Natalia Ruíz Osorio y Otros.

Expediente 411/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
411/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Natalia Ruíz Osorio y Otros.
  • G. G. R.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que en esta fecha se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo 175/2021, cuatro tomos de prueba, y testimonio de la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, pronunciada en el amparo en revisión ***, de su índice, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 175/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, promovido por ***, por derecho propio, y en representación de ***, en términos del considerando cuarto de la sentencia impugnada" En ese sentido, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado Acuerdo General, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. 5. Devolución de documento. Toda vez que en autos consta documento exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. 6. Devolución de expediente. En atención a que en el presente sumario obran copias certificadas de los expedientes *** (un tomo) y *** (tres tomos), remitidas por las autoridades responsables 1. Juez Tercero del Ramo Civil, y 2. Juez Primero Especializado en Juicio Oral Mercantil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente, a los oficios que al efecto se libren, devuélvanseles dichas constancias, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, toda vez que en las constancias de notificación se deberá hacer constar su entrega. Notifíquese.

  3. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓ I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales *** (cuyo nombre se suprime para proteger la identidad de la menor), contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sin que pase desapercibido para este juzgado que la promovente no acredita la personalidad con la que se ostenta en virtud de no anexó documento alguno de donde se desprenda la representación de la menor, sin embargo resulta ocioso prevenir a la parte quejosa para acreditar el presupuesto procesal de personalidad, en virtud de que se actualiza una causa de improcedencia, manifiesta e indudable, que conduce a desechar de plano la demanda, conforme al artículo 113 de la ley de Amparo, por las consideraciones que se exponen a continuación. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 411/2022-1-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto del acto reclamado por la parte quejosa, que consiste en el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, del índice del juzgado responsable en el que se ordenó el desahogo de la pericial en materia de psicología a cargo de la experto ***, y se dio vista a la quejosa para que nombrara perito para el verificativo de dicha pericial, así como el auto de veintidós de marzo del año en curso, emitido en dicho expediente, en el que se ordenó la notificación a las partes de las horas y fechas para llevar a cabo las periciales a cargo de la experto de mérito. Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VI. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo"". En la especie, del análisis de la demanda de amparo, así como de las documentales que anexa la inconforme, se colige que el acto reclamado lo hace consistir, esencialmente, en el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, relativo al juicio de controversias del orden familiar (violencia familiar), en el que se ordenó el desahogo de la pericial en materia de psicología a cargo de la experto ***, y se dio vista a la quejosa para que nombrara perito para el verificativo de dicha pericial, así como el auto de veintidós de marzo del año en curso, emitido en dicho expediente, en el que se ordenó la notificación a las partes de las horas y fechas para llevar a cabo las periciales a cargo de la experta de mérito. En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 991 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, contenido en el título decimonoveno, capítulo único "De las Controversias del Orden Familiar, de la Violencia Familiar y de la Reparación del Daño", de dicha legislación, normatividad que rige el procedimiento de donde emanan los autos combatidos; precepto que establece: "ART. 991. La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por el artículo 666. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia sala solicitara la intervención de un defensor de oficio, quien gozara de un plazo de tres días más para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre del (sic) la parte que asesore." Conforme al transcrito numeral, el recurso de apelación en las controversias del orden familiar se rige por las disposiciones generales del código adjetivo de la materia en lo tocante a los recursos, salvo el caso de que la recurrente carezca de abogado, en cuyo supuesto se le debe designar un defensor de oficio. Esto es, la citada disposición remite al título del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas que regula los recursos para conocer la procedencia y trámite de la apelación en aquellos casos en que se combate por ese medio de impugnación alguna determinación dictada en los juicios que se siguen por la indicada vía. Del título en comento, destacan los 659, 663, 664,666, 667 y 669 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, del tenor siguiente: "ART. 659.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta." (.) ART. 663.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. ART. 664.- pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. (.) ART. 666.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronuncio la resolución en la forma y términos previstos en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. (.) ART. 667.- El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresara los agravios que considere le cause la resolución recurrida. La apelación interpuesta contra autos o interlocutorias deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva, en un plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación. (.) ART. 669.- El recurso de apelación procede en un solo efecto o en ambos. Tratándose de apelaciones contra cualquier clase de resoluciones, excepto la relativa a la sentencia definitiva, se tramitaran en un solo cuaderno de constancias, en donde se agregaran los testimonios relativos, y al que se anexaran copias de todas las resoluciones a dichas apelaciones, inclusive la de la sentencia definitiva del juicio de que se trate. En el caso de que se trate de sentencia definitiva, se dejara en el juzgado para ejecutarla, copia certificada de ella y de las demás constancias que el juez estime necesarias, remitiéndose desde luego los autos originales al tribunal superior. La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia, hasta que cause ejecutoria. Cuando se interponga contra auto o interlocutoria que por su contenido impida la continuación del procedimiento y la apelación se admita en ambos efectos, se suspenderá la tramitación del juicio. de no ser así, solo se suspenderá en el punto que sea objeto del auto o la interlocutoria apelada y se continuara el procedimiento en todo lo demás. ART. 671. De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. En este caso, el juez deberá resolver si admite la apelación en ambos efectos, debiendo fijar el monto de la garantía que exhibirá el apelante, en un término de seis días a fin de que surta efectos la suspensión. Dicha garantía atenderá a la cuantía del asunto y no podrá ser inferior al equivalente de sesenta días del salario mínimo general vigente en el estado. De no exhibirse la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo. En caso de que la garantía señalada sea excesiva o que se niegue la admisión del recurso en ambos efectos, se puede ocurrir en queja, mismas que deberá presentarse ante el mismo juez, en un término que tres días, debiendo acompañar garantía por el equivalente de sesenta días de salario mínimo general vigente en el estado, para efectos de suspender la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá al superior la queja planteada junto con su informe justificado, dentro del término de tres días, para que sea resuelta por el superior jerárquico en un término de cinco días. Declarada fundada la queja, el superior ordenara que la apelación se admita en ambos efectos y señalara la garantía que exhibirá el recurrente ante el inferior dentro del término de seis días. Si se declara infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida. Las resoluciones que resuelvan las quejas no admiten más recurso que el de responsabilidad. También la parte contraria podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al apelante. Las quejas interpuestas, se deben remitir por el juez junto con su informe justificado al superior en el término de tres días, y este resolverá en el plazo máximo de cinco días. Si el tribunal confirmase la resolución apelada, condenara al recurrente al pago de las indemnizaciones, fijando el importe de los daños y perjuicios que se hayan causado, además el pago de costas." Del contenido de dichos artículos se desprende que el código procesal civil de esta entidad federativa, contempla como medio de impugnación en contra de las sentencias el recurso de apelación pues éstas no pueden ser revocadas por el juez que las dicta y tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la decisión adoptada por el juzgador, mismo que, por imperativo de ley, debe substanciarse ante el Tribunal de Alzada. Ahora, conforme a lo establecido en el diverso artículo 991, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles, contra la sentencia que en su caso se llegue a pronunciar en las controversias del orden familiar procede en su contra el recurso de apelación, pues en ese numeral se establece que dicho recurso debe interponerse en la forma y términos previstos por el artículo 666 del citado código. En consecuencia, se estima que los autos que se emitan dentro del proceso de origen son apelables, ya que conforme al segundo párrafo del artículo 666 de la legislación adjetiva citada, los autos son apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva, como acontece en el caso a estudio. Por lo que se determina que la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto el recurso ordinario por virtud del cual el acto reclamado pudo haber sido modificado, revocado o nulificado, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Es así, pues las controversias de orden familiar, como en el caso, deben tramitarse conforme a lo previsto por las disposiciones legales contenidas en el Capítulo Único denominado "De las Controversias del Orden Familiar, de la Violencia Familiar y de la Reparación del daño", del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; porque de la interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales contenidos en ese capítulo, se arriba al conocimiento que las acciones relativas a la familia deben tramitarse en la forma y términos expresamente señalados. Se cita en apoyo, en lo conducente, la tesis XX.32 C del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro "CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA LA REDUCCION DE PENSION ALIMENTICIA. DEBEN TRAMITARSE CONFORME A LO PREVISTO POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO UNICO DEL TITULO DECIMO NOVENO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS)". Así, en la categoría de autos cuya ejecución puede causar daño irreparable o de difícil reparación encuadra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, relativo al juicio de controversias del orden familiar (violencia familiar), en el que se ordenó el desahogo de la pericial en materia de psicología a cargo de la experto ***, y se dio vista a la quejosa para que nombrara perito para el verificativo de dicha pericial, así como el auto de veintidós de marzo del año en curso, emitido en dicho expediente, en el que se ordenó la notificación a las partes de las horas y fechas para llevar a cabo las periciales a cargo de la experta de mérito. Luego, si la determinación impugnada tiene la aludida naturaleza es impugnable a través del recurso de apelación establecido en la legislación adjetiva civil de la entidad, mismo que debió ser agotado por la parte quejosa en forma previa al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que en la controversia de origen se encuentren involucrados intereses de una menor de edad, pues si bien las actuaciones impugnadas se estiman lesivas de sus derechos sustantivos, y como tal, de imposible reparación dentro de juicio, es menester reiterar lo expuesto en párrafos que anteceden en el sentido de que la irreparabilidad de los actos reclamados no constituyen una excepción al principio de definitividad, máxime que éste último se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Asimismo, no pasa desapercibido para quien esto resuelve, que en los citados asuntos de menores constituya una excepción al principio de definitividad el que el medio ordinario de defensa no contemple en su tramitación la suspensión del acto reclamado, siempre que se alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, ya que en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. El aludido criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". No obstante lo anterior, en el asunto que nos ocupa, el recurso de apelación sí prevé en su trámite la posibilidad de suspender la ejecución de las determinaciones recurridas, al contemplar el Código de Procedimientos Civiles de la Entidad que aquél medio de impugnación debe ser admitido en ambos efectos (devolutivo y suspensivo) o en uno solo, según se trate de la determinación combatida. La apelación admitida en ambos efectos, en términos del artículo 669, suspende desde luego la ejecución de la sentencia, hasta que cause ejecutoria, y, en el caso de auto o interlocutoria que por su contenido impida la continuación del procedimiento, suspende la tramitación del juicio; de no ser así, solo lo suspende en el punto que sea objeto del auto o la interlocutoria apelada, debiendo continuarse en todo lo demás. Ahora, de conformidad con los artículos 670 y 671, son admisibles en un solo efecto las apelaciones en los casos en que no se halle prevenido que se admitan libremente o en ambos efectos; sin embargo, en tratándose autos e interlocutorias cuya ejecución pueda causar daño irreparable o de difícil reparación, como lo es el proveído el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, relativo al juicio de controversias del orden familiar (violencia familiar), en el que se ordenó el desahogo de la pericial en materia de psicología a cargo de la experto ***, y se dio vista a la quejosa para que nombrara perito para el verificativo de dicha pericial, así como el auto de veintidós de marzo del año en curso, emitido en dicho expediente, en el que se ordenó la notificación a las partes de las horas y fechas para llevar a cabo las periciales a cargo de la experta de mérito, la apelación se admitirá en ambos efectos si la recurrente lo solicita al interponer el recurso, señalando los motivos por los que considera que aquella determinación le irroga un daño irreparable o de difícil reparación. De ahí que se estime que la apelación prevista por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas constituye recurso idóneo para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en las resoluciones cuya ejecución implica un riesgo para los menores involucrados en la contienda, habida cuenta que su interposición contempla la posibilidad de suspender la ejecución en tanto se resuelve el recurso, condicionada a la exposición de las razones en que se sustenta la necesidad de paralizar su cumplimentación, las que en el caso específico de la providencia cautelar de exclusión de domicilio se hallan implícitas en la naturaleza de aquella medida. Por tanto, en observancia al principio de definitividad, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso de apelación en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir los actos que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación... Notifíquese.

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