Natividad Rivera Villanueva

Expediente 1578/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1578/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Natividad Rivera Villanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio signado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, sin que haya lugar a dar vista con su contenido por las razones siguientes. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su informe justificado, se advierte se actualiza la causal de improcedencia que enseguida se analiza. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el siete de noviembre de dos mil diecinueve, ***************, por conducto de su apoderado legal **********, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridades siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.". "IV. ACTO RECLAMADO. La omisión de pronunciarse sobre la contestación de la demanda y desahogar la audiencia de ley, transgrediendo lo dispuesto por la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La omisión de pronunciarse respecto de la contestación de la demanda, en el expediente laboral 610/2018. La omisión de desahogar la audiencia de ley, dentro del juicio laboral de origen. Por lo que hace, al acto reclamado [2] se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclama la omisión de desahogar la audiencia de ley dentro en el juicio laboral 610/2018. De las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se conoce que en auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, previo a pronunciarse sobre la contestación de la demanda, tuvo a los Coordinadores Propietarios del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, promoviendo incidente de personalidad del actor *****************, e incidente de competencia, por cuanto hace a la actora ****************, por lo que señaló las doce horas del dieciocho de febrero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia incidental de competencia y las diez horas del veintiuno de febrero de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia incidental de personalidad. Por otro lado, de autos se advierte que la promovente presentó su demanda de amparo el siete de noviembre de dos mil diecinueve, como se lee de la boleta y sello de recibo que obran a fojas 7 y 8. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la presente fecha, la autoridad responsable no está en condiciones de desahogar la audiencia de ley, dentro del juicio laboral 610/2018, dado que se encuentran pendientes de desahogar los incidentes planteados por la parte demandada; por tanto, el tribunal laboral no está en aptitud de desahogar la audiencia de ley hasta en tanto, se pronuncie sobre la contestación de la demanda y se resuelvan los incidentes planteados. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. Por otra parte, por lo que hace al acto reclamado [1], este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remite a su informe justificado, relativas al expediente laboral 610/2018, se advierte que el diez de diciembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable se pronunció sobre la contestación de la demanda por parte de los Coordinadores Propietarios del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, a quienes tuvo por promoviendo incidente de personalidad del actor ****************************, e incidente de competencia, por cuanto hace a la actora ***********, señalando fecha y hora para su desahogo. Por tanto, la omisión que reclama la quejosa de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, debido a que ya se pronunció sobre el contenido de la contestación de la demanda por parte de los Coordinadores Propietarios del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero; lo que trae como consecuencia, que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley Amparo. Conforme a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO", existe un impedimento para examinar los conceptos de violación que formuló el quejoso al decretarse el sobreseimiento en los autos del presente juicio de amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del día de hoy (foja 26 reverso). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por ********************, en su carácter de autorizado del Concejo Municipal Comunitario de ******************** antes (Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************), personalidad que tiene reconocida en autos (foja 78); en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se le tuvo apersonándose al presente juicio y señalando domicilio y autorizados los cuales resultan ser los mismos que señala en el escrito que se provee. Sin embargo, respecto de ********************, como lo solicita, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos por así solicitarlo expresamente. Finalmente, como lo solicita, se autoriza el uso de los medios electrónicos que refiere, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

  3. Principal

    Visto el escrito signado por ********************, en su carácter de autorizado del Concejo Municipal Comunitario de ******************** antes (Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************), personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende de la documental que anexa al escrito de cuenta. Por tanto, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngase apersonado al presente juicio de amparo al tercero interesado. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS. Como lo solicita se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas********************, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación secretarial que antecede; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a********************dado que no cuenta con dicho registro, así como a las demás personas que señala en el escrito de cuenta. Finalmente, en atención a la solicitud relativa a la devolución de las copias certificadas que exhibe, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que los documentos que pretende se le devuelvan, puede ser objetados hasta la audiencia constitucional; por lo que una vez que cause ejecutoria la resolución que ponga fin al presente asunto, previa insistencia sobre el particular, se acordara lo que corresponda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia en materia común número PC.XIV. J/8 K (10a.), del Pleno del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Junio de 2018, página 2201, con número de registro 2017130, que dice: "PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De la interpretación sistemática de los artículos 119 y 122 de la Ley de Amparo, se concluye que si la prueba documental puede presentarse con anterioridad a la audiencia constitucional, nada impide que la objeción a una documental también puede hacerse antes de ésta y, por lo mismo, en este último supuesto, el Juez de Distrito debe tener por manifestada la objeción, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de ella en la audiencia constitucional y tenerla por hecha en ese acto, o bien, reservar el acuerdo correspondiente a la objeción para el momento de su celebración, la cual deberá suspenderse para recibir las pruebas y contrapruebas relativas a la falsedad o autenticidad del documento objetado."

  4. Principal

    Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas certificadas que refiere.

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