Natalia Regina Palomo Córdova
Expediente 498/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Natalia Regina Palomo Córdova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
:. Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general.
- Principal
:. En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 498/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y da cuenta al Juez con la promoción 13325; en consecuencia, el Juez acuerda: agréguese a los autos el pedimento firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones ahí vertidas; con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo en la etapa correspondiente de esta audiencia. En cuanto a la solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que se pronuncie en este juicio, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse copias certificadas de la misma. Finalmente, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo (denominación correcta), ofrecieron pruebas documentales; por su parte, la quejosa ofreció además la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; a lo que el Juez provee: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las referidas pruebas, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza, y téngase por concluida esta fase de la audiencia. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, realizó manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes; a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos fórmula la fiscal federal adscrita; por lo que se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O para resolver el juicio de amparo 498/2022-III, promovido por Natalia Regina Palomo Córdova, por derecho propio, contra un acto de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el diecisiete de mayo siguiente a este juzgado de distrito, Natalia Regina Palomo Córdova, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, por considerarlo violatorio de los artículos 1º, 6º, 8º y 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: IV.- ACTOS RECLAMADOS: La omisión de entregar la información completa a la solicitud de información de la suscrita, la cual se presentó por escrito en la Unidad de transparencia y acceso a la Información pública, y protección de datos personales del Municipio de Solidaridad, toda vez que ha sido omisa en hacer la entrega correspondiente a lo específicamente solicitado, violentando en mi perjuicio mis derechos fundamentales plasmados en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de demanda y admisión. Recibida que fue la demanda de amparo el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 498/2022-III; se admitió la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un asunto en el que se reclaman actos de autoridad jurisdiccional en materia penal que pueden tener ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hace consistir en: El oficio MSOL/PM/UV/0876/2022, suscrito por la Titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mediante el cual, en respuesta a la solicitud de información presentada por Natalia Regina Palomo Córdova, remite el diverso oficio MSOL/DOM/0777/2022 suscrito por el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo; solicitud registrada con el número de folio 231288100023022. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado no se pronunció expresamente sobre la existencia o no del acto que se le atribuye; empero, realiza manifestaciones que evidencian su certeza. En todo caso, la existencia del acto reclamado se corrobora con la documental que adjuntó la autoridad responsable a su informe con justificación, consistente en la fotocopia certificada del expediente de solicitud de acceso a la información registrado con el folio 231288100023022, que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y del que se advierte que por oficio MSOL/PM/UV/0876/2022, suscrito por la Titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se dio respuesta a la solicitud de información presentada por la aquí quejosa Natalia Regina Palomo Córdova. QUINTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, respecto del acto precisado en considerando tercero de esta sentencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días, en virtud de la naturaleza del acto reclamado. En ese orden de ideas, se precisa que la ley de la materia prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Resulta aplicable, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En ese contexto, de la copia certificada de las constancias integrantes del expediente de solicitud de información con folio 231288100023022, a la que se le concedió valor probatorio pleno en el considerando que precede, se advierten, en lo que interesa las siguientes constancias: ? Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, ante la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Natalia Regina Palomo Córdova, solicitó la entrega de la información que detalló en el mismo (foja 59). ? A dicha petición se le asignó el folio 231288100023022, la cual se comunicó a la promovente el mismo día de su presentación -tal como se obtiene de la propia manifestación de la parte quejosa realizada bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda y que de conformidad con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prueba plenamente en su contra- (foja 8 y 60). ? El seis de abril de dos mil veintidós, se registró la petición en el Sistema Nacional de Transparencia y se remitió al sujeto obligado Oficial Mayor del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, la petición presentada, lo que se le comunicó por oficio MSOL/PM/UV/0784/2022 entregado el mismo día (foja 61). ? Por oficio MSOL/DOM/0777/2022 de doce de abril de dos mil veintidós, el sujeto obligado Oficial Mayor del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, proporcionó a la autoridad responsable la información relacionada con la solicitud presentada por la aquí quejosa (foja 62). ? El veinte de abril de dos mil veintidós, a las diez horas con treinta y cuatro minutos, se notificó electrónicamente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la respuesta dada a la solicitud presentada por Natalia Regina Palomo Córdova, en términos de los artículos 66, 147, 148, 151 y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, a la que se adjuntó copia simple del oficio MSOL/DOM/0777/2022 (foja 66). ? El veintiocho de abril siguiente, se entregó físicamente a la solicitante la información pedida (foja 64). De lo antes señalado se obtiene que la parte quejosa, fue notificada de la respuesta dada a su solicitud registrada con el folio 231288100023022, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, desde el veinte de abril de dos mil veintidós; lo que conlleva que tuvo pleno conocimiento del acto reclamado desde esa fecha. Al respecto, conviene establecer que los artículos 142 a 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, señalan: Artículo 142. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, especialmente cuando el interesado no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena o se trate de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título. Artículo 143. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. Artículo 144. Tratándose de solicitudes de acceso a la información formuladas mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. Artículo 145. Las solicitudes de información podrán presentarse a través de los siguientes medios y modalidades: I. Por escrito: a) Libre o en el formato que corresponda, presentado personalmente, en la oficina u oficinas de la Unidad de Transparencia, designadas para ello; b) A través de correo postal ordinario o certificado; o c) A través de servicio de mensajería; II. En forma verbal, de manera oral y directa, ante la Unidad de Transparencia, la cual deberá ser capturada por el responsable de dicha Unidad en el formato respectivo; III. Por telégrafo; IV. Por medios electrónicos: a) A través de la Plataforma Nacional, por medio de su Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, de conformidad con el artículo 50 fracción I de la Ley General; b) Vía correo electrónico oficial, dirigida y enviada a la dirección electrónica que para tal efecto señale la Unidad de Transparencia; o V. Por cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. Artículo 146. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante, tratándose de personas morales, su denominación; así como el nombre y datos generales de su representante; II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; III. La descripción de la información solicitada; IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo previsto en la presente Ley. La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. Artículo 147. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. Artículo 148. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen. Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. De lo anterior se obtiene, en esencia, que corresponde a las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda hacer uso del derecho de acceso a la información. Se establece que las solicitudes de información podrán ser formuladas por escrito, de manera verbal, por telégrafo o de manera electrónica: ya sea a) por medio de la Plataforma Nacional o b) por correo electrónico oficial; o por cualquier otro medio aprobado. Asimismo, que deberá contener cuando menos: 1) nombre, 2) domicilio o medios de notificaciones, 3) descripción de la información solicitada, 4) cualquier otro dato que facilite su búsqueda y localización, y 5) modalidad en la que prefiere se le otorgue la información. Se obtiene que las notificaciones podrán ser, entre otras, a través de la Plataforma Nacional; asimismo, que los términos de las notificaciones que se prevén, comenzarán a correr el día siguiente al que se practiquen, esto es, surten efectos el mismo día de su realización. Como se adelantó, del acuse de notificación de respuesta de solicitud de información, realizada por la Plataforma Nacional de Transparencia, se obtiene que la parte quejosa quedó notificada del oficio MSOL/PM/UV/0876/2022, suscrito por la Titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, mediante el cual se remitió el diverso oficio MSOL/DOM/0777/2022 suscrito por el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Solidaridad, con el que se dio contestación a la solicitud de información con número de folio 231288100023022 (acto reclamado), el veinte de abril de dos mil veintidós. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, toda vez que el acto reclamado consistente en el oficio MSOL/PM/UV/0876/2022, suscrito por la Titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, mediante el cual remite el diverso oficio MSOL/DOM/0777/2022 suscrito por el oficial mayor del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, con el que se da contestación a la solicitud de información con número de folio 231288100023022, fue combatido fuera del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que se obtiene que consintió tácitamente su contenido. En efecto, como se advierte de la constancia de notificación referida, la cual no fue cuestionada por la parte quejosa y, por ende surte plenamente sus efectos jurídicos; la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, desde el veinte de abril de dos mil veintidós, por lo que dicha notificación surtió sus efectos en ese mismo día, de conformidad con los artículos 147 y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Por tanto, los quince días con que contaba la parte quejosa para promover la demanda de amparo contra el acto que impugna, transcurrieron del veintiuno de abril al trece de mayo de dos mil veintidós, con exclusión del veintitrés, veinticuatro, treinta de abril, uno, cinco, siete, ocho de mayo, todos del citado año, por ser inhábiles en términos del artículo 19, de la Ley de Amparo, así como el seis de mayo de la presente anualidad, en razón que por circular 5/2022, se comunicó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el treinta de marzo de dos mil veintidós, acordó suspender las labores de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito, incluidos los Centros Auxiliares, los de Justicia Penal Federal y los del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigaciones, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con excepción de los órganos jurisdiccionales que se encuentren en turno, o sean únicos, por lo que en esa fecha no corrieron los términos de ley en los asuntos que se tramitan en este juzgado federal. Entonces, si la demanda la presentó hasta el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, se hizo de forma extemporánea, por lo que se determina que el acto reclamado se considera consentido para efectos del juicio de amparo, lo cual torna improcedente el presente asunto respecto de dicho acto, toda vez que no fue combatido dentro del término de quince días que prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado precisado en el considerando tercero de esta sentencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Finalmente, se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por la Agente del Ministerio Público de la adscripción, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Natalia Regina Palomo Córdova, por derecho propio, contra el acto reclamado al Titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero en términos de lo expuesto en el quinto de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
:. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no fenece el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado y anexos, rendido por la autoridad responsable Titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, el cual se puso a la vista de las partes en proveído de veinte de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós.
- Principal
:. Agréguense a los autos para que obren como correspondan las promociones con números de registros 10341 y 10410 a través de las cuales la autoridad responsable Titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, con sede en Playa del Carmen, rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Luego, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable el que indica para tal fin. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, téngase a la citada autoridad responsable señalando como cuenta de correo electrónico, el que índica en el ocurso de cuenta, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario
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