Nazario García Ayala

Expediente 385/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
385/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • Nazario García Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Ahora bien, dado que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es depurable. Requiérase a la parte quejosa para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Finalmente, toda vez que es un hecho notorio y de conocimiento general que algunas dependencias se encuentran cerradas con motivo del periodo vacacional de que goza el personal adscrito a las mismas, resérvense en la actuaria de este Juzgado, los oficios que deban entregarse a dichas dependencias, siempre y cuando a la que va dirigido se encuentre de vacaciones, y una vez que se reanuden labores, entréguense los oficios para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Ahora bien, dado que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es depurable. Requiérase a la parte quejosa para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Finalmente, toda vez que es un hecho notorio y de conocimiento general que algunas dependencias se encuentran cerradas con motivo del periodo vacacional de que goza el personal adscrito a las mismas, resérvense en la actuaria de este Juzgado, los oficios que deban entregarse a dichas dependencias, siempre y cuando a la que va dirigido se encuentre de vacaciones, y una vez que se reanuden labores, entréguense los oficios para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 385/2019-II, promovido por Nazario García Ayala, por su propio derecho, contra actos del Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad, con sede en Río Grande, Zacatecas. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Nazario García Ayala, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades responsables, que a continuación se destacan: "(.) AUTORIDAD RESPONSABLE: El C. Oficial del Registro Público de la Propiedad de Río Grande, Zacatecas, con domicilio en calle Luís (sic) Moya numero (sic) 52, altos Colonia Centro Rió (sic) Grande, Zacatecas. ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS: 1.- El Oficio número 419/2019 de fecha 3 de mayo del año 2019, mediante el cual da contestación al escrito suscrito por el de la voz de fecha 24 de abril del año 2019. (.)" SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas registrándola con el número 385/2019-II; por auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, lo que se realizó en sus términos en diligencias de veintitrés y veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 17 y 40); se fijaron hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado fue emitido por una autoridad con sede en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia citados, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que el quejoso reclama del Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad, con sede en Río Grande, Zacatecas, lo siguiente: El oficio 419/2019, de tres de mayo de dos mil diecinueve. TERCERO. Certeza del acto. Sí es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad, con sede en Río Grande, Zacatecas, toda vez que así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza la anterior que se acredita con el certificado de propiedad a nombre del quejoso Nazario García Ayala, copia certificada de la escritura pública cuatro mil cuatrocientos diez, del protocolo a cargo de la licenciada Roselia Rubio Estrada, Notario Público número veintiuno, con ejercicio en Río Grande, Zacatecas y copia certificada del oficio 419/2019, de tres de mayo de dos mil diecinueve, que allegó dicha responsable como complemento a su informe justificado, al que por tener el carácter de documentos públicos, se les confiere pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. El ocurso de amparo fue promovido en tiempo, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso adujo que tuvo conocimiento del acto reclamado el tres de mayo de dos mil diecinueve. Por lo que de conformidad con el arábigo 18 de la ley en cita, el plazo para promover la demanda de amparo, inició el siete de mayo de dos mil diecinueve y feneció el veintisiete de mayo siguiente, siendo días inhábiles entre ambas fechas, el once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, por disposición del numeral 19 de la Ley de Amparo. Lo anterior conforme al artículo 19 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en el que se establecen los días inhábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, así como en el Acuerdo General 18/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso acuerdo General 10/2006, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso; así como el que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales. Tal circunstancia se corrobora, en la página oficial https://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/diasInhabiles.htm, en la que se publicaron los días inhábiles del Consejo de la Judicatura Federal, de ahí que su divulgación constituye un hecho notorio para este juzgador en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral segundo de ésta última, porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet". Al respecto, es aplicable el contenido de la Tesis Aislada (Civil, Común), sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de tenor literal: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Así pues, si la demanda se presentó el siete de mayo de dos mil diecinueve, resulta evidente que estuvo en tiempo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Ante la inexistencia de causas de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio, lo procedente es abordar el estudio de los conceptos de violación aducidos por el demandante de amparo. Los motivos de disenso que hace valer el quejoso Nazario García Ayala, se encuentran en el capítulo respectivo del escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, lo anterior en razón que no existe precepto legal que obligue a este juzgador a transcribirlos, máxime que esta sentencia atenderá los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El solicitante del amparo expresó los conceptos de violación que enseguida se sintetizan: 1. Que la autoridad responsable violentó en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 17 Constitucionales que consagran los principios de irretroactividad, audiencia y legalidad. 2. Que la autoridad responsable en el acto reclamado actúa contrario a lo dispuesto por los artículos 2498, 2499 y 2504 del Código Civil de Zacatecas, que establecen lo relativo a la procedencia de la caducidad de los asientos preventivos, por lo que el oficio reclamado adolece de una debida fundamentación y motivación tutelada por el artículo 16 Constitucional. Precisado lo anterior, los motivos de disenso esgrimidos por el quejoso resultan infundados por una parte e inoperantes por otra. Por técnica jurídica, en primera instancia se analizará el concepto de violación relativo a la falta de fundamentación y motivación que aduce el quejoso, el cual es infundado. Al respecto, debe decirse que si bien es cierto que de la lectura de la determinación reclamada contenida en el oficio 419/2019 de tres de mayo de la presente anualidad, no se advierte la cita de precepto legal alguno, de la motivación que se expone, entendiéndose por esta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, se advierte que la responsable atendió a lo expuesto en los artículos 2498, 2499 y 2504 del Código Civil de Zacatecas, que alude el quejoso en sus conceptos de violación; puesto que fue precisamente que tomando en cuenta dichos preceptos, la responsable negó efectuar la cancelación de la anotación que reza sobre el bien inmueble que aduce de su propiedad por haber operado la caducidad que refiere el último de los mencionados numerales. A mayor abundamiento, cabe destacar lo que dispone el Código Civil del Estado de Zacatecas, en relación a la extinción de los asientos, a que refiere el Código Civil de Zacatecas, comenzando por los artículos 2497 y 2498: "ARTÍCULO 2497.- Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero sino por su cancelación o por registro de la transmisión de dominio o derecho real inscrito, a otra persona. ARTÍCULO 2498.- Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, caducidad o por su conversión en inscripción." De los numerales transcritos se desprende que los embargos trabados sobre inmuebles son actos susceptibles de inscripción registral cuya extinción limitativamente se presenta, en términos del Código Civil del Estado de Zacatecas, por a) cancelación -por consentimiento de las partes u orden judicial- o por b) el registro de la transmisión de dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona, siendo por tanto improcedente su solicitud de extinción por caducidad. Ahora bien, a efecto de distinguir entre actos inscribibles y anotables, se transcriben los artículos 2511 y 2512 del Código Civil del Estado de Zacatecas, los cuales establecen: "ARTÍCULO 2511.- En el registro de la propiedad inmueble se inscribirán: I.- Los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, conserve, limite, grave o extinga el dominio, la posesión originaria o los demás derechos reales sobre inmuebles; II.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por un período mayor de seis años y aquéllos en que haya anticipos de rentas por más de tres años; III.- Las fundaciones de beneficencia privada, cuando se afecten bienes inmuebles a los fines de la fundación; IV.- Las resoluciones judiciales o de árbitros o arbitradores que produzcan algunos de los efectos mencionados en la fracción I; V.- Los testamentos por efecto de los cuales se deje la propiedad de bienes raíces o de derechos reales; haciéndose el registro después de la muerte del testador; VI.- En los casos de intestado, el auto declaratorio de los herederos legítimos y el nombramiento de albacea definitivo; En los casos previstos en las dos fracciones anteriores se tomará razón del acta de defunción del autor de la herencia; VII.- Las resoluciones judiciales en que se declara un concurso o se admita una cesión de bienes; VIII.- El testimonio de las informaciones ad perpétuam promovidas y protocolizadas de acuerdo con lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles; IX.- Los demás títulos que la ley ordene expresamente; X.- La constitución del patrimonio de familia. ARTÍCULO 2512.- Se anotarán preventivamente en el registro: I.- Las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquéllos; II.- El mandamiento y el acta de embargo que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor; III.- Las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos preparatorios o para dar forma legal al acto o contrato concertado, cuando tenga por objeto inmuebles o derechos reales sobre los mismos; IV.- Las providencias judiciales que ordenen el secuestro o prohíban la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales; V.- Los títulos presentados al Registro y cuya inscripción haya sido denegada o suspendida, por el Registrador; VI.- Las fianzas legales o judiciales establecidas en este Código; VII.- Las declaraciones de expropiación o de ocupación temporal de bienes inmuebles por razones de orden público; VIII.- Las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la suspensión provisional o definitiva de actos de autoridad de cualquier tipo que afecten o pudieren afectar bienes o derechos inscritos en el Registro; y IX.- Cualquier otro título que sea anotable de acuerdo con este Código u otras leyes." En sentido amplio, el documento registrable es un documento escrito ya sea público o privado, generalmente dispositivo, en cuyo contenido se instrumenta y registra un acto, hecho o negocio para producir determinados efectos jurídicos por disposición de ley. En esa guisa, a través del acto procedimental con el cual el registrador materializa en el libro o folio correspondiente el acto jurídico, utilizando la forma escrita, se deja constancia de la legitimidad del acto de que se trata y facilita su publicidad del mismo, produciendo efectos contra terceros. Los títulos y actos inscribibles por mandato expreso del citado artículo 2511 son: Los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, la posesión originaria o los demás derechos reales sobre inmuebles; Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por un período mayor de seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres años; y Los demás títulos que la ley ordene expresamente; y, La constitución del patrimonio familiar; Por su parte, los actos anotables tienden, a diferencia de los inscribibles, a patentizar situaciones sin modificar la esencia de la inscripción a la cual están referidas, sin menoscabo de una eventual modificación. Esto es, al margen del asiento o inscripción principal, preventiva o provisionalmente se patentiza una situación jurídica que afecta el bien o el derecho que ampara dicha inscripción. El citado artículo 2512 del código sustantivo aplicable, señala como actos susceptibles de anotación marginal a los siguientes: Las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquéllos; El mandamiento y el acta de embargo que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor; Las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos preparatorios o para dar forma legal al acto o contrato concertado, cuando tenga por objeto inmuebles o derechos reales sobre los mismos; Las providencias judiciales que ordenen el secuestro o prohíban la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales; Los títulos presentados al Registro y cuya inscripción haya sido denegada o suspendida, por el Registrador; Las fianzas legales o judiciales establecidas en este Código; Las declaraciones de expropiación o de ocupación temporal de bienes inmuebles por razones de orden público; Las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la suspensión provisional o definitiva de actos de autoridad de cualquier tipo que afecten o pudieren afectar bienes o derechos inscritos en el Registro; y Cualquier otro título que sea anotable de acuerdo con este Código u otras leyes. En el contexto antes referido, conviene ahora enunciar el contenido de los artículos 2497 a 2510, por referirse a la forma en que se extinguen los asientos registrales (inscripciones y anotaciones preventivas): "DE LA EXTINCIÓN DE ASIENTOS. ARTÍCULO 2497.- Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero sino por su cancelación o por registro de la transmisión de dominio o derecho real inscrito, a otra persona. ARTÍCULO 2498 Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, caducidad o por su conversión en inscripción. ARTÍCULO 2499.- Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas o por orden judicial. Podrán no obstante ser canceladas a petición de parte sin dichos requisitos cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la ley, o por causas que resulten del título en cuya virtud se extendió la inscripción o anotación debida a hechos que no requieren la intervención de la voluntad. ARTÍCULO 2500.- Para que el asiento pueda cancelarse por consentimiento de las partes, éste deberá constar en escritura pública. ARTÍCULO 2501.- La cancelación de las inscripciones y anotaciones preventivas podrán ser total o parcial. ARTÍCULO 2502.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total: I.- Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de inscripción; II.- Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito o anotado; III.- Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción o anotación; IV.- Cuando se declare la nulidad del asiento; V.- Cuando sea vendido judicialmente el inmueble que reporta el gravamen en el caso previsto en el artículo 2497; VI.- Cuando tratándose de cédula hipotecaria o de embargo, hayan transcurrido dos años desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente. ARTÍCULO 2503.- Podrá pedirse y deberá decretarse, en su caso, la cancelación parcial: I. Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción o anotación preventiva; y II.- Cuando se reduzca el derecho inscrito o anotado. ARTÍCULO 2504.- Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los tres años de su fecha, salvo aquéllas a las que se les fije un plazo de caducidad más breve. No obstante, a petición de parte o por mandato de las autoridades que las decretaron podrán prorrogarse una o más veces por dos años cada vez, siempre que la prórroga sea anotada antes de que caduque el asiento. La caducidad produce la extinción del asiento respectivo por el simple transcurso del tiempo, pero cualquier interesado podrá solicitar en este caso que se registre la cancelación de dicho asiento. ARTÍCULO 2505.- Cancelado un asiento, se presume extinguido el derecho a que dicho asiento se refiere. ARTÍCULO 2506.- Los padres como administradores de los bienes de sus hijos, los tutores de menores incapacitados y cualesquiera otros administradores, aunque habilitados para recibir pagos y dar recibos, sólo pueden consentir la cancelación del registro hecho en favor de sus representados, en el caso de pago o sentencia judicial. (.)" Como se advierte, el legislador ha dado un trato diferenciado en cuanto a la extinción de los asientos registrales. La inscripción exclusivamente podrá extinguirse por: Cancelación; o Registro de transmisión de dominio o derecho real a favor de otra persona. A su vez, las anotaciones preventivas podrán extinguirse por: Cancelación; Caducidad; o Conversión en inscripción. Como se advierte, en el sistema registral aplicable no son susceptibles de caducar las inscripciones, pues esa forma de extinción se encuentra reservada para las anotaciones marginales. Es decir, no puede caducarse administrativamente porque el embargo es inscribible. Ahora bien, el embargo es un gravamen que tiene su origen en una orden judicial que se ejecuta por el actuario cuando precisa los bienes que quedan reservados a efecto de cubrir el crédito materia del juicio, cuya finalidad persigue impedir al deudor ponerse en estado de insolvencia o disminuir su posibilidad de pago, con daño del ejecutante. Por su naturaleza de derecho personal, constituye en una garantía del cual su titular está facultado para exigir al Juez, en su caso, su ejecución; por ende, es transitorio y temporal porque nace y se agota con el proceso mismo en que se dicta; y se puede transformar en una adjudicación con motivo del remate en ejecución de sentencia. Por su parte, al ser susceptibles de inscripción los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles, es evidente que no se halle comprendida la caducidad como una forma de extinguir el asiento respectivo de la inscripción en el folio correspondiente cuando proviene de un embargo judicial. Es así, pues en relación con su cancelación, se destaca que los embargos trabados en las controversias jurisdiccionales, son materia de inscripción registral y no de anotación preventiva, por así preverlo la propia ley. Lo anterior sin menoscabo de las formas en que se puedan válidamente extinguir asientos relativos a anotaciones preventivas (marginales), en cuyo caso el artículo 2504, prevé que la caducidad procede "cualquiera que sea su origen" a los tres años de su fecha, salvo aquellas a las que se les fije otro plazo. Y, por regla general, ésta procede por el simple transcurso del tiempo, pudiendo ser emitida por la autoridad registral a petición de parte interesada. Sin embargo, este no es el caso de los asientos registrales inscribibles, como el embargo judicial sobre bienes inmuebles, en que taxativamente podrá extinguirse el asiento respectivo por cancelación: De mediar el consentimiento de las partes y/o titular de derechos reales o personales inscritos; Por orden judicial, o A petición de parte cuando el derecho quede extinguido por disposición de ley o por causas que resulten del título inscrito. Lo anterior, incluso, se corrobora del contenido de la fracción VI del artículo 2502, en que se prevé la cancelación total de asientos, específicamente, la cédula hipotecaria o el embargo, cuando se pida y hayan transcurrido dos años desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio. Esto es, la referida solicitud -diversa a la orden judicial-, debe probarse y no opera por el simple transcurso del tiempo como ocurre en la institución procesal de la caducidad. Resta señalar, que aun cuando el Juez sea la autoridad competente primigenia para proveer en relación con la extinción de la inscripción que se haya registrado en cumplimiento de un auto o providencia emanada de su potestad, por ser quien cuenta con los elementos necesarios para resolver en torno a su cancelación en la forma prevista en la ley; ello, no implica obstáculo alguno para que la cancelación de los actos inscribibles, en términos de la fracción VI, del artículo 2502, pueda resolverse administrativamente a petición de parte, esto es, mediando solicitud ante la autoridad registral, cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de ley, lo que en su caso, como se mencionó, deberá probarse. En principio, se toma en consideración para resolver, que la "anotación preventiva" cuya cancelación se solicitó ante el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, deriva de un embargo trabado en un Juicio Oral de Alimentos 218/2002, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. Ahora bien, con independencia de la legalidad o no que reviste el oficio impugnado, según se expuso en apartados que anteceden, se concluye que debe negarse el amparo solicitado, dados los términos en que elevó la quejosa su solicitud ante la autoridad administrativa, como a continuación se demuestra: De autos y de la demanda de derechos fundamentales se desprende que la quejosa solicitó ante el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, la cancelación por caducidad de la anotación preventiva, tal como se advierte del escrito que presentó ante esa autoridad, que en lo que aquí interesa, señala: "(.) De la fecha 26 de junio del año 2002, al día de hoy han transcurrido 16 años 9 meses y 28 días, siendo pues que ha operado la caducidad en mi favor, toda vez que el artículo 2504, del Código Civil Vidente, señala que las anotaciones preventivas (como lo es la que obra en el bien inmueble de mi propiedad) caducan a los tres años, además el artículo 2499 del Código de Procedimientos Civiles (sic), dice reza (sic) que dichas anotaciones podrán no obstante ser canceladas por a (sic) petición de parte, cuando sin dichos requisitos cuando (sic) el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la ley, así mismo el artículo 2498 del Código de Procedimientos vigentes en el estado (sic), señala que las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, caducidad o por conversión de su inscripción. (.)" Como se advierte, la solicitud del promovente es clara en el sentido de pretender ante la autoridad administrativa la cancelación de la anotación (marginal) de un asiento registral, lo cual, como se ha explicado, deviene improcedente, pues su solicitud no es jurídicamente admisible, por estar fuera de los supuestos normativos aplicables. Es aplicable al caso concreto, la tesis aislada XXVII.3o.62 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto disponen: "EMBARGO DE BIENES INMUEBLES. ES IMPROCEDENTE DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ANOTACIÓN MARGINAL POR OPERAR LA CADUCIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Los artículos 3189 y 3190 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo prevén un tratamiento particular y diferenciado para la extinción de los distintos asientos registrales. De manera que las inscripciones, exclusivamente, podrán extinguirse por: (i) cancelación: consentimiento de las partes, orden judicial o a petición de parte, -cuando el derecho inscrito quede extinguido por disposición de la ley o por causas que resulten del título en cuya virtud se practicó la inscripción-; o, (ii) el registro de la transmisión del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. A su vez, las anotaciones preventivas podrán extinguirse por: (iii) cancelación; (iv) caducidad; o, (v) conversión en inscripción. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3199 del código citado, al ser susceptibles de inscripción y no de anotación preventiva, entre otras cosas, los títulos y actos susceptibles de limitar o gravar el dominio de un derecho real, es claro que la caducidad no se halle comprendida como una forma de extinguir los embargos trabados sobre bienes inmuebles pues, además de así preverlo la propia ley, en el sistema registral aplicable no son susceptibles de caducar las inscripciones por encontrarse dicha forma de extinción reservada para las anotaciones marginales. Lo anterior sin menoscabo de las formas en que se puedan válidamente extinguir asientos relativos a anotaciones preventivas (marginales), incluso, ante autoridad administrativa, al preverse en el artículo 3195 del ordenamiento invocado, que la caducidad procede, cualquiera que sea su origen, a los dos años de su fecha, salvo aquellas a las que se les fije otro plazo, en cuyo caso, por regla general, ésta procede y debe declararse por el simple transcurso del tiempo, pudiendo ser emitida por la autoridad registral a petición de parte interesada, en el caso de que ésta se demuestre fehacientemente. De ahí que devenga improcedente la solicitud para declarar la extinción de la anotación marginal de un embargo judicial por operar la caducidad, por no ser jurídicamente admisible y estar fuera de los supuestos normativos aplicables." En efecto, la solicitud de cancelación por caducidad de una anotación marginal es inconducente y ajena a la regulación que el legislador ha establecido para el Registro Público de la Propiedad, pues el embargo cuya extinción se solicita es un acto inscribible y no anotable, que a diferencia del último, no es susceptible de caducar. Con base en los razonamientos apuntados, es claro que devenga infundado el segundo concepto de violación del recurrente, pues como se indicó, tratándose de la inscripción registral de un embargo trabado en una controversia jurisdiccional, no es susceptible de caducar y, en su caso, el único que puede determinar sobre su cancelación es el Juez que la ordenó, por ser quien tiene al alcance las constancias respectivas para determinar si el caso se ubica en los supuestos previstos en la ley. Sentado lo anterior, como se adelantó, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la resolución reclamada no transgrede el precepto constitucional invocado, puesto que se dictó con apego a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que satisface los requisitos de fundamentación y motivación en atención a que se expresan los argumentos por los que se declaró improcedente la solicitud de cancelación de la anotación preventiva que reza sobre el inmueble de su propiedad, el cual se encuentra inscrito bajo el número 17, folio 18, del volumen CCXXXII, en el que contrario a lo que refiere la parte amparista, la autoridad del conocimiento sí especificó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para emitir dicha determinación, y que estribaron en el hecho de que al tratarse de un embargo derivado de un juicio oral de alimentos, no era procedente la cancelación solicitada. En mérito a lo anterior, es evidente que la determinación reclamada de tres de mayo de dos mil diecinueve, no vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano a la legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política Federal, pues como quedó establecido, el Oficial Registrador responsable, de manera clara expuso los motivos y fundamentos por los cuales estimó declarar improcedente la cancelación de la anotación que pesa sobre el bien inmueble de referencia. Cobra aplicación al caso, la tesis número P. CXVI/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Es por lo anterior, que carece de razón el inconforme en sostener que la resolución que declaró improcedente la solicitud de cancelación de la anotación marginal de embargo resulte carente de fundamentación por no expresar con especificidad los preceptos legales que enunció en el escrito que presentó ante la autoridad responsable. En efecto, contrariamente a lo que refriere el recurrente, la fundamentación que específicamente debe revestir a un acto de molestia unilateral (órdenes, las expropiaciones, el fincamiento de créditos fiscales, las sanciones y los actos de ejecución) que origina una afectación a la esfera jurídica de los particulares, no se presenta tratándose de procedimientos instados a petición de la propia quejosa. Esto es, la determinación que declaró improcedente la solicitud de cancelación de la "anotación marginal" de embargo [sic], no es un procedimiento seguido de manera unilateral, pues dicha resolución se emitió en virtud de la petición formulada por el quejoso, aquí recurrente, ante el Oficial Registral del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, por la cual solicitó la cancelación de la anotación marginal [sic] de embargo existente que reza en el inmueble de su propiedad, el cual se encuentra inscrito bajo el número 17, folio 18, del volumen CCXXXII, decretada por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Río Grande. Por ende, pese a la legalidad del fondo de su determinación -por ser improcedente-, no era exigible que la respuesta con la que culminó su petición ?seguido a instancia de parte? precisara con exactitud los preceptos legales que el quejoso invocó. No pasa inadvertido para este juzgador que la autoridad responsable Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad, con sede en Río Grande, Zacatecas, al rendir su informe justificado refirió que la autoridad competente para cancelar la inscripción de embargo solicitada por el quejoso, era la autoridad que en su momento lo ordenó, siendo el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas; no obstante, la participación del juez de origen, le fue hecha del conocimiento del impetrante del amparo, desde el momento en que tuvo noticia del acto reclamado, por lo que este juzgado no se encontraba obligado a prevenir al quejoso a efecto que manifestara si deseaba señalarla como responsable. Es decir, no es el caso de advertir durante la sustanciación del juicio de amparo la participación de una diversa autoridad responsable a la señalada por el quejoso en su demanda inicial, hipótesis que ameritaría prevención para él con el fin de si era o no su deseo ampliar la demanda respecto a otra autoridad, en su caso, expresara conceptos de violación, sino que fue la propia autoridad señalada como responsable la que estimó que la petición del aquí quejoso debía ser resuelta por el juez, de manera que desde ese momento el ahora impetrante estuvo en posibilidad, de así haberlo estimado conveniente, de señalar a ese juzgado también como autoridad responsable. Finalmente, refiere el quejoso en el primero de sus conceptos de violación, que se violentó en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 17 Constitucionales, que consagran los principios de irretroactividad, audiencia y legalidad; sin embargo, dichos argumentos devienen inoperantes. Se afirma lo anterior, en virtud que con dichos argumentos el quejoso omite atacar con verdaderos argumentos las cuestiones medulares del oficio impugnado, pues no combate las consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable para emitir el oficio 419/2019, de tres de mayo de dos mil diecinueve, de ahí que los conceptos de violación en análisis resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, sin que en el caso sea dable suplir tal deficiencia, por no encontrarnos en ninguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C J/21, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo." Así como la jurisprudencia I.60.C. J/15, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Sin que obste a lo anterior la cita de los artículos 14 y 17 constitucionales, ya que las simples manifestaciones hechas por el quejoso aduciendo infracción de determinados preceptos legales que contienen derechos fundamentales que estima violadas, no pueden considerarse conceptos de violación, si no atacan los fundamentos del fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar que la autoridad responsable conculcó los preceptos citados. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 711, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO LOS CONSTITUYE LA SIMPLE CITA DE PRECEPTOS LEGALES. Las simples manifestaciones hechas por el agraviado aduciendo infracción de preceptos legales y transcribiendo párrafos de disposiciones constitucionales que contienen garantías individuales que estima violadas no pueden considerarse conceptos de violación, si no atacan los fundamentos del fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar que la autoridad responsable conculcó los preceptos citados. ". Por lo expuesto y ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta suplencia de la queja que suplir, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Nazario García Ayala, contra el acto y autoridad precisados en la última consideración del presente fallo, por las razones y fundamentos ahí expuestos. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, actuando ante la licenciada Adriana Salazar Orozco, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el informe justificado de la autoridad responsable, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó mediante diligencia de treinta y uno de mayo de esta anualidad; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve, para su celebración. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Por otra parte, toda vez que ha transcurrido el término de tres días concedido por auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, al tercero interesado ********************, notificado el veinticuatro de mayo del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se ordena hacerle esta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en este Juzgado, de conformidad con el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo.

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