Nasario Ocotoxtle Tlacuatl

Expediente 458/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
458/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
19/10/2016

Partes del expediente

  • Nasario Ocotoxtle Tlacuatl

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diez de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que realizara manifestación alguna en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento establecido en dicho auto, y se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la autoridad responsable, Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realice lo siguiente: a) Deje sin efectos la resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis. b) En su lugar dicte una nueva resolución, en la que dé respuesta de manera congruente, fundada y motivada, con libertad de jurisdicción, atendiendo a las inconformidades que hizo valer el agraviado ahora quejoso. Es decir, deberá dar contestación al argumento precisado con el inciso 1), puesto que fue omisa en hacerlo. Respecto a la inconformidad precisada con el inciso 2), deberá dar respuesta de manera completa, dado que el argumento que al respecto dio resulta insuficiente. En relación a la inconformidad marcada con el inciso 3), deberá dar contestación de manera completa y congruente. Tocante la inconformidad marcada con el inciso 6), deberá dar respuesta de manera completa y contestar el argumento que omitió. Por lo que atañe a la inconformidad indicada con el inciso 7), deberá dar respuesta de forma completa y congruente. Por lo que hace a la inconformidad precisada con el inciso 8) deberá dar respuesta de forma completa pues lo que adujo la responsable al respecto, resulta insuficiente. Se afirma lo anterior, en virtud de que es obligación de la responsable subsanar las deficiencias de carácter formal advertidas en esta sentencia, y no del juzgador de amparo, porque a éste no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando la resolución combatida, obligando con ello a la parte quejosa a defenderse, además de lo determinado por la autoridad responsable, de lo señalado por el juzgador constitucional; circunstancia que resulta contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, ya que éste no es una segunda o ulterior instancia en la cual se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional, por lo cual los Jueces de Distrito se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no derechos fundamentales." (fojas 134 a 137). Para una mejor comprensión de los efectos del amparo, es preciso transcribir el considerando denominado: "Noveno estudio de fondo", que es del tenor siguiente: "NOVENO. Estudio de fondo. Del análisis efectuado a las constancias que obran en el sumario, se llega a la conclusión de que resultan esencialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, en cuanto a que la resolución reclamada no está debidamente fundada ni motivada, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja que opera en favor de la quejosa, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Previo a efectuar el estudio correspondiente, debe precisarse que el presente asunto se resolverá tomando en cuenta las disposiciones constitucionales y procesales vigentes al momento en que inició la averiguación previa (diecinueve de junio de dos mil catorce fojas 1 a 2 del tomo dos de pruebas), que en el caso son los artículos constitucionales anteriores a la reforma de dos mil ocho y el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, debido a que la aplicación de ambos ordenamientos estuvo vigente hasta que entró el nuevo sistema penal oral acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que ocurrió en el Distrito Judicial de Puebla, en donde se dictó el acto reclamado, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. De las constancias que remitió la autoridad responsable, relativa a la averiguación previa ********************, se advierte que el doce de febrero de dos mil dieciséis, autorizó el no ejercicio de la acción penal que decretó el órgano investigador, para lo cual relacionó las pruebas allegadas a la indagatoria a las que otorgó el valor que estimó pertinente, y concluyó: "(.) VI. Para resolver la inconformidad planteada, enseguida se procederá al análisis jurídico de los elementos que integran el tipo penal de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL, mismo que se encuentra previsto en el artículo 250 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado que textualmente preceptúa: ARTÍCULO 250.- El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los siguientes: FRACCIÓN I:- Poniendo una firma o rúbrica falsas, aun cuando sea imaginaria o alterando una verdadera; Desprendiéndose de la anterior hipótesis normativa los siguientes elementos: a) Poner una firma o rúbricas falsas; b) Aun cuando sea imaginaria o alternado una verdadera. En lo que respecta al primer elemento, consiste en Poner una firma o rúbrica falsas; de acuerdo con la Real Academia (..) VII. Una vez analizadas todas y cada una de las constancias que integran la averiguación previa a estudio se procede a realizar el análisis de los elementos del tipo penal de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL, que han sido descritos en el considerando que antecede. Por cuando hace al primero de los elementos consistente en "una firma o rúbrica falsas", este elemento no se encuentra acreditado en autos toda vez que si bien es cierto en el contrato de Enajenación de Derechos Parcelarios de fecha 16 de febrero de 2009, del que se advierte una cesión de derechos Agrarios, por una parte el Enajenante, el C. ********************y por la otra parte el Adquirente, el C. ********************, respecto de la parcela número ********************, ubicada en ********************, Puebla, en tal y como se advierte de actuaciones, los intervinientes estamparon sus firmas, sin embargo estas no son falsas tal y como quedó demostrado con el Dictamen en materia de Grafoscopía y Documentoscopía, debidamente valorado en el inciso 20), del Considerando V, del que textualmente se ". determina que la firma del contrato, si es similar a la estampadas en las pruebas caligráficas realizadas ante el ministerio público, es decir que si corresponden al mismo origen gráfico y a la misma técnica escritural, en su comprobación grafoscópica, representan la misma autoría." en tal virtud se afirma no se acredita el primer elemento. En cuanto al segundo elemento consistente en "aun cuando sea imaginaria o alterando una verdadera", este elemento no se encuentra acreditado, pues no quedó demostrado que el C. ********************, haya alterado una firma verdadera, pues tal y como se demostró con el Dictamen en materia de Grafoscopia y Documentoscopia, debidamente valorado en el inciso 20), del Considerando V, de esta determinación. Razón por la cual no se reúne el extremo de este elemento que integra el Delito de Falsificación de Documento en General (.).". La parte quejosa en el escrito de demanda de amparo, esencialmente aduce que se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que al órgano investigador le corresponde la persecución de los delitos y la obligación de buscar y presentar la pruebas que acrediten la existencia del delito, la autoridad responsable autorizó el no ejercicio de la acción penal, sin que fundara ni motivara su determinación. Como se adelantó al inicio de este apartado, resultan fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. En efecto, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que la autoridad responsable no dio cabal respuesta a los agravios que formuló el recurrente en el escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil quince, lo que hace a la controvertida incongruente porque no guarda relación con los motivos de inconformidad que fueron planteados por el recurrente. En efecto, el recurrente al interponer la inconformidad hizo valer las inconformidades siguientes: 1) Que la determinación del órgano investigador atentaba contra los principios fundamentales de la Constitución, los derechos humanos y tratados internacionales consagrados por el Estado Mexicano, pues lo dejaba en estado de indefensión. Al respecto la autoridad responsable fue omisa en contestar tal argumento. 2) Que nunca suscribió el contrato o convenio con el demandado y que menos aun estampó su firma, que tal contrato era apócrifo, lo que iba a demostrar con la prueba pericial en grafoscopia la cual de manera ilegal y sin fundamento el ministerio público inhibió a su perito pese a que protestó el cargo, y el órgano investigador nunca libró los oficios solicitados por el perito a efecto de que pudiera realizar su trabajo pericial. Al respecto la autoridad responsable dijo que tal afirmación era infundada ya que en actuaciones obraba un dictamen en materia de grafoscopia y documentoscopia que fue realizado por el Jorge Octavio Linares Ramírez, perito en dicha materia, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, quien contaba con la experiencia necesaria para emitir el referido dictamen; asimismo dijo, que de las actuaciones no se desprendía que hubiera ofrecido algún dictamen y que este se le haya negado (foja 34 del tomo uno de pruebas). La respuesta que dio la responsable a tal argumento se estima incongruente, pues que no contestó el argumento toral que hizo el recurrente, en el sentido de que "nunca suscribió el contrato o convenio con el demandado y que menos aun estampó su firma, que tal contrato era apócrifo, lo que iba a demostrar con la prueba pericial en grafoscopia, la cual de manera ilegal y sin fundamento el ministerio público inhibió a su perito pese a que protestó el cargo, y el órgano investigador nunca libró los oficios solicitados por el perito a efecto de que pudiera realizar su trabajo pericial", por lo que la responsable estaba obligada a dar respuesta cabal a tal argumento, y si bien la responsable dijo que de las constancias de autos no se advertía que hubiese ofrecido algún dictamen y que se haya negado tal petición, se estima que tal respuesta es insuficiente, pues el recurrente señaló que el perito protestó el cargo y nunca se enviaron los oficios que solicitó para que el perito estuviera en aptitud de rendir el dictamen correspondiente; de ahí que la responsable estaba obligada a dar respuesta pormenorizada de tal argumento. 3) Que por circunstancias administrativas en el Registro Agrario Nacional, se enteró que familiares cercanos realizaron argucias legaloides y fraudulentas al pretender despojarlo de su título agrario, cuyo certificado parcelario es el número ******************** parcela número ********************, que le fue expedido por el gobierno federal el veintiocho de marzo de dos mil siete y firmado por el Delegado del Registro Agrario. Respecto a tal argumento la responsable señaló que se dejaban a salvo los derechos del inconforme para que los hiciera valer en las instancias correspondientes (foja 34 ídem); sin embargo, la respuesta se estima insuficiente, pues no debe perderse de vista que lo que el agraviado denunció fue el delito de falsificación de documentos, y en esa medida estaba obligada a dar una respuesta congruente, pues las inconformidades que planteó fueron en torno a que el contrato que supuestamente firmó, no lo hizo ya que la firma estampada en él no es de su puño y letra, de ahí que se estima que la respuesta que dio la responsable, no es congruente con la inconformidad planteada. 4) Que por lo que se refería a la parcela ******************** que ampara el certificado ********************, que supuestamente había sido enajenada por el contrato de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, a ********************, lo que dio lugar a que se cancelara el referido certificado (********************) y se expidiera el ********************, en favor del nuevo titular, se percibían ciertas anomalías, que incluso del informe que rindieron el Delegado del Registro Agrario Nacional dentro del juicio de amparo 1472/2014 del índice del Juzgado Décimo de Distrito, así como de los ex comisarios del núcleo ejidal de ********************, declararon que no es su firma la que aparece en el aviso de realización de contrato de compraventa en cuestión. Al respecto, la responsable sí contesto tal argumento, pues indicó que no asistía razón al inconforme, en virtud de que conforme a las pruebas debidamente valoradas hasta antes de la determinación de archivo por atipicidad de cuatro de noviembre de dos mil quince, se advertía el dictamen en materia de grafoscopia y documentoscopia en el que se precisó que las firmas estampadas en las pruebas caligráficas realizadas ante el ministerio público, sí correspondían al mismo origen gráfico y a la misma técnica escritural y que en su comparación grafoscópica, representaban la misma autoría (foja 35 ídem). 5) Que de manera artera, fraguada y fraudulenta el demandado ********************, ha tejido una serie de simulaciones jurídicas con la pretensión dolosa de hacerse de un beneficio económico con la celebración de actos fraudulentos, incluso ha simulado que perdió su contrato de certificado de derechos; que se enteró que su hermano (demandado) y las hijas de éste sustrajeron papeles de su casa, y éste se presentó ante el ministerio público especializada en constancia de hechos ********************, delegación centro con documentos que son de él (agraviado), quien declaró con falsedad, lo que omitió el ministerio público investigar, pues sin lugar a dudas la actuación del inculpado es parte de delitos que se siguen de oficio ya que mediante los documentos el citado indiciado se presentó a la Delegación del Registro Agrario Nacional de Puebla, simulando actos jurídicos con documentos apócrifos. El resumido argumento, la responsable sí lo contestó ya que al respecto señaló que, no asistía razón al inconforme porque el órgano investigador fungía como representante de las víctimas, como también contaba con la atribución de la investigación para el esclarecimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de un tipo penal, razón por la que contaba con fe pública de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, 2 y 3 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; agregó que de actuaciones se advertía que en la constancia de hechos número ********************, radicada en la agencia del ministerio público, delegación Centro, había sido presentado el agraviado, situación que desde un inicio el presentante social, se cercioró de que fuera la misma persona quien interpuso dicha constancia de hechos basando su atribución en los extremos del artículo 64 del citado código (foja 36 ídem). 6) Que el indiciado con premeditación, alevosía, dolo, mala fe no solo constituyó un delito sino que lesionó sus derechos agrarios, ya que obtuvo de manera fraudulenta el certificado de derechos agrarios, pues se dijo que el certificado registral fue enajenado en favor del inculpado ante notario público mediante la firma de un contrato, lo que era cierto, por ello solicitaba que el notario así como el Registrador Agrario Nacional fueran llamados a juicio porque convalido una cesión de derechos parcelarios a favor de ********************, contrato que era falso como lo demostraba con la constancia certificada del propio notario número uno, del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, cuyo titular era ********************, por lo que el órgano investigador debió llamar al referido notario. Al respecto, la responsable indicó que no asistía razón al agraviado ya que de actuaciones se advertía una documental relativa al contrato de enajenación de derechos parcelarios de fecha dieciocho de febrero de dos mil nueve, celebrado entre en enajenante ******************** y cómo adquirente ********************, respecto de la parcela número ********************, pasado ante la fe del notario público ********************, Notario Público Número Uno, del Distrito Judicial de Cholula, ratificación que se encuentra debidamente sellada y rubricada. Sin embargo, se estima que la respuesta que dio la responsable a tal argumento es insuficiente, puesto que fue omisa en contestar el argumento del inconforme en el sentido de que se "debía llamar a la indagatoria al titular de la notaria ********************", es decir, la responsable debió explicar al inconforme porque no era procedente llamar al citado notario. 7) Que el tres de junio de dos mil quince solicitó la pericial a cargo del perito en grafoscopia y dactiloscopia ********************, reconocido por la extensión y difusión de la cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual se desahogaría en su momento procesal oportuno, por lo que solicitó en varias ocasiones se mandaran los oficios a la Delegación del Registro Agrario Nacional para que el perito realizara su trabajo y éstos nunca se mandaron; de la misma forma, nunca se notificó al citado perito ********************, quien incluso rindió protesta, pero no lo notificaron; que las autoridades ejidales del núcleo ejidal de ********************, desconocieron el contrato de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, celebrado entre ******************** y ********************, como tampoco avalaron su conocimiento y mucho menos firmaron oficio de enterados de dicho documento, por lo que también el órgano investigador debió llevar a cabo la indagatoria correspondiente. Al respecto, la responsable señaló que no asistía razón al inconforme, pues era cierto que obraba el escrito de dieciséis de junio de dos mil quince (no de tres de junio de dos mil quince como decía el inconforme), el cual fue acordado por el órgano investigador en tiempo y forma; que posteriormente el representante social ordenó lo solicitado por el perito********************, además de que el agraviado tenía conocimiento que no era necesario que se le fijara día y hora cierta para presentar su dictamen en materia de grafoscopia y documentoscopia, ya que con anterioridad había exhibido dos dictámenes en materia de topografía y agrimensura los cuales fueron ratificados el veinticinco de agosto de dos mil quince. Sin embargo, debe indicarse que la respuesta de la responsable es insuficiente e incorrecta porque en primer término no dio respuesta a todos los argumentos, en segundo, no citó algún artículo en que fundara su respuesta y tercero, no explicó cómo es que el representante social ordenó lo solicitado por el perito, es decir, que libró los oficios que había solicitado el perito para que estuviera en aptitud de emitir su dictamen, debiéndose significar que, considerando que los oficios se hubieran librado, no es suficiente solo el hecho que se hayan girado sino que el órgano investigador al ser un institución de buena fe está encargada de vigilar su debido cumplimiento y desahogo, y en todo caso, hacer los requerimientos y apercibimientos que la ley le faculta para lograr su ese objetivo, debiendo tomar en consideración el artículo 142 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece que los peritos deberán ser citados en la misma forma que los testigos reuniendo además las mismas condiciones que aquellos (testigos), y el ordinal 143 del mismo código, que establece que la pericial se verificará bajo la dirección del funcionario que la haya decretado, y entre otras cuestiones, fijará al perito el tiempo en que deberán cumplir su cometido; que si trascurrido el tiempo fijado al perito, para cumplir su cometido no rindieran su dictamen o si legalmente citado y aceptado el cargo, no concurrieren a desempeñarlo, se hará uso de alguno de los medios de apremio. En ese sentido, se estima que autoridad responsable debió verificar si la prueba pericial que ofreció el agraviado fue admitida en términos de los indicados numerales y si existió alguna omisión al respecto podría subsanarse por el órgano investigador, que dicho sea de paso, es una institución de buena fe encargada de velar por la debida integración de la averiguación previa. Por otra parte, la responsable fue omisa en dar respuesta al argumento relativo a "que las autoridades ejidales del núcleo ejidal de ********************, desconocieron el contrato de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, celebrado entre ******************** y ********************, como tampoco avalaron su conocimiento y mucho menos firmaron oficio de enterados de dicho documento, por lo que también el órgano investigador debió llevar a cabo la indagatoria correspondiente. Por tanto la responsable estaba obligada a dar respuesta cabal a tales argumentos. 8) Dijo el inconforme que era evidente que la determinación estrepitosa del Ministerio Público, originó varias omisiones y no actuó conforme a los más elementales principios de derecho. Al respecto, dijo la responsable que no asistía razón al inconforme, ya que la representación social en la determinación de cuatro de noviembre de dos mil quince, por la que determinó el no ejercicio de la acción penal, sí hizo un razonamiento en el que incluyó los medios de prueba que le sirvieron para determinar la forma en que lo hizo, es decir, que no se acreditó el delito de falsificación de documento en general, por lo que dijo, tal determinación se dictó respetando los derechos fundamentales del inconforme. Sin embargo, tal argumento se estima insuficiente, puesto que la responsable debió analizar pormenorizadamente las actuaciones de la indagatoria para verificar si como lo estimó el inconforme, dentro de la investigación había omisiones que merecían ser subsanadas para integrar debidamente la averiguación previa, es decir, la responsable debía analizar todas y cada una de las pruebas allegadas a la indagatoria, señalar cuáles se había desahogado o cuáles no, así como sí existía alguna irregularidad u omisión que requiera ser subsanada por el órgano investigador, pues solo de esa manera estaría en condiciones de precisar de manera fundada sí el inconforme tenía razón o no sobre las omisiones o irregularidades que hizo valer." Mediante oficio 2444/2016/DDJCYAL la Directora General Jurídico Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla informó haber dado cumplimiento a la sentencia amparadora y al efecto remitió copias certificadas de las resolución de seis de octubre de dos mil dieciséis, en la que se advierte que la referida responsable hizo lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución reclamada de doce de febrero de dos mil dieciséis así como la de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, por las que se autorizó el no ejercicio de la acción penal y su consecuente archivo por el delito de falsificación de documentos en general, en la averiguación previa 2441/2014/SUR; En su lugar dictó una nueva resolución, en la que con libertad de jurisdicción dió respuesta de manera congruente, fundada y motivada a las inconformidades que hizo valer el agraviado ahora quejoso relativas a los argumentos precisados en los incisos 1), 2), 3), 6), 7) y 8); para concluir diciendo, en lo conducente, lo siguiente: .Por lo que advirtiéndose de autos que la Agente del Ministerio Público en su determinación de Inejercicio de la Acción penal no se pronunció conforme a derecho respecto del delito de Falsificación de Documentos, analizado en el considerando VI, además omitió realizar diversas pruebas en la indagatoria en estudio, como se estudió en el presente Considerando VII y no se pronunció por el resto de los delitos denunciados: Uso Indebido de Documento Falso, Declaraciones Falsas ante una autoridad distinta a la judicial y Responsabilidad profesional; por lo tanto con fundamento en los artículos 21 constitucional (sic), el artículo 50, inciso a) y 51, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, así como el punto PRIMERO, fracción I de las Averiguaciones Previas, inciso k), del Acuerdo de la C. Procuradora General de Justicia del Estado, por el que instruye a los Agentes del Ministerio Público sobre los requisitos que deben observar en la integración e averiguaciones previas y en su actuación como parte en los procesos que se radican en los Juzgados Penales en el Estado, que imponen al órgano persecutor de los delitos la obligación de investigar los mismos, así como practicar todas y cada una de las diligencias tendentes a acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad de los indiciados. Por lo que el Representante Social deberá pronunciarse y en su caso llevar a cabo las diligencias que más adelante se le señalan y las que se desprendan de las anteriores, para que en su momento procesal oportuno determine conforme a derecho de todos los delitos enunciados." (foja 370 y 371) Por su parte, los puntos resolutivos son del tenor siguiente: PRIMERO. Esta Dirección General Jurídica Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue competente para conocer de la inconformidad interpuesta por NASARIO OCOTOXTLE TLÁCUATL, en términos de lo señalado en el considerando Primero de la presente resolución. SEGUNDO. Fue procedente el recurso de inconformidad presentado por NASARIO OCOTOXTLE TLACUATL, de acuerdo a lo señalado en el considerando Segundo de esta determinación. TERCERO. NO SE AUTORIZA EL INEJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, por ATIPICIDAD DEL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL, dictada en fecha cuatro de noviembre de dos mil quince por la Licenciada Edith Arriaga González, Agente del Ministerio Público adscrita a la Delegación Sur, Mesa Vespertina, dentro de la Averiguación Previa número 2441/2014/SUR; debiendo dar cumplimiento en Agente del Ministerio Público a lo precisado en los considerandos Quinto y Sexto de esta resolución. CUARTO. El contenido del presente deberá hacerse del conocimiento de NASARIO OCOTOXTLE TLACUATL, por parte de la representante social, quien deberá recabar su firma o huella digital para constancia. QUINTO. Una vez que se haya realizado la notificación personal al inconforme, remita a esta autoridad copia certificada del acuse correspondiente a dicha notificación, dentro del término que estipula el artículo 44 de la Ley Adjetiva Penal para el Estado. (foja 373). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito del quejoso con el que se da cuenta, mediante el cual refiere promover incidente de inejecución de sentencia en contra de la resolución emitida por la Directora General Jurídica y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla el seis de octubre de dos mil dieciséis; que se adhiere al incidente de incumplimiento de ejecución de sentencia que determinó este juzgado contra la mencionada autoridad; y, solicita copias de todo lo actuado en el presente juicio de garantías a partir de la resolución de quince de julio de dos mil dieciséis, al respecto se provee: Con fundamento en lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el quejoso en relación al incidente de incumplimiento de ejecución de sentencia que solicita, en virtud de que la autoridad responsable ya dio cumplimiento a la ejecutoria amparadora, tal como quedó precisado en presente proveído. En efecto, tomando en cuenta que la inejecución de sentencia consiste exclusivamente en la negativa de la autoridad responsable a dejar sin efecto el acto reclamado y abstenerse de emitir uno nuevo, es inconcuso que si en el presente caso la responsable ya dio cumplimiento a la mencionada sentencia no existe inejecución alguna que analizar, siendo este el presupuesto procesal primordial para la procedencia de dicho medio de impugnación, por lo que en tales condiciones se carece de base y fundamento para acordar favorable la solicitud del quejoso. Por otra parte, se hace del conocimiento del promovente que en el juicio de amparo en el que se actúa no se encuentra tramitando incidente de incumplimiento de ejecución de sentencia alguno. En cuanto a las copias certificadas que solicita el promovente, expídanse a su costa las documentales a que hace referencia en su ocurso de mérito y háganse entrega de las mismas a las personas que indica, previa razón que de su recibo otorgue en autos, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve de la mañana a doce del día. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no obra agregado el acuse de recibo del oficio IV-A-522-1 dirigido al 1. Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por medio del cual se le notificó el auto de diecinueve de septiembre del actual. En tal sentido, por economía procesal y para no incurrir en dilaciones innecesarias para estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, se ordena reexpedir el oficio IV-A-522-1 dirigido al 1. Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General de Estado de Puebla, y visto su contenido téngasele a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria amparadora. Ahora bien, en principio es preciso indicar que en la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Nasario Ocotoxtle Tñacuatl; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la autoridad responsable, Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realice lo siguiente: a) Deje sin efectos la resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis. b) En su lugar dicte una nueva resolución, en la que dé respuesta de manera congruente, fundada y motivada, con libertad de jurisdicción, atendiendo a las inconformidades que hizo valer el agraviado ahora quejoso. Es decir, deberá dar contestación al argumento precisado con el inciso 1), puesto que fue omisa en hacerlo. Respecto a la inconformidad precisada con el inciso 2), deberá dar respuesta de manera completa, dado que el argumento que al respecto dio resulta insuficiente. En relación a la inconformidad marcada con el inciso 3), deberá dar contestación de manera completa y congruente. Tocante la inconformidad marcada con el inciso 6), deberá dar respuesta de manera completa y contestar el argumento que omitió. Por lo que atañe a la inconformidad indicada con el inciso 7), deberá dar respuesta de forma completa y congruente. Por lo que hace a la inconformidad precisada con el inciso 8) deberá dar respuesta de forma completa pues lo que adujo la responsable al respecto, resulta insuficiente. Se afirma lo anterior, en virtud de que es obligación de la responsable subsanar las deficiencias de carácter formal advertidas en esta sentencia, y no del juzgador de amparo, porque a éste no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando la resolución combatida, obligando con ello a la parte quejosa a defenderse, además de lo determinado por la autoridad responsable, de lo señalado por el juzgador constitucional; circunstancia que resulta contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, ya que éste no es una segunda o ulterior instancia en la cual se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional, por lo cual los Jueces de Distrito se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no derechos fundamentales." (fojas 134 a 137). Para una mejor comprensión de los efectos del amparo, es preciso transcribir el considerando denominado: "Noveno estudio de fondo", que es del tenor siguiente: "NOVENO. Estudio de fondo. Del análisis efectuado a las constancias que obran en el sumario, se llega a la conclusión de que resultan esencialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, en cuanto a que la resolución reclamada no está debidamente fundada ni motivada, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja que opera en favor de la quejosa, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Previo a efectuar el estudio correspondiente, debe precisarse que el presente asunto se resolverá tomando en cuenta las disposiciones constitucionales y procesales vigentes al momento en que inició la averiguación previa (diecinueve de junio de dos mil catorce fojas 1 a 2 del tomo dos de pruebas), que en el caso son los artículos constitucionales anteriores a la reforma de dos mil ocho y el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, debido a que la aplicación de ambos ordenamientos estuvo vigente hasta que entró el nuevo sistema penal oral acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que ocurrió en el Distrito Judicial de Puebla, en donde se dictó el acto reclamado, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. De las constancias que remitió la autoridad responsable, relativa a la averiguación previa AP.42441/2014/SUR, se advierte que el doce de febrero de dos mil dieciséis, autorizó el no ejercicio de la acción penal que decretó el órgano investigador, para lo cual relacionó las pruebas allegadas a la indagatoria a las que otorgó el valor que estimó pertinente, y concluyó: "(.) VI. Para resolver la inconformidad planteada, enseguida se procederá al análisis jurídico de los elementos que integran el tipo penal de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL, mismo que se encuentra previsto en el artículo 250 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado que textualmente preceptúa: ARTÍCULO 250.- El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los siguientes: FRACCIÓN I:- Poniendo una firma o rúbrica falsas, aun cuando sea imaginaria o alterando una verdadera; Desprendiéndose de la anterior hipótesis normativa los siguientes elementos: a) Poner una firma o rúbricas falsas; b) Aun cuando sea imaginaria o alternado una verdadera. En lo que respecta al primer elemento, consiste en Poner una firma o rúbrica falsas; de acuerdo con la Real Academia (..) VII. Una vez analizadas todas y cada una de las constancias que integran la averiguación previa a estudio se procede a realizar el análisis de los elementos del tipo penal de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL, que han sido descritos en el considerando que antecede. Por cuando hace al primero de los elementos consistente en "una firma o rúbrica falsas", este elemento no se encuentra acreditado en autos toda vez que si bien es cierto en el contrato de Enajenación de Derechos Parcelarios de fecha 16 de febrero de 2009, del que se advierte una cesión de derechos Agrarios, por una parte el Enajenante, el C. NASARIO OCOTOXTLE TLACUATL y por la otra parte el Adquirente, el C. CRESCENCIANO OCOTOXTLE TLACUATL, respecto de la parcela número 887 Z1 P1/1, ubicada en Santa Clara Ocoyucan, Puebla, en tal y como se advierte de actuaciones, los intervinientes estamparon sus firmas, sin embargo estas no son falsas tal y como quedó demostrado con el Dictamen en materia de Grafoscopía y Documentoscopía, debidamente valorado en el inciso 20), del Considerando V, del que textualmente se ". determina que la firma del contrato, si es similar a la estampadas en las pruebas caligráficas realizadas ante el ministerio público, es decir que si corresponden al mismo origen gráfico y a la misma técnica escritural, en su comprobación grafoscópica, representan la misma autoría." en tal virtud se afirma no se acredita el primer elemento. En cuanto al segundo elemento consistente en "aun cuando sea imaginaria o alterando una verdadera", este elemento no se encuentra acreditado, pues no quedó demostrado que el C. CRESCENCIANO OCOTOXTLE TLACUATL, haya alterado una firma verdadera, pues tal y como se demostró con el Dictamen en materia de Grafoscopia y Documentoscopia, debidamente valorado en el inciso 20), del Considerando V, de esta determinación. Razón por la cual no se reúne el extremo de este elemento que integra el Delito de Falsificación de Documento en General (.).". La parte quejosa en el escrito de demanda de amparo, esencialmente aduce que se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que al órgano investigador le corresponde la persecución de los delitos y la obligación de buscar y presentar la pruebas que acrediten la existencia del delito, la autoridad responsable autorizó el no ejercicio de la acción penal, sin que fundara ni motivara su determinación. Como se adelantó al inicio de este apartado, resultan fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. En efecto, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que la autoridad responsable no dio cabal respuesta a los agravios que formuló el recurrente en el escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil quince, lo que hace a la controvertida incongruente porque no guarda relación con los motivos de inconformidad que fueron planteados por el recurrente. En efecto, el recurrente al interponer la inconformidad hizo valer las inconformidades siguientes: 1) Que la determinación del órgano investigador atentaba contra los principios fundamentales de la Constitución, los derechos humanos y tratados internacionales consagrados por el Estado Mexicano, pues lo dejaba en estado de indefensión. Al respecto la autoridad responsable fue omisa en contestar tal argumento. 2) Que nunca suscribió el contrato o convenio con el demandado y que menos aun estampó su firma, que tal contrato era apócrifo, lo que iba a demostrar con la prueba pericial en grafoscopia la cual de manera ilegal y sin fundamento el ministerio público inhibió a su perito pese a que protestó el cargo, y el órgano investigador nunca libró los oficios solicitados por el perito a efecto de que pudiera realizar su trabajo pericial. Al respecto la autoridad responsable dijo que tal afirmación era infundada ya que en actuaciones obraba un dictamen en materia de grafoscopia y documentoscopia que fue realizado por el Jorge Octavio Linares Ramírez, perito en dicha materia, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, quien contaba con la experiencia necesaria para emitir el referido dictamen; asimismo dijo, que de las actuaciones no se desprendía que hubiera ofrecido algún dictamen y que este se le haya negado (foja 34 del tomo uno de pruebas). La respuesta que dio la responsable a tal argumento se estima incongruente, pues que no contestó el argumento toral que hizo el recurrente, en el sentido de que "nunca suscribió el contrato o convenio con el demandado y que menos aun estampó su firma, que tal contrato era apócrifo, lo que iba a demostrar con la prueba pericial en grafoscopia, la cual de manera ilegal y sin fundamento el ministerio público inhibió a su perito pese a que protestó el cargo, y el órgano investigador nunca libró los oficios solicitados por el perito a efecto de que pudiera realizar su trabajo pericial", por lo que la responsable estaba obligada a dar respuesta cabal a tal argumento, y si bien la responsable dijo que de las constancias de autos no se advertía que hubiese ofrecido algún dictamen y que se haya negado tal petición, se estima que tal respuesta es insuficiente, pues el recurrente señaló que el perito protestó el cargo y nunca se enviaron los oficios que solicitó para que el perito estuviera en aptitud de rendir el dictamen correspondiente; de ahí que la responsable estaba obligada a dar respuesta pormenorizada de tal argumento. 3) Que por circunstancias administrativas en el Registro Agrario Nacional, se enteró que familiares cercanos realizaron argucias legaloides y fraudulentas al pretender despojarlo de su título agrario, cuyo certificado parcelario es el número 000000375632 parcela número 887 z1 p1/1, que le fue expedido por el gobierno federal el veintiocho de marzo de dos mil siete y firmado por el Delegado del Registro Agrario. Respecto a tal argumento la responsable señaló que se dejaban a salvo los derechos del inconforme para que los hiciera valer en las instancias correspondientes (foja 34 ídem); sin embargo, la respuesta se estima insuficiente, pues no debe perderse de vista que lo que el agraviado denunció fue el delito de falsificación de documentos, y en esa medida estaba obligada a dar una respuesta congruente, pues las inconformidades que planteó fueron en torno a que el contrato que supuestamente firmó, no lo hizo ya que la firma estampada en él no es de su puño y letra, de ahí que se estima que la respuesta que dio la responsable, no es congruente con la inconformidad planteada. 4) Que por lo que se refería a la parcela 887 que ampara el certificado 375632, que supuestamente había sido enajenada por el contrato de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, a Crescenciano Ocotoxtle Tlacuatl, lo que dio lugar a que se cancelara el referido certificado (375632) y se expidiera el 1014734, en favor del nuevo titular, se percibían ciertas anomalías, que incluso del informe que rindieron el Delegado del Registro Agrario Nacional dentro del juicio de amparo 1472/2014 del índice del Juzgado Décimo de Distrito, así como de los ex comisarios del núcleo ejidal de Santa Clara Ocoyucan, declararon que no es su firma la que aparece en el aviso de realización de contrato de compraventa en cuestión. Al respecto, la responsable sí contesto tal argumento, pues indicó que no asistía razón al inconforme, en virtud de que conforme a las pruebas debidamente valoradas hasta antes de la determinación de archivo por atipicidad de cuatro de noviembre de dos mil quince, se advertía el dictamen en materia de grafoscopia y documentoscopia en el que se precisó que las firmas estampadas en las pruebas caligráficas realizadas ante el ministerio público, sí correspondían al mismo origen gráfico y a la misma técnica escritural y que en su comparación grafoscópica, representaban la misma autoría (foja 35 ídem). 5) Que de manera artera, fraguada y fraudulenta el demandado Crescenciano Ocotoxtle Tlacuatl, ha tejido una serie de simulaciones jurídicas con la pretensión dolosa de hacerse de un beneficio económico con la celebración de actos fraudulentos, incluso ha simulado que perdió su contrato de certificado de derechos; que se enteró que su hermano (demandado) y las hijas de éste sustrajeron papeles de su casa, y éste se presentó ante el ministerio público especializada en constancia de hechos CH-2942/2012/ESPCH, delegación centro con documentos que son de él (agraviado), quien declaró con falsedad, lo que omitió el ministerio público investigar, pues sin lugar a dudas la actuación del inculpado es parte de delitos que se siguen de oficio ya que mediante los documentos el citado indiciado se presentó a la Delegación del Registro Agrario Nacional de Puebla, simulando actos jurídicos con documentos apócrifos. El resumido argumento, la responsable sí lo contestó ya que al respecto señaló que, no asistía razón al inconforme porque el órgano investigador fungía como representante de las víctimas, como también contaba con la atribución de la investigación para el esclarecimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de un tipo penal, razón por la que contaba con fe pública de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, 2 y 3 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; agregó que de actuaciones se advertía que en la constancia de hechos número 2942/2012/ESPCH, radicada en la agencia del ministerio público, delegación Centro, había sido presentado el agraviado, situación que desde un inicio el presentante social, se cercioró de que fuera la misma persona quien interpuso dicha constancia de hechos basando su atribución en los extremos del artículo 64 del citado código (foja 36 ídem). 6) Que el indiciado con premeditación, alevosía, dolo, mala fe no solo constituyó un delito sino que lesionó sus derechos agrarios, ya que obtuvo de manera fraudulenta el certificado de derechos agrarios, pues se dijo que el certificado registral fue enajenado en favor del inculpado ante notario público mediante la firma de un contrato, lo que era cierto, por ello solicitaba que el notario así como el Registrador Agrario Nacional fueran llamados a juicio porque convalido una cesión de derechos parcelarios a favor de Crescenciano Ocotoxtle Tlacuatl, contrato que era falso como lo demostraba con la constancia certificada del propio notario número uno, del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, cuyo titular era Enrique Camarillo Domínguez, por lo que el órgano investigador debió llamar al referido notario. Al respecto, la responsable indicó que no asistía razón al agraviado ya que de actuaciones se advertía una documental relativa al contrato de enajenación de derechos parcelarios de fecha dieciocho de febrero de dos mil nueve, celebrado entre en enajenante Nasario Ocotoxtle Tlacuatl y cómo adquirente Crescenciano Ocotoxtle Tlacuatl, respecto de la parcela número 887 z1 p1/1, pasado ante la fe del notario público Enrique Camarillo Domínguez, Notario Público Número Uno, del Distrito Judicial de Cholula, ratificación que se encuentra debidamente sellada y rubricada. Sin embargo, se estima que la respuesta que dio la responsable a tal argumento es insuficiente, puesto que fue omisa en contestar el argumento del inconforme en el sentido de que se "debía llamar a la indagatoria al titular de la notaria Enrique Camarillo Domínguez", es decir, la responsable debió explicar al inconforme porque no era procedente llamar al citado notario. 7) Que el tres de junio de dos mil quince solicitó la pericial a cargo del perito en grafoscopia y dactiloscopia Tomás Sánchez García, reconocido por la extensión y difusión de la cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual se desahogaría en su momento procesal oportuno, por lo que solicitó en varias ocasiones se mandaran los oficios a la Delegación del Registro Agrario Nacional para que el perito realizara su trabajo y éstos nunca se mandaron; de la misma forma, nunca se notificó al citado perito Tomás Sánchez García, quien incluso rindió protesta, pero no lo notificaron; que las autoridades ejidales del núcleo ejidal de Santa Clara Oyucan, desconocieron el contrato de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, celebrado entre Nasario Ocotoxtle Tlacuatl y Cresenciano Ocotoxtle Tlacuatl, como tampoco avalaron su conocimiento y mucho menos firmaron oficio de enterados de dicho documento, por lo que también el órgano investigador debió llevar a cabo la indagatoria correspondiente. Al respecto, la responsable señaló que no asistía razón al inconforme, pues era cierto que obraba el escrito de dieciséis de junio de dos mil quince (no de tres de junio de dos mil quince como decía el inconforme), el cual fue acordado por el órgano investigador en tiempo y forma; que posteriormente el representante social ordenó lo solicitado por el perito Tomás Sánchez García, además de que el agraviado tenía conocimiento que no era necesario que se le fijara día y hora cierta para presentar su dictamen en materia de grafoscopia y documentoscopia, ya que con anterioridad había exhibido dos dictámenes en materia de topografía y agrimensura los cuales fueron ratificados el veinticinco de agosto de dos mil quince. Sin embargo, debe indicarse que la respuesta de la responsable es insuficiente e incorrecta porque en primer término no dio respuesta a todos los argumentos, en segundo, no citó algún artículo en que fundara su respuesta y tercero, no explicó cómo es que el representante social ordenó lo solicitado por el perito, es decir, que libró los oficios que había solicitado el perito para que estuviera en aptitud de emitir su dictamen, debiéndose significar que, considerando que los oficios se hubieran librado, no es suficiente solo el hecho que se hayan girado sino que el órgano investigador al ser un institución de buena fe está encargada de vigilar su debido cumplimiento y desahogo, y en todo caso, hacer los requerimientos y apercibimientos que la ley le faculta para lograr su ese objetivo, debiendo tomar en consideración el artículo 142 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece que los peritos deberán ser citados en la misma forma que los testigos reuniendo además las mismas condiciones que aquellos (testigos), y el ordinal 143 del mismo código, que establece que la pericial se verificará bajo la dirección del funcionario que la haya decretado, y entre otras cuestiones, fijará al perito el tiempo en que deberán cumplir su cometido; que si trascurrido el tiempo fijado al perito, para cumplir su cometido no rindieran su dictamen o si legalmente citado y aceptado el cargo, no concurrieren a desempeñarlo, se hará uso de alguno de los medios de apremio. En ese sentido, se estima que autoridad responsable debió verificar si la prueba pericial que ofreció el agraviado fue admitida en términos de los indicados numerales y si existió alguna omisión al respecto podría subsanarse por el órgano investigador, que dicho sea de paso, es una institución de buena fe encargada de velar por la debida integración de la averiguación previa. Por otra parte, la responsable fue omisa en dar respuesta al argumento relativo a "que las autoridades ejidales del núcleo ejidal de Santa Clara Oyucan, desconocieron el contrato de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, celebrado entre Nasario Ocotoxtle Tlacuatl y Cresenciano Ocotoxtle Tlacuatl, como tampoco avalaron su conocimiento y mucho menos firmaron oficio de enterados de dicho documento, por lo que también el órgano investigador debió llevar a cabo la indagatoria correspondiente. Por tanto la responsable estaba obligada a dar respuesta cabal a tales argumentos. 8) Dijo el inconforme que era evidente que la determinación estrepitosa del Ministerio Público, originó varias omisiones y no actuó conforme a los más elementales principios de derecho. Al respecto, dijo la responsable que no asistía razón al inconforme, ya que la representación social en la determinación de cuatro de noviembre de dos mil quince, por la que determinó el no ejercicio de la acción penal, sí hizo un razonamiento en el que incluyó los medios de prueba que le sirvieron para determinar la forma en que lo hizo, es decir, que no se acreditó el delito de falsificación de documento en general, por lo que dijo, tal determinación se dictó respetando los derechos fundamentales del inconforme. Sin embargo, tal argumento se estima insuficiente, puesto que la responsable debió analizar pormenorizadamente las actuaciones de la indagatoria para verificar si como lo estimó el inconforme, dentro de la investigación había omisiones que merecían ser subsanadas para integrar debidamente la averiguación previa, es decir, la responsable debía analizar todas y cada una de las pruebas allegadas a la indagatoria, señalar cuáles se había desahogado o cuáles no, así como sí existía alguna irregularidad u omisión que requiera ser subsanada por el órgano investigador, pues solo de esa manera estaría en condiciones de precisar de manera fundada sí el inconforme tenía razón o no sobre las omisiones o irregularidades que hizo valer." Sin embargo los efectos señalados en el inciso 7) no se encuentran cumplidos pues de la resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis se advierte lo siguiente: A) En este aspecto la responsable afirma que sí libró los oficios que había solicitado el perito para que estuviera en aptitud de emitir su dictamen, luego, es menester que como se precisó en la ejecutoria amparadora el órgano investigador al ser un institución de buena fe está encargada de vigilar su debido cumplimiento y desahogo, y en todo caso, hacer los requerimientos y apercibimientos que la ley le faculta para lograr su ese objetivo, debiendo tomar en consideración el artículo 142 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece que los peritos deberán ser citados en la misma forma que los testigos reuniendo además las mismas condiciones que aquellos (testigos), y el ordinal 143 del mismo código, que establece que la pericial se verificará bajo la dirección del funcionario que la haya decretado, y entre otras cuestiones, fijará al perito el tiempo en que deberán cumplir su cometido; que si trascurrido el tiempo fijado al perito, para cumplir su cometido no rindieran su dictamen o si legalmente citado y aceptado el cargo, no concurrieren a desempeñarlo, se hará uso de alguno de los medios de apremio, y no lo hizo. B) La autoridad responsable no verificó si la prueba pericial que ofreció el agraviado fue admitida en términos de ley, ni constató si existió alguna omisión al respecto que pudiera subsanarse por el órgano investigador (institución de buena fe encargada de velar por la debida integración de la averiguación previa); y, C) Dicha responsable fue omisa en dar respuesta completa al argumento relativo a "que las autoridades ejidales del núcleo ejidal de Santa Clara Oyucan, desconocieron el contrato de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, celebrado entre Nasario Ocotoxtle Tlacuatl y Cresenciano Ocotoxtle Tlacuatl, como tampoco avalaron su conocimiento y mucho menos firmaron oficio de enterados de dicho documento, por lo que también el órgano investigador debió llevar a cabo la indagatoria correspondiente. Tampoco cumplió con los efectos señalados en el inciso 8) al omitir realizar lo siguiente: a) No analizó pormenorizadamente las actuaciones de la indagatoria para verificar si como lo estimó el inconforme, dentro de la investigación había omisiones que merecían ser subsanadas para integrar debidamente la averiguación previa (la responsable debía analizar todas y cada una de las pruebas allegadas a la indagatoria, señalar cuáles se habían desahogado o cuáles no, así como sí existía alguna irregularidad u omisión que requiera ser subsanada por el órgano investigador). Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General de Estado de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé CABAL cumplimiento a LOS EXTREMOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO EN LOS TÉRMINOS DECRETADOS EN LA SENTENCIA AUTORIZADA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS Y, EN ATENCIÓN, A LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS QUE EN EL PRESENTE PROVEÍDO SE DESTACAN. Esto es, deberá dejar sin efectos la resolución reclamada de doce de febrero de dos mil dieciséis y nueve de septiembre de dos mil dieciséis, con la que pretendió dar cumplimiento; remitiendo a esta autoridad las constancias que así lo justifiquen. En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General de Estado de Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, agréguese a los autos el diverso oficio de la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por medio del cual remite la cédula de notificación de la resolución dictada el nueve de septiembre pasado, dentro de la averiguación previa 2441/2014/SUR; sin embargo, dígasele a la autoridad oficiante que se esté a lo acordado en líneas anteriores.

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