Natalia Somarriba Echeverría y Otros.
Expediente 1664/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1664/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Natalia Somarriba Echeverría y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito aclaratorio de MARLENE ECHEVERRÍA SOSA, con el que en cumplimiento a la prevención realizada en acuerdo de veintisiete de noviembre del año en curso, exhibe copias certificadas del acta de matrimonio de la ocursante con Oreste Anibal Somarriba Díaz, así como el acta de nacimiento de su menor hijo O.S.E. En consecuencia, ténganse por cumplido dicho requerimiento, quedando sin efectos el apercibimiento relativo; y con apoyo en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce en este juicio la personalidad que ostenta la ocursante, en términos del acta de nacimiento que adjuntó. Ahora bien, visto el escrito aclaratorio y la demanda de amparo promovida por NATALIA SOMARRIBA ECHEVERRÍA y el menor O.S.E., este último por conducto de su madre MARLENE ECHEVERRÍA SOSA, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, que hacen consistir en: La medida cautelar impuesta a su padre Oreste Anibal Somarriba Díaz, consistente en la exhibición de una garantía económica excesiva por la cantidad de $80,000.00, moneda nacional, en autos de la carpeta administrativa 29/2019. Se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, en relación con el numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107 fracción I, constitucional, 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado,. Pues generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." En el caso, NATALIA SOMARRIBA ECHEVERRÍA y el menor O.S.E., este último por conducto de su madre MARLENE ECHEVERRÍA SOSA, expresaron que con el acto reclamado colateralmente se vulneran sus derechos fundamentales y el interés superior de este último, ya que se limitan los recursos económicos de su padre, lo que se traduce en afectación directa porque dependen económicamente de aquél. Cabe destacar, que de la lectura de la demanda se advierte que los quejosos son ajenos a la carpeta administrativa de origen seguida en contra de Oreste Anibal Somarriba Díaz, a quien se le vinculó a proceso por los delitos de lesiones cometido por culpa y responsabilidad médica; por lo que su derecho lo hacen depender únicamente de su condición de hijos del imputado. De lo anterior deriva, que la medida cautelar impuesta al imputado atañe directamente a éste, pues la carpeta administrativa se sigue únicamente en su contra. Por tanto, es claro que en forma alguna el acto reclamado afecta los derechos e intereses de los aquí quejosos como hijos, aun y cuando uno de ellos sea menor de edad, ni puede afirmarse que se altera su bienestar, ya que los padres, en todo caso, continúan obligados a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; lo que hace evidente que carecen de interés para reclamar la referida medida cautelar impuesta a su padre. Además, cabe señalar que por lo que toca al quejoso O.S.E., no es la minoría de edad de la persona el elemento fundamental para decidir cuándo se acredita el interés jurídico, sino lo trascendente es analizar, desde la perspectiva del interés superior de la niñez, si los actos reclamados afectan la titularidad de algún derecho protegido por la ley. Ello es así, ya que quien solicite la protección federal contra actos emitidos por autoridades jurisdiccionales debe acreditar la existencia de un derecho subjetivo, sin que la minoría de edad de uno de los quejosos, como persona que forma parte de un sector de la población que se estima vulnerable, por sí misma, pueda generar el derecho a reclamar actos dentro de un procedimiento que no son parte, ni se encuentra dirigidos a él. Así, en los supuestos en que se promueva el juicio de amparo como en el caso, es necesario acreditar la afectación a su esfera jurídica, por la trasgresión a un derecho del cual es titular (derecho patrimonial, alimentario, entre otros). Lo anterior es así, porque el derecho de los hijos de recibir de sus padres sus necesidades de subsistencia y el interés superior de la niñez, no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartición de justicia, pues ello no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, que en la especie se traduce en el juicio de amparo. Pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Por ende, ante el hecho no probado que el acto afecta de manera real y directa los bienes o derechos de los quejosos, pues como ya quedó indicado, el derecho de éstos a instar la protección constitucional lo hacen depender de su condición de hijos del imputado; el juicio de amparo es improcedente por falta de interés jurídico. Al caso, se cita la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 7, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175753, que señala: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." El criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2390, del Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2018164, que menciona: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Así como la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por NATALIA SOMARRIBA ECHEVERRÍA y el menor O.S.E., este último por conducto de su madre MARLENE ECHEVERRÍA SOSA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente y regístrese. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
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