Natalio Mendoza Rodríguez

Expediente 1729/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1729/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
09/05/2016

Partes del expediente

  • Natalio Mendoza Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En nueve de mayo de dos mil dieciséis, el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifico: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de ocho de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que lo haya hecho; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. Ahora bien, el diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio a este Órgano Jurisdiccional, dictó la sentencia en el presente juicio de garantías, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Natalio Mendoza Rodríguez, en los términos siguientes: ".procedente es conceder a Natalio Mendoza Rodríguez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte otra, en la que reitere las consideraciones mediante las cuales tuvo por demostrado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del aquí quejoso, y tomando en cuenta que este es un adulto mayor, debe examinar si la información existente en autos le permite determinar la forma o condiciones en los que debe quedar en prisión preventiva, o bien, si considera que los datos existentes en el sumario no es suficiente para definir esa situación, deberá disponer la práctica de las diligencias permitentes que le permitan resolver esa cuestión, es decir, si por las condiciones de la edad y estado de salud, el quejoso debe quedar en prisión preventiva en algún centro penitenciario o si se deben adoptar otras medidas con la finalidad de respetar sus derechos como sujeto vulnerable dada su calidad de adulto mayor..." Mediante auto de dieciocho de enero de dos mil quince, se declaró que la sentencia protectora causó ejecutoria, y se requirió a la responsable para que dentro del término de tres días le diera cumplimiento. Posteriormente, por auto de tres de febrero del año en curso, se tuvo por recibido un oficio suscrito por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, por el que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, adjuntó copia certificada de la resolución de veintiséis de enero del año en curso, dictada en el proceso penal 17/2015 por la que dejó sin efecto la diversa resolución de veintiséis de agosto de dos mil quince, que constituyó el acto reclamado en el presente juicio de amparo; decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso y solicitó examen médico del referido quejoso al Centro de Salud de Loreto, Zacatecas, para que emitiera dictamen respecto al estado de salud en que se encuentra; asimismo, solicitó al Director del Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF), designara trabajadora social a efecto de que practicara examen socioeconómico en el que se establezca el entorno familiar en el que se desenvolvió el inculpado en comento. Luego, mediante proveído de dieciséis de febrero de este año, se requirió a la responsable para efectos de que remitiera copia certificada de los oficios por los que hizo diversas solicitudes, al Centro de Salud de Loreto, Zacatecas; Director del Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF); lo anterior, a fin de que la responsable diera cabal cumplimiento con la sentencia de amparo. En esas condiciones, por auto de veintiséis de ese mismo mes y año, la responsable dio cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de dieciséis de febrero, y para ese efecto, remitió copia certificada de los oficios 0055 y 0057, de veintisiete de enero de la presente anualidad, así como de los diversos comunicados emitidos por el Jefe del Establecimiento Penitenciario y el Encargado del Centro de Salud Urbano y del dictamen en psicología del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF); asimismo, la autoridad responsable informó que no se encuentra en condiciones de pronunciarse respecto al cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, en virtud de que no se había recibido la colaboración del Médico Legista de esa ciudad. Consecuentemente, se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que remitiera a este Tribunal Federal, copia certificada del examen médico practicado al procesado Natalio Mendoza Rodríguez, en el que se haya determinado, si éste padece alguna enfermedad que requiera cuidados especiales, dada su condición de adulto mayor; hecho lo anterior, emitiera la determinación consistente en precisar si por condiciones de la edad y estado de salud, el quejoso debiera de quedar en prisión preventiva en algún centro penitenciario o si debían adoptar otras medidas, con la finalidad de respetar sus derechos como sujeto vulnerable dada su calidad de adulto mayor. Por auto de ocho de abril del presente año, la autoridad responsable, en cumplimiento a lo que le fue requerido, remitió a este Juzgado de Distrito, copia certificada del certificado médico de nueve de marzo del presente año emitido por el médico legista de ese lugar, así como el auto de uno de abril de dos mil dieciséis que contiene la determinación sobre la forma y condiciones de prisión preventiva del quejoso; con lo anterior se dio vista la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su intereses conviniera, sin que lo hiciera. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto ahí precisado; y, además, existe constancia en autos de que la autoridad responsable, dejó sin efecto la resolución de término constitucional de veintiséis de agosto de dos mil quince; además, del auto de uno de abril de dos mil dieciséis, dictado por la Juez responsable, se advierte que valoró las condiciones de adulto mayor del aquí quejoso, determinando finalmente que Natalio Mnedoza Rodríguez, se encuentra en condiciones de cumplir la prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de ese distrito judicial, lo que deja de manifiesto que siguió los lineamientos requeridos para su cumplimiento; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza.- DOY FE. /manuelcc.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En nueve de mayo de dos mil dieciséis, el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifico: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de ocho de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que lo haya hecho; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. Ahora bien, el diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio a este Órgano Jurisdiccional, dictó la sentencia en el presente juicio de garantías, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Natalio Mendoza Rodríguez, en los términos siguientes: ".procedente es conceder a Natalio Mendoza Rodríguez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte otra, en la que reitere las consideraciones mediante las cuales tuvo por demostrado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del aquí quejoso, y tomando en cuenta que este es un adulto mayor, debe examinar si la información existente en autos le permite determinar la forma o condiciones en los que debe quedar en prisión preventiva, o bien, si considera que los datos existentes en el sumario no es suficiente para definir esa situación, deberá disponer la práctica de las diligencias permitentes que le permitan resolver esa cuestión, es decir, si por las condiciones de la edad y estado de salud, el quejoso debe quedar en prisión preventiva en algún centro penitenciario o si se deben adoptar otras medidas con la finalidad de respetar sus derechos como sujeto vulnerable dada su calidad de adulto mayor..." Mediante auto de dieciocho de enero de dos mil quince, se declaró que la sentencia protectora causó ejecutoria, y se requirió a la responsable para que dentro del término de tres días le diera cumplimiento. Posteriormente, por auto de tres de febrero del año en curso, se tuvo por recibido un oficio suscrito por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, por el que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, adjuntó copia certificada de la resolución de veintiséis de enero del año en curso, dictada en el proceso penal 17/2015 por la que dejó sin efecto la diversa resolución de veintiséis de agosto de dos mil quince, que constituyó el acto reclamado en el presente juicio de amparo; decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso y solicitó examen médico del referido quejoso al Centro de Salud de Loreto, Zacatecas, para que emitiera dictamen respecto al estado de salud en que se encuentra; asimismo, solicitó al Director del Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF), designara trabajadora social a efecto de que practicara examen socioeconómico en el que se establezca el entorno familiar en el que se desenvolvió el inculpado en comento. Luego, mediante proveído de dieciséis de febrero de este año, se requirió a la responsable para efectos de que remitiera copia certificada de los oficios por los que hizo diversas solicitudes, al Centro de Salud de Loreto, Zacatecas; Director del Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF); lo anterior, a fin de que la responsable diera cabal cumplimiento con la sentencia de amparo. En esas condiciones, por auto de veintiséis de ese mismo mes y año, la responsable dio cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de dieciséis de febrero, y para ese efecto, remitió copia certificada de los oficios 0055 y 0057, de veintisiete de enero de la presente anualidad, así como de los diversos comunicados emitidos por el Jefe del Establecimiento Penitenciario y el Encargado del Centro de Salud Urbano y del dictamen en psicología del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF); asimismo, la autoridad responsable informó que no se encuentra en condiciones de pronunciarse respecto al cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, en virtud de que no se había recibido la colaboración del Médico Legista de esa ciudad. Consecuentemente, se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que remitiera a este Tribunal Federal, copia certificada del examen médico practicado al procesado Natalio Mendoza Rodríguez, en el que se haya determinado, si éste padece alguna enfermedad que requiera cuidados especiales, dada su condición de adulto mayor; hecho lo anterior, emitiera la determinación consistente en precisar si por condiciones de la edad y estado de salud, el quejoso debiera de quedar en prisión preventiva en algún centro penitenciario o si debían adoptar otras medidas, con la finalidad de respetar sus derechos como sujeto vulnerable dada su calidad de adulto mayor. Por auto de ocho de abril del presente año, la autoridad responsable, en cumplimiento a lo que le fue requerido, remitió a este Juzgado de Distrito, copia certificada del certificado médico de nueve de marzo del presente año emitido por el médico legista de ese lugar, así como el auto de uno de abril de dos mil dieciséis que contiene la determinación sobre la forma y condiciones de prisión preventiva del quejoso; con lo anterior se dio vista la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su intereses conviniera, sin que lo hiciera. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto ahí precisado; y, además, existe constancia en autos de que la autoridad responsable, dejó sin efecto la resolución de término constitucional de veintiséis de agosto de dos mil quince; además, del auto de uno de abril de dos mil dieciséis, dictado por la Juez responsable, se advierte que valoró las condiciones de adulto mayor del aquí quejoso, determinando finalmente que Natalio Mnedoza Rodríguez, se encuentra en condiciones de cumplir la prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de ese distrito judicial, lo que deja de manifiesto que siguió los lineamientos requeridos para su cumplimiento; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza.- DOY FE. /manuelcc."

  3. Principal

    En ocho de abril de dos mil dieciséis, el Secretario Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el número 6948 y anexos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de abril de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos los oficios y anexos de cuenta, firmado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de treinta y uno de marzo del presente año, lo cual acredita con copia certificada del certificado médico de nueve de marzo del presente año emitido por el médico legista de ese lugar, así como el auto de uno de abril de dos mil dieciséis que contiene la determinación sobre la forma y condiciones del quejoso; en consecuencia, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de dicha autoridad a la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Jenn! *-*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En ocho de abril de dos mil dieciséis, el Secretario Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el número 6948 y anexos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de abril de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos los oficios y anexos de cuenta, firmado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de treinta y uno de marzo del presente año, lo cual acredita con copia certificada del certificado médico de nueve de marzo del presente año emitido por el médico legista de ese lugar, así como el auto de uno de abril de dos mil dieciséis que contiene la determinación sobre la forma y condiciones del quejoso; en consecuencia, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de dicha autoridad a la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE."

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