Narciso Gutiérrez Cortés
Expediente 1091/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Narciso Gutiérrez Cortés
Actuaciones
- Principal
Xalapa, Veracruz; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, Veracruz y otras autoridades, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número de amparo 1091/2023. Bajo esa premisa, en el caso, contra el acto reclamado se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. (...) En este contexto, resulta inconcuso que los actos combatidos en esta vía se ubican en la hipótesis de procedencia de asuntos de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, pues se trata de cuestiones relacionadas con el procedimiento de sanción administrativa; por lo que debe acudir ante la instancia ordinaria a reclamar el acto administrativo que le causa perjuicio, pues es claro que, mediante el juicio contencioso administrativo, puede confirmarse, modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado. De este modo, en observancia al principio de definitividad, resulta necesario que la promovente *********, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado *********, agote los medios ordinarios de defensa previamente a acudir al juicio de amparo, toda vez que debe recordarse que la acción constitucional es un medio extraordinario de defensa al cual puede acudirse una vez que se hayan desahogado las herramientas procesales mediante las cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o anulado. En consecuencia, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causa de improcedencia antes indicada; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *****, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado *******, personalidad que acredita con copia certificada del instrumento público número ********** pasado ante la fe del Notario Público Número Nueve, con residencia en esta ciudad, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, Veracruz y otras autoridades, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número de amparo 1091/2023. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Bajo esa premisa, en el caso, contra el acto reclamado se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)" El numeral transcrito establece lo que la doctrina jurisprudencial ha denominado principio de definitividad, acorde al cual el juicio de amparo indirecto es improcedente en el supuesto de que, contra el referido acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es decir, previo a la promoción del juicio de protección de derechos humanos, debe agotarse la jurisdicción ordinaria o de lo contrario, el medio de control constitucional será improcedente. Para que ésta hipótesis de improcedencia opere, se requiere que el acto reclamado provenga de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado puedan ser suspendidos, y que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo al efecto. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver mediante ejecutoria de diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la contradicción de tesis 12/99, determinó que para la aplicación de la causal de improcedencia en análisis, basta que alguna ley, formal y material, prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos sin solicitar mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Lo que significa que el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no están restringidos solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Se invoca la jurisprudencia 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193142, de título siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Así como la jurisprudencia 2a./J. 116/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 447, tomo X, octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193141, de rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Sentado lo anterior, conviene precisar que el principio de definitividad que rige el juicio de protección de derechos humanos, tiene que ver con la naturaleza jurídica del juicio de control constitucional, pues no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que sólo procede respecto a actos definitivos, con relación a los cuales no exista algún recurso cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado; y en el supuesto de la fracción que se examina atañe a los actos de autoridades no judiciales, como lo son las administrativas o fiscales. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes; la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución; cuando el acto carece de fundamentación; y, cuando la legislación que rige el recurso o medio de defensa ordinario impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado o plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado, o no, susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV mayo de 2002, página 902, registro 187016, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Acorde con lo expuesto en la porción normativa transcrita, es necesario agotar todas las instancias a que haya lugar antes de interponer la demanda de amparo contra un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ello con el fin de cumplir el principio de definitividad que, al igual que otros, rige el juicio de amparo, cuyo sustento descansa en su naturaleza extraordinaria. Por lo tanto, podemos concluir que, como lo precisa el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley, exceptuando de lo anterior, los casos en que el acto reclamado carezca de fundamentación. En el particular, se tiene que la promovente *******, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado ********, señala como acto reclamado, lo siguiente: El oficio s/n de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, emitido por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coatepec, Veracruz por el que se le impuso una sanción administrativa por la cantidad de $601,692.00 (Seiscientos un mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). Sentando lo anterior, resulta necesario traer a la vista el contenido del artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que establece lo siguiente: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: I. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; III. Actos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar, de manera unilateral la autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de la misma naturaleza que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recursos de revocación a que se refieren la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VI. Resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público, cuya nulidad demande la autoridad; VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación del presente Código o las previstas en la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VIII. Actos administrativos dictados por la Administración Pública en los supuestos a que se refieren los artículos 1, párrafo primero, y 2, fracciones II y XVI, del presente Código, que afecten derechos de particulares o de autoridades; IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; X. Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; XI. Incumplimiento de contratos administrativos celebrados por la Administración Pública estatal o municipal y los organismos autónomos; y XII. Los demás actos y resoluciones que señale la ley (.) De igual manera, los artículos 292, 296 y 305 de la citada legislación disponen: "Artículo 292. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Autoridad que emitió el acto o ante la Oficialía de Partes del Tribunal, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se impugna, o al en que se haya tenido conocimiento del mismo, con las excepciones siguientes: (.) Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su admisión. En el mismo acuerdo se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo. Tratándose de la suspensión deberá resolverse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda. (.) "Artículo 305. Iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias o la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán las medidas cautelares ni la suspensión, si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La Sala Unitaria podrá decretar medidas cautelares positivas cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende, por el simple transcurso del tiempo. La suspensión del acto impugnado se decretará dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y las medidas cautelares se decretarán de plano, ambos casos a cargo de la Sala Unitaria, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Unitaria que conozca el asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." Del primer artículo citado se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz conocerá de los juicios que se promuevan, entre otros actos, aquellos de carácter administrativo que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas durante el procedimiento administrativo o que afecten derechos de particulares. Por lo que respecta a los artículos 292, 296 y 305, se deriva que en el caso sujeto a estudio, el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, no estipula mayores requisitos que la Ley de Amparo para obtener la suspensión de los actos reclamados, de hecho, en ésta se establecen símiles exigencias al solicitante para obtener la medida cautelar (comparado con las establecidas en los numerales 128 y 129 de la Ley que rige a la materia). En este contexto, resulta inconcuso que los actos combatidos en esta vía se ubican en la hipótesis de procedencia de asuntos de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, pues se trata de cuestiones relacionadas con el procedimiento de sanción administrativa; por lo que debe acudir ante la instancia ordinaria a reclamar el acto administrativo que le causa perjuicio, pues es claro que, mediante el juicio contencioso administrativo, puede confirmarse, modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado. De este modo, en observancia al principio de definitividad, resulta necesario que la promovente ********, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado ********, agote los medios ordinarios de defensa previamente a acudir al juicio de amparo, toda vez que debe recordarse que la acción constitucional es un medio extraordinario de defensa al cual puede acudirse una vez que se hayan desahogado las herramientas procesales mediante las cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o anulado. Sin que en el presente asunto se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, pues la suspensión del acto reclamado es procedente mediante la promoción del citado juicio contencioso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo para ello, sin exigir mayores requisitos que los que en ella se consignan para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Cobra aplicación a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J 126/2019, correspondiente a la décima época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 70, Septiembre de 2019, página 326, registro 2020596 y rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO." De igual forma, la promovente no reclama violaciones directas al texto constitucional sino que hace valer argumentos de legalidad; y, en adición, el medio de defensa ordinario por virtud del cual podría obtener la revocación, nulificación o modificación de los actos reclamados no está previsto en un reglamento sino que, como se expuso, se encuentra establecido en una ley en sentido formal y material. En consecuencia, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causa de improcedencia antes indicada; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO. Lo anterior, guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la promovente, pues quedan expeditas sus facultades para hacerlas valer en la vía que considere correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de dos mil seis, Materia Común, página novecientos veintiuno de rubro: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la promovente se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. (...) "
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