Narciso Teodoro Betanzos Severiano
Expediente 1059/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1059/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Narciso Teodoro Betanzos Severiano
Actuaciones
- Principal
*PRAL. 1059/2016 6-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado el seis de julio de este año (fojas 19-24); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho proveído. Por otra parte, el quejoso no hizo manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto inicial por lo que hace a dicha parte procesal; por lo que, éste y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Ahora, advirtiéndose de autos, que por auto de seis del actual, se desechó la demanda promovida (fojas 19-24), mismo que con esta fecha causó ejecutoria; por lo que no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009,de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece derelevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Martha Lourdes Lescas Caballero, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL AVISO JUDICIAL QUE SE LE DEJÓ CON ANTERIORIDAD)mesa 6 a pral. 1059/2016- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de julio de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo presentada el cuatro del actual, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada el cinco del actual, a este órgano jurisdiccional, promovida por NARCISO TEODORO BETANZOS SEVERIANO, contra actos del titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1059/2016. Ahora, bien, se estima que la demanda presentada resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, mismos que, al efecto, estatuyen: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ".II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Lo anterior es así, porque la parte quejosa reclama, esencialmente, del: a) titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, con sede en esta ciudad; b) titular de la Secretaría, con sede en la ciudad de México, c) gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, d) director General del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado, e) titular de la Oficialía Mayor del Instituto Estatal de Educación Pública, f) titular de la Dirección Financiera del Instituto Estatal de Educación Pública, residentes en esta ciudad, la retención de sus percepciones salariales correspondiente a la quincena del primero al quince de junio de este año; de ahí que dichas instituciones no se encuentran en un plano de supra a subordinación respecto de la parte quejosa; por ello no tienen el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, porque el acto reclamado deriva de la relación de carácter laboral que, como profesor de educación secundaria, mantiene con la Secretaría de Educación Pública; por tanto, debe concluirse que el acto reclamado no fue emitido por un ente público a un gobernado, sino por la relación obrero-patronal, que se rige por ordenamientos de derecho laboral, por lo cual resulta claro que, en ese supuesto, la posición del quejoso frente a las autoridades que señala como responsables, no es la de un gobernado. En ese contexto, los reclamos de la parte quejosa no se tratan de actos de autoridad para efectos del amparo, pues versan acerca de una relación laboral, cuyos conflictos con los entes que señaló como responsables, no invade sus derechos fundamentales como gobernado, sino, en todo caso, los mismos derivan de la relación jurídica de trabajo, por lo que el antecedente de dicha controversia no da origen a los Tribunales de la Federación, para conocer de ellos en juicio de amparo, pues, en todo caso, debe hacer valer su pretensión ante órgano jurisdiccional competente, ya que, se insiste, la actuación de quienes señala como autoridades responsables no fue en su carácter de autoridades propiamente dichas, pues entre la parte quejosa y las que señala como tales no existe una relación de supra a subordinación, para los efectos de los actos que refiere como reclamados, sino que el vínculo que los une obedece a su relación de trabajo que mantiene desde que ingresó a laborar. Aunado al contenido del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el cual establece lo siguiente: "Artículo 83. Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta Ley con las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta Ley. El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta Ley podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral." Lo expuesto patentiza que la reclamación tiene una naturaleza eminentemente laboral, ya que lo que se combate por esta vía es un acto que afecta los derechos de la parte quejosa en su carácter de trabajadora, que se traducen en la retención u omisión de pago de su salario como una prestación a que tiene derecho como trabajador de la Secretaría de Educación Pública, que no compete dirimir a un órgano de control constitucional, sino deben tramitarse ante las instancias correspondientes. En tales condiciones, al no constituir lo reclamado actos de autoridades para efectos del amparo y no resentir la parte quejosa una afectación en su esfera jurídica, dado que su naturaleza y origen versa acerca de una relación entre patrón y trabajador, es inconcuso que la demanda es improcedente en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, constitucional, 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la ejecutoria de fecha diecinueve de enero del año en curso, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, de este circuito, al resolver el recurso de queja número 239/2015, interpuesto en el juicio de amparo número 1791/2015, del índice de este Juzgado. Así como la jurisprudencia con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 174612 Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Julio de 2006 Materia(s): Laboral Tesis: 4a./J. 23/93 Página: 357 RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR NO RECIBIR EL TRABAJADOR EL SALARIO EN LA FECHA O LUGAR CONVENIDOS O ACOSTUMBRADOS. NO LE CORRESPONDE AL ACTOR DEMOSTRAR QUE EFECTUÓ GESTIONES PARA OBTENER EL PAGO Y QUE EL PATRÓN SE NEGÓ A HACERLO, SINO QUE ÉSTE TIENE LA CARGA DE PROBAR QUE PUSO LAS PERCEPCIONES RELATIVAS A SU DISPOSICIÓN EN TAL FECHA Y LUGAR. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia 4a./J. 23/93 de rubro: "RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR FALTA DE PAGO DE SALARIOS. EXTREMOS QUE DEBEN PROBARSE.", pues tomando en cuenta las normas protectoras del salario, previstas en la Ley Federal del Trabajo y los principios procesales contemplados en la reforma de 1980 al mencionado ordenamiento, específicamente el relativo a la carga de la prueba, se obtiene que la Junta debe eximir de ella al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, requiriendo al patrón que exhiba en juicio los documentos que tiene obligación de conservar, como por ejemplo, los recibos de pago de salarios, los que si no son exhibidos generan la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relación con tales documentos, salvo prueba en contrario, además de que, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre el monto y pago del salario. En ese sentido, se concluye que para que opere la causal de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, cuando no reciba del patrón el salario en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados, prevista en el artículo 51, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, no es necesario que demuestre que efectuó gestiones para obtener el pago y que el patrón se negó a hacerlo, pues es éste quien de acuerdo a los mencionados principios, debe probar que puso a disposición del trabajador las percepciones en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, pues de no ser así, se introducirían elementos no previstos en la ley. Por las mismas razones, debe quedar superada también la tesis de rubro: "SALARIOS, RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR FALTA DE PAGO DE. BASE DE LA ACCIÓN.", cuyas consideraciones, por ser anteriores a la reforma procesal de 1980, no tomaron en cuenta la nueva distribución de la carga probatoria en materia laboral." El criterio emitido por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página trescientos veintinueve, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asimismo, la tesis I.6º.T. 26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta y siete, del Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Así, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR, DE PLANO, POR IMPROCEDENTE, la demanda de amparo presentada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y acuerdos el que indica en su escrito de demanda, sin que se tenga por autorizadas a las personas que refiere, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no acreditaron con documento alguno que se encuentran autorizados para ejercer la profesión de abogados, ni tampoco se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO". En tales condiciones, este Órgano de Control Constitucional las autoriza únicamente para imponerse de los autos. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo en consulta, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Teodosio Sánchez Méndez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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