Nayeli Almaraz Chávez
Expediente 1308/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1308/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 12/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Nayeli Almaraz Chávez
- Secretaría de Gobernación, México, D.F.
- Irvin Omar Montes Gómez
- Francisco Cruz Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
En doce de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiséis de abril al diez de mayo de la presente anualidad, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintiuno de abril de la presente anualidad, dictada por este Juzgado de Distrito, dentro del juicio de amparo número 1308/2014-6. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez, con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia emitida el veintiuno de abril de la presente anualidad, dictada por este Juzgado, en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, devuélvanse al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, los juicios de amparo 255/2010, 256/2010, 677/2011, 609/2012 y 782/2012, toda vez que estos le fueron solicitados mediante proveído de siete de octubre de dos mil quince. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Punto Vigésimo Primero, fracción III, del citado Acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión definitiva, además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico ni son de relevancia documental que ameriten su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. De igual forma, se declara que es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado Punto Vigésimo Primero, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. JESSY*
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1308/2014, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta con el pedimento registrado bajo el número 7942, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. A lo que la Juez acuerda, téngase por recibido el pedimento de cuenta, y dese cuenta con el mismo en la etapa respectiva. Enseguida, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables Comisionado y Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gobernación, Coordinador General de Centros Federales del órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social Órgano Administrativo Desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación, estas con sede en la Ciudad de México; Secretario de Seguridad Pública, Director General de Prevención y Reinserción Social, Comandante de la Unidad de Revisiones y Traslados, Control y Disuasión de Motines del Sistema Penitenciario de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, Gobernador Constitucional del Estado, estas con sede en esta ciudad, así como del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil y Directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil, ambas con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de pruebas, la Secretaria da cuenta, con las documentales anexadas por los quejosos en su escrito inicial de demanda, con los escritos a fojas ciento veinticinco y ciento sesenta y uno de autos; así como, con los juicios de amparo indirecto del índice de este Juzgado 254/2010, 255/2010, 256/2010, 257/2010, 258/2010, 260/2010, 545/2011, 551/2011 y 425/2013, los diversos juicios del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, 255/2010, 256/2010, 677/2011, 609/2012 y 782/2012; y, con las documentales adjuntadas por la Directora del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, a su informe justificado (fojas setenta y dos a la noventa y seis). Al respecto, la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en que la Secretaria da cuenta con los ofrecidos por los quejosos en sus los escritos a fojas ciento veinticinco y ciento sesenta y uno de autos; así también, con los pedimentos ministeriales agregados a fojas ciento doce y doscientos setenta y cuatro, así como el pedimento de cuenta, todos signados por el Agente del Ministerio Público de la Federación. La Juez acuerda: téngase por vertidos los alegatos ofrecidos por los quejosos y el representante social de la adscripción, y precluido el derecho de las autoridades responsables. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1308/2014; y, RESULTANDO: PRIMERO. NAYELI ALMARAZ CHÁVEZ, JOSE DE JESÚS MARTÍNEZ ROJAS, OMAR ESTRADA SÁNCHEZ, FIDEL ANDRADE PÉREZ, SANDRA ELIZABETH GÓMEZ CABRAL, FRANCISCO CRUZ FIGUEROA, IRVIN OMAR MONTES GÓMEZ, RICARDO ALAN CERDA MEDINA, MARIO OSVALDO TORRES BELTRÁN, JULIO CÉSAR ORTÍZ PÉREZ y JOSÉ ÁNGEL ORTÍZ PÉREZ, por conducto de sus defensor público JOSÉ DE JESÚS ESQUEDA DÍAZ, el cuatro de septiembre de dos mil catorce, presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demanda de amparo indirecto contra actos del Comisionado y Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gobernación, Coordinador General de Centros Federales del órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social Órgano Administrativo Desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación, estas con sede en la Ciudad de México; Secretario de Seguridad Pública, Director General de Prevención y Reinserción Social, Comandante de la Unidad de Revisiones y Traslados, Control y Disuasión de Motines del Sistema Penitenciario de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, Gobernador Constitucional del Estado, estas con sede en esta ciudad, así como del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil y Directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil, ambas con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, actos que hizo consistir en el traslado a otro Centro de Reclusión. SEGUNDO. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en proveído de cinco de septiembre de dos mil catorce, se admitió a trámite la misma, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la presente acta; y, mediante proveído de siete de octubre de dos mil catorce, este Juzgado asumió el conocimiento del asunto, en cumplimiento al acuerdo CCNO/19/2014, de la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Las autoridades señaladas como responsables, al rendir su respectivo informe justificado negaron expresamente la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas trescientos cinco, trescientos seis, ciento sesenta y siete, ciento sesenta y tres, ciento seis, noventa y ocho, setenta y dos, setenta y cuatro, cien, sesenta y siete y sesenta y ocho). Ahora bien, con el fin de desvirtuar las negativas manifestadas por las autoridades responsables, el defensor público de los quejosos aportó al presente juicio de amparo una serie de notas informativas y periodísticas procedentes de internet, las cuales consisten en: 1. Nota informativa de fecha tres de agosto de dos mil catorce, publicada en la página virtual del periódico Página 24, sección Local, que señala: "Urge el Traslado de Reos Federales de Cieneguillas", redactada por el periodista César Orta Valdez (fojas veintiuno y veintidós). 2. Nota informativa sin fecha de publicación, que aparece en la página virtual del periódico Mirador, sección Policía, que se intitula: "Insiste SSP en traslado de reos federales fuera de Zacatecas" (fojas veintitrés y veinticuatro de autos). 3. Nota informativa de veintinueve de octubre de dos mil doce, publicada en la página virtual del periódico El Sol de Zacatecas, sección Policía, que reza: "Se seguirán llevando acabo (sic) traslado de reos peligrosos, asegura Gobernador de Zacatecas", redactada por el periodista Juan Castro Alvarado (foja veinticinco idem). Pues bien, previo a establecer el valor probatorio que debe dársele a cada una de esas pruebas, resulta pertinente mencionar, que las documentales exhibidas por el defensor público de los quejosos fueron extraídas de un medio electrónico como lo es "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos; luego, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología, pues al efecto señala: "Artículo 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta". El citado artículo señala que, para valorar idóneamente la información generada o comunicada por medios electrónicos, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Por otro lado, el diverso artículo 217 de la referida legislación federal en materia de procedimientos civiles señala que el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Sirve de sustento, en lo conducente, la tesis que reza: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo". Así, en el caso, se estima que, a las documentales reseñadas se les confiere valor probatorio de indicio en términos del segundo párrafo del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues no se encuentra demostrado la fiabilidad del método con los que fueron generados, como podría ser una certificación o fe notarial que establezca los pasos que se siguieron y cómo fue que se obtuvieron esos documentos, o bien, una inspección judicial o cotejo por parte de este Juzgado de Distrito en el que se precise la veracidad de las páginas electrónicas de donde se extrajo la información contenida en esos documentos; por tanto, al no estar perfeccionados esos medios de prueba con algún otro, es que se consideran como indicios. Sentado lo anterior, este Juzgado considera que las mencionadas pruebas aportadas por el defensor público de los justiciables, son insuficientes para tener por demostrada la existencia de la orden de traslado que se reclama, pues el contenido de las notas periodísticas publicadas en los medios informativos electrónicos, no pueden ser aptas para acreditar la existencia de los hechos ahí narrados, en razón de que, si bien, hacen referencia al traslado de reos federales que se encuentran internados en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, también lo es, que únicamente pueden demostrar que en su oportunidad se llevaron a cabo las propias publicaciones, con diversos reportajes y fotografías ahí contenidos o plasmados, pero de ninguna manera, demuestran la veracidad de los hechos que citan, es decir, no son aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del conocimiento público, se encuentra apegada a la realidad, toda vez que ésta surge de la investigación periodística y de la interpretación personal de su redactor. En efecto, una de las características de las notas informativas es que son redactas por los periodistas e investigadores de los medios de comunicación, por lo que su veracidad no puede estar sujeta a control de legalidad, de ahí que lo consignado en las notas periodísticas exhibidas por la defensa de los quejosos, no debe tenerse como hecho verídico, pues su veracidad se encuentra supeditada a que se corrobore por otros medios de prueba, lo que en la especie no acontece; además de que en dichas notas se refieren de manera general al traslado de reos federales, sin que se advierta que de manera particular se refieran a los quejosos NAYELI ALMARAZ CHÁVEZ, JOSE DE JESÚS MARTÍNEZ ROJAS, OMAR ESTRADA SÁNCHEZ, FIDEL ANDRADE PÉREZ, SANDRA ELIZABETH GÓMEZ CABRAL, FRANCISCO CRUZ FIGUEROA, IRVIN OMAR MONTES GÓMEZ, RICARDO ALAN CERDA MEDINA, MARIO OSVALDO TORRES BELTRÁN, JULIO CÉSAR ORTÍZ PÉREZ y JOSÉ ÁNGEL ORTÍZ PÉREZ; por tanto, tales medios de información resultan jurídicamente ineficaces para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, respecto del acto que se les atribuye. Es aplicable al caso por analogía, el criterio que se detalla: "PRUEBA DOCUMENTAL. VALOR PROBATORIO DE LAS PUBLICACIONES EN LOS PERIÓDICOS. Una nota periodística publicada en la prensa, aun ratificada por el mismo medio, no reúne las características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo. Tampoco es una documental de cuyo contenido pueda responder la persona que la suscribió, porque atendiendo a su naturaleza, carece de firma, y en consecuencia no satisface las condiciones para ser tenida como documento privado conforme a los artículos 796 y 797 del propio ordenamiento, en los cuales se contempla la posibilidad de que las documentales privadas sean objetadas en cuanto a contenido y firma. De manera que si el redactor de la noticia de que se trata no fue presentado como testigo, para que en forma personal y directa rindiera su versión de las declaraciones que en la nota periodística fueron atribuidas al trabajador quejoso, y la Junta estuviera en aptitud de apreciar la verosimilitud de su dicho, no debe otorgársele a la publicación hecha en los periódicos, el valor probatorio pleno que ni siquiera se concede a los documentos notariales levantados por un funcionario investido de fe pública, cuando contienen declaraciones no rendidas ante las autoridades laborales, y si la responsable consideró que se trataba de un elemento de convicción con valor probatorio pleno, incurrió en violación de garantías en perjuicio del quejoso". Asimismo, la diversa tesis que se lee: "CORREO ELECTRÓNICO TRANSMITIDO POR INTERNET, OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. VALOR PROBATORIO. El artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo establece que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, entre ellos, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia; consecuentemente, es permisible ofrecer el correo electrónico transmitido por internet, que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos. Por otra parte, dada su naturaleza y la falta de firma de la persona a la que se le imputa un correo electrónico, ello trae como consecuencia que no se tenga la certeza de que aquel a quien se atribuye su envío a través de la red sea quien efectivamente lo emitió y dirigió al oferente, por lo que si es objetado no puede perfeccionarse mediante la ratificación de contenido y firma, de conformidad con el artículo 800 del mismo ordenamiento legal, que dispone que cuando un documento que provenga de tercero ajeno a juicio resulta impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor. De lo que se sigue que ese medio de prueba por sí solo carece de valor probatorio ante la imposibilidad de su perfeccionamiento, además, si dicho correo electrónico no es objetado, ello no trae como consecuencia que tenga valor probatorio pleno, aunque sí constituirá un indicio, cuyo valor será determinado por la Junta al apreciarlo con las demás pruebas que obren en autos". De igual forma, en apoyo a lo anterior se cita la tesis cuyo rubro y texto son: "NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente." Misma suerte ocurre con las documentales públicas, consistentes en los expedientes 255/2010, 256/2010, 258/2010, 677/2011, 609/2012 y 782/2012, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado; así como los diversos 254/2010, 255/2010, 256/2010, 257/2010, 258/2010, 260/2010, 545/2011, 551/2011 y 425/2013, que se tramitaron ante este órgano jurisdiccional, pues como lo dice el propio defensor dichos juicios ya se encuentran concluidos y corresponden a diversos quejosos; máxime que en el presente juicio las autoridades negaron el acto que se les fue atribuido. Por otra parte, respecto a la documental pública ofrecida por el autorizado de la parte quejosa (fojas ciento veintitrés a ciento cincuenta y seis), consistente en un tanto del Diario Oficial de la Federación de treinta de abril de dos mil catorce, que publica el "Decreto por el que se aprueba el programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018" por el Poder Ejecutivo Federal, a ello debe decirse, que si bien de dicho documento se advierte la estrategia que los gobiernos federal y estatales, tienen planeado ejecutar en cuatro años, a partir del dos mil catorce, particularmente en materia penitenciaria, ya que en su objetivo seis, se refiere a consolidar los mecanismos para el control y seguridad de los centros penitenciarios del país, en donde se establecen traslados generales de procesados y sentenciados a reclusorios federales, sin embargo, tal documental no afecta la esfera jurídica de los quejosos, toda vez que ese Decreto no se está aplicando en su perjuicio, pues tal y como ha quedado precisado con antelación, todas y cada una de las autoridades que fueron señaladas como responsables, negaron la existencia del acto que les es reclamado; de ahí que aún y cuando ese Decreto en el CAPÍTULO III. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN" prevé o autoriza a los gobiernos federales y estatales para realizar traslados generales de procesados y sentenciados de un reclusorio a otro no afecta los derechos fundamentales de los quejosos. Por último, en relación a la documental pública ofrecida por el autorizado de la parte quejosa (fojas ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta), consistente en un tanto del Diario Oficial de la Federación de doce de septiembre de dos mil once, que publica el "CONVENIO para reclusión de procesados y sentenciados del fuero federal e internos del fuero común que requieran medidas espéciales de seguridad o de vigilancia celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de Zacatecas; en el caso, no se advierte que los quejosos hayan sido trasladados a un centro de reclusión diverso al que actualmente se encuentran internos; pues como ya se dijo, todas y cada una de las autoridades que fueron señaladas como responsables, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que les es reclamado. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por NAYELI ALMARAZ CHÁVEZ, JOSE DE JESÚS MARTÍNEZ ROJAS, OMAR ESTRADA SÁNCHEZ, FIDEL ANDRADE PÉREZ, SANDRA ELIZABETH GÓMEZ CABRAL, FRANCISCO CRUZ FIGUEROA, IRVIN OMAR MONTES GÓMEZ, RICARDO ALAN CERDA MEDINA, MARIO OSVALDO TORRES BELTRÁN, JULIO CÉSAR ORTÍZ PÉREZ y JOSÉ ÁNGEL ORTÍZ PÉREZ, por los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos asentados en la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Jessy*
- Principal
En uno de abril de dos mil dieciséis, la Secretaria del Juzgado licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con el oficio registrado bajo el número 6475, y estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, con sede en México, Distrito Federal, en representación del Comisionado y Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, del que se desprende que en atención al requerimiento formulado el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, manifiesta no existir constancias que remitir, en virtud de que mediante oficios SEGOB/CNS/OADPRS/04.6/41942/2014 de uno de octubre y SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/DGES/04.6/5621/2014 del veintiséis de septiembre, ambos del dos mil catorce, se desahogó el informe justificado en el sentido de no ser cierto el acto reclamado por los quejosos. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que los oficios correspondientes a los informes justificados señalados con anterioridad por la autoridad en representación de las diversas autoridades responsables, se encuentran adjuntados en los cuadernillos incidentales relativos al presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento en el presente juicio de garantías, y se ordena desglosar de los referidos cuadernillos los aludidos oficios, dejando copia simple en su lugar. Virtud a lo anterior, glósese a los presentes autos para que obre como corresponda los oficios que fueron desglosados de los cuadernillos incidentales; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los INFORMES JUSTIFICADOS de las autoridades responsables Comisionado y Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en México, Distrito Federal; con su contenido y con los diversos rendidos por la Secretaría de Gobernación, Coordinador General de Centros Federales del órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social Órgano Administrativo Desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ambas con sede en México, Distrito Federal, Secretario de Seguridad Pública, Director General de Prevención y Reinserción Social, Comandante de la Unidad de Revisiones y Traslados, Control y Disuasión de Motines del Sistema Penitenciario de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, Gobernador Constitucional del Estado, estas con sede en esta ciudad, así como del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil y Directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil, ambas con residencia en Cieneguillas, Zacatecas; dese vista a la parte quejosa, para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. Con lo anterior, infórmese a las autoridades responsables Comisionado y Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en México, Distrito Federal, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE , NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CITADAS EN EL PRESENTE AUTO. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE. Jessy*
- Principal
En veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de veinticinco de febrero de la presente anualidad, se requirió a las autoridades responsables Comisionado y Director General de Ejecución de Sentencias, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en México, Distrito Federal, para que dentro del término de tres días remitieran a este órgano jurisdiccional las constancias justificativas para la emisión del acto reclamado; sin que a la fecha obren en autos las mismas, por lo tanto, requiéraseles nuevamente para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados del presente, remitan las mencionadas constancias, con el apercibimiento que de no hacerlo les será impuesta una multa por el equivalente cincuenta días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia de ley señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la misma. Lo anterior, en el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la Ley de Amparo vigente, para la celebración de la citada audiencia en el nuevo plazo señalado. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Jessy*
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