Nancy Georgina Ramirez Toscano
Expediente 958/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Nancy Georgina Ramirez Toscano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Director de Asuntos Contenciosos y Resoluciones, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el documento de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, corriéndole al efecto traslado con copia simple del mismo. Apercibida que de no desahogar la vista que se le da dentro del término que se le concede, se acordará lo relativo en torno a dicho cumplimiento, tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Director de Asuntos Contenciosos y Resoluciones, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el documento de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, corriéndole al efecto traslado con copia simple del mismo. Apercibida que de no desahogar la vista que se le da dentro del término que se le concede, se acordará lo relativo en torno a dicho cumplimiento, tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el comunicado de cuenta signado por la Coordinadora Jurídica del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de siete de julio de la presente anualidad, informa que realizó el cálculo del importe de los derechos a cubrir a la quejosa ********************; asimismo, que dicha información la hizo del conocimiento de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima. En atención a ello, se tiene a la autoridad oficiante informando las gestiones de cumplimiento al fallo protector. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Planeación y Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio, realice la devolución del importe y cálculo de los derecho a cubrir a la quejosa, mismo que corresponde prestarlo en adelante cada vez que el quejoso requiera de dicho trámite y servicio, mientras subsista el vicio de la inconstitucionalidad apuntado, lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional con las constancias con las que acredite. En el entendido, que dicha autoridad fue la que realizó la orden de pago con folio ********************, correspondiente a la solicitud de trámite de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, con número de prelación ********************recibo de pago ********************, así como la orden de pago con número de folio ********************, todos expedidos por dicho Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima. Lo anterior, sin perjuicio de que se haya sobreseído en el juicio respecto a los actos que se le reclamaron en el presente asunto, pues en razón de sus funciones legales, se encuentra vinculada a efectuar actos en relación con el cumplimiento del fallo protector, en términos de lo dispuesto en el numeral 197 de la ley de la materia. Se apercibe a la autoridad antes vinculada que de no hacerlo, se les impondrá multa de cien veces el valor por unidad de medida y actualización equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), dando un total de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis número I.3o.(I Región) 3 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, septiembre de dos mil doce, Tomo 3, página 2047, que es del tenor literal siguiente: SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 consultable en la página 144, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO.SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tal y como lo establece el citado numeral 192 de la ley de la materia, en razón de que el juez responsable, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, pues ninguna autoridad puede inferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle como ha de resolver. Es aplicable por analogía e identidad de razón, la tesis I.3º.C J/8 (10ª.), visible en la página 2894, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Común (registro 2005326), del rubro: SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Apoya lo anterior, la tesis número I.3o.(I Región) 3 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, septiembre de dos mil doce, Tomo 3, página 2047, que es del tenor literal siguiente: SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento.
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