Natalia de la Luz Domínguez Flores
Expediente 293/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/02/2022
Partes del expediente
- Natalia de la Luz Domínguez Flores
Actuaciones
- Principal
En veintiuno de febrero de dos mil veintidós, El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el secretario CERTIFICA: la parte quejosa no solicitó la apertura de incidente de suspensión y las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizadas en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente SISE. Doy Fe. En esta misma fecha, se da cuenta al Juez, con el estado procesal que guarda el presente juicio, y con la promoción registrada en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 2668. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexos, suscrito por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con sede en Tepic, este último al que se acompaña testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja 249/2021, promovido por Héctor Antonio Ulloa Ortiz. Ahora bien, de la ejecutoria de cuenta se advierte que la superioridad resolvió el recurso interpuesto en los siguientes términos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Héctor Antonio Ulloa Ortiz autorizado de la parte quejosa Natalia de la Luz Domínguez Flores." En atención a lo anterior, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia; acúsese el recibo correspondiente, agréguese al expediente devuelto el oficio, testimonio y cuadernillo formado con motivo del envío del original de la aludida queja. Amparo indirecto 293/2021-II JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 19/02/24 09:55:49 ??????A???????? En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó de plano el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 19/02/24 09:55:49 Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Jorge Salvador Bañales Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la misiva proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimocuarto Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitieron copia certificada de los autos originales del juicio de amparo 293/2021-VI y el escrito original de agravios, con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veinte de abril del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, informa que se admitió a trámite dicho recurso, registrándolo con el número 249/2021; de lo anterior se toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, seis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable "Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas", por medio del cual, informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y con lo que exponga, o transcurrido dicho plazo sin realizar alguna manifestación, dése nueva cuenta a fin de proceder de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, determinar si la responsable dio o no cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por NATALIA DE LA LUZ DOMÍNGUEZ FLORES, propio derecho, contra actos del H. AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 293/2021-VI. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación del acto reclamado De la lectura integra de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado lo constituye la expedición de nombramientos, bases y otorgamiento de plazas vacantes de fecha 22 de marzo de 2021 a favor de diversas personas que no cumplen los requisitos legales. Improcedencia De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa reclama: "La expedición de nombramientos, bases y otorgamiento de plazas vacantes de fecha 22 de marzo de 2021 a favor de diversas personas que no cumplen los requisitos legales." Ahora bien, la quejosa arguye que dicho acto reclamado deriva de los siguientes antecedentes: "La suscrita soy parte actora en el juicio ordinario laboral número 407-2019 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Estado de Nayarit, promovido en contra de la autoridad responsable. En dicha demanda reclamo la reinstalación de la suscrita al puesto de base de intendente planta baja, toda vez que cumplo con los requisitos legales. Dicha demanda ha sido admitida y se encuentra en la etapa probatoria, sin señalar audiencia para ello, en el que está en trámite un amparo. No obstante, la responsable ha estado realizando y otorgando nombramientos, bases y vacantes a terceras personas que no cumplen los requisitos legales." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. En ese sentido, se considera que el acto reclamado no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que se trata de aspectos relativos a las condiciones de trabajo, constituyen una controversia que se suscita en el plano laboral, por lo que no puede considerarse tal como una actuación u omisión de las instancias señaladas como responsables como actos de autoridad para efectos del amparo.1 De los dispositivos legales previamente transcritos se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, Encuentra sustento lo anterior la tesis VI.T.86 L, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163533, de epígrafe: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA. LA ACCIÓN PARA RECLAMAR LA REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN POR EL CESE O DESPIDO INJUSTIFICADO DEBE EJERCERSE EN LA VÍA LABORAL, CUANDO ÉSTE NO SEA EL RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO CONFORME A LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2a. XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES". Así como la tesis 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Luego, es evidente que entre el trabajador y la autoridad señalada responsable subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existe entre los citados trabajadores y el Ayuntamiento, por ende, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; ante ello, al emanar los actos reclamados de un ayuntamiento actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit conforme a los artículos 1, 172 y séptimo transitorio de la Ley Burocrática del Estado de Nayarit, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Se afirma lo anterior, en virtud de que la Ley Burocrática del Estado de Nayarit, en los dispositivos 1, 172, y séptimo transitorio establece lo siguiente: "Artículo 1. Naturaleza y objeto. La presente Ley es de observancia general y rige, en sus términos, las relaciones de trabajo entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los Municipios; así como las instituciones descentralizadas de carácter estatal y municipal, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Empresas y fideicomisos de carácter estatal y municipal, hacía con sus trabajadores, independientemente de lo que dispongan sus normas de creación. (.) Artículo 172. Integración del Instituto. El Instituto estará integrado por: I. Una Junta de Gobierno; II. Unidad de Medios alternos de solución de Conflicto en Materia Laboral, y III. Por Salas Laborales encargadas de conocer y dirimir los conflictos individuales y colectivos en materia laboral burocrática. Séptimo. Las demandas o procedimientos que se interpongan en el lapso que medie entre la entrada en vigor de la presente Ley y la Integración e inicio de funciones del Instituto de Justicia Laboral del Estado de Nayarit, deberán ser incoadas y tramitadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje aplicando la Ley aprobada mediante la presente Ley, con la salvedad de que no será necesario para los actores, acreditar haber agotado el procedimiento ante la Unidad de Medios Alternos de Solución de Conflictos laborales a que se refiere el Artículo 259 fracción VII de la presente Ley." [Lo resaltado es propio de este Juzgado de Distrito]. Por consiguiente, los actos combatidos por la impetrante de amparo, son actuaciones que se circunscriben exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculados totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dichas actuaciones, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Cabe señalar que la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit para dirimir los conflictos individuales que se susciten entre el Poder Estatal con sus trabajadores, esto es, resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones se ajustan o no a las normas legales aplicables. Entonces, el juicio de amparo no es el medio para reclamar las supuestas acciones del Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit, sobre la quejosa en su calidad de trabajadora, como bien lo manifestó la propia impetrante; pues en tal caso, ésta tiene que hacer valer la vía ordinaria ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, puesto que la relación entre la quejosa y el Ayuntamiento, entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad y no gobierno-gobernado por tratarse de un conflicto laboral; de ahí que la demanda deba desecharse en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, no obstante que los particulares puedan tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la parte quejosa, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. Lo antes expuesto, se robustece con el criterio emitido en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1224, del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.) En la que se determinó que, excepcionalmente, en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, se puede analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional, cuando esté definido por jurisprudencia que aquélla no puede tener tal carácter, como sucede en el caso concreto, en donde la calidad del Ayuntamiento como patrón, no podrá ser desvirtuada con ninguna de las probanzas que pudieran allegarse al juicio constitucional, pues se insiste, el acto de que se duele la parte quejosa constituye un conflicto laboral, por lo que actúan en un plano de igualdad entre patrón y trabajadores. Sin que pase desapercibida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 929, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", respecto de la cual, la instancia ya aludida aclaró el alcance de la misma, según publicación hecha en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 31, junio 2016, Tomo II, página 829, para quedar en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO S IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." En ese sentido, es claro que la jurisprudencia en cita no resulta aplicable al presente caso. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el recurrente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizado a Héctor Antonio Ulloa Ortiz en términos del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que cuenta con cédula profesional debidamente registrada. Asimismo, se tiene por autorizados a Daniela Monserrat Cárdenas Plata, María Guadalupe González Valdez, Candelaria Marilyn Beltrán López, Esther Monserrat Ortega Nava, Zulma Daniela García Briseño y Oscar Yael Ramírez Martínez única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que no cuentan con cédula profesional debidamente registrada, de ahí que esta autorización no tenga mayores alcances, hasta en tanto acrediten, tener cédula profesional de abogados postulantes acreditada ante el Poder Judicial de la Federación, que los faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en derecho. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Ahora bien, de conformidad con el artículo 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se habilita a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que realicen la notificación personal del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones, por lo que en todo momento deberá extremar las precauciones necesarias a fin de salvaguardar su salud y de las demás personas con las que interactúe; en la inteligencia que, de no ser voluntad de la parte quejosa firmar la constancia de notificación respectiva, deberá levantar constancia de ello, en la que asiente si se hizo o no sabedor del auto a notificar Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma
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