Natalia Santos Santiago

Expediente 877/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
877/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Natalia Santos Santiago
  • Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero (Víctor Romero Valencia) y Otros.
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En principio, visto el estado que guardan los presentes autos, de los se advierte que por acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 107-109), se determinó declarar cumplida la sentencia de amparo y se ordenó el archivo definitivo del juicio al rubro indicado; sin embargo, no se estableció el destino final del incidente de suspensión (original y duplicado). Por tanto, conforme al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión será DEPURADO, porque se concedió la medida cautelar, por lo que deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis, dejando sin efectos la medida cautelar decretada. En términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo el duplicado del incidente de suspensión será DESTRUIDO; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. En otro orden, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del envío de los autos originales del tomo I y de la copias certificadas del tomo II, ambos del juicio laboral 361/2008; lo que hace del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de quince de octubre de dos mil diecinueve (fojas 95-96), remitiendo para tal efecto copia certificada del auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio laboral ********************; lo anterior, en cumplimiento a la sentencia de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio que se provee con sus anexos, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada el presente proveído y córrase traslado con las constancias con que se acredita el cumplimiento al fallo protector.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 78-89); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y su Presidente, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Deje insubsistente la multa impuesta mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral ********************, a ********************, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, Guerrero. Con base en lo expuesto en esta sentencia, de insistir en la medida de apremio, debe valorar lo informado y anexo que se acompañó al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil diecinueve, por el Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, Guerrero, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad capital, mediante el cual informó las justificaciones y los trámites para dar cumplimiento al requerimiento formulado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, para cumplir con el laudo. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a María Natividad Bautista Linares, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), a cada uno, tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo."

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 59); misma que no es posible desahogar, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias que complementan el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. En consecuencia a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis: V.2o.P.A.4 K (10a.), con número de registro 2005903, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 4, marzo de 2014, Tomo II, página 1620, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten".

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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