Natividad González Soto
Expediente 1679/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1679/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Natividad González Soto
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la razón Secretarial con que se da cuenta; en términos de los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual revoca su domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones; atento a lo anterior, se tiene por revocado el domicilio que señalo la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y se tiene para tal efecto el que señala en el escrito de cuenta; lo anterior, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero; por medio del cual, remite el expediente original del juicio de amparo número ********************, así como la resolución de ********************, dictada en el cuaderno auxiliar ********************, del índice de ese Juzgado; atento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 62, 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, en acatamiento a los puntos primero y quinto incisos 2), 5) y 7), del acuerdo 10/2008, notifíquese a las partes la resolución de mérito, y de manera personal a la quejosa, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Se agrega a los presentes autos el escrito de demanda signada por Natividad González Soto, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Titular Sub Delegado de Prestaciones en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número ..., así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General ..., del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este juzgado federal considera que respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia su desechamiento, conforme a lo dispuesto en el precepto 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Lo anterior, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La falta de estricto cumplimiento, por parte del Titular Sub Delegado de Prestaciones en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Encargado de despacho o quien se ostente con ese cargo, del cumplimiento de la sentencia de queja, dentro del plazo de tres días, como ordeno la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 1885/16-24-01-6, esto mediante auto de fecha 20 de junio de 2018." Al respecto, conviene destacar el contenido de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1 fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo. "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia". Las disposiciones transcritas reflejan que el juicio de amparo es procedente contra los actos de las autoridades, ya sean de naturaleza positiva, negativa u omisiva, pues en la vía constitucional se resuelven las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el tema, cobra aplicación la jurisprudencia 2ª J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la foja mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así como la tesis 2ª XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, tomo IX, marzo de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido literal: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". Las tesis transcritas ponen de manifiesto que la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que, en una relación jurídica de subordinación, emite actos unilaterales a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello el acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Entonces, para este Juzgado de Distrito, existe entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable, una relación de coordinación al intervenir como parte actora y demandada, respectivamente, en el proceso administrativo de origen, la cual subsiste durante la fase de ejecución, según se advierte de las disposiciones legales aplicables a dicha etapa; de ahí que, el acto reclamado consistente en la falta de cumplimiento de la sentencia de queja ordenada en el expediente administrativo 1885/16-24-01-6, se genera en un plano de igualdad entre ejecutante y ejecutado, sin que llegue a constituir un acto de autoridad contra el que proceda el juicio de amparo. Lo anterior, pues el juicio de origen se dio inicio con motivo de la demanda interpuesta por el aquí quejoso contra la autoridad responsable Titular Sub Delegado de Prestaciones en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tramitado ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, donde se dictó la sentencia definitiva que resultó adversa a la autoridad responsable, la cual, una vez que quedó firme, y ante el incumplimiento de la misma , se promovió recurso de queja por el quejoso, culminando con la resolución de 10 de abril del año actual, en la que se ordenó a la responsable cumpliera con la sentencia dictada en el juicio de origen dentro del término de tres días resolución que al quedar firme es inatacable y debe ser cumplida por la parte demandada. Ahora bien, de igual forma, cabe destacar que el contenido de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la legislación que regula la materia del acto reclamado, se desprende que el numeral 58, en lo conducente, disponen: ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. Fracción reformada DOF 10-12-2010 IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga. Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición." Bajo ese contexto, a criterio de este Juzgado de Distrito, a la autoridad responsable Titular Sub Delegado de Prestaciones en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no le asiste el carácter de autoridad responsable en el presente asunto, lo que origina la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, y 5, fracción II, aplicados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Sirve de aplicación al caso, en lo conducente la jurisprudencia 2ª/J. 31/2014, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el nueve de mayo de dos mil catorce, con número de registro 2006389, que es del contenido siguiente: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente y sustancial, así como por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 38/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil siete, tomo XXV, novena época, página 275, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral." No impide la anterior conclusión el hecho de que las tesis jurisprudenciales señaladas en párrafos que anteceden se refieran a diferentes porciones geográficas, pues al respecto debe destacarse que la reflexión que realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 425/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 2ª/J. 31/2014, ya transcrita en este auto, respecto de que la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tratándose de la omisión de dar cumplimiento a diversas resoluciones, dependía en gran medida de las medidas de apremio contempladas en las legislaciones que regulan los diferentes procedimientos a fin de ejecutar las resoluciones. En ese sentido, se expuso lo siguiente: (.) 42. Precisamente ese modelo diferenciador sirvió de sustento a esta Segunda Sala para adelantar el tratamiento y solución de la problemática que integra la incógnita a dilucidar, específicamente al conocer de la contradicción de tesis 422/2010, donde se determinó que el incumplimiento por parte de los organismos de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas a una sentencia dictada en un juicio en el que hubieran figurado como parte, involucraba un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues si bien la obligación a su cargo derivaba de una sentencia dictada en un juicio en el que habían intervenido en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, la imposibilidad de ser sujetos de ejecución forzosa, bajo el beneficio dispuesto el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, los colocaba en un plano de desigualdad que afectaba la esfera jurídica del particular al impedírsele obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su favor. 43. Tal decisión dio lugar a la jurisprudencia que establece: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Registro: 161652. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio de 2011. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 85/2011. Página: 448) 44. La inercia interpretativa del criterio aludido, en sentido contrario, abre la solución de la controversia inmersa en el supuesto del caso que nos ocupa, para considerar que el hecho de que la normativa vigente en el Estado de Veracruz prevea un procedimiento específico para dar ejecución a los laudos dictados en los juicios laborales, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios a las autoridades demandadas, conlleva, en sí mismo, el sostenimiento del plano de igualdad generado a propósito del vínculo de coordinación laboral de origen y, por ende, que la falta de cumplimiento de dicho laudo por parte de la demandada no se reconozca como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo (.)" Como se ve, nuestro Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 425/2013, determinó que cuando en una legislación se contemplan medidas de apremio con la finalidad de garantizar la ejecución de las resoluciones dictadas, la parte demandada no puede ser considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, precisamente por situarse en una relación de coordinación respecto a la parte quejosa. Sobre el tema, por analogía cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la foja cuatrocientos setenta y ocho, Libro 53, Tomo I, Abril de 2018, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales" Situación distinta en la que podría ubicarse el particular que, aun teniendo una sentencia firme favorable no tuviera medidas de apremio para satisfacer sus pretensiones, pues en tal caso sí podría reclamar la omisión de ejecutar la resolución dictada a través del juicio constitucional, tal como lo expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver de la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la jurisprudencia que lleva el siguiente rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Luego, si como se expuso en el presente considerando, el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la legislación que regula la materia del acto reclamado, contemplan un catálogo de medidas de apremio que tiene el tribunal para cumplir con sus determinaciones, es claro que la omisión de dar cumplimiento a lo ordenado en una sentencia firme por parte de la demandada en el juicio de origen, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, de ahí que éste sea improcedente. Esta determinación se orienta, en lo conducente, en las resoluciones de veintidós de abril, catorce y veintinueve de mayo, ambos meses de dos mil quince, emitidas en los amparos en revisión 29/2015, 2/2015 y 31/2015, por los entonces Quinto, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, respectivamente, que pueden ser consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, invocándose como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia aludida, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, en relación con en el artículo 61, fracción XXIII, y en observancia a los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y conforme a lo dispuesto en el precepto 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, y por autorizados para tales efectos en término del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados que propone, en atención a que dichas personas tienen registrada su cédula profesional en la base de datos de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial la Federación. De igual forma, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige el juicio de amparo, elevado a rango de garantías constitucional. De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo, se autoriza al Secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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