Natalia Santos Santiago
Expediente 372/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.
- Natalia Santos Santiago
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de uno de abril de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que se desechó la demanda de amparo promovida por Natalia Santos Santiago, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Natalia Santos Santiago, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 372/2016 y fórmese expediente. Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la misma por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a la Juzgadora a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese orden de ideas, la suscrita estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia antes señalada, pues, al momento de acudir a la instancia constitucional, la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, lo siguiente: ".la inejecución del laudo firme de fecha 22 de febrero del año 2013, en el expediente laboral 361/2008, emitido a mi favor, hasta su eficaz e inmediato cumplimiento, contra el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, por la cantidad de $773,208.49 (setecientos setenta y tres mil doscientos ocho pesos 49/100 moneda nacional), cuya cantidad aprobó en su último auto de fecha 18 de Enero del presente año 2016; donde le concede al Ayuntamiento condenado un término de tres días para que cumpla con el apercibimiento de una NUEVA MULTA. Pero dicho Presidente hasta la fecha no lo ha requerido por oficio." No obstante, dicha omisión se considera genérica, porque la parte quejosa afirma que la responsable ha omitido realizar las gestiones legales para materializar el pago de lo obtenido en el laudo de origen, sin que la parte peticionaria de amparo haya demostrado ante este órgano jurisdiccional que ha instado ante la responsable en ese sentido; por lo cual, al señalarse como una omisión de manera genérica, resulta jurídicamente inexistente y de realización futura e incierta, puesto que sería incorrecto constreñir al Presidente del tribunal laboral, para que de manera genérica, de oficio, ordene proveer lo conducente y dentro de los trámites y términos, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso corresponde exclusivamente al ejecutante. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con fecha de publicación: viernes 25 de septiembre de 2015 10:30 h, Materia Común, registro: 2010025, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Consecuentemente, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad que reviste el acto de omisión antes destacado y controvertido al presidente responsable. Por otra parte, en relación a la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la demanda de amparo resulta improcedente de conformidad con los artículos 103 fracción I de la Constitución Federal, en relación con los normativos 1, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo en cuestión, se pone de manifiesto su notoria improcedencia, toda vez el acto reclamado al citado Secretario, consistente en: ".la vinculación por no dar cumplimiento a las medidas de apremio que le ha enviado el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en términos del numeral 96 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, para hacer cumplir el laudo firme de fecha 22 de febrero del año 2013, dictado en el expediente laboral 361/2008, al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, ya que hasta la fecha no ha aplicado ninguna de las medidas de apremio." Precisado lo anterior, quien esto juzga de oficio advierte que la presente demanda de amparo resulta improcedente respecto de los actos reclamados del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 103 fracción I de la Constitución Federal, en relación con los normativos 1°, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Ley." Asimismo, se destaca que la jurisprudencia que emita el Máximo Tribunal del País funcionando en pleno o en salas, es obligatoria, en el caso, para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, de conformidad con el ordinal 217 de la propia ley dispone que: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Ante tal evento se estima necesario formular algunas reflexiones en torno al contenido del término de "autoridad", para los efectos del juicio de amparo. El artículo 103 Constitucional en su fracción I, establece: Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Así tenemos que ni el precepto 103, fracción I, ni el artículo 107 de la propia Carta Magna, en que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, definen el término "autoridad". Ciertamente, dicho término se define en el artículo 5o, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que establece: "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De esta manera, la definición de que se trata ha quedado a cargo de los Tribunales Federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República y que al respecto existe publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación criterio en el sentido de que el concepto de autoridad sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Cobra mayor fuerza lo asentado por los ordinales transcritos, de donde se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad"; en el caso es menester precisar qué significa el concepto de "autoridad responsable" y "acto de autoridad". Ahora, respecto de autoridad responsable a que se refiere el referido numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la Tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Sentado lo anterior, cabe decir que el término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen; y bajo ese concepto, debe entenderse que el amparo procede, no solamente contra autoridades legítimamente constituidas, sino también contra meras autoridades de facto, por más que se les suponga usurpadoras de atribuciones que legalmente no les correspondan. De esta manera, se ha venido sosteniendo que la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario, o bien, entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de derecho o de hecho dispongan de la fuerza pública y estén en posibilidad, por ello, de ejercer actos públicos, esto es, en ejercicio del poder de imperio; pues este criterio actualmente ha cambiado y debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organización y las funciones del estado han resentido cambios sustanciales que permiten conceptuar a la autoridad con independencia de que pueda o no hacer uso directo de la fuerza pública, sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar la naturaleza del acto reclamado. De esa guisa, debe decirse que una autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público con normas jurídicas, tienen la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella, todo lo que válidamente permite estimar que los elementos necesarios para la confrontación de un acto de autoridad, son los siguientes: a).- Que su emitente tenga características de órgano público; b).- Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y c).- Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. En relación con estos elementos distintivos de actos de autoridad, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, que como se dijo en párrafos anteriores, es necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no constituye un acto de autoridad. De lo anteriormente asentado, se advierte que los actos que se le reclaman al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no tienen, como ya se ha dilucidado, la naturaleza de actos de autoridad; toda vez que no puede considerarse como responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que su emisión o no de actos, en el sentido de no atender requerimientos del tribunal laboral del estado a fin de cumplir con una condena derivada del laudo de origen, no obliga o vincula de manera directa a la autoridad administrativa contra la cual se dirige la aquí quejosa. Por consiguiente, al no haber sido parte en el juicio laboral la autoridad señalada como responsable (patrón), ni tampoco es la autoridad que está proveyendo la ejecución del laudo, ni tampoco tiene una relación de supra o subordinación con el trabajador quejoso con motivo de su actuación, sino por el contrario su participación es como auxiliar del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de ahí que no pueda revestirle el carácter de autoridad responsable en el presente juicio de amparo; esto es así, dado que el acto que le reclama la parte quejosa, por sí mismo, no puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular aquí quejoso en su esfera de derechos. Más aún, sí su actuación no entraña dictar, ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar un acto, ni tampoco omitir hacerlo, de forma tal que con su participación en el procedimiento, puede decirse que de manera alguna crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Se cita por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 38/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 518, Tomo II Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte- SCJN, Cuarta Sección- Partes del juicio de Amparo del Apéndice 1917, Septiembre de 2011, Novena Época, cuyo rubro y texto son al tener siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral." En las narradas circunstancias, el acto reclamado del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no es acto de autoridad, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo antes expuesto, la tesis 2a. CCIV/2001, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, del texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En mérito de lo hasta aquí expuesto, resulta inconcuso que en la especie se actualizan la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y lo que procede es desechar la demanda planteada, con apoyo en el diverso precepto 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, aunado a que se aprecia que el peticionario no es parte patronal.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Natalia Santos Santiago, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 372/2016 y fórmese expediente. Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la misma por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a la Juzgadora a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese orden de ideas, la suscrita estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia antes señalada, pues, al momento de acudir a la instancia constitucional, la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, lo siguiente: ".la inejecución del laudo firme de fecha 22 de febrero del año 2013, en el expediente laboral 361/2008, emitido a mi favor, hasta su eficaz e inmediato cumplimiento, contra el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, por la cantidad de $773,208.49 (setecientos setenta y tres mil doscientos ocho pesos 49/100 moneda nacional), cuya cantidad aprobó en su último auto de fecha 18 de Enero del presente año 2016; donde le concede al Ayuntamiento condenado un término de tres días para que cumpla con el apercibimiento de una NUEVA MULTA. Pero dicho Presidente hasta la fecha no lo ha requerido por oficio." No obstante, dicha omisión se considera genérica, porque la parte quejosa afirma que la responsable ha omitido realizar las gestiones legales para materializar el pago de lo obtenido en el laudo de origen, sin que la parte peticionaria de amparo haya demostrado ante este órgano jurisdiccional que ha instado ante la responsable en ese sentido; por lo cual, al señalarse como una omisión de manera genérica, resulta jurídicamente inexistente y de realización futura e incierta, puesto que sería incorrecto constreñir al Presidente del tribunal laboral, para que de manera genérica, de oficio, ordene proveer lo conducente y dentro de los trámites y términos, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso corresponde exclusivamente al ejecutante. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con fecha de publicación: viernes 25 de septiembre de 2015 10:30 h, Materia Común, registro: 2010025, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Consecuentemente, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad que reviste el acto de omisión antes destacado y controvertido al presidente responsable. Por otra parte, en relación a la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la demanda de amparo resulta improcedente de conformidad con los artículos 103 fracción I de la Constitución Federal, en relación con los normativos 1, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo en cuestión, se pone de manifiesto su notoria improcedencia, toda vez el acto reclamado al citado Secretario, consistente en: ".la vinculación por no dar cumplimiento a las medidas de apremio que le ha enviado el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en términos del numeral 96 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, para hacer cumplir el laudo firme de fecha 22 de febrero del año 2013, dictado en el expediente laboral 361/2008, al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, ya que hasta la fecha no ha aplicado ninguna de las medidas de apremio." Precisado lo anterior, quien esto juzga de oficio advierte que la presente demanda de amparo resulta improcedente respecto de los actos reclamados del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 103 fracción I de la Constitución Federal, en relación con los normativos 1°, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Ley." Asimismo, se destaca que la jurisprudencia que emita el Máximo Tribunal del País funcionando en pleno o en salas, es obligatoria, en el caso, para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, de conformidad con el ordinal 217 de la propia ley dispone que: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Ante tal evento se estima necesario formular algunas reflexiones en torno al contenido del término de "autoridad", para los efectos del juicio de amparo. El artículo 103 Constitucional en su fracción I, establece: Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Así tenemos que ni el precepto 103, fracción I, ni el artículo 107 de la propia Carta Magna, en que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, definen el término "autoridad". Ciertamente, dicho término se define en el artículo 5o, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que establece: "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De esta manera, la definición de que se trata ha quedado a cargo de los Tribunales Federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República y que al respecto existe publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación criterio en el sentido de que el concepto de autoridad sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Cobra mayor fuerza lo asentado por los ordinales transcritos, de donde se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad"; en el caso es menester precisar qué significa el concepto de "autoridad responsable" y "acto de autoridad". Ahora, respecto de autoridad responsable a que se refiere el referido numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la Tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Sentado lo anterior, cabe decir que el término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen; y bajo ese concepto, debe entenderse que el amparo procede, no solamente contra autoridades legítimamente constituidas, sino también contra meras autoridades de facto, por más que se les suponga usurpadoras de atribuciones que legalmente no les correspondan. De esta manera, se ha venido sosteniendo que la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario, o bien, entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de derecho o de hecho dispongan de la fuerza pública y estén en posibilidad, por ello, de ejercer actos públicos, esto es, en ejercicio del poder de imperio; pues este criterio actualmente ha cambiado y debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organización y las funciones del estado han resentido cambios sustanciales que permiten conceptuar a la autoridad con independencia de que pueda o no hacer uso directo de la fuerza pública, sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar la naturaleza del acto reclamado. De esa guisa, debe decirse que una autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público con normas jurídicas, tienen la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella, todo lo que válidamente permite estimar que los elementos necesarios para la confrontación de un acto de autoridad, son los siguientes: a).- Que su emitente tenga características de órgano público; b).- Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y c).- Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. En relación con estos elementos distintivos de actos de autoridad, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, que como se dijo en párrafos anteriores, es necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no constituye un acto de autoridad. De lo anteriormente asentado, se advierte que los actos que se le reclaman al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no tienen, como ya se ha dilucidado, la naturaleza de actos de autoridad; toda vez que no puede considerarse como responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que su emisión o no de actos, en el sentido de no atender requerimientos del tribunal laboral del estado a fin de cumplir con una condena derivada del laudo de origen, no obliga o vincula de manera directa a la autoridad administrativa contra la cual se dirige la aquí quejosa. Por consiguiente, al no haber sido parte en el juicio laboral la autoridad señalada como responsable (patrón), ni tampoco es la autoridad que está proveyendo la ejecución del laudo, ni tampoco tiene una relación de supra o subordinación con el trabajador quejoso con motivo de su actuación, sino por el contrario su participación es como auxiliar del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de ahí que no pueda revestirle el carácter de autoridad responsable en el presente juicio de amparo; esto es así, dado que el acto que le reclama la parte quejosa, por sí mismo, no puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular aquí quejoso en su esfera de derechos. Más aún, sí su actuación no entraña dictar, ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar un acto, ni tampoco omitir hacerlo, de forma tal que con su participación en el procedimiento, puede decirse que de manera alguna crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Se cita por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 38/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 518, Tomo II Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte- SCJN, Cuarta Sección- Partes del juicio de Amparo del Apéndice 1917, Septiembre de 2011, Novena Época, cuyo rubro y texto son al tener siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral." En las narradas circunstancias, el acto reclamado del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no es acto de autoridad, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, 5, fracción II, primer párrafo de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo antes expuesto, la tesis 2a. CCIV/2001, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, del texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En mérito de lo hasta aquí expuesto, resulta inconcuso que en la especie se actualizan la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y lo que procede es desechar la demanda planteada, con apoyo en el diverso precepto 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, aunado a que se aprecia que el peticionario no es parte patronal.
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