Naux Lizbeth Sanchez Montero
Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2022
Partes del expediente
- Naux Lizbeth Sanchez Montero
Actuaciones
- Principal
A las nueve horas del ocho de febrero de dos mil veintidós, y por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha al quejoso CARLOS MARCELO BECERRA CONTRERAS, la notificación a través de lista, de la determinación de dos de febrero de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 27, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. 18/09/21 12:08:09 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.49 ROSALÍO AGUILAR CAÑEDO Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta efectos la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovidapor NAUX LIZBETH SÁNCHEZ MONTERO, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación yArbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic. Aspectos Generales. Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 85/2021-IX. Genérese el expediente electrónico e impreso, en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o., de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultarexpedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganosjurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para tal efecto, se requiere desde este momento a la parte quejosa NAUX LIZBETH SÁNCHEZ MONTERO, para que de ser el caso, en el acto de la notificación proporcione un número telefónico o en su defecto algún correo electrónico en el cual este Juzgado se encuentre en posibilidad de efectuar futuras notificaciones en el presente juicio y así estar en condiciones de cumplir a cabalidad con el imperativo del juicio en línea con la utilización de los medios electrónicos para tal fin. Fijación de la Litis. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la autoridad responsable y el acto reclamado lo constituyen Autoridades responsables. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic. Acto reclamado. El acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, signado por los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, en el expediente laboral número 195/2020, en el que SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer el juicio y ordena remitir los autos al Presidente de Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, para que sea este quien continúe con el procedimiento. Desechamiento En primer término, es importante analizar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Una, será en caso de que la autoridad a la que se declinó la competencia, no la acepte, lo que generaría el conflicto competencial respectivo, el cual a la postre resulta equiparable a un medio ordinario a través del cual, se decidirá en qué órgano corresponde conocer del juicio, pues incluso para ello ningún obstáculo será que la declinatoria de competencia se resolviera incidentalmente, pues ello no significa que se pusiera fin a ese presupuesto procesal. La otra vertiente, será que la autoridad a quien se consideró competente, la acepte, sin embargo, éste será un nuevo acto, al compartirse la determinación a través de la cual se declinó la competencia; con todo ello se pone de manifiesto, que además de que el acto reclamado no es de los que tengan una ejecución de imposible reparación para que en su contra proceda el amparo, aunado a que carece de definitividad. En apoyo de lo considerado, cobra aplicación, por las razones que le informan, y se comparte, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XX, correspondiente a diciembre de 2004, visible en la página 1190, que prevé: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." También ilustra sobre lo referido y se comparte la jurisprudencia I.4o.T. J/20, Octava Época, con número de registro 208080, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación número 86-2, febrero de mil novecientos noventa y cinco, materia laboral, página treinta y seis cuyo rubro y texto establece: "AMPARO IMPROCEDENTE, EL QUE SE PROMUEVE CONTRA RESOLUCION DE INCOMPETENCIA DE UNA JUNTA, CUANDO NO ES AUN DEFINITIVA. La determinación de la Junta Federal, al declinar la competencia en favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en sí misma considerada no reviste la condición de definitividad para los efectos del amparo, la que sí se alcanzaría en el supuesto de que dicho tribunal acepte la competencia que se le declinó. Luego entonces, en tanto no ocurra esto, el amparo que se promueve resulta improcedente." Por virtud de lo todo lo expuesto, se concluye que el acto de aplicación que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo consistente en el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente laboral número 195/2020; en el cual la responsable SE DECLARA INCOMPETENTE, no es un acto definitivo y como tal, en su contra no procede el juicio de garantías promovido por la accionante NAUX LIZBETH SÁNCHEZ MONTERO. no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Igualmente es aplicable a lo anterior, la tesis VII.2o.C.65 K (10a), visible en la página 2417, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA ESTABLECER LA DEFINITIVIDAD DE LOS ACTOS QUE DETERMINAN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA PARA LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, ES NECESARIO QUE EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SE PRONUNCIE SOBRE LA COMPETENCIA DECLINADA A SU FAVOR. Conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 17/2015 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", sólo puede ocasionarse una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado, siempre y cuando la determinación que declina o inhibe la competencia o el conocimiento de un asunto sea definitiva. En ese sentido, si el Juez de primera instancia se declara incompetente para conocer del asunto y deja a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía y forma correspondientes e inconforme con esa determinación el actor interpone recurso de apelación y la Sala responsable determina modificar esa resolución para el efecto de que los autos del juicio se remitan al tribunal administrativo correspondiente, ello actualiza la posibilidad de un conflicto competencial, lo que le quita el carácter de definitiva a la decisión reclamada, porque el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como órgano jurisdiccional autónomo tiene la facultad de negarse a aceptar la competencia declinada en su favor. En conclusión, es necesario que el tribunal administrativo efectúe su pronunciamiento sobre la competencia, pues ello otorga el carácter definitivo necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 217, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por NAUX LIZBETH SÁNCHEZ MONTERO, por los motivos y con base en las consideraciones que se han puesto de manifiesto en el presente acuerdo. Domicilio del quejoso y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda licenciados Luis Ezequiel Ante Bermúdez y Rafael Quirarte Chávez, en términos del artículo 12 de la ley de la materia toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que cuentan con cédula profesional debidamente registrada. En cuanto a María Guadalupe Curiel Yee únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por no contar con cédula debidamente registrada, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la ley de la materia. Ahora bien, de conformidad con el artículo 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se habilita a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que realicen la notificación personal del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones, por lo que en todo momento deberá extremar las precauciones necesarias a fin de salvaguardar su salud y de las demás personas con las que interactúe; en la inteligencia que, de no ser voluntad de la parte quejosa firmar la constancia de notificación respectiva, deberá levantar constancia de ello, en la que asiente si se hizo o no sabedor del auto a notificar. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6o.,fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 2o., 5o.,fracción IV, 10, 11, 12, 21, 33, fracciones IV, 26 fracción III, 35,37, 64, 74, 107, 108, 110, 112, 115, 117, 122, 238, 251, 260 dela Ley de Amparo; 279 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma
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