Napoleon Alvarez Nieto

Expediente 559/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
559/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Napoleon Alvarez Nieto
  • Agente del Ministerio Público Encargado del Despacho En Funciones del Titular, de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Violacion de Secretos; de Responsabilidad Profesional; de Delitos de Falsedad Y Delitos Por Infracciones A las Leyes Y

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 559/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Napoleón Álvarez Nieto; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, de forma electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnado a este órgano jurisdiccional, Napoleón Álvarez Nieto solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, y otras autoridades. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, 8.1, 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Auto de radicación y prevención. Por auto de treinta de mayo del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró la demanda con el número de juicio de amparo 559/2022; asimismo, previno al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, precisara la denominación actual y correcta de los jueces de control señalados como autoridades responsables. Tercero. Escrito aclaratorio. Por escrito presentado el dos de junio de la presente anualidad, de forma electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el quejoso precisó el nombre y denominación de los jueces responsables. Cuarto. Auto de parcial admisión. Por acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional tuvo por cumplida la prevención de mérito y admitió trámite la demanda de amparo -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Quinto. Cita para audiencia. En auto de quince de junio del actual, se fijaron las diez horas con treinta y cuatro minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos privativos de libertad, cuya ejecución se atribuye a autoridades ejecutoras de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Napoleón Álvarez Nieto reclama: 1. Las órdenes de detención, aprehensión, presentación y/o comparecencia; y, 2. La ejecución de las citadas órdenes. Tercero. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo de este fallo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Foja Ordenadoras. 1 16. Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por sí y en representación de los diversos Jueces: ( Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital: 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 2. Enrique López Criollo, 3. Aarón Hernández Chino, 4. Rosalva Elena Zarate Herrera, 5. Mario Cortés Aldama, 6. Rosa Aurora Espejel Prado, 7. María Guadalupe Muñoz Pérez, 8. Mirian Huerta Lechuga, 9. Magally Escamilla Rodríguez, 10. Ana Alicia Ponce Frías, 11. José Álvaro Sarmiento Márquez y 12. Karla Ivonne Munguía Olmos. ( Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula: 13. David Rodríguez González, 14. Karla Patricia Ambrocio Vargas y 15. Javier Vázquez Fernández. Niega. 37. Ejecutoras. 2 17. Fiscal General del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 55. 3 18. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 38. 4 19. Encargado de la Unidad de Apoyo Policial de San Andrés Cholula Puebla. Niega. 57. 5 20. Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 39. 6 21. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 71. 7 22. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Oriente de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 41. 8 23. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Sur de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 61. 9 24. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Centro de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 34. 10 25. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación La Margarita de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 70. 11 26. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Chapulco de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 54. 12 27. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Popular de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 40. 13 28. Fiscal Especializado en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados de la Fiscalía General del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 56. 14 29. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Paz, la Seguridad y las Garantías de las Personas de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 58. 15 30. Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 32. 16 31. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Violación de Secretos, de Responsabilidad Profesional, de Delitos de Falsedad y Delitos por Infracciones a las Leyes y Reglamentos sobre Inhumaciones y Exhumaciones de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 33. Tabla única. Las autoridades que rindieron sus informes de ley negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. En efecto, respecto a la instrumental pública de actuaciones y a la presuncional legal y humana que ofreció la parte quejosa, debe decirse que la primera por su propia naturaleza es inconducente para demostrar algún hecho, pues consiste en todo lo actuado en el presente juicio de amparo, siendo que se debió demostrar con pruebas en concreto la existencia de los actos que combate; y, la segunda, ningún beneficio reporta al quejoso, pues como ya se dijo, las citadas autoridades responsables rindieron sus informes justificados negando la existencia de los actos reclamados, por lo que, no opera presunción legal alguna; y la presunción humana deriva de los hechos objetivos probados, los que en el caso resultan insuficientes para acreditar que las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables realizaron los actos combatidos. En ese sentido, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria para controvertir los informes respectivos; esto es, acreditar, primero que otra cuestión, la existencia de los actos combatidos. Consecuentemente, al no cumplir con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar las negativas de las autoridades responsables y acreditar que, como lo afirma, existe un acto de autoridad que le genera perjuicio en su esfera jurídica, no obstante que se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades responsables y el acto reclamado. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee el juicio de amparo indirecto 559/2022, promovido por el quejoso Napoleón Álvarez Nieto, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintidós. Intégrense a los presentes autos el informe previo de la autoridad responsable: No.Autoridad (es) responsable (s)25.Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación la Margarita.Sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto; lo anterior, en virtud de que en audiencia incidental de diez de junio del año en curso, se resolvió lo que en derecho corresponde, respecto a dicha autoridad. Cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables siguientes: No.Autoridad (es) responsable (s)21.Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Unidad de Investigación Norte.25.Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación la Margarita.Con los que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. CORREOS ELECTRÓNICOS Y NÚMEROS TELEFÓNICOS. Asimismo, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma nota de los correos electrónicos y números telefónicos, para canal de comunicación directa no procesal de la autoridad denominada con el numeral 25. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A fin de dar margen a lo anterior, es decir, que transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido de los informes justificados de cuenta, procede diferir anticipadamente la audiencia señalada para las nueve horas con treinta y seis minutos del veintisiete de junio próximo, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

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