Natalia Flores Tapia
Expediente 1045/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Natalia Flores Tapia
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente contra el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO del proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo el oficio 29203/2018, que suscribe el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, a través del cual remite por conocimiento previo el juicio de amparo 923/2018-I-NL promovido por ***********. Líbrese el acuse de recibo correspondiente e infórmese a la autoridad oficiante que este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1045/2018-V. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda y constancias de autos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La determinación del no ejercicio de la acción penal emitida el cinco de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa 9/2018. Ahora bien, este juzgador advierte que se materializa un supuesto de improcedencia del juicio de amparo de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerlo y que está previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.] Uno de los principios esenciales que rigen al juicio de amparo es el de definitividad, contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la ley fundamental, que preceptúa que el juicio de garantías, será procedente sólo cuando previo a su interposición, se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que éste sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado, es decir, establece para su procedencia que los actos sean de carácter definitivo, entendiéndose por éstos, los que no son susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario. En el caso, el juicio de amparo, resulta improcedente, por inobservancia al principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XX de la ley en cita, pues en contra del acto reclamado consistente en la determinación de archivo definitivo por inexistencia del delito, emitida el cinco de octubre de dos mil dieciocho, por el Agente de Ministerio Público titular de la Mesa Séptima de Colima, procede el recurso de inconformidad ante el Procurador General de Justicia del Estado, (actualmente Fiscal General) el cual constituye un medio de defensa legal por virtud del cual la quejosa puede obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado, en los términos del artículo 291 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Sistema Tradicional, que reglamenta el procedimiento del que emana el acto reclamado y que establece: Con vista a lo anterior, es evidente que la parte quejosa incumplió con la obligación de agotar el medio de defensa ordinario contemplado en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Colima, previamente a la promoción de su demanda de garantías, puesto que en contra de la resolución que decretó el archivo por inexistencia del delito procede el recurso de inconformidad, a efecto de que la superioridad califique la determinación ministerial correspondiente. Además, por disposición del numeral 292 del ordenamiento en cita, si la resolución es confirmada y persiste inconformidad del interesado, podrá solicitar, dentro de los tres días siguientes a la notificación respectiva, se remita todo lo actuado en la averiguación correspondiente a la autoridad judicial, quien calificará la determinación ministerial, devolviendo la averiguación al Ministerio Público para los efectos procedentes. Esto es así, pues el principio de definitividad rector del juicio de garantías, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que el quejoso tenga al alcance capaces de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, acorde a lo establecido por el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República; consecuentemente, tal principio no se satisface, pues la parte quejosa no impugnó dicha resolución ante la propia autoridad responsable, para lograr que se remitieran los autos al Procurador General de Justicia del Estado (actualmente Fiscal General) y que decidiera el mismo, modificando, revocando o nulificando la resolución recurrida, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que el juicio de amparo es improcedente y debe sobreseerse, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior de ningún modo priva de defensa a la parte quejosa, porque está permitido el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, según se obtiene de la simple lectura de la fracción V del artículo 63, en relación con el inciso d) de la fracción I, del artículo 81, ambos de la Ley de Amparo, este último que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; puesto que en el caso la causa de improcedencia de referencia es manifiesta e indudable por la cesación de efectos del acto reclamado, y, por ello, ni en la audiencia constitucional ni al dictarse la sentencia correspondiente se puede formar una convicción diversa, con independencia de los elementos de prueba que se pudiera allegar. Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XX en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a las autoridades señaladas como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes. Se acuerda escrito reservado. Por otra parte, agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito que remite la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Colima, registrado con folio 20885, en el que el quejoso manifiesta que desconoce diverso domicilio donde pueda ser emplazado el tercero interesado Rosendo Beltrán Carrizoza; sin que proceda ordenar el emplazamiento del citado tercero en virtud de que el presente sobreseimiento no le perjudica, por lo que en aras del 17 Constitucional, sería ocioso retardar el presente juicio a fin de emplazarlo, siendo notoria la causal de sobreseimiento que se actualiza.
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