Nardi Tovilla Vázquez y Otros.
Expediente 593/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2018
Partes del expediente
- Nardi Tovilla Vázquez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, con sede en Villaflores, Chiapas. 2. Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México. 3. Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en Villa Corzo, Chiapas. 4. Coordinador General de la Policía Ministerial, con residencia en esta ciudad. 5. Director de la Policía Estatal Preventiva, residente en esta localidad. 6. Regional de la Policía Ministerial Zona Fraylesca, con sede en Villaflores, Chiapas. 7. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, residente en Villa Corzo, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 593/2018-4-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Ahora, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, reaprehensión, localización y presentación, reclamados por el quejoso Nardi Tovilla Vázquez, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, es menester retomar que, en el presente asunto el quejoso señaló como actos impugnados la orden de aprehensión, reaprehensión, localización y presentación, emitidos en su contra. Como se aprecia, los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición del quejoso respecto de los actos que reclama, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Sobre la temática, por ser coincidente con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo vigente, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 30/2007 , definida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." Al respecto, del ocurso de demanda, se advierte que el peticionario, en el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, expuso lo siguiente: "Tuve conocimiento con fecha 06 de Abril del año 2018 por parte de mis vecinos y familiares, que han llegado a buscarme a mi domicilio conocido en la Fraccionamiento Buena Suerte Municipio de Villaflores, Chiapas, individuos que dicen ser Agentes de la Policía, quienes manifiestan que desean detenerme o aprehenderme, sin expresar los motivos que tenga para ello, ya que el suscrito en ningún momento he cometido delito alguno o falta alguna para que se me prive de mi Libertad Persona; resultando la Orden de Aprehensión y/o de Localización y Presentación, en su caso, librada en mi contra, totalmente arbitraria, que, como lo he manifestado en ningún momento he cometido delito alguno para que se me prive en forma ilegal de mi libertad, lo cual implicado que el suscrito no pueden laborar normalmente para cumplir con mis obligaciones alimentarias que tengo, pues me he ausentado de mi trabajo por el temor de que se me prive de mi Libertad al entrar o salir de mi domicilio Laboral. (.)" De lo anterior, resulta evidente que el promovente se ostenta sabedor de los actos que reputa violatorios de derechos fundamentales desde el seis de abril de dos mil dieciocho, pues refirió dichos antecedentes "bajo protesta de decir verdad", y de los cuales se desprende que en esa fecha se hizo sabedor de los actos señalados de inconstitucionales; de ahí que se sostenga que la demanda de amparo de que se trata se presentó de forma extemporánea. En efecto, la manifestación del peticionario constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio. Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL." Por tanto, lo anterior, es suficiente para acreditar que el solicitante de amparo se ostentó sabedor de los actos que en esta instancia se reclaman desde el seis de abril del año en curso. Por consiguiente, si presentó la demanda de amparo hasta el diez de mayo de dos mil dieciocho, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, es incuestionable que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para solicitar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente hábil (nueve de abril de dos mil dieciocho), al en que se ostentó sabedor de los actos reclamados (seis de abril de dos mil dieciocho), hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (diez de mayo de dos mil dieciocho), transcurrió el aludido término de quince días. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 5/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro "DIAS INHABILES. PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN EXCLUIRSE TANTO LOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMPARO AUNQUE HAYAN SIDO LABORABLES PARA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, COMO LOS CONTEMPLADOS COMO HABILES POR LA PROPIA LEGISLACION CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SUSPENDIERON SUS LABORES". Lo anterior, puede advertirse de la siguiente tabla dinámica: ABRIL 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 FECHA EN QUE EL QUEJOSO SE OSTENTÓ SABEDOR DE LOS ACTOS RECLAMADOS 7 8 9 DÍA UNO 10 DÍA DOS 11 DÍA TRES 12 DÍA CUATRO 13 DÍA CINCO 14 15 16 DÍA SEIS 17 DÍA SIETE 18 DÍA OCHO 19 DÍA NUEVE 20 DÍA DIEZ 21 22 23 DÍA ONCE 24 DÍA DOCE 25 DÍA TRECE 26 DÍA CATORCE 27 DÍA QUINCE 28 29 30 MAYO 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRESENTACIÓN DE DEMANDA EN OCC 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 En virtud de lo señalado, se colige que la parte quejosa consintió de manera tácita los actos que reclama, pues contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que se ostentó sabedor de aquellos; sin embargo, al no hacerlo la demanda de amparo resulta extemporánea. Razonamiento que se apoya en la jurisprudencia P./J. 115/2010 , del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracciones XIV, en relación con los ordinales 5, fracción I, 6 y 17 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. ...
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