Nathaly Sorangela Sánchez Cabral
Expediente 33/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nathaly Sorangela Sánchez Cabral
- Nathaly Sorangela Sánchez Cabral y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó y en acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano y esta determinación. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 33/2023, promovido por ********************, ******************** y ********************, en contra de actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca y otras autoridades. I. ANTECEDENTES De las constancias allegadas al expediente, se obtiene que el tres de enero de dos mil veintitrés, ***************, ***************** y ********************, todos de nacionalidad dominicana, fueron puestos a disposición de la Oficina de Representación en Oaxaca, del Instituto Nacional de Migración, radicándose los expedientes migratorios ********************, ******************** y ********************, respectivamente. Una vez dictadas las diligencias necesarias en dichos procedimientos, el cinco de enero del año en curso, se dictó la resolución correspondiente, ordenando el retorno asistido de los nombrados a su país de origen, esto es, República Dominicana. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el seis de enero de dos mil veintitrés, *****************, en representación de ********************, ******************** y *****************, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 8°, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 33 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno correspondió conocer de la mencionada demanda, concedió la suspensión de oficio y de plano para los efectos siguientes: ".se decreta la suspensión de oficio y de plano para que de inmediato cese todo acto que tienda a tener incomunicados a los agraviados, hacerlos víctimas de tortura, malos tratos, coacción, castigos o tormentos y que puedan privarles de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de la detención de la que aducen se encuentran siendo objeto los directos quejosos por parte de las autoridades señaladas como responsables y para que los justiciables no sean deportados a su país de origen ni expulsados de esa nación y para que no sean repatriados a su país. También con fundamento en lo establecido por el ordinal 160 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sin paralizar o suspender el procedimiento administrativo migratorio que al efecto se instruya en su contra (el cual no es suspendible por ser de orden público), los directos agraviados sean puestos en libertad y que las autoridades responsables dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que los quejosos no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ellas cuantas veces le sea exigido." El seis de enero pasado, los quejosos ********************, ******************** y ********************, ratificaron la demanda promovida a su favor, por lo que en esa misma data, se admitió a trámite. En proveído de nueve de enero del año en curso, el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por sí y en representación del Encargado de la Sub Representación Local y del Representante Local, adscritos al mencionado instituto, rindieron el informe relativo a la suspensión de plano concedida a los quejosos. Luego, el once siguiente, los quejosos informaron que las autoridades responsables no habían acatado en sus términos la suspensión de oficio y de plano; motivo por el cual se requirió informaran la forma en la cual la acataron. Por acuerdo de trece de enero pasado, el mencionado Titular de la Oficina de Representación informó que en cumplimiento a la suspensión de plano, dictó un acuerdo en el que ordenó la salida de los quejosos de las instalaciones de la Sub Representación Local, sujetándolos a firma, en esas oficinas, los días martes y jueves de cada semana, para la prosecución de los procedimientos administrativos migratorios que se les siguen. En acuerdo de uno de febrero del año en curso, el Titular de la Oficina de Representación hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la última vez que los quejoso acudieron a firma a dichas oficinas, lo fue el diecisiete de enero pasado, por lo que incumplieron con la obligación que adquirieron de presentarse ante la autoridad migratoria, desconociéndose su ubicación actual. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y el acto que se reclama se atribuye a autoridades jurisdiccionales con residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y las constancias que integran el expediente, permiten sostener que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridades responsables: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Actos reclamados: La privación ilegal de su libertad. La incomunicación que dicen se llevó a cabo en la Oficina de Representación en Oaxaca del Instituto Nacional de Migración. La orden de deportarlos a su país de origen República Dominicana. Los procedimientos administrativos migratorios ********************, ******************** y ********************, instaurados en contra de ********************, ******************** y ********************, respectivamente, que culminaron con una resolución de retorno asistido. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS PRECISADOS EN LOS INCISOS 1), 2) Y 3) Al rendir su respectivo informe justificado, el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por sí y en representación de las demás autoridades responsables, negó los actos que se les atribuyeron precisados en los incisos 1), 2) y 3), manifestando que no es cierto que se haya privado ilegalmente de su libertad a los quejoso, que se les haya mantenido incomunicados y que exista una orden para deportarlos del país. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente del amparo, está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Aunado a la negativa de las autoridades responsables, debe precisarse que exhibieron las constancias relativas al procedimiento administrativo migratorio que se les sigue a los quejosos, lo que motivó se alojaran temporalmente en la Estación Migratoria, así como una documental que acredita se les permitió estar en contacto con familiares, a través de llamada telefónica. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en los incisos 1), 2) y 3) del apartado relativo, se sobresee en el juicio por lo que a éstos respecta, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. VI. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS El Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado precisado en el inciso 4) del apartado relativo. Sin embargo, de las constancias que allegó al expediente, se aprecia que sí existen los procedimientos administrativos migratorios ********************, ******************** y ********************, instruidos en contra de ********************, ******************** y ********************, mismos que culminaron con una resolución de retorno asistido. De ahí que, contrario a lo expuesto por la autoridad responsable, sí resulte cierto el acto reclamado en comento. Lo que se corroboró con copia certificada de dichos procedimientos administrativos, los cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto del acto reclamado consistente en los procedimientos administrativos migratorios ********************, ******************** y ********************, instaurados en contra de ********************, ******************** y ********************, respectivamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Ahora bien, del examen del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio constitucional es un medio de control jurisdiccional, que tiene por objeto reparar las violaciones de derechos fundamentales que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que estime le han sido transgredidos. Por su parte, la fracción XXII, del artículo 61 del ordenamiento legal en cita, señala que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de realizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio constitucional. Por tanto, de estos preceptos legales, se establece que no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, cuando el acto reclamado no puede surtir efecto material alguno en la esfera jurídica del quejoso por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo y sus efectos no puedan concretarse, en virtud de la modificación del entorno en donde tuvo su origen. Ello es así, porque de estimarse en su caso que el acto reclamado es inconstitucional se tornaría legalmente imposible restituir al promovente en el pleno goce de su derecho fundamental que estima violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia en que se conceda el amparo. Ahora bien, a fin de motivar la presente resolución es menester hacer notar que el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración informó que desde el diecisiete de enero del año en curso, los quejosos incumplieron con la obligación impuesta de acudir los días martes y jueves, de cada semana, a las trece horas, para la prosecución de sus procedimientos administrativos migratorios, mostrando un desinterés para continuar con éstos; haciendo énfasis en que desconocen su ubicación actual, pues al ser migrantes, se ubican en un contexto de movilidad. De lo antes expuesto, es incuestionable que el acto combatido si bien subsiste, (los procedimientos administrativos migratorios seguidos en contra de los quejosos), no puede ser objeto de análisis en cuanto al fondo, porque sus efectos no se concretan ni podrán concretarse en perjuicio de los impetrantes, quienes incumplieron con su obligación de presentarse ante la autoridad migratoria para la continuación de los procedimientos administrativos seguidos en su contra. Es decir, en el caso concreto correspondía analizar la constitucionalidad de los procedimientos administrativos migratorios instaurados en contra de los quejosos; empero, al desconocerse su paradero, en virtud que dejaron de acudir a firmar antes la Estación Migratoria, como obligación impuesta por las autoridades responsables, se impone concluir que ya no podrá concretarse en perjuicio de los quejosos. Por lo antes expuesto, a juicio de este resolutor, es innegable que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia; por lo tanto, es inconcuso que el juicio de amparo no tiene más razón de ser y por ende, deviene su improcedencia. Lo anotado se sustenta a consecuencia que de estimar contrario a lo previsto por el texto constitucional el acto de autoridad, jurídicamente se tornaría imposible restituir al agraviado en el goce de los derechos fundamentales que argumenta le fueron violentados, al no tener noticia de su ubicación y por tanto, se imposibilita continuar con el procedimiento antes citado. Sustenta lo anterior, la tesis 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 173858, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De la jurisprudencia transcrita se advierte que será improcedente el juicio de amparo cuando se actualice alguna modificación en el entorno dentro del cual se emitió el acto reclamado, y ello provoque que en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente sea imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria de amparo. De ahí que se es notoria la causal de improcedencia en estudio, ya que carecería de objeto conceder el amparo para que se instruyera nuevamente el procedimiento administrativo migratorio a los quejosos, dándoles una nueva oportunidad de defensa, en razón de que, si se desconoce su paradero, se tornaría imposible continuar el trámite de dichos procedimientos. Máxime que como elemento distintivo de la actualización de dicha causal de improcedencia, es el hecho que la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto reclamado, acontecen por causas ajenas a la voluntad de la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196442, cuya literalidad indica: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." VIII. DECISIÓN Por las consideraciones antes expuestas, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXII; 63, fracción V y 217 de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, ******************** y ********************, por propio derecho, contra los actos que reclamaron del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca y otras autoridades, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VII de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios señalados en la cuenta, firmado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Atento al contenido de la primer comunicación, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables, adscritas a la Delegación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Así también, informa que en cumplimiento a la suspensión de plano dictada a favor de los quejosos ********************, ********************y********************, se ordenó su egreso de ese recinto migratorio el once de enero de esta anualidad; sin embargo, la última firma que registraron para continuar con el trámite fue el diecisiete de enero pasado, y no volvieron a presentarse, por lo que han incumplido con su obligación de presentarse y evadido el control migratorio a que se encontraban sujetos, aunado a que se desconoce su ubicación actual. En consecuencia, téngasele informando lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que hace al segundo oficio, téngasele dando cumplimiento a lo requerido en auto de treinta de enero del año en curso, y al efecto remitiendo copia certificada del expediente migratorio de la quejosa los quejosos ********************; por lo que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas dichas documentales y dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante oficio INM/OROAX/DAJ/057/2023 de seis de enero de esta anualidad, la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, informó en relación al acatamiento de la suspensión plano concedida a los quejosos Nathaly Sorangela Sánchez Cabral, Ángel Bladimir Sánchez Cabral y Karina Vicente Montero, y al efecto exhibió copia certificada de los expedientes administrativos formados con motivos de su detención; sin embargo, del estudio a dichas documentales, se advierte que no exhibió las constancias relativas al expediente de la quejosa Nathaly Sorangela Sánchez Cabral, tal y como se corrobora del archivo electrónico que remitió la autoridad responsable. En consecuencia, a fin de que este juicio de amparo se encuentre debidamente integrado, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que sea notificado de este proveído, remita copia certificada del expediente administrativo formado con motivo de la detención de Nathaly Sorangela Sánchez Cabral, de origen Dominicano. Con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello; con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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