Nayeli Yadira Sierra Torralba
Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nayeli Yadira Sierra Torralba
- A. de J. P. S.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el oficio de la juez Primero Civil del Distrito Judicial de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante el cual, devuelve diligenciado el despacho 190/2022 (con número de origen 97/2022); en consecuencia, dese de baja la referida comunicación oficial como diligenciada en el libro de gobierno respectivo. Cúmplase.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, incorpórense a los autos los oficios y anexos de la Juez Primero de lo Civil de Tlacolula, Oaxaca; sin que haya lugar a dictar mayor proveído al respecto, a razón de que por sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veintidós se resolvió este asunto y al no haber sido recurrido en este proveído se declara firme. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 794/2022 promovido por *** por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales *** por propio derecho, en contra de actos de la Jueza Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. I. ANTECEDENTES De las constancias allegadas al sumario se tiene acreditado que ***, por su propio derecho demandó a Antonio de Jesús Pacheco Méndez, la recuperación, guarda y custodia provisional y definitiva del menor de edad de iniciales *** mediante comparecencia de trece de junio de dos mil veintidós, ante la Jueza Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, donde quedó registrada con el número 191/2022. En la comparecencia de trece de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la aquí quejosa compareciendo con una asesora del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), dependiente de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, solicitando como medida de protección la recuperación del menor de edad de iniciales A. de J.P.S., sustraído del domicilio de la actora aquí disidente -así como la guarda y custodia provisional y definitiva de dicho menor-, misma que indica, realizó el dieciocho de mayo de dos mil veintidós Antonio de Jesús Pacheco Méndez, diciéndole que lo regresaría el veintidós de mayo de dos mil veintidós; manifestando que dicho demandado había ejercido violencia contra el menor de edad y la impetrante, así también ofreció como pruebas diversas documentales (copia simple de su credencial para votar, acta de nacimiento del menor de edad, una impresión de la Clave Única de Registro de Población CURP y una constancia de estudios), la instrumental de actuaciones y la presuncional (en su doble aspecto legal y humana). En dicha diligencia, se ordenó tramitar el juicio promovido por la aquí quejosa en la vía de controversias del orden familiar, ordenándose a la actuaria adscrita emplazar al demandado Antonio de Jesús Pacheco Méndez; determinando en relación a la recuperación del menor, que en virtud que hasta ese momento no se contaba con mayor información que le permitiera conocer lo que motivó al interpelado sustraer a su menor hijo del domicilio donde habitaba con su madre, aunado al tiempo transcurrido desde esa fecha, estimó pertinente señalar una audiencia de carácter familiar para dialogar con las partes sobre los hechos que indicó la promovente para dar derecho de audiencia a las mismas, partiendo del hecho de que los padres son los más importados en el interés superior de sus hijos, por lo que se fijaron las trece horas del catorce de junio de dos mil veintidós para llevar a cabo dicha audiencia. En la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós, a la que comparecieron la aquí quejosa Nayeli Yadira Sierra Torralba, el demandado Antonio de Jesús Pacheco Méndez, quien presentó al menor de edad de iniciales A. de J.P.S., luego de haber escuchado a las partes, en que el interpelado indicó que debido a las amenazas de la actora aquí quejosa y violencia contra el menor, denunció tal situación ante el agente del Ministerio Público y le solicitó una medida de protección, misma que exhibió en oficio en dicha diligencia; que sustrajo al menor de edad con anuncia de la abuela del niño debido a que la progenitora de éste último le pegaba; y después de certificar el estado físico (buen estado del niño y aparente buen estado de salud) del menor de seis años de edad, que se escondía de la vista de su progenitora detrás de su padre, porque manifestó que tenía miedo a que su mamá le pegara (indicando que le pegaba aunque no se portara mal) y no mostró apego hacía su madre para abrazarla o saludarla. En dicha audiencia resolvió, al determinar que las partes no llegarían a un acuerdo, que si bien tanto el padre como la madre gozan de los mismos derechos respecto el seno familiar, su funcionamiento, participación y cuidado de los hijos, concedió como medida provisional la guarda y custodia del menor de edad a favor de su progenitor, exhortándolo para que le brinde todos los cuidados que requiera, fijando un régimen de convivencias. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Nayeli Yadira Sierra Torralba, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales A. de J.P.S., presentó un escrito el uno de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra una autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. Señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, segundo párrafo, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue turnada el cuatro de julio de dos mil veintidós a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y en determinación de cinco de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite, registrándose bajo el número 794/2022; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se otorgó intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama el acto siguiente: Jueza Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca: La parte relativa del acuerdo de fecha trece de junio de dos mil veintidós en que solicite como medida de protección la recuperación de mi menor hijo de nombre reservado A. DE J.P.S. al haberlo sustraído del domicilio conyugal su progenitor, así como la parte relativa en que la Ciudadana Jueza Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca en el expediente familiar número 191/2022 del índice de ese juzgado, inicio demanda de guarda y custodia de forma provisional y definitiva dejándome en estado de indefensión para preparar mi demanda y mis pruebas. El auto de catorce de junio de dos mil veintidós, al haber decretado la guarda y custodia a favor del progenitor de mi hijo cuando que hice del conocimiento de la responsable que el progenitor me violenta y también el infante dictado por la Ciudadana Jueza Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca en el expediente familiar número 191/2022 del índice de ese juzgado, en el que la ciudadana jueza, determinó que la guarda y custodia de mi hijo de nombre reservado A. DE J.P.S., se le otorgara de manera provisional a su progenitor ANTONIO DE JESÚS PACHECO MENDEZ. La omisión de la Ciudadana Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca de dictar como medidas de protección urgentes favor del infante de nombre reservado del menor de iniciales A. DE J.P.S., su recuperación. V. INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO Si bien al rendir informe justificado la Juez Primero Civil de Tlacolula, Oaxaca, indicó que eran parcialmente ciertos; en relación al acto reclamado consistente en la omisión de la ciudadana Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca de dictar como medidas de protección urgentes favor del infante de nombre reservado del menor de iniciales A. DE J.P.S., debe decirse que lo correcto es que es inexistente. Lo anterior, es así porque, lo cierto es que en audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós, a la que comparecieron la aquí quejosa Nayeli Yadira Sierra Torralba, el demandó Antonio de Jesús Pacheco Méndez, y se presentó al menor de edad de iniciales A. de J.P.S., -éste último, es respecto de quien la quejosa solicitó su recuperación-, luego de haber escuchado a las partes, en que el interpelado indicó que debido a las amenazas de la actora aquí quejosa y violencia contra el menor, denunció tal situación ante el agente del Ministerio Público y le solicitó una medida de protección, misma que presentó mediante oficio, que sustrajo al menor con anunciar de la abuela del niño debido a que la progenitora de este último le pegaba; y después de certificar el estado físico (buen estado del niño y aparente buen estado de salud) del menor de seis años de edad, quien se escondía de la vista de su progenitora detrás de su padre, porque manifestó que tenía miedo a que su mamá le pegara (indicando que le pegaba aunque no se portara mal) y no mostró apego hacía su madre para abrazarla o saludarla. Determinó como medida provisional procedente la guarda y custodia del menor de edad a favor de su progenitor -y no la recuperación del menor-, exhortándolo para que le brinde todos los cuidados que requiera, fijando un régimen de convivencias, lo que señaló luego de que en proveído de trece de junio de dos mil veintidós, donde tuvo a la quejosa compareciendo para demandar la recuperación del menor de edad así como su guarda y custodia provisional y definitiva -determinara que en a esa fecha no contaba con los elementos para resolver sobre la solicitud de la quejosa misma que fue apreciada luego de que se presentara al menor ante la autoridad judicial y con asistencia de la representación social, donde se apreció el comportamiento de su hijo, así como las pruebas presentadas por el demandado y se concluyó en la manera que se hizo. Circunstancia que se advierte de las copias certificadas deducidas del expediente familiar número 191/2022 del índice de la responsable que obran en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su numeral 2. Siendo así, lo procedente es sobreseer en el juicio debido a que la parte quejosa no ofreció ni exhibió prueba alguna con la que se desvirtúe la negativa de las autoridades responsables; lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Circunstancia que la quejosa no desvirtúo a pesar de haber quedado notificada del acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, donde se le dio vista con el informe justificado de la autoridad jurisdiccional, el diecinueve de julio de dos mil veintidós. VI. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, el mismo informe justificado de la Juez Primero Civil de Tlacolula, Oaxaca, indicó que eran parcialmente ciertos los actos reclamados; sin embargo, del mismo informe se advierte la existencia de las determinaciones de trece y catorce de junio de dos mil veintidós, emitidas en el expediente familiar número 191/2022 de su índice, lo anterior, encuentra respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. VII. OPORTUNIDAD La parte quejosa manifiesta en su demanda de amparo que tuvo conocimiento de los actos reclamados el trece y catorce de junio de dos mil veintidós, cuando tuvieron lugar las diligenciar a las que compareció. En atención a lo anterior, con independencia del estudio de fondo, el plazo de quince días con que contaba la parte agraviada para acudir a esta instancia constitucional se computa a partir del día hábil siguiente al del conocimiento de los actos reclamados, es decir, a partir del trece y catorce de junio de dos mil veintidós, por lo que vencía el cuatro y cinco de julio de dos mil veintidós, respectivamente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, como la demanda de amparo fue presentada el uno de julio de dos mil veintidós, resulta evidente que su presentación fue oportuna; ello, sin perjuicio de lo que más adelante se analizará. VIII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA No obstante la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar si en la especie se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea invocada por las partes, o bien, alguna que se advierta oficiosamente, pues el tema de la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, quien resuelve estima que respecto al acto reclamado consistente en la parte relativa del acuerdo de fecha trece de junio de dos mil veintidós en que la quejosa solicitó como medida de protección la recuperación de su hijo menor de edad A. DE J.P.S. al haber sido sustraído por su progenitor del domicilio conyugal, así como la parte relativa en que la Ciudadana Jueza Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca en el expediente familiar número 191/2022 del índice de ese juzgado, inicio demanda de guarda y custodia de forma provisional y definitiva dejándome en estado de indefensión para preparar mi demanda y mis pruebas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. La fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo contiene la causal de improcedencia consistente en la improcedencia del juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso concreto, se actualiza este supuesto, pues de autos se advierte, que la autoridad jurisdiccional en la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós, a la que comparecieron la aquí quejosa Nayeli Yadira Sierra Torralba, el demandado Antonio de Jesús Pacheco Méndez, quien presentó al menor de edad de iniciales A. de J.P.S., luego de haber escuchado a las partes, en que el interpelado indicó que debido a las amenazas de la actora aquí quejosa y violencia contra el menor, denunció tal situación ante el agente del Ministerio Público y le solicitó una medida de protección, misma que exhibió en oficio en dicha diligencia; que sustrajo al menor de edad con anuncia de la abuela del niño debido a que la progenitora de éste último le pegaba; y después de certificar el estado físico (buen estado del niño y aparente buen estado de salud) del menor de seis años de edad, que se escondía de la vista de su progenitora detrás de su padre, porque manifestó que tenía miedo a que su mamá le pegara (indicando que le pegaba aunque no se portara mal) y no mostró apego hacía su madre para abrazarla o saludarla. Se determinó como medida provisional procedente que la guarda y custodia del menor de edad quedara a favor de su progenitor, exhortándolo para que le brinde todos los cuidados que requiera, fijando un régimen de convivencias. Por tanto, es inconcuso que en este caso ha operado un cambio de situación jurídica en relación a la recuperación del menor para que le fuera otorgada la guarda y custodia provisional y definitiva, así como del resto de situaciones aludidas por la quejosa en el inciso a) de actos reclamados, por tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en éste, sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior, porque la orden dada para determinar la guarda y custodia provisional, no puede ser analizada al haber sustituido la pretensión de la quejosa de que se ordenara la recuperación del menor y le fuera otorgada la guarda y custodia provisional y definitiva, ya que, de de estudiar la inconstitucionalidad planteada podría afectarse la situación jurídica creada por el nuevo acto -acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado que deriva del acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, donde en la segunda parte del acto reclamado en el inciso a) esta resolución, que hace consistir en que la pretensión de la quejosa no era iniciar un juicio de guarda y custodia de forma provisional y definitiva, con lo que indica que se le deja en estado de indefensión para preparar su demanda y pruebas; porque en todo caso ello actualiza la causa de improcedencia fundamentada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Porque, el amparo indirecto es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el precepto inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de ese precepto estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación, que expone: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva o de la determinación que ponga fin al proceso para poder combatir en la vía directa las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final. En el caso, la solicitante del amparo reclama que deriva del acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, la pretensión de la quejosa no era iniciar un juicio de guarda y custodia de forma provisional y definitiva, por lo que el inicio del juicio 191/2022 del índice de la única responsable, la deja en estado de indefensión, evidencia que la actuación reprochada no constituye un acto de imposible reparación en la medida en que no produce una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, los papeles, etcétera, aun cuando la disconforme alega una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de debido proceso, de legalidad, de seguridad jurídica y de acceso a la justicia previstos por los normativos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, la resolución reclamada es un acto intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que la determinación de la responsable no decide en definitiva la guarda y custodia del menor ni mucho menos la procedencia de la recuperación del menor que intenta la disidente, de ahí que eventualmente entrañaría una transgresión a sus derechos adjetivos que tendría efectos formales o adjetivos, los cuales se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la resolución que ponga fin a esa controversia y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido del fallo final correspondiente y afectó las defensas de la peticionaria del amparo. En otras palabras, el acto impugnado no trae aparejado una ejecución de imposible reparación, sino que eventualmente puede estimarse que afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si la inconforme obtiene una sentencia favorable. Es así, porque por regla general cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los normativos 1, 4, 14, 16 y 17 del Pacto Federal -como en la especie sucede-, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetiva, ya que no se trata de una afectación autónoma o independiente, más bien, se da dentro del procedimiento en el que el solicitante de la protección constitucional es parte, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción previsto por el arábigo 107, fracción V, de la ley de la materia para acudir inmediatamente al juicio de amparo en la vía indirecta. Circunstancia la anterior por la que es procedente sobreseer en el juicio de amparo respecto a dicho acto reclamado. En relación al último acto reprochado (inciso b) consistente en el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, donde se decretó la guarda y custodia a favor del progenitor de su menor hijo, donde la quejosa indica que a pesar de hizo del conocimiento de la responsable que el demandado Antonio de Jesús Pacheco Méndez, la violenta y también al infante, se advierte que en el caso concreto se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones que la informan, dado que no contradice lo previsto en la Ley vigente, la cual a la letra dice: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. En la especie, el acto reclamado consistente en el acuerdo tomado en la diligencia de catorce de junio de dos mil veintidós, en que se determinó como medida provisional la guarda y custodia del menor de edad A. DE J.P.S., a favor de su progenitor, carece de definitividad para los efectos del amparo, toda vez que en su contra procede el recurso de queja previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Es así, toda vez que dicho ordenamiento establece en sus numerales 697 y 701, lo siguiente: Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. (DEROGADA, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia. Artículo 701.- El recurso de queja contra los jueces sólo procede en los juicios cuya sentencia sea apelable, a no ser que se intente para calificar el grado en la denegación de apelación o en los casos de denegación de justicia. En ese orden, si la hoy impetrante de amparo, reprocha a la autoridad judicial que en el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, donde se decretó la guarda y custodia a favor del progenitor de su menor hijo, a pesar de haberle manifestado que el demandado Antonio de Jesús Pacheco Méndez, la violenta y también al infante, no constituye una violación directa a la Carta Magna y el medio ordinario de impugnación se encuentra previsto en una ley y no en un reglamento; motivos por los cuales en el caso concreto no opera la excepción al principio de definitividad. En ese contexto, se demuestra que la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de defensa legal por el cual el acto reclamado puede ser revocado, modificado o nulificado. IX. DECISIÓN En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto precisado en el inciso c), se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En relación al acto reclamado precisado en el inciso a), quien resuelve determina que debe sobreseerse en el juicio con apoyo en el artículo fracción V, en relación con el precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; así como, con motivo de la actualización de la causa de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario. Asimismo, por lo que hace al acto reprochado en el inciso b), queda demostrado de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y con fundamento en el artículo 63, fracción V de la propia ley de la materia, lo conducente es sobreseer el juicio. Por tal motivo, no se realiza mayor abundamiento sobre las manifestaciones del impetrante, porque en razón de lo anterior este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente impedido para analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales ** en contra de los actos que reclamó de la Juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por los motivos expuestos en los apartados V y VIII de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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