Natalia Regina Palomo Córdova
Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Natalia Regina Palomo Córdova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
: Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de inejecución de sentencia *** del índice del tribunal de su adscripción, en el que resolvió que no existe imposibilidad jurídica ni material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y que se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia planteado por este órgano federal. Acúsese recibo vía electrónica al referido tribunal colegiado... archívese como asunto concluido... se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa... se declara que este asunto carece de relevancia documental... el presente expediente es susceptible de depurarse.
- Principal
: Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de quince días otorgado mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, para que la parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la declaración de imposibilidad material para verificar el cumplimiento de la sentencia de amparo, sin que ejercieran ese derecho procesal. En mérito de lo anterior, y con apoyo en los artículos 193 y 196, último párrafo de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegido del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, para que determine lo conducente, solicitando se sirva ordenar el acuse de recibo correspondiente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2017828 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 23/2018 (10a.) Página: 274 RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella."
- Principal
: Visto el estado que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días, otorgado a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la vista concedida en proveído de once de julio de dos mil veintidós, sin que formulara manifestación al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual es preciso señalar lo siguiente: 1. Mediante sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintidós, en el segundo punto resolutivo, se precisó que el amparo concedido a Natalia Regina Palomo Córdova, era para efecto que la autoridad responsable Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, realizara lo siguiente: a) Diera contestación a la petición formulada por Natalia Regina Palomo Córdova, mediante escrito de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, presentado ante su potestad el veinticuatro siguiente, en el cual solicitó información de diversos datos respecto a un servidor público. b) Sin que resultara necesario notificar dicha contestación a la parte quejosa, toda vez que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el escrito por el cual formuló la petición que no se le había contestado. 2. Por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se determinó que causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable antes precisada. 3. Mediante acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, entre otras, se tuvo por recibida la promoción con número de control interno 11859 (con anexos), por la cual la autoridad responsable Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por conducto de la Directora General, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió fotocopia certificada de diversas documentales derivadas del expediente UTAIP/ST/205/2022 de su índice; al respecto, se dio vista a la parte quejosa con las citadas constancias remitidas en acatamiento al fallo protector, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que ejerciera ese derecho. Ahora, de las constancias remitidas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (ver numeral 3 de este acuerdo), a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por conducto de la Directora General, mediante acuerdo de resolución de diecinueve de abril de dos mil veintidós, esto es, con anterioridad a la sentencia emitida en este juicio de amparo (trece de junio de dos mil veintidós), dio contestación a la petición formulada por la quejosa Natalia Regina Palomo Córdova, mediante escrito de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, presentado ante su potestad el veinticuatro siguiente, en el cual solicitó información de diversos datos respecto a un servidor público, el cual le fue notificado por estrados el propio diecinueve de abril del año en cita, toda vez que en dicho escrito no señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara la imposibilidad material para decretar el cumplimiento al fallo protector, debido a que el diecinueve de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, dio contestación a la petición formulada por la quejosa Natalia Regina Palomo Córdova, mediante escrito de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, presentado ante su potestad el veinticuatro siguiente, esto es, con anterioridad a la sentencia de trece de junio de dos mil veintidós, emitida en este juicio de amparo (ver numeral 1 de este acuerdo). De ahí que materialmente no es posible tener por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 201, fracción II, y 202 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga en relación con la declaración de imposibilidad material para decretar el cumplimiento de la sentencia de amparo de referencia. Luego, una vez que transcurra el plazo mencionado, en caso de no recurrirse este acuerdo, con apoyo en los artículos 193 y 196, último párrafo de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegido del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, para que determine lo conducente, solicitando se sirva ordenar el acuse de recibo correspondiente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2017828 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 23/2018 (10a.) Página: 274 RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable vía oficio, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
I. Superiores jerárquicos informan. Agréguense a los autos las promociones de cuenta con registros 11817 y 11818, mediante las cuales la i) Presidente Municipal, por conducto de la Directora General de Asuntos Jurídicos, y el ii) Ayuntamiento, a través del Síndico Municipal y Apoderado Jurídico, ambos de Benito Juárez, Quintana Roo, comunican que en calidad de superiores jerárquicos, requirieron a la autoridad responsable Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para que dé cumplimiento a la sentencia de amparo. De lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales correspondientes. II. Se da vista con cumplimiento de sentencia de amparo. Por otra parte, agréguese a los autos la diversa promoción con registro interno 11859, mediante la cual la autoridad responsable Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por conducto de la Directora General, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite fotocopia certificada de diversas documentales derivadas del expediente UTAIP/ST/205/2022 de su índice, de las que se advierte -en esencia- que realizó lo siguiente: a) Mediante acuerdo de resolución de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dio contestación a la petición formulada por la quejosa Natalia Regina Palomo Códova, mediante escrito de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, presentado ante su potestad el veinticuatro siguiente, en el cual solicitó información de diversos datos respecto a un servidor público. b) Toda vez que en dicho escrito no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, el referido acuerdo le fue notificado por estrados el propio diecinueve de abril de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, póngase a la vista de la parte quejosa, por el plazo de tres días las constancias relacionadas en el párrafo precedente, para que en caso de estimarlo conveniente y dentro del término concedido, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que para el supuesto de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente.
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