Natalio Anaya Mesinas

Expediente 125/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
125/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Natalio Anaya Mesinas

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación, toda vez que el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Natalio Anaya Mesinas, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 125/2022. A fin de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo, se toma en consideración lo siguiente: 1) Constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el siete de enero del año en curso, fueron turnadas a este juzgado federal, cuatro demandas de amparo, a las que se les asignaron los números 124/2022, 125/2022, 126/2022 y 128/2022. 2) En dichas demandas de amparo los quejosos son: Dante Nava Orozco, Natalio Anaya Mesinas, Diego Lugo Alarcón y Silvia Clemente Soriano, respectivamente; siendo sus autorizados Susana Raquel Jiménez Ortiz y Juan Ramírez Díaz. 3) También se aprecia que en las cinco demandas de amparo, los hechos narrados, bajo protesta de decir verdad, son idénticos, en cuánto al día en que fueron presentados los escritos de petición que se afirma no han sido contestados "treinta de diciembre de dos mil veintiuno", cuyo acuse de recibo no se anexó en ninguna de las demandas. La siguiente reproducción constituye la narración de los antecedentes del acto reclamado, formulados exactamente en cuanto al contenido y la redacción, en las cuatro demandas de amparo: Lo anterior es de suma importancia, porque a pesar de la identidad en hechos, autoridad y acto reclamado, los quejosos de las cuatro demandas no refieren en modo alguno si los mismos hechos les constan en razón de que acudieron de manera conjunta ante el Secretario de Movilidad del Estado de Oaxaca, o bien, por alguna otra circunstancia que evidencie la misma dilación de cuestiones fácticas en esos escritos constitucionales. Ello se justifica, pues la protesta de decir verdad no es un mero formalismo procesal, sino que forma parte de uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas al juicio, y es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene al quejoso Natalio Anaya Mesinas, para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, cumpla con lo siguiente: a) Abunde sobre los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, debiendo precisar la razón del porqué existen otras tres personas que expresaron idénticos hechos a los suyos; en la inteligencia que los hechos que asevere en desahogo del presente requerimiento, los deberá realizar bajo protesta de decir verdad. Siendo importante destacar que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en cuanto a los actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de delito, señala: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y". b) De igual forma, con fundamento en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, exhiba una copia más de su escrito de demanda de amparo, pues sólo exhibió una, siendo que se necesitan dos, que se distribuyen de la siguiente forma: una para la autoridad responsable y una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se le tienen señalando domicilio para recibir notificaciones, autorizando únicamente para esos efectos a las personas que menciona, sin gozar de las demás facultades que establece el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten que se encuentran legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (de doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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