Narciso Espinosa García
Expediente 1092/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Narciso Espinosa García
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Narciso Espinosa García, por propio derecho contra actos de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1092/2019 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, cuyo rubro es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En el caso, el suscrito juzgador considera que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). Delimitado lo anterior, se tiene que el quejoso Narciso Espinosa García, señala como acto reclamado en concreto: ? "Ilegal orden de detención de la unidad de transporte público marcada con el número 1240 marca March Nissan modelo 2018 económico en su modalidad de taxi de la zona Xalapa". Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad señaló el quejoso, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no se ha materializado la detención de la unidad a la que refiere el promovente; lo anterior puede observarse de las manifestaciones siguientes: "además que tan solo el arrastre de la unidad y recuperación de mi unidad lesionaría mi patrimonio por una injusta detención (.) Con el ánimo de que mi unidad no sea detenida pido a vuestra señoría que me conceda la suspensión del acto reclamado." Además de que, el promovente del juicio de garantías manifestó que acudió a las oficinas de Transito del Estado para ver si su unidad contaba con algún reporte, a lo que el oficial de guardia que lo atendió le informó que no tenía reporte alguno. De esta forma, es evidente que la reclamación del peticionario de amparo, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe probar de manera indiciaria que se afectan sus derechos subjetivos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, material y directa y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. En ese contexto, lo anterior, resulta insuficiente para considerar que de lo que se duele el promovente se trata de algún acto de autoridad que pudiera irrogar algún perjuicio personal y directo en su contra, pues en el caso concreto, resulta evidente que lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales no procede el juicio de amparo. Bajo este orden de ideas, es correcto concluir que el quejoso no ha sufrido hasta el momento, algún perjuicio real, personal y directo a sus derechos, ni tampoco se vislumbra que el perjuicio de que se trata pudiera ser de ejecución inminente, sino como se dejó precisado, es de realización incierta por depender de diversos actos que a la fecha no han ocurrido. En este sentido, resulta inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza del acto existente frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio amparo puede sufrir un agravio actual, directo y presente. Mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aun no se han materializado. En razón de lo anterior, se adopta esta determinación porque como se ha precisado en párrafos que anteceden, el juicio de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en el futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Tiene aplicación el criterio sustentado en la tesis aislada IV.3º.A.T.29 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, visible en la página mil seiscientos setenta y cinco, tomo XIII, enero de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA EN CUESTIÓN. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos del artículo 24 párrafo segundo de la Ley de Amparo a Filiberto Lozano Romero, por no contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Asimismo, atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Juan Carlos López Santiago, Secretario de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
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