Natalia Andrade Gutierrez
Expediente 648/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Natalia Andrade Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 2.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el treinta de julio del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin embargo, dada la naturaleza de dicha determinación, con fundamento en los artículo 26, fracción I, inciso e) y 27 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito, a efecto de que realice la referida notificación en forma personal a las partes, así como el presente auto. Notifíquese de manera personal a las partes.------INSERCIÓN ACUERDO DE TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO------MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del expediente, se advierte que se encuentran rendidos los informes justificados de las autoridades responsables denominadas, encargado de la Subdelegación de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Estatal Oaxaca, Subdelegación de Prestaciones Departamento de Pensiones Seguridad de Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quienes negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados. Por ello, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, por las consideraciones siguientes:Los informes justificados se rindieron en sentido negativo; por lo que resulta innecesario esperar a que se llegue la fecha de la audiencia constitucional y resolver este juicio de amparo el cinco de agosto de dos mil veintiuno, fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa, toda vez que el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables que se precisaron al inicio de este acuerdo, respecto de los actos reclamados, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dictará en este asunto, sería el mismo (sobreseer). De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En ese sentido, como las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XVII y 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, de rubro:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."Aunado a lo anterior, la parte quejosa no ofreció prueba suficiente que desvirtuara dicha negativa, ni de las constancias que integran el presente juicio de amparo, existen indicios que presuman la existencia de los actos.Lo anterior, sin soslayar la documental aportada por la quejosa en el escrito que se recibió el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, pues con tal prueba, únicamente se acredita que se otorgó una pensión a **********, por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; que ésta solicitó la reactivación de la pensión que le fue suspendida y que el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se le hizo del conocimiento que no podía otorgarse la pensión a su favor, en virtud de que no cumplía con los cinco años de concubinato con el finado********. Por tanto, con la documental en comento, no se acredita que la quejosa hubiera ejercido el derecho de petición el trece de diciembre de dos mil dieciocho, que reclama en este juicio de amparo; sin que sea válido el argumento que planteó en la demanda de amaro, en el sentido de que, bajo protesta de decir verdad, extravió el acuse correspondiente; pues no basta con la sola manifestación, sino que se insiste, se debe acreditar que ejerció ese derecho.En consecuencia, al no poder comprobarse lo anterior, resultan insuficiente las manifestaciones de la parte quejosa, para desvirtuar la negativa por parte de las autoridades responsables, en virtud de que, dada la naturaleza propia del acto reclamado, es innegable que corresponde a la quejosa demostrar que formuló su solicitud por escrito ante las autoridades responsables a través del acuse respectivo, lo que en el caso, no aconteció.Lo anterior es así, porque el artículo 8 Constitucional, tutela en rango de derecho fundamental, la potestad jurídica de petición, cuyo titular es el gobernado en general; es decir, toda persona jurídica o física que tenga ese carácter; debido a ello, la persona tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad para formular una solicitud o instancia escrita de cualquier índole. Sin embargo, como requisito primordial y necesario, es menester justificar la existencia de la petición, misma que debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. De esta manera, sin haber presentado prueba suficiente que desvirtuara la negativa por parte de las autoridades responsables, procede sobreseer en el presente asunto.Por su contenido jurídico, se invoca la tesis I.7o.A.699 A, que dice:"DERECHO DE PETICIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PARA DEMANDAR SU PROTECCIÓN, SI EL QUEJOSO EXHIBE COMO ÚNICA PRUEBA EL ORIGINAL DEL ACUSE DE RECIBO DE SU ESCRITO, PERO LA FIRMA DE ÉSTE APARECE EN HOJA DIVERSA Y EN COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. El artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho de petición, que se traduce en la prerrogativa que le asiste al particular de obtener una respuesta escrita, congruente y en breve plazo por parte de una autoridad, siempre que su solicitud sea presentada por escrito, de manera respetuosa y pacífica, sin que el servidor público requerido esté vinculado a contestar favorablemente a los intereses de aquél. Por ello, si para demandar la protección al mencionado derecho a través del amparo el quejoso exhibe como única prueba el original del acuse de recibo de su libelo, pero la firma de éste aparece en hoja diversa y en copia fotostática simple, ello es insuficiente para acreditar su identidad y voluntad, al no poder adminicularse con algún otro elemento probatorio que las demuestre y, por tanto, el juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse de conformidad con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, en virtud de que, dada la naturaleza propia del acto reclamado, es innegable que corresponde al particular demostrar que formuló su solicitud por escrito ante la autoridad, mediante signos distintivos como es su firma autógrafa o, en ciertos casos, la impresión de su huella digital."En consecuencia, se sobresee el presente juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la referida ley. Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuatro minutos del cinco de agosto próximo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Cúmplase.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos, los escritos de ********, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en atención a su contenido, respecto al primero, se le tiene contestando la vista que se dio con los informes justificados. En cuanto al diverso escrito, se le tiene realizando manifestaciones en vía de alegatos, de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo y, ofreciendo como documentales las que adjunta al escrito de cuenta, las cuales, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que para hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, toda vez que la secretaria encargada del despacho fue designada por el Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43, párrafo segundo, se encuentra facultada sólo para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, y resoluciones de carácter urgente, en términos del primer párrafo del aludido numeral. Por tanto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional que estaba señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración vía remota por videoconferencia. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables, respecto al diferimiento de la audiencia constitucional contenido en este acuerdo, dado que en el auto inicial se precisó que en este juicio sólo les serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificará por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrán ser consultada directamente por dicha autoridad o por sus respectivos delegados. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de tres días concedido a la quejosa, en proveído de doce de julio de este año, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la inexistencia de la autoridad responsable "representante Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", sin haber realizado manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado el doce del mes en curso y se tiene como inexistente a la citada responsable, suspendiéndose toda comunicación al respecto. En apoyo a lo anterior, se invocan las tesis y jurisprudencia, siguientes: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES." "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS". En consecuencia, se instruye al oficial judicial A de la adscripción, realice la eliminación en el expediente electrónico, de la autoridad que fue declarada como inexistente en esta fecha. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
MESA 2.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE en Oaxaca, mediante el cual, informa que la autoridad señalada como representante Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no existe. Por ello, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga respecto a la denominación de tal autoridad; en el entendido que de no hacer pronunciamiento alguno, se tendrá como inexistente dicha autoridad y se suspenderá toda comunicación al respecto. Notifíquese personalmente.
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