte que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria y la Institución Financiera Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, se encontraban obligadas a abstenerse de la aplicación en el caso en concreto, ni en futuros actos, de la regla 1.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, referida con antelación, mientras no se derogara la norma; determinación que no implicaba que los recursos que se entregan en una sola exhibición de las subcuentas de retiro queden liberados del pago del impuesto sobre la renta, sino que los efectos de la concesión fueron para que se realizara el cálculo del tributo a enterar conforme a lo dispuesto por los artículos 93 y 96 del Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (vigente al momento en que se efectuó la retención respectiva), denominado "DE LOS INGRESOS POR SALARIOS EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO"; a lo cual se ajustaron, en los términos ya precisados. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea óbice a lo anterior, el escrito presentado por la parte quejosa Nedy Noemí Cisneros Briceños, mediante el cual, en relación con el cumplimiento dado por las responsables al fallo protector, hace valer su inconformidad, aduciendo, en lo que interesa que no es suficiente que la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria manifieste su abstención en la aplicación de la regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, sino que resulta indispensable que proceda al recálculo del impuesto del ejercicio fiscal de que se trata. Al respecto, dígase a la promovente que el efecto del fallo protector estaba encaminado a que la regla de que se trata no fuera aplicada en su perjuicio en el caso en concreto, ni en futuros actos hasta en tanto no se derogue o pierda vigencia, lo que, como ya se vio, así hizo el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, estableciendo que respecto al acto de aplicación correspondería a la Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable realizar el nuevo cálculo del impuesto sobre la renta a pagar, lo que también quedó acreditado con las constancias remitidas por dicha Institución; siendo que lo que pretende la parte quejosa es controvertir la legalidad de dichas actuaciones efectuadas por las responsables en cumplimiento al fallo protector, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía correspondiente. Orienta a la anterior consideración, la tesis 2a. X/2000, sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, visible a página número 373, Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA, SEGÚN LAS DIVERSAS SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE. De las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte ha establecido en relación al sistema sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras éste no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad y, en su caso, autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a saber, que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitir resolución en los términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios respecto de los que haya quedado demostrado que fueron contumaces al no cumplir con la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, resolverá si se dio o no el cumplimiento con el referido informe y con los demás elementos con los que cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el funcionario judicial dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decida si la sentencia de amparo fue cumplida o no lo fue. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirá el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelve que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento éste fue defectuoso por exceso o por defecto procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación a lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar. En este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 antes mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto la cuenta que antecede, se acuerda: agréguense al expediente para que obren como legalmente corresponda los oficios signados por el Administrador Central de Amparos e Instancias Judiciales en suplencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, y del apoderado legal de Afore XXI, Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, ambos con sede en la Ciudad de México, que remiten en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto; al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, dése vista a la parte quejosa de lo anterior por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Finalmente, toda vez que la autoridad oficiante Afore XXI, Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, adjuntó a la misiva de cuenta en sobre cerrado información clasificada como confidencial consistente en el acuse de aceptación de Declaración Informativa Múltiple, déjese el mismo al resguardo de la Secretaría, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que devuelve estos autos y remite testimonio de la resolución dictada en el toca 102/2015, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa Nedy Noemí Cisneros Briceño, contra la sentencia de veintitrés de enero de dos mil quince; ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- SE MODIFICA la sentencia impugnada.- - - SEGUNDO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo que Nedy Noemí Cisneros Briceño, promovió en contra del acto de aplicación atribuido a la Administradora de Fondos para el Retiro "Afore XXI Banorte", Sociedad Anónima de Capital Variable. - - - TERCERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a NEDY NOEMÍ CISNEROS BRICEÑO, en contra de los actos que reclamó de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de los artículos 93, fracción XIII, tercer párrafo, 95 y 145, párrafos primero y tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece.- - - CUARTO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a NEDY NOEMÍ CISNEROS BRICEÑO, en contra de la regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y la retención impugnada, en los términos y para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de esta ejecutoria.- - - QUINTO.- Es INFUNDADA la revisión adhesiva del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.". Acúsese recibo, y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria, debiendo remitir a las autoridades responsables copia certificada de dicha resolución. Ahora bien, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la Institución Financiera "Afore XXI Banorte", Sociedad Anónima de Capital Variable, ambos con sede en la Ciudad de México, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 de la referida ley, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a aquel en que reciban el oficio en el que se les notifica el presente acuerdo. Apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido que las diversas autoridades responsables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la Ciudad de México, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la ley reclamada, la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Hágase del conocimiento de las partes, remitiéndoles para tal efecto, copia certificada del testimonio de ejecutoria de referencia, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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