Natalia Medina Núñez

Expediente 1311/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1311/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Natalia Medina Núñez

Actuaciones

  1. Principal

    ...Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Natalia Medina Núñez, respecto de la omisión reclamada a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Jorge Salgado Ruiz, Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Morelos, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y refiere que ya ha brindado un apoyo de fondo de protección de pagos, reiterando que el quejoso ya tiene conocimiento del convenio, y ahora señala que no aplica para la calificación de un nuevo convenio. Al respecto, se tiene por hechas las manifestaciones que vierte para los efectos legales conducentes, y dígase a la autoridad oficiante que dichas manifestaciones deberá hacerlas del conocimiento personalmente a la parte quejosa, de forma escrita, es decir, de manera fundada y motivada como se señaló en la ejecutoria protectora, toda vez que al ser la autoridad responsable le corresponde hacer las gestiones necesarias en el expediente del quejoso o donde recaiga dicha respuesta, atendiendo su petición, para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y así no revertir la carga a este juzgado. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede, atendiendo debidamente los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés Agréguense a los autos los informes justificados que rinde la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, donde manifiesta que es cierto el acto reclamado del que se duele la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la Presidenta de la Junta antes mencionada, las pruebas documentales que anexa a su escrito de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Del mismo modo, ténganse por recibidas las copias certificadas de las constancias por medio del cual se reconoce la personería de********************, como apoderada legal de la quejosa, en los autos del expediente de donde emana el acto reclamado. Notifíquese Así lo acordó Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 274/2023, promovido por Arturo Pérez Martínez, por su propio derecho y en su carácter de Regidor de la Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativo del estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Arturo Pérez Martínez, por su propio derecho y en su carácter de Regidor de la Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Acto reclamado: Magistrado de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos. "La sentencia de. veinticuatro de enero de dos mil veintitrés emitida en el expediente administrativo. TJA/5ªSERA/4/18-JDN así como sus efectos y consecuencias. SEGUNDO. El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 274/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad del juicio de amparo indirecto. La demanda de amparo fue presentada oportunamente, en virtud de que el plazo previsto para tal efecto transcurrió conforme a lo siguiente: Fecha de notificación por oficio: Fecha en que surte efectos: Plazo para presentar la demanda: Días inhábiles: 3 de febrero de 2023 3 de febrero de 2023 Del 7 al 27 de febrero de 2023 11, 12, 18, 19 25 y 26 de febrero de 2023 (el día 6 de febrero de 2023, fue inhábil; por tal motivo el cómputo inicia el día 7 de febrero) Entonces, si la demanda de amparo se presentó el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, es indudable que fue promovida dentro del plazo de quince días establecido para tal efecto. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "actos reclamados. reglas para su fijación clara y precisa en la sentencia de amparo. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la quejosa reclama la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el expediente TJA/5ªSERA/4/2018-JDN, que al resolver el recurso de reconsideración, confirmó el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, que impuso una multa económica a dicho quejoso de noventa unidades de medida y actualización e hizo la actualización de diversas prestaciones del actor. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado por el quejoso Arturo Pérez Martínez, lo cual se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Juzgado de Distrito de oficio estudia la siguiente causa de sobreseimiento. ? Arturo Pérez Martínez, en su carácter de Regidor de la Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto contra la resolución reclamada, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio Este juzgador, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, considera que el citado quejoso en su carácter de funcionario municipal carece de interés jurídico para reclamar la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, emitida en el expediente TJA/5ªSERA/4/2018-JDN, que al resolver el recurso de reconsideración, confirmó el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, que -entre otro punto- impuso una multa económica a dicho quejoso, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del artículo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª/J. 51/2019, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "interés legítimo e interés jurídico. sus elementos constitutivos como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción i, de la constitución política de los estados unidos mexicanos. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisado lo anterior, Arturo Pérez Martínez, en su carácter de Regidor de la Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, carece de interés jurídico en este juicio debido a que la multa económica impuesta en el auto confirmado por la resolución aquí reclamada, se aplica a la persona física o funcionaria que en su actuar como autoridad incurrió en un desacato, y no al órgano de gobierno como tal. En consecuencia, si la medida de apremio impuesta, se dirige a la persona física que ostenta un cargo, no puede reconocérsele el carácter de quejosa a dicha persona en su calidad de autoridad porque de ese modo, no se acredita el interés jurídico requerido para acudir al juicio de amparo. No es óbice a lo anterior el contenido del artículo 7° de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de que una persona moral pública pueda solicitar la protección de la justicia federal por conducto de sus personas servidoras públicas o representantes. Sin embargo, este supuesto sólo acontece cuando el acto o la ley que se reclama afecta directamente los intereses patrimoniales de esa entidad, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Pero ello no ocurre en el presente asunto, pues, en todo caso, de hacerse efectivo ese apercibimiento, la persona afectada sería quien ostenta la titularidad de esa oficina u órgano, pero no la persona moral oficial. Con base en lo anterior es que se estima que Arturo Pérez Martínez, en su carácter de Regidor de la Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, carece de interés jurídico para reclamar la resolución, que confirmó el auto que le impuso una multa económica. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ..... V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El precepto anterior establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a las que se refiere ese mismo ordenamiento. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XII y 5°, todos ellos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de Arturo Pérez Martínez, en su carácter de Regidor de la Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "conceptos de violación o agravios. para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo a estudiar los conceptos de violación, es necesario citar brevemente en lo que interesa los antecedentes del acto reclamado, los cuales son los siguientes: 1.- El trece de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente TJA/5ªSERA/004/18-JDN, se emitió acuerdo por parte de la responsable Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que en lo que interesa dice lo siguiente: ".Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de los mismos se desprende que mediante acuerdo de fecha once de agosto del dos mil veintidós, se le requirió: A la autoridad condenada: ° PERSONA DESIGNADA PARA SUPERVISAR Y EJECUTAR LASINSTRUCCIONES OPERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE OCUITUCO, MORELOS. Así como a las autoridades vinculadas: ° REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, DESARROLLO AGROPECUARIO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLES, TURISMO, PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ASUNTOS MIGRATORIOS, DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS; ........... A menester de lo anterior, con el fin de que en un término improrrogable de tres días contados a partir del día hábil siguiente al que surte efectos la notificación de mérito dieran cabal cumplimiento a las prestaciones a que fueron condenadas, estos en los términos establecidos en la SENTENCIA DEFINITIVA debidamente EJECUTORIADA de fecha once de septiembre del dos mil dieciocho, en conexidad a lo determinada por esta Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas mediante acuerdo de fecha once de agosto del dos mil veintidós. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así se les haría efectiva una MULTA REITERADA QUE PODRÍA OSCILAR HASTA CIEN VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, MISMA QUE SE REITERARÁ CUANTAS VECES SEA NECESARIO; de manera particular a cada uno de los titulares de las autoridades requeridas, esto en suma a que el término concedido a las autoridades requeridas ha fenecido en demasía. ........... Ahora bien y toda vez que, es de orden público el cumplimiento de las sentencias emitidas por este Órgano de legalidad, en consecuencia, es procedente proveer sobre el cumplimiento que las autoridades, que de acuerdo a sus funciones están obligadas a realizar y restituir al demandante en el pleno goce de esfera jurídica, solicitando a las autoridades condenadas y a las que de acuerdo a sus funciones deban intervenir para el cumplimiento de la misma, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. ...........". 2.- El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se notificó tal acuerdo a la aquí quejosa por medio de oficio AC5SERA3414/2022, el cual fue recibido por María Cristina Sánchez Galicia. 3.- El cinco de octubre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de los mismos se desprende que mediante acuerdo de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, se le requirió. A la autoridad vinculada denominada: ° INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, MORELOS. En el entendido de que los INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, MORELOS, se encuentra integrado de manera conjunto por las siguientes autoridades: ° REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, DESARROLLO AGROPECUARIO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLES, TURISMO, PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ASUNTOS MIGRATORIOS, DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS; ........ Para que en un término de tres días dieran cumplimiento total a la sentencia definitiva. con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior se le haría efectiva una MULTA REITERADA QUE PODRÍA OSCILAR HASTA CIEN VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN QUE SE REITERARÍA CUANTAS VECES FUERA NECESARIO. Máxime que el Servidor Público fue debidamente notificado de manera particular, tal y como se puede observar a todas luces, mediante la cédula de notificación signada con el número AC5SERA3414/2022, misma en la que obra el día, hora y firma de recibido de la autoridad en cita, con fecha de recepción de veintitrés de septiembre del dos mil veintidós. ...... Comenzó a surtir sus efectos el día veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, mismo que feneció el tres de octubre del dos mil veintidós, atendiendo a la primera hora hábil, concretamente hasta las 8:59 horas. ...... .de ahí que se determine imponer como medida de apremio señalada en el artículo 11 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en una multa de NOVENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, correspondiente. a la cantidad de $8,659.80." 4.- El diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el hoy quejoso Arturo Pérez Martínez, en su carácter de Regidor de la Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, interpuso recurso de reconsideración en contra del auto de cinco de octubre de dos mil veintidós. 5.- El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dentro del expediente TJA/5ªSERA/4/18-JDN, la autoridad señalada como responsable Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Esta Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, en los términos precisados en el apartado 4 de la presente resolución. SEGUNDO. Se declaran inoperantes e infundados los agravios hechos valer por los recurrentes; por las razones y sustentos legales expresados en el apartado 6.5 de esta sentencia interlocutoria, por tanto, se confirma la ilegalidad del acuerdo impugnado." Acuerdo que constituye el acto reclamado. En el primer concepto de violación el quejoso sostiene en síntesis que la autoridad responsable en el estudio de los agravios hechos valer en el recurso que ahora se reclama no lo realizó con exhaustividad, pues le hizo valer a la responsable la ilegalidad de la notificación del auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, sobre el acuerdo que contenía el apercibimiento de una multa de noventa días del valor diario de la unidad de medida y actualización, y que la autoridad en la resolución reclamada del recurso de reconsideración, resolvió que la referida notificación debía combatirse a través del recurso de nulidad de notificaciones, argumentando que el estudio por parte de la responsable debió realizarse de ambos acuerdos, es decir, tanto el del apercibimiento como el auto que decretó la multa, en razón de que bajo ninguna premisa se acredita que en el juicio de origen se haya notificado de manera personal del apercibimiento, ni tampoco la multa decretada a la directamente hoy quejosa. Este concepto es fundado. Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable contraviene el derecho de debida fundamentación y motivación, contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la resolución reclamada carece de congruencia, claridad y exhaustividad. Ahora, para dilucidar lo anterior, es preciso remitirse al contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales. En el artículo 14 de la Carta Magna, se establece que el debido respeto al derecho de audiencia exige que el acto privativo de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, debe ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho (.)" Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que todo acto de autoridad debe constar por escrito, fundado y motivado. Se entiende por fundamentación, la cita del o los preceptos legales aplicables al caso y, por motivación, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, para que se constate la referida fundamentación y motivación, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas correspondientes. Por su parte, en el artículo 86 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se establece que toda sentencia se pronunciará de manera clara y concisa, debidamente fundada y motivada. "Artículo 86. Las sentencias que dicte el Tribunal no necesitarán formulismo alguno; pero deberán ser redactadas en términos claros y precisos y contener: I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos; II. El examen de valoración de las pruebas que se hayan ofrecido y desahogado en autos; III. La exposición fundada y motivada de las consideraciones que se tomaron en cuenta para emitir la resolución; IV. Las cantidades liquidas que deban pagarse, cuando se trate de prestaciones de condena, y V. Los puntos resolutivos, en los que se expresará con claridad los alcances del fallo." En el precepto legal antes citado, está contenido el principio de congruencia que debe regir a toda sentencia o resolución que emita el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; principio que radica, esencialmente, en que el fallo sea fundado y motivado, es decir, que no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que al resolverse una controversia dentro del juicio contencioso, se haga atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación o, en su caso, en el recurso y su correspondiente contestación, pero sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. Al respecto, la doctrina jurídica identifica dos clases de congruencia, a saber: la interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos; y la congruencia externa, en cambio, exige que la sentencia resulte acorde con los términos de la litis; lo que se traduce en un imperativo para los órganos jurisdiccionales, quienes al resolver la controversia deben atender a lo planteado por las partes, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer por los contendientes. Por otra parte, la incongruencia externa de la sentencia, se puede presentar, bajo los siguientes aspectos: - Incongruencia por ultra petitia. En este supuesto, la parte dispositiva excede de la pretensión, al conceder o negar lo que nadie ha pedido. -Incongruencia por extra petitia. El ámbito de este supuesto es, no el de que la resolución añada algo a las pretensiones de las partes, sino el de que alguna de las pretensiones sea sustituida por otra que aquéllas no formaron; la incongruencia que en estos casos se produce es mixta, puesto que se omite uno de los puntos debatidos y se agrega indebidamente otro. - Incongruencia por citra petitia, la cual se presenta cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones formuladas. Sobre tales premisas, resulta patente que el principio de congruencia de las sentencias y resoluciones exige que el Juez o Tribunal correspondiente, resuelva la totalidad de las pretensiones deducidas de la demanda y/o recurso, salvo que exista impedimento legal para ello, lo cual requiere justificarse. Dicho principio, aplicado a los medios de impugnación, consiste en que el Juez o Tribunal que resuelvan el recurso, debe atender en forma exclusiva los agravios expresados por la parte inconforme, pues la litis en el recurso se configura con el escrito de expresión de agravios y la determinación recurrida, siendo ilegal la introducción de elementos ajenos a la misma. Por tanto, como ya se estableció el concepto es fundado por las siguientes razones: Toda vez que debe considerarse que existe una estrecha vinculación entre el apercibimiento de multa y su imposición, pues aquél constituye un requisito mínimo indispensable de ésta, lo cual implica que si no fue debidamente notificado el apercibimiento, el gobernado no estuvo en posibilidad de cumplir con lo ordenado por el órgano jurisdiccional correspondiente. Lo anterior es así, pues los requisitos indispensables que debe contener el apercibimiento de multa son: 1) La existencia de una determinación de un órgano jurisdiccional; 2) Que tal determinación se encuentre debidamente fundada y motivada; 3) Que deba ser cumplida por las partes o por los terceros involucrados en el litigio; 4) La comunicación oportuna, mediante la notificación personal al obligado; y, 5) El apercibimiento de que en caso de desobediencia se aplicará una medida de apremio precisa y concreta. En el caso concreto, en auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90, 28 fracciones III, VIII y X, 35, fracciones I, III, VIIl, la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como el ordinal 27, fracción VIII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, requirió de nueva cuenta a la autoridad condenada y vinculadas para que dentro del tres días dieran cumplimiento total a la sentencia definitiva dictada en el juicio TJA/5ªSERA/4/18-JDN, apercibió a la persona designada para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia de seguridad pública y tránsito municipal de Ocuituco, Morelos, así como al Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, entre otras autoridades vinculadas, para que en caso de no hacerlo así o no justificar legalmente la imposibilidad que tuvieran para ello dentro del plazo establecido, se les haría efectiva la medida de apremio consistente en multa reiterada de hasta noventa veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo previsto en el artículo 11, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos. Acuerdo que se ordenó notificar como correspondiera a las autoridades condenadas y vinculadas, lo que hizo por oficio a las autoridades requeridas. Posteriormente, el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la Actuaria adscrita a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, notificó la anterior determinación mediante oficio AC5SERA3414/2022, al Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó que dado que las autoridades condenada y vinculadas, no dieron cumplimiento al proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, les hizo efectivo el apercibimiento consistente en la medida de apremio de multa reiterada, que en el caso del aquí quejoso consistió en noventa unidades de medida y actualización equivalentes a la cantidad de $8,659.80. al servidor público Arturo Pérez Martínez, en su carácter de Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos. En consecuencia, ordenó girar oficio a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para el registro de la medida de apremio impuesta, debiendo exhibir las documentales fehacientes que acrediten lo anterior, y una vez realizado, se ordenaría el registro de la medida de apremio en sus expedientes personales. Dicho acuerdo se notificó el catorce de octubre de dos mil veintidós, por oficio AC5SERA3645/2022. De lo anterior, se advierte que como lo expresó la parte inconforme en sus agravios en el juico natural, el apercibimiento de multa no fue comunicado de forma personal al obligado, aquí quejoso, por lo que no puede considerarse que incumplió en el término que le fue concedido por el órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 27 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, establece que: "Artículo 27. Además del emplazamiento, se notificarán personalmente. IV. Los apercibimientos y requerimientos;." Del precepto transcrito se advierte que el acuerdo de apercibimiento debió ser notificado al ahora quejoso Arturo Pérez Martínez, de forma personal y no mediante oficio dirigido al Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos. En consecuencia, debe concluirse que la responsable al momento de resolver el recurso de reconsideración, debió considerar que el quejoso no tuvo conocimiento del apercibimiento consistente en la imposición de una multa de hasta cien unidades de medida y actualización en caso de incumplimiento, toda vez que éste le fue notificado mediante oficio al Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, y no personalmente a Arturo Pérez Martínez, en consecuencia, no estuvo en posibilidad de acatar lo ordenado en el plazo que se le otorgó. Por tanto, al estar vinculado el acuerdo de apercibimiento con el diverso mediante el cual se le hizo efectivo, no puede considerarse que este último sea legal, de ahí que se advierta principalmente por la responsable la falta de exhaustividad. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Arturo Pérez Martínez, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, deje insubsistente la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, y dicte otra en la que, atendiendo a lo analizado en la presente resolución, de manera fundada, motivada y congruente, analice la litis efectivamente planteada en el recurso de reconsideración y los agravios formulados en contra de la determinación de cinco de octubre de dos mil veintidós, que fue materia de estudio en el recurso, hoy materia del acto reclamado y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 274/2023, promovido por Arturo Pérez Martínez, en su carácter de Regidor de la Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, en relación a la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, emitida en el expediente TJA/5ªSERA/4/2018-JDN, por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Arturo Pérez Martínez, por propio derecho y en su carácter de Regidor de la Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio, Cultura y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, contra el acto consistente en la emisión de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de reconsideración del expediente principal TJA/5ªSERA/4/18-JDN, que reclamó de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, y por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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