Natividad Pérez Portillo

Expediente 807/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 47 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
807/2017
Año
2017
Actuaciones
47
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Natividad Pérez Portillo
  • Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario de Chilpancingo, Guerrero
  • Natividad Pérez Portillo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que sobresee ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. Asimismo, en términos del artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, el incidente de suspensión debe destruirse porque se negó la medida cautelar; por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el precepto legal referido procédase a la destrucción de la incidencia respectiva. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto el oficio enviado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual fue firmado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco de Juárez, se tiene devuelto diligenciado el exhorto 312/2021; por tanto, glósese a los autos para los efectos legales correspondientes, dese de baja del libro de comunicaciones oficiales enviadas que se lleva en este juzgado y téngase al quejoso José Manuel Catalán Pérez, notificado de la sentencia de catorce de junio de dos mil veintiuno. Sin que haya lugar a acusar recibo de la comunicación oficial en cita, toda vez que la misma fue recibida por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y éste genera el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, residente en Torreón, Coahuila, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto ********************; por tanto, dése de baja del libro de comunicaciones oficiales. Ahora bien, del contenido del exhorto recibido se advierte una razón actuarial de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual se hace constar que no fue posible notificar al quejoso ********************, en virtud de que ya no se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social "14, CPS, DURANGO", pues el veintinueve de marzo del año en curso, fue trasladado al Centro Regional de Reinserción Social de ********************, Guerrero. En conciencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en ********************, Guerrero, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda se constituya en el Centro Regional de Reinserción Social de ********************, Guerrero, y notifique al quejoso ******************** la SENTENCIA de catorce de junio de dos mil veintiuno, haciéndole entrega de copia simple de la misma. Una vez hecho lo anterior, se sirva devolver la referida comunicación oficial con las constancias de notificación respectiva, o en su defecto, con el impedimento que tenga para ello. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    catorce de junio de dos mil veintiuno. A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L. En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a las diez horas con diez minutos del catorce de junio de dos mil veintiuno, Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, declara legalmente abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 807/2017, promovido por Natividad Pérez Portillo, Ana Seci Ramos Castro, y José Manuel Catalán Pérez, ante la fe de la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, sin asistencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. De igual forma, CERTIFICA: que el término de quince días concedido en auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 466 a 467) al quejoso José Manuel Catalán Pérez, (notificación efectuada a su autorizado) para ampliar su demanda de amparo sí así lo estimara conveniente, transcurrió del ocho al veintiocho de abril de dos mil veintiuno, sin que lo hubiera hecho así; no obstante, de estar debidamente notificado para ello por conducto de su autorizado, lo que hago constar para todos los efectos legales que haya lugar. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero acuerda: con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En relación a la certificación de cuenta, de la que se aprecia que el quejoso José Manuel Catalán Pérez, no desahogó la prevención de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 466 a 467 ); no obstante de estar debidamente notificado para ello como obra en autos por conducto de su autorizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se tiene perdido el derecho de la parte quejosa de ampliar su demanda de amparo por lo que únicamente se seguirá el juicio de amparo respecto al acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables inicialmente. A continuación, se declara abierto el período de pruebas, dentro del cual se da cuenta con las documentales que las autoridades Director del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero (foja 49 y 50) y los miembros del Comité Técnico Interdisciplinario del aludido Centro de Reinserción ambos con residencia en esta ciudad capital, remitieron al rendir su respectivo informe justificado; de igual forma, con las diversas que el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 CPS-Durango, anexó a su oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS14/DG-016905/2017, de dos de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 137 a 152); así como el diverso oficio CRSCH-1434/2017 documental que se ordenó agregar en auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho; y las diversas que remitió el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad capital en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 240 a 244) y las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda (fojas 11 a 23 y 34 a 35) . A lo anterior, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales de referencia; ahora, no existiendo pruebas por desahogar, se cierra esta etapa probatoria. Acto continuo la secretaria certifica que no existen pruebas por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. El Juez acuerda: atento a la certificación de cuenta, se culmina la etapa probatoria y se continúa con la de alegatos. Abierto el periodo de alegatos la Secretaria hace constar que la parte quejosa no hizo uso de ese derecho, asimismo que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, acuerda: téngase por perdido el derecho de la parte quejosa y del Agente del Ministerio Público la Federación adscrito para formular alegatos. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, para dictar la resolución que en derecho proceda. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal; por Natividad Pérez Portillo y Ana Seci Ramos Castro, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se menciona: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: Comité Técnico Interdisciplinario, del Centro Penitenciario de Chilpancingo, Guerrero. EJECUTORAS: Director del Centro Regional de Reinserción Social (CERESO) de Chilpancingo, Guerrero. Centro Penitenciario CEFERESO número 14, con sede en Durango, Durango. ACTOS RECLAMADOS: "La orden de traslado de JOSÉ MANUEL CATALÁN PÉREZ, del CERESO de Chilpancingo, al CEFERESO número 14 del Estado de Durango." SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de siete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 25 a 28), se radicó la demanda de amparo con el número 807/2017, se previno a las promoventes para que en el término de cinco días hábiles siguientes a que les surtiera efectos la notificación de ese auto, señalaran si la demanda de amparo que instaron la promovieron también a favor de José Manuel Catalán Pérez, y en caso de no ser así tenían que aclarar por qué en su escrito de demanda señalaron como tercero interesado a dicha persona (foja 25 vuelta). Las promoventes desahogaron la prevención mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil diecisiete (fojas 32 a 33), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, en el que señalaron que sí era su deseo promover el escrito de demanda a favor de José Manuel Catalán Pérez, así también que por un error involuntario se señaló a la citada persona como tercero interesado. En consecuencia, en auto de quince de agosto de dos mil diecisiete (fojas 36 a 40), se tuvo cumplida la prevención formulada, en razón de que las promoventes aclararon que la demanda de amparo la promovieron también a favor de José Manuel Catalán Pérez; asimismo, que por un error lo señalaron como tercero interesado; por lo que se tuvo cumplida la prevención y en relación al argumento de que también promovían a favor de José Manuel Catalán Pérez, se ordenó requerir a éste, para que en el momento de la notificación de ese auto o en el término de cinco días hábiles siguientes, manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo que promovieron en su favor Natividad Pérez Portillo y Ana Seci Ramos Castro, con el apercibimiento que de no hacerlo así se tendría por no presentada. Luego, dado que se advirtió que José Manuel Catalán Pérez estaba recluido en el Cefereso, Número 14 del Estado de Durango, Durango, se ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en Turno, en el Estado de Coahuila, con residencia en la ciudad de Torreón; además, se solicitó a dichas autoridades responsables su informe con justificación y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, se le dio la intervención que legalmente le compete (foja 41). En auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se recibió diligenciado el exhorto por el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, del que se advirtió que José Manuel Catalán Pérez ratificó el escrito de demanda presentado a su favor (foja 128). Una vez resuelto como infundado el impedimento que se planteó, se señaló fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional (fojas 205 a 206). Seguido el trámite correspondiente, el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que sobreseyó el juicio de amparo promovido por Natividad Pérez Portillo y Ana Seci Ramos Castro por su propio derecho, contra los actos reclamados al Comité Técnico del Centro Penitenciario de Chilpancingo, Guerrero, consistente en la orden de traslado de José Manuel Catalán Pérez, al estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción I, párrafos primero y cuarto del mismo ordenamiento legal y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto hace al quejoso José Manuel Catalán Pérez, por propio derecho, contra el acto reclamado consistente en la orden de traslado del CERESO de Chilpancingo, al CEFERESO número 14 del Estado de Durango, al actualizarse uno de los casos de excepción al traslado voluntario establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal de acuerdo a los actos que realizó el quejoso (fojas 309 a 324). Inconforme con dicha determinación, la autorizada del quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, mismo que se ordenó dar trámite en auto de doce de abril de dos mil dieciocho (foja 339) De igual forma, al notificarle la sentencia al directo quejoso José Manuel Catalán Pérez, manifestó que promovía recurso de revisión en contra de la sentencia (foja 350). Luego en auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se determinó que al estar integrado el juicio de amparo 807/2017 debía remitirse el expediente original y escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primero Circuito en turno residente en Acapulco Guerrero, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la autorizada de la parte quejosa (foja 359). En auto de once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco Guerrero, mediante el cual devolvió el juicio de amparo 807/2017 a efecto de que se emitiera el acuerdo en el que tuviera al quejoso José Manuel Catalán Pérez interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en dicho juicio de amparo y puntualizó que una vez integrados los medios de impugnación este órgano jurisdiccional debía devolver los autos originales al órgano colegiado antes mencionado para la substanciación de los mismos (fojas 366 a 367). Mediante oficio 13426/2018 de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (foja 420) se ordenó enviar al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco Guerrero, los autos originales del juicio de amparo 807/2017 y los recursos de revisión a efecto de que el órgano colegiado substanciara los aludidos medios de impugnación. En proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por recibo el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco Guerrero, a través del cual informó que dicho órgano colegiado admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos asignándoles el número de revisión penal 188/2018 de su índice (foja 429) Mediante oficio 1029 de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco Guerrero, remitió copia certificada del testimonio pronunciado el siete de marzo de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión penal 188/2018 relativos a los recursos de revisión interpuestos por los quejosos en el presente juicio de amparo; en la que determinó revocar la sentencia y reponer el procedimiento a efecto de que se realizara lo siguiente (fojas 447 a 465): ".lo que procede es revocar en su integridad la resolución recurrida, y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 807/2017, a fin de prevenir a la parte quejosa para que manifieste si es su voluntad señalar como autoridad responsable al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en Chilpancingo, Guerrero, ante quien se instruye la causa penal 69/2016-II en contra del ahora quejoso y recurrente José Manuel Catalán Pérez; porque conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, le corresponde calificar dicha orden de traslado con los apercibimientos y formalidades relativos previstos en la Ley de Amparo y una vez hecho ello, resuelva lo que considere pertinente en derecho." En estricto cumplimiento a la aludida ejecutoria, este órgano jurisdiccional en auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 466 a 467) con fundamento en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, determinó prevenir al quejoso José Manuel Catalán Pérez, para que dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que le surtiera efectos legales la notificación del citado proveído, manifestara si era su voluntad señalar como autoridad responsable al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en Chilpancingo, Guerrero y el acto reclamado al mismo. En ese orden de ideas, y dado que el quejoso José Manuel Catalán Pérez, se encuentra interno en el Cefereso número 14 del Estado de Durango Durango; se ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Coahuila con residencia en la ciudad de Torreón, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituyera en el Cefereso número 14 del Estado de Durango Durango; a efecto de que notificarle el proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, corriéndole traslado con la copia de la ejecutoria dictada por el órgano colegiado al quejoso José Manuel Catalán Pérez y el requerimiento inserto en dicho auto para los efectos legales conducentes (foja 469). En proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 481), se recibió el exhorto enviado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en la laguna con residencia en Torreón Coahuila de Zaragoza, y de las constancias relativas a la comunicación oficial se apreciaba que se notificó al quejoso José Manuel Catalán Pérez del proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el que se le otorgó el término de quince días a efecto de que manifestara sí era su voluntad señalar como autoridad responsable al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en Chilpancingo, Guerrero y el acto reclamado al mismo, el uno de abril de dos mil diecinueve (foja 478). Luego, en acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve (foja 487), se tuvo al quejoso José Manuel Catalán Pérez, por no desahogando la prevención de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 466 a 467) dado que no dijo nada; no obstante de estar notificado para ello como se apreciaba en autos a foja 478; en consecuencia, determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se tuvo a José Manuel Catalán Pérez por no ampliando su demanda de amparo por lo que únicamente se dijo se seguiría el juicio de amparo respecto al acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables inicialmente. Entonces, en sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito resolvió el asunto sobreseyendo respecto de Natividad Pérez Portillo y Ana Seci Ramos Castro por su propio derecho, contra los actos reclamados al Comité Técnico del Centro Penitenciario de Chilpancingo, Guerrero, consistente en la orden de traslado de José Manuel Catalán Pérez, al estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción I, párrafos primero y cuarto del mismo ordenamiento legal y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto hace al quejoso José Manuel Catalán Pérez, por propio derecho, contra el acto reclamado consistente en la orden de traslado del CERESO de Chilpancingo, al CEFERESO número 14 del Estado de Durango, al actualizarse uno de los casos de excepción al traslado voluntario establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal de acuerdo a los actos que realizó el quejoso. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco de Juárez, Guerrero; órgano, que con auxilio del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenó realizar lo siguiente. Reponer el procedimiento única y exclusivamente por lo que corresponde al quejoso José Manuel Catalán Pérez, a efecto de que el auto de prevención de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se notifique de manera personal a sus autorizados. Proveer lo que en derecho corresponda y Resolver lo relativo, debiéndose reiterar el sobreseimiento decretado en cuanto a las quejosas Natividad Pérez Portillo y Ana Seci Ramos Castro, al no haber sido materia de análisis en esa ejecutoria. En cumplimiento a esa ejecutoria, este órgano jurisdiccional en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, recibió la misma, pero hasta el acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, se acordó respecto de lo requerido por la superioridad en razón de que no se habían remitido los autos originales, por lo que se instruyó al actuario de la adscripción para que notificara personalmente a la parte autorizada de peticionario el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado por el órgano colegiado en el sentido de notificar al autorizado del quejoso, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en atención a que el presente asunto se trata de un juicio de amparo indirecto, cuya ejecución se inició dentro de la circunscripción territorial que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional en el presente asunto, es necesario precisar el acto que reclaman los quejosos, lo que deriva de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente juicio. En ese orden se tiene que los quejosos Natividad Pérez Portillo, Ana Seci Ramos Castro, y José Manuel Catalán Pérez reclaman: Del Comité Técnico del Centro Penitenciario de Chilpancingo, Guerrero: La orden de traslado de José Manuel Catalán Pérez, del CERESO de Chilpancingo, al CEFERESO número 14 del Estado de Durango. Del Director del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero y del Director General del Centro de Readaptación Social Número 14 CPS-Durango: La ejecución de la orden de traslado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero (foja 49 y 50), los miembros del Comité Técnico Interdisciplinario del aludido Centro de Reinserción, ambos con sede en esta ciudad capital (foja 62 y 63) y el Director General del Centro de Readaptación Social Número 14 CPS-Durango, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron el acto que se les reclama por cuanto a José Manuel Catalán Pérez; argumentaron el primero de los citados, que únicamente se concretó a acatar la determinación del Comité Técnico de ese mismo, ya que la alta peligrosidad del quejoso ponía en riesgo la seguridad y buena funcionabilidad del CERESO de Chilpancingo. Por su parte, los integrantes del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Regional de Reinserción, de esta ciudad capital, manifestaron que es cierta la orden de traslado que reclama el aquí quejoso José Manuel Catalán Pérez. Finalmente, el Director General del Centro de Readaptación Social Número 14 CPS-Durango, aceptó el acto reclamado; sin embargo, manifestó que carece de atribuciones y facultades para ordenar traslados e ingresos de las personas privadas de su libertad a otro Centro Federal, ya que sólo recibe las instrucciones por parte de la autoridad competente, quien autoriza ingresos y egresos de las personas privadas de su libertad a esa u otra institución penitenciaria, por lo tanto, no ha emitido o bien ejecutado alguna orden, acuerdo, determinación o resolución de autoridad competente para que el quejoso sea trasladado a un Centro de Readaptación diferente. Certeza que se corrobora, de las constancias que las autoridades responsables remitieron a este juicio de amparo; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por provenir de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público examinable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. De inicio, respecto del acto reclamado por Natividad Pérez Portillo y Ana Seci Ramos Castro, consistente en la orden de traslado de José Manuel Catalán Pérez, el órgano colegiado al resolver el recurso de revisión contra la diversa sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, estableció en el inciso c) de los puntos a realizar respecto de la revocación de esa determinación, que debía reiterarse el sobreseimiento decretado en cuanto a esas quejosas al no haber sido materia de análisis en esa ejecutoria. Por lo que está firme esa determinación y no ha lugar a efectuar mayor pronunciamiento respecto de dichas personas. Por otra parte, en relación a los actos reclamados por el peticionario José Manuel Catalán Pérez, consistentes en la orden de su traslado del CERESO de Chilpancingo, al CEFERESO número 14 del Estado de Durango y su ejecución, este órgano jurisdiccional estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en virtud de que el quejoso no agotó, contra el traslado que reclama, el medio de defensa ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, cabe señalar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.].". La anterior norma recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo, en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. En el caso, se advierte que el Comité Técnico del Centro Penitenciario de Chilpancingo, Guerrero, en sesión de doce de julio de dos mil diecisiete, para determinar realizar el traslado de José Manuel Catalán Pérez, de ese Centro Penitenciario al CEFERESO número 14 del Estado de Durango, sustentó su actuación en lo siguiente (fojas 52 a 59). "EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, SIENDO LAS 21:00 HORAS DEL DÍA DOCE DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO; SITO EN CARRETERA NACIONAL MÉXICO-ACAPULCO, KM. 0.5, C.P. 39096, LOS CC. LIC. HUGO MEJIA PATRICIO PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, LIC. JESÚS EUGENIO PINEDA BETANCOURT, EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO, C. LUZ DEL CARMEN ALMAZAN ANZURES, EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE TÉCNICA, LIC. DANIEL LEYVA PÉREZ, EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE JURÍDICO Y POLICÍA. JORGE LUIS ACEVEDO PÉREZ, EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL COMITÉ TÉCNICO A QUE FUERON CONVOCADOS PREVIAMENTE, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR LOS HECHOS EN LOS CUALES SE ENCUENTRA RELACIONADO JOSÉ MANUEL CATALÁN PÉREZ, Y EN SU OPORTUNIDAD SE DETERMINEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE ADOPTARAN, APOYADOS PARA TAL EFECTO EN EL ARTÍCULO 18, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 14, 15, 16,17 Y 18 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL EN CORRELACIÓN CON LOS DIVERSOS ARTÍCULOS 125, 126 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO. CON LA ASISTENCIA ANTERIOR, SE DA INICIO A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, QUEDANDO A CONSIDERACIÓN DEL MISMO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- PASE DE LISTA Y APROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3.- NARRATIVA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS JOSÉ MANUEL CATALÁN PÉREZ, PARA EFECTOS DE QUE SE DETERMINEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE ADOPTARAN AL RESPECTO. 4.- DESAHOGO Y VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBAS. 5.- RESOLUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO RESPECTO A LOS HECHOS ATRIBUIDOS A JOSÉ MANUEL CATALÁN PÉREZ. 6.- DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PROCEDENTES. 7.- ASUNTOS GENERALES. EN RELACIÓN CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO POR LO QUE SE DECLARA LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, EN CONSECUENCIA, LOS ACUERDOS Y DETERMINACIONES QUE DE ESTA SESIÓN SE DERIVEN, ADQUIRIRÍAN FUERZA LEGAL VALIDEZ Y OBSERVANCIA OBLIGATORIA, EN TÉRMINOS DE LOS ESTABLECIDO (SIC) EN LOS ARTÍCULOS 17, 18, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47 Y 48 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. POR LO QUE HACE AL SEGUNDO PUNTO Y UNA VEZ QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO, ESTÁN DE ACUERDO CON EL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE NO HABIENDO MODIFICACIÓN ALGUNA, PREVIA VOTACIÓN, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. POR OTRA PARTE, RESPECTO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CHILPANCINGO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, EN USO DE LA PALABRA PROCEDIÓ A EXPONER LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, SIENDO ESTOS, LOS QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN: ANÁLISIS DEL PARTE INFORMATIVO RENDIDO POR EL JEFE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE ESTE CENTRO, EL CUAL PONGO A LA VISTA DE TODOS Y CONSIDERACIÓN Y RESPECTO A LOS ARGUMENTOS VERTIDOS EN EL MISMO. QUE CON FECHA 12 DE JULIO DE 2017, EL JEFE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE ESTE CENTRO PENITENCIARIO REMITIÓ AL SUSCRITO, UN PARTE INFORMATIVO DEL CUAL SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL CHILPANCINGO SECCIÓN: JEFATURA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA ASUNTO: PARTE INFORMATIVO C. LIC HUGO MEJÍA PATRICIO. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL. PRESENTE. POR MEDIO DEL PRESENTE INFORMO A USTED QUE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 17:30 HORAS DE LA FECHA CITADA AL RUBRO, AL REALIZAR UN RECORRIDO DE RUTINA, AL ENCONTRARME CERCA DE LA CELDA #10 DEL DORMITORIO B PARTE BAJA EN LA QUE SE ENCUENTRA ALOJADO JOSÉ MANUEL CATALÁN PÉREZ, FUI ABORDADO POR DICHA PERSONA, SOLICITÁNDOME HABLAR CINCO MINUTOS, POR LO QUE ME DETUVE PARA ESCUCHARLO, HACIÉNDOME UNA SERIE DE PREGUNTAS LAS CUALES FUERON LAS SIGUIENTES:¿QUÉ SI LAS PERSONAS QUE LLEGARON DE TRASLADOS DEL DÍA 6 DE JULIO DEL CERESO DE ACAPULCO VIENEN PARA QUEDARSE? ¿SABE CUÁNDO LOS VAN A INTEGRAR A LA POBLACIÓN? LE PREGUNTO ESTO POR QUE OCHO DE ELLOS DE LOS QUE LLEGARON SON DE MI GENTE, POR LO QUE RESPONDÍ SUS PREGUNTAS DE ESTA MANERA, QUE ESE TIPO DE INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y NO TIENE POR QUÉ SABER NI PREGUNTAR SOBRE LOS TRASLADOS DE ACAPULCO "YO LA VERDAD SINCERAMENTE DESCONOZCO LOS ACUERDOS QUE VAYA A DETERMINAR EL COMITÉ DE ESTE CENTRO O LAS AUTORIDADES SUPERIORES "YA QUE SON ELLOS LOS QUE DETERMINAN SOBRE LA UBICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN Y LO QUE LLEGAN DE TRASLADO", POR LO QUE MÁS TARDE AL HABER TRASCURRIDO UNA HORA APROXIMADAMENTE SE COMENZARON A ESCUCHAR GRITOS Y JALONEOS DE PUERTAS AZOTÁNDOLAS Y GRITANDO CON PALABRAS ALTISONANTES "AHORA SI" HIJOS DE SU PERRA MADRE VAN A SABER QUIENES SON LOS JEFES DE JEFES" AHORA SI VAMOS A TOMAR EL CONTROL DE ESTE PENAL, COMO SE VENÍA HACIENDO EN AÑOS ANTERIORES, YA LLEGÓ LA GENTE QUE ESPERÁBAMOS, ESTO SE VA PONER CALIENTE COMO EN EL PUERTO DE ACAPULCO", POR LO QUE ACUDÍ EN COMPAÑÍA DE DOS ELEMENTOS Y NOS PERCATAMOS QUE LOS GRITOS Y AZOTONES PROVENÍAN DEL DORMITORIO "B" ESTANCIA 10 PARTE BAJA DONDE SE ENCUENTRA ALOJADO JOSÉ MANUEL CATALÁN PÉREZ, QUIEN ERA EL QUE LOS ESTABA LIDERANDO E INCITÁNDOLOS A REVELARSE Y ASÍ POSTERIORMENTE SE EMPEZÓ A ESCUCHAR EN LOS DEMÁS DORMITORIOS SILBIDOS Y GRITOS DICIENDO "MI GENTE LLEGÓ LA HORA", YA QUE ANTERIORMENTE ALGUNOS DE LOS INTERNOS PROCEDENTES DEL CERESO DE ACAPULCO, SE ENCONTRABAN INTERNOS EN ESTE CENTRO, ANTES DE SER TRASLADADOS A OTROS PENALES, Y QUE EN SU MOMENTO CUANDO ESTABAN EN ESTE CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL, QUE DECÍAN PERTENECER A UN GRUPO DELICTIVO LLAMADO LOS "JEFES DE JEFES" Y MANTENÍAN UN SISTEMA DE AUTOGOBIERNO Y DE SER INCORPORADOS A LA POBLACIÓN TOMARÍAN EL CONTROL, YA QUE ANTERIORMENTE SE DEDICABAN A GOLPEAR, EXTORSIONAR Y MOLESTAR A LA VISITA FAMILIAR ESPECIALMENTE A LAS MUJERES, POR LO QUE SE LES PIDIÓ QUE SE TRANQUILIZARAN Y DEJARAN DE HACER ESCANDALO O SE PEDIRÍA EL APOYO PARA RESTABLECER EL ORDEN, CONTINUANDO CON SUS GRITOS Y MANIFESTANDO QUE YA NOS LLEGARÍA LA HORA NO OMITO MANIFESTAR QUE EL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO INGRESARON A ESTE CENTRO LAS PPL [.]. -RÚBRICAS ILEGIBLES- RESPECTO AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, PROCEDIÓ A ENLISTAR LOS MEDIOS DE PRUEBA CON LAS QUE CUENTA EL CENTRO PENITENCIARIO PARA QUE EL COMITÉ DETERMINE LA NECESIDAD DE ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES RESPECTO A JOSÉ MANUEL CATALÁN PÉREZ, ATENDIENDO A LOS HECHOS QUE FUERON NARRADOS PREVIAMENTE. LAS CUALES SE RELACIONAN EN EL ORDEN QUE SE PRETENDE DESAHOGAR, SIENDO ÉSTE EL SIGUIENTE: 5. PARTE INFORMATIVO: FECHA 12 DE JULIO DE 2017, ELABORADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA, INFORMANDO AL DIRECTOR DEL CENTRO RESPECTO A LOS HECHOS QUE SE SUSCITAN AL REALIZAR EL PASE DE LISTA Y ENCIERRO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 6. TESTIGO DE LOS HECHOS: TENIENDO COMO TESTIGO AL C. POLICÍA CARLOS OZUNA DORANTES, COMANDANTE EN TURNO DE LA COMPAÑÍA DE POLICÍA, QUIEN MANIFIESTA HABER ESCUCHADO LOS GRITOS ASÍ COMO EL ESCANDALO DEL DORMITORIO DONDE SE ENCUENTRA ALOJADO LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD UNA VEZ ENUMERADOS LOS MEDIOS DE PRUEBAS CON LOS QUE CUENTA EL COMITÉ TÉCNICO, SE PROCEDE A DESAHOGARLOS: LOS DOCUMENTOS QUE PERSE (sic) SUBSISTEN POR SÍ MISMOS, TODA VEZ QUE SON EMITIDOS POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE Y LOS CUALES TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. EN VIRTUD DE HABER SIDO DESAHOGADAS LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL CENTRO, ATENDIENDO AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL MISMO, APERTURA EL DEBATE POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO, CEDIENDO LA PALABRA AL C. LIC. DANIEL LEYVA PÉREZ, QUIEN MANIFESTÓ: QUE EN ESTOS MOMENTOS PROPONGO QUE ES PROCEDENTE DE CONFORMIDAD CON LO QUE INDICA EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EL CUAL SEÑALA QUE: LA AUTORIDAD PENITENCIARIA, COMO CASO DE EXCEPCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50, PODRÁ ORDENAR Y EJECUTAR EL TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ÚNICO REQUISITO DE NOTIFICAR AL JUEZ COMPETENTE DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES DE HABER REALIZADO EL TRASLADO, EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: I. EN CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD; II. EN CASOS DE RIESGO OBJETIVO PARA LA INTEGRIDAD Y LA SALUD DE LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD Y III. EN CASO DE QUE SE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD O GOBERNABILIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO. SEÑALAMIENTOS QUE A LA POSTRE SE ENCUENTRAN COLMADOS, PUES SE HA EVIDENCIADO QUE ESTA PERSONA HA VULNERADO EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE ESTE CENTRO CARCELARIO, Y QUE CON ESE MOTIVO SU INTERNAMIENTO EN ESTE PENAL, QUE ES DE MEDIANA SEGURIDAD PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN CARCELARIA, Y EN RIESGO SU INTEGRIDAD PERSONAL Y SU PROPIA VIDA, CON ESE MOTIVO ES PROCEDENTE SU TRASLADO DE MANERA URGENTE, TODA VEZ QUE ESTE CENTRO NO REÚNE LAS CARACTERÍSTICAS NI LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ALBERGAR A ESTE TIPO DE PERSONAS, YA QUE DE NO HACERLO ASÍ, SE TENDRÍA EL TEMOR FUNDADO DE QUE ESTA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD FUERA A GESTAR UNA RIÑA EN EL INTERIOR DEL PENAL OCASIONANDO LAMENTABLES CONSECUENCIAS, COMO LOS HECHOS QUE SE SUSCITARON EN EL INTERIOR DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACAPULCO GRO, QUE COMO CONSECUENCIA FUE MUY LAMENTABLE AL ARROJAR UNA CANTIDAD DE 28 PERSONAS FALLECIDAS. ACTO SEGUIDO, SOLICITO EL USO DE LA PALABRA DEL C. LIC. JESÚS EUGENIO PINEDA BETANCOURT; REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO DE RECLUSIÓN, QUIEN MANIFIESTA LO SIGUIENTE: QUE SU VOTO ES A FAVOR DE QUE SEA TRASLADADO DE MANERA URGENTE A UN CEFERESO DE LOS QUE HAY EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA MATERIAL Y HUMANA NECESARIA PARA SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PROPIA VIDA, YA QUE DE ACUERDO A LO QUE OCURRIÓ EN EL CERESO DE ACAPULCO, PODRÍA PASAR LO MISMO CON ESTE CENTRO YA QUE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LA PERSONA ES DE QUE PRETENDE TOMAR EL CONTROL E IMPLEMENTAR UN AUTOGOBIERNO COMO TAMBIÉN INTIMIDAR A LA POBLACIÓN ASÍ COMO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN ESTE CENTRO PENITENCIARIO, POR LO QUE MI VOTO ES DE QUE SEA TRASLADADO EN CARÁCTER URGENTE ANTES DE QUE PUEDAN SURGIR COSAS INESPERADAS Y DE LAMENTABLES CONSECUENCIAS, ES TODO LO QUE TENGO QUE MANIFESTAR. ATENDIENDO A LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO QUE REPRESENTO SOLICITO EL USO DE LA PALABRA A LA LIC. LUZ DEL CARMEN ALMAZÁN ANZURES, PARA QUE MANIFIESTE O EN SU CASO EXPONGA LAS RAZONES UNA VEZ ESCUCHADO LA VOZ DE SUS COMPAÑEROS Y DESPUÉS DE HABER LEÍDO EL PARTE INFORMATIVO QUE FUE PUESTO A LA VISTA DE TODOS, QUIEN AL DARLE USO DE LA PALABRA MANIFIESTA LO SIGUIENTE; YO COMO REPRESENTANTE DEL ÁREA DE TRATAMIENTO TÉCNICO DE ESTE PENAL, MI VOTO ES A FAVOR DE QUE JOSÉ MANUEL CATALÁN PÉREZ, SEA TRASLADADO DE MANERA URGENTE PUESTO QUE SE TRATA DE UNA PERSONA QUE TRAE MALAS INTENCIONES EN CONTRA DE LA ESTABILIDAD DE ESTE CENTRO, QUE HASTA EL MOMENTO SE HA PREVALECIDO ESTABLE SIN AMOTINAMIENTOS NO RIÑAS DENTRO DE ESTE CERESO, POR LO QUE ME UNO A LA VOTACIÓN DE MIS COMPAÑEROS PARA QUE ESTA PERSONA SEA TRASLADADA A OTRO CENTRO DE MÁXIMA SEGURIDAD. POR ULTIMO SOLICITO EL USO DE LA PALABRA DEL C. JORGE LUIS ACEVEDO PEREZ, REPRESENTANTE DE JEFE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE ESTE CENTRO, QUIEN ESTE A SU VEZ MANIFIESTA LO SIGUIENTE: RATIFICO Y REPRODUZCO LOS PARTES INFORMATIVOS DE FECHAS 12 DE JULIO DEL MISMO AÑO, LOS CUALES FUERON PUESTOS A LA VISTA, DE MIS COMPAÑEROS POR CONTENER LA VERDAD DE LOS HECHOS QUE EN ESTOS MOMENTOS SE VENTILA, FIRMADO POR EL SUSCRITO, RESPECTO AL ASUNTO DE LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DE NOMBRE JOSÉ MANUEL CATALÁN PÉREZ, SEA TRASLADADO A UN DIVERSO CEFERESO QUE CUENTE CON LA INFRAESTRUCTURA MATERIAL Y HUMANA NECESARIA, YA QUE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA ESTE CENTRO PENITENCIARIO NO ES POSIBLE BRINDARLE LA SEGURIDAD ADECUADA TODA VEZ QUE SE TRATA DE UNA PERSONA CONFLICTIVA, QUE DESDE AÑOS ANTERIORES PRETENDE TOMAR EL CONTROL DE ESTE CENTRO Y PODER ESTABLECER SU AUTOGOBIERNO IMPLANTANDO EL TERROR HACIA LA DEMÁS POBLACIÓN PENITENCIARIA, YA QUE LA LLEGADA DE LAS PERSONAS QUE VIENEN DE TRASLADO PROVENIENTES DEL CERESO DE ACAPULCO EL MANIFIESTA QUE DICE SER (SIC) SON DE SU GENTE, POR LO QUE MI VOTO, ES A FAVOR DE QUE ESTA PERSONA SEA TRASLADADO URGENTEMENTE DE ESTE CENTRO, PARA EVITAR UN POSIBLE AMOTINAMIENTO O SITUACIONES DE RIESGO QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO. NO HABIENDO MÁS MANIFESTACIONES POR NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHILPANCINGO GUERRERO, PROCEDEN LOS MISMOS A RESOLVER QUE EL CENTRO PENITENCIARIO NO CUENTA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ALBERGAR PERSONAS QUE CUENTEN CON UN PERFIL DE ALTO IMPACTO SOCIAL, NO CUENTA CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD CAPACITADO QUE PUEDA BRINDAR LA VIGILANCIA DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE SEGUIR INTERNO EN ESTE CENTRO TRAERÍA LAMENTABLES CONSECUENCIAS COMO LOS HECHOS SUSCITADOS EN EL INTERIOR DEL PENAL DE ACAPULCO GRO. POR LO ANTERIORMENTE MENCIONADO, EL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN ATENCIÓN AL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PROCEDE A LA DETERMINACIÓN DE REALIZAR EL TRASLADO DE JOSÉ MANUEL CATALÁN PÉREZ, DE ESTE CENTRO PENITENCIARIO AL CEFERESO NÚMERO 14 DE DURANGO, DE MANERA URGENTE PARA EVITAR QUE PUDIERAN SURGIR PROBLEMAS DE GRAVEDAD, TODA VEZ QUE DICHA PERSONA PRETENDE LIDERAR A LA DEMÁS POBLACIÓN CON EL PROPÓSITO DE TOMAR EL CONTROL DE ESTE PENAL Y DE ESTA MANERA ESTABLECER SU AUTOGOBIERNO. POR OTRA PARTE Y ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE, SIENDO LAS 01:30 HORAS DEL DÍA TRECE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -RÚBRICAS-". (Foja 52 a 59). Así se aprecia que la determinación que antecede se apoyó en las pruebas siguientes: 1.- El parte informativo de doce de julio de dos mil diecisiete, signado por el Jefe de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, en el que señaló los hechos suscitados respecto del pase de lista y encierro de las personas privadas de su libertad. 2.- El testimonio del policía Carlos Ozuna Dorantes, comandante en turno de la compañía de policía, quien manifestó haber escuchado los gritos y escándalo del dormitorio donde se encontraba privado de su libertad el interno. Sobre ese tópico, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Como se puede advertir, respecto a la hipótesis referida en el inciso c), se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios; se encuentran Previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y son aquellos que inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios; tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial,5 y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se deduce que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente. Así, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena. A su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas. Esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto reclamado consistente en la orden de traslado forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 31, que se transcriben a continuación: "Artículo 30. Condiciones de internamiento. Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas.". "Artículo 31. Clasificación de áreas. La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad. (.).". Para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos, el traslado de un centro penitenciario a otro en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. Debe aclararse que si bien dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o., dispone lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.).". Es decir, tratándose de actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena, será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal, señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, éste podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución; pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115 de la Ley Nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". En consecuencia, cuando las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, de no atenderse de inmediato, provoquen dejar sin materia la petición, y se constituyan en un caso urgente, entonces la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Sobre ese orden de ideas, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de derechos fundamentales, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, máxime que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo; sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta, del Libro 61, Diciembre de dos mil dieciocho, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018548, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." De igual forma, conviene citar el contenido de la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), registro digital: 2023190, Undécima Época, materia penal, Común de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." Del análisis de tales criterios, se advierte que la Suprema Corte los emitió efectuando el examen de los casos sometidos a su potestad, a la luz de las previsiones contenidas en la reforma constitucional de junio de dos mil once, que sufrieron los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en donde se vedaron las facultades de las autoridades administrativas para decidir respecto a las controversias que se suscitaran en reclusión y se activaron en favor de las autoridades judiciales; por ende, las autoridades administrativas carecían de competencia para ordenar traslados; pues de hacerlo se trataría de actos que afectan la libertad fuera de procedimiento judicial. En tales criterios, el Alto Tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues como ya se dijo, creó un procedimiento judicial específico que regula los traslados; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Al efecto, es menester indicar como hecho notorio, que en sesión de veinticuatro de marzo mil veintiuno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia por contradicción de tesis 448/2019, de rubro "CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, DEBE PROMOVERSE EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE INTERPONER JUICIO DE AMPARO." En la que nuestro Máximo Tribunal sostiene que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales, lo que se toma en cuenta como criterio orientador para considerar actualizada la causal de improcedencia en el presente asunto. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada y por ello, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen a las autoridades ejecutoras, al no combatirse por vicios propios. Encuentra sustento lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Ahora bien, se aprecia que José Manuel Catalán Pérez, se encuentra interno en el Cefereso número 14 del Estado de Durango Durango; en consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de esta Ley, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Coahuila con residencia en la ciudad de Torreón, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el Cefereso número 14 del Estado de Durango Durango; a efecto de que notifique la presente sentencia. QUINTO. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; por ello, publíquese esta determinación en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente determinación en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar la Secretaria y una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Natividad Pérez Portillo, Ana Seci Ramos Castro, y José Manuel Catalán Pérez, por propio derecho, contra los actos reclamados al Comité Técnico del Centro Penitenciario de Chilpancingo, Guerrero, consistente en la orden de traslado de José Manuel Catalán Pérez, del CERESO de Chilpancingo, al CEFERESO número 14 del Estado de Durango y de las ejecutoras Director del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero y del Director General del Centro de Readaptación Social Número 14 CPS-Durango, la ejecución de dicha orden; lo anterior, en los términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese, por exhorto al quejoso y cúmplase Así lo resolvió y firma el licenciado Basilio Rojas Zimbrón Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, que actúa ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que hace constar. Doy fe. LA SUSCRITA BIANCA SAYURI MORA PERALTA, SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO; CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE ESTA FOJA CORRESPONDE A LA SENTENCIA DICTADA EL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL JUICIO DE AMPARO 807/2017. CONSTE. LA SECRETARIA. Bianca Sayuri Mora Peralta

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