Natalio Josué López Sánchez

Expediente 681/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
681/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Natalio Josué López Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por NATALIO JOSUE LÓPEZ SÁNCHEZ, contra el acto reclamado al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, y presidente de la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 681/2021. La demanda debe desecharse de plano por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XXIII, en relación con el numeral 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y 8 Constitucional, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.). Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Lo anterior es así, pues en la especie el acto reclamado se hace consistir esencialmente, en la omisión por parte de la responsable de dictar el acuerdo de admisión de la demanda laboral registrada con el número 508/2021 (2) BIS, que presentó en la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, para demostrar lo anterior, conviene traer a colación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, fijó como punto de la misma, el determinar si existe un lapso específico para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva en el juicio laboral que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Así, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas, como en el caso se alega en el dictado del proveído correspondiente a la promoción elevada por el quejoso ante la junta responsable, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debió legalmente pronunciarse dicho acuerdo, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil; tal precepto dispone: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. [.]" Concluyendo que dicho lapso resulta un referente útil, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. La referida ejecutoria originó la jurisprudencia visible a página 1643, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Conforme lo anterior, y tomando en consideración que la demanda laboral que se registró con el número 508/2021 (2) BIS, se presentó en la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, el veintiuno de mayo del año en curso, luego, al día de la presentación de la demanda de amparo (diecisiete de junio de dos mil veintiuno), han transcurrido veintiún días naturales, mismos que corrieron a partir del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, día posterior al cual fenecieron los tres días siguientes al en que debió haber sido turnada la demanda, en los cuales tuvo que haberse emitido el acuerdo correspondiente. Por tanto, al no haber transcurrido los cuarenta y cinco días que fijó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (entre la presentación de la demanda y la demanda de amparo), para estimar que existe una abierta dilación en el juicio laboral del que emana el acto reclamado, luego entonces, se actualiza la causa de improcedencia invocada y por ende, se desecha de plano la demanda de amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que se trata de un asunto en materia laboral en que el quejoso tiene el carácter de trabajador. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se autoriza la consulta vía internet de la versión electrónica del presente juicio de amparo, toda vez que los usuarios "RafaAbascal" y "MarcosFloresSantamaria", a nombre de Rafael Abascal Rojas y Marcos Daniel Flores Santamaria, respectivamente, se encuentran registrados en el portal de servicio en línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, se ordena agregarlos al expediente electrónico, además, como lo solicita, se ordena la práctica de notificaciones electrónicas, con sus nombres de usuarios. Se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico rar@altaculturaempresarial.mx y número telefónico 951 584 6333, para establecer el contacto respectivo en casos necesarios. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Finalmente, fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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