Natalia Estefania Góngora Buenfil
Expediente 1025/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1025/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Natalia Estefania Góngora Buenfil
- Santiago Chan Góngora
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido, vía telegráfica, por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, compareciendo en representación del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental de dicha dependencia, todos con sede en la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes; relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase como domicilio y delegados de las citadas autoridades responsables, los que respectivamente se señalan en el informe justificado de cuenta. Por otro lado, toda vez que la autoridad oficiante esencialmente manifiesta que además de la vía telegráfica, remitió la comunicación de cuenta por correo certificado, al que adjuntó el documento que relaciona; al efecto, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto sean recibidos en este Juzgado dicha misiva y anexos. Notifíquese.
- Principal
AUTORIZ.Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto: agréguese a este expediente el escrito del quejoso HECTOR APOLINAR HUESCA DAMIAN, y en atención a su contenido, como se solicita, téngase por autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, además de las ya señaladas, a las personas que menciona, con las limitaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, parte final. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
LISTA DOS TERCERAS.Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de diecisiete de marzo del actual año, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa el veintitrés de marzo en curso y feneció el veinticinco siguiente, y en lo relativo a los terceros interesados: agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, transcurrió del veintitrés al veinticinco de marzo último; y por cuanto a Lenny Rosely Cob Ek y Dafne Rosseth May Cob, corrió del ocho al doce del presente mes. Sin que a la fecha, alguna de las partes, desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el diez de enero de dos mil veintidós, se concedió al quejoso Marcos Leonel May Kantún, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la audiencia inicial verificada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación 171/2021 y, en su lugar, repusiera el procedimiento en la que observara los siguientes lineamientos: Seguida la audiencia por sus fases legales, después de la solicitud de vinculación a proceso en que el Fiscal exponga los datos de prueba en que sustentara la petición, el juez debería instar al inculpado para que, previa consulta con su abogado, decidiera el momento en el que desea se resolviera su situación jurídica y procediera conforme a derecho. 2. En su momento, con libertad de jurisdicción y apegado a derecho, resolviera la situación jurídica del quejoso. Dicha determinación causó ejecutoria el dos de febrero del presente año, por lo que se requirió su cumplimiento a la Juez responsable. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio 888/2022, de diez de febrero citado, la Juez responsable, informó que la sentencia se encontraba en vías de cumplimiento, con motivo del diferimiento de la audiencia inicial. Lo que de nueva cuenta manifestó en sus misivas 919/2022 y 1029/2022, recepcionadas los días catorce y veintidós de febrero del año que transcurre, respectivamente. Asimismo, el ocho de marzo recién transcurrido, comunicó que en audiencia verificada en esa misma fecha, dejó insubsistente y sin efecto legal alguno, la audiencia inicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se había vinculado a proceso al quejoso Marcos Leonel May Kantún, y en consecuencia procedió a la reposición del procedimiento, celebrándose nuevamente en su totalidad la referida audiencia inicial, en la que una vez que la representación social formuló imputación al quejoso, y solicitó nuevamente que se le vinculara a proceso, el imputado previa consulta con su abogado, solicitó se resolviera su situación jurídica dentro de la ampliación del plazo constitucional. Lo cual se llevó a cabo el catorce de marzo siguiente, vinculándosele a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Tal como se advierte de la reproducción llevada a cabo de las referidas audiencias de ocho y catorce de marzo de dos mil veintidós. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción I, se advierte que la autoridad responsable se encontraba constreñida no solamente a dejar insubsistente la audiencia inicial en la carpeta de origen y reponer el procedimiento, sino que además, en acatamiento a la sentencia firme, observó la formalidad de previa consulta que le asiste el inculpado y aquí quejoso del momento en que se resolvería su situación jurídica, lo cual aconteció dentro de la ampliación del plazo constitucional el catorce de marzo siguiente, acreditándolo fehacientemente con las documentales respectivas. De ahí que se considere destruido el acto que se le atribuyó y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Por tanto, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el citado ordinal 18, inciso a), del Acuerdo general relativo. Por lo cual, de conformidad con el aludido artículo 21, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso como el incidental coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio 234/2022-P.2. remitido vía interconexión IOJ (Interconexión Órganos Jurisdiccionales) dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y el testimonio que remite de la resolución pronunciada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca 261/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Sergio Alejandro Cab Gómez, , por conducto de su autorizada en términos amplios del artículo 123 de la Ley de Amparo, Ligia Linda Martín Várguez, contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Ejecutoria de la que se advierte que, en su resolutivo primero confirmó la sentencia recurrida y en el segundo precisó que se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sergio Alejandro Cab Gómez, contra los actos reclamados DE LA Agencia de Administración Fiscal en Yucatán. Acúsese recibo. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
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