Nazario García Ayala

Expediente 677/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
677/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Nazario García Ayala
  • Nazario Amin García Galván

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de trece de octubre de dos mil veinte, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que existen documentos exhibidos por las partes, que deben ser devueltos al interesado y, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos.

  2. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a Nazario García Ayala por auto de dos de septiembre del año en curso, en el cual se le informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente, misma que desahogó por auto de ocho de septiembre siguiente; en consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: Por resolución de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para que la autoridad responsable Oficial Registrador del municipio de Río Grande, Zacatecas, realizara lo siguiente "(i) Deje insubsistente el oficio 671/2019, de ocho de agosto de dos mil diecinueve, por haber sido declarado ilegal. (ii) Emita un nuevo oficio, en el que con pleno ejercicio de las leyes que la facultan, dé respuesta a la petición de Nazario García Ayala, en la que solicitó la extinción de la inscripción del gravamen sobre el inmueble inscrito en el número 17 folio 18 del volumen CCXXXII de Escrituras Públicas, lo cual deberá estar debidamente fundado y motivado, es decir, deberá de apoyarse en el o los preceptos sobre los cuales sustente su decisión, la cual podrá realizar en el mismo sentido o en uno diverso, pues de ello no se prejuzga." La sentencia mencionada, causó ejecutoria el cuatro de agosto de dos mil veinte, al no ser recurrida por las partes, por lo que en auto de esa fecha se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la ejecutoria del amparo y remitiera a este juzgado las constancias con las que lo acreditara. En acato a dicho requerimiento, mediante oficio 333/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte, el Oficial Registrador dependiente de la Secretaría de Finanzas, en el municipio de Río Grande, Zacatecas, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para lo cual informó que dejó sin efectos el oficio 671/2019 reclamado, y emitió uno nuevo, a saber, el 332/2020, cuyo tenor literal es el siguiente: "C. NAZARIO GARCÍA AYALA PRESENTE Por medio del presente oficio le informo que queda insubsistente el oficio oficio (sic) 671/2019. (sic) De fecha 8 de agosto 2019 (sic), en tal virtud se emite el presente en el siguiente sentido y en respuesta a su solicitud presentada en esta oficina a mi cargo, donde hago de su conocimiento, no es procedente la solicitud de fecha 8 de agosto del 2019, ni es posible Cancelar por caducidad, la nota de litigio relativo al juicio oral de alimentos definitivos, Exp. 219/2002 asentada, en la propiedad inscrita en esta oficina a su nombre, bajo el número de inscripción número 16, folio 18 de el (sic) volumen 232 de Escrituras públicas, la cual reporta nota de litigio ordenada por el Juez primero de primera instancia. La motivación y fundamentación de mi negativa estriba, en que esta autoridad acento (sic), la nota de litigio por el ordenamiento de la autoridad judicial que en su caso lo fue el Juzgado primero de Primera Instancia y de lo Familiar de este distrito Judicial., misma autoridad que deberá ordenar su cancelación. Todo lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 2477,2490 fracción IX, 2497 y 2500 del código civil vigente para el Estado de Zacatecas y los artículos 3 y 10 fracción II, IV, 76, 89 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Zacatecas." Documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, una vez confrontados los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas a este juicio, se advierte que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria del amparo, toda vez que se atendieron todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo. No varían el sentido de esta determinación, las manifestaciones hechas por la parte quejosa en el escrito de dieciocho de septiembre del año en curso donde expresa su inconformidad con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues los argumentos que vierte en dicho escrito, se encuentran tendentes a combatir el contenido de la nueva respuesta dada, respecto a la fundamentación de dicho oficio; no obstante, como se dijo en la sentencia dictada en este juicio, la protección constitucional, constriñó a la responsable a dar respuesta congruente de manera fundada y motivada en un sentido o en otro a la petición del aquí quejoso, lo que se advierte sí ocurrió; porque dicha respuesta no necesariamente debe ser favorable a los intereses del quejoso, de ahí que este Juzgado de Distrito se encuentra impedido a examinar la legalidad de dicha respuesta; de ahí que si el aquí quejoso se encuentra inconforme con la nueva respuesta dada, ya sea porque considera que no resultó favorable a sus intereses o porque considera que la fundamentación no es adecuada o es indebida, ese nuevo oficio podrá ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria concesoria del amparo.

  3. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a Nazario García Ayala por auto de dos de septiembre del año en curso, en el cual se le informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente, misma que desahogó por auto de ocho de septiembre siguiente; en consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: Por resolución de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para que la autoridad responsable Oficial Registrador del municipio de Río Grande, Zacatecas, realizara lo siguiente "(i) Deje insubsistente el oficio 671/2019, de ocho de agosto de dos mil diecinueve, por haber sido declarado ilegal. (ii) Emita un nuevo oficio, en el que con pleno ejercicio de las leyes que la facultan, dé respuesta a la petición de Nazario García Ayala, en la que solicitó la extinción de la inscripción del gravamen sobre el inmueble inscrito en el número 17 folio 18 del volumen CCXXXII de Escrituras Públicas, lo cual deberá estar debidamente fundado y motivado, es decir, deberá de apoyarse en el o los preceptos sobre los cuales sustente su decisión, la cual podrá realizar en el mismo sentido o en uno diverso, pues de ello no se prejuzga." La sentencia mencionada, causó ejecutoria el cuatro de agosto de dos mil veinte, al no ser recurrida por las partes, por lo que en auto de esa fecha se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la ejecutoria del amparo y remitiera a este juzgado las constancias con las que lo acreditara. En acato a dicho requerimiento, mediante oficio 333/2020, de diecisiete de agosto de dos mil veinte, el Oficial Registrador dependiente de la Secretaría de Finanzas, en el municipio de Río Grande, Zacatecas, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para lo cual informó que dejó sin efectos el oficio 671/2019 reclamado, y emitió uno nuevo, a saber, el 332/2020, cuyo tenor literal es el siguiente: "C. NAZARIO GARCÍA AYALA PRESENTE Por medio del presente oficio le informo que queda insubsistente el oficio oficio (sic) 671/2019. (sic) De fecha 8 de agosto 2019 (sic), en tal virtud se emite el presente en el siguiente sentido y en respuesta a su solicitud presentada en esta oficina a mi cargo, donde hago de su conocimiento, no es procedente la solicitud de fecha 8 de agosto del 2019, ni es posible Cancelar por caducidad, la nota de litigio relativo al juicio oral de alimentos definitivos, Exp. 219/2002 asentada, en la propiedad inscrita en esta oficina a su nombre, bajo el número de inscripción número 16, folio 18 de el (sic) volumen 232 de Escrituras públicas, la cual reporta nota de litigio ordenada por el Juez primero de primera instancia. La motivación y fundamentación de mi negativa estriba, en que esta autoridad acento (sic), la nota de litigio por el ordenamiento de la autoridad judicial que en su caso lo fue el Juzgado primero de Primera Instancia y de lo Familiar de este distrito Judicial., misma autoridad que deberá ordenar su cancelación. Todo lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 2477,2490 fracción IX, 2497 y 2500 del código civil vigente para el Estado de Zacatecas y los artículos 3 y 10 fracción II, IV, 76, 89 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Zacatecas." Documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, una vez confrontados los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas a este juicio, se advierte que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria del amparo, toda vez que se atendieron todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo. No varían el sentido de esta determinación, las manifestaciones hechas por la parte quejosa en el escrito de dieciocho de septiembre del año en curso donde expresa su inconformidad con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues los argumentos que vierte en dicho escrito, se encuentran tendentes a combatir el contenido de la nueva respuesta dada, respecto a la fundamentación de dicho oficio; no obstante, como se dijo en la sentencia dictada en este juicio, la protección constitucional, constriñó a la responsable a dar respuesta congruente de manera fundada y motivada en un sentido o en otro a la petición del aquí quejoso, lo que se advierte sí ocurrió; porque dicha respuesta no necesariamente debe ser favorable a los intereses del quejoso, de ahí que este Juzgado de Distrito se encuentra impedido a examinar la legalidad de dicha respuesta; de ahí que si el aquí quejoso se encuentra inconforme con la nueva respuesta dada, ya sea porque considera que no resultó favorable a sus intereses o porque considera que la fundamentación no es adecuada o es indebida, ese nuevo oficio podrá ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria concesoria del amparo.

  4. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que el informe justificado de la autoridad responsable, no se puso a la vista de Flor de María García Galván, tercera interesada, con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil veinte, para su celebración. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."

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