Narcisa Ricardez Vinagre

Expediente 222/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
222/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Narcisa Ricardez Vinagre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA 6 VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 222/2021-6, promovido por **********************, a través de su asesor jurídico Francisco Javier Evia Ramírez, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29 del Quinto Circuito del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el cinco de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, ***************************, a través de su asesor jurídico Francisco Javier Evia Ramírez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO ".La RESOLUCIÓN DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, relacionado con el expediente de CONTROVERSIA AGRARIA número 360/2013, índice de la ahora señalada como Responsable." AUTORIDAD RESPONSABLE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 29 DEL QUINTO CIRCUITO DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. DESECHAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 222/2021-6, la cual se determinó desechar al estimarse que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la misma legislación. Inconforme con esa determinación la parte quejosa, interpuso el recurso de queja, medio de impugnación que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien lo radicó bajo el expediente 72/2021. Después, mediante resolución pronunciada en sesión virtual de ocho de julio de dos mil veintiuno, el citado Tribunal de Alzada declaró fundado dicho medio de defensa; por lo que, este órgano jurisdiccional en proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, admitió la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se emplazó al presente asunto mediante lista de acuerdos a los terceros interesados *************************. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitida en los autos del Incidente de Ejecución de Sentencia derivado del expediente agrario 360/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29, con sede en esta ciudad. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Secretaria de Acuerdos en funciones de Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29 del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye; lo que se corrobora, con las documentales que adjuntó al mismo, consistentes en copias certificadas del expediente agrario 360/2013, de su índice, a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para un mejor entendimiento, es conveniente realizar una breve semblanza de los antecedentes relevantes del caso en particular, los cuales se obtienen de las manifestaciones de las partes y de las constancias que fueron allegadas a este sumario, siendo del siguiente tenor: Por escrito presentado el quince de julio de dos mil trece, ****************** y *************************** promovieron juicio agrario en contra de ********************, de quien demandaron el respeto de la posesión y usufructo de la superficie de 02-16-78 hectáreas de la parcela 1128 Z-2 P1/1 del ejido "Pejelagartero" correspondiente al municipio de Huimanguillo, Tabasco que pertenecía al extinto Encarnación de la Cruz Jiménez, con quien el tres de diciembre de dos mil cuatro celebraron un contrato de compraventa respecto del citado bien inmueble. Por auto de quince de julio de ese año, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintinueve admitió a trámite la demanda agraria, ordenó emplazar a juicio y correr traslado a la demandada; y señaló fecha y hora para la verificación de la audiencia de Ley. El nueve de febrero de dos mil quince se emitió una primera sentencia, en la que se determinó que la acción intentada por *************************** consistente en el respeto de la posesión y usufructo de la superficie de 02-16-78 hectáreas de la parcela 1128 Z-2 P1/1 del ejido "Pejelagartero" perteneciente al municipio de Huimanguillo, Tabasco era infundada; asimismo, se decretó la nulidad del contrato de compraventa que celebraron los citados actores, demandados en reconvención, con el extinto Encarnación de la Cruz Acosta sobre dicho bien inmueble. De igual forma, se condenó a los actores en lo principal a restituir la citada superficie de terreno a ************************** y a ésta, a su vez, para que les reintegrara $30,000.00 (treinta mil pesos) que fue la cantidad que pagaron al extinto Encarnación de la Cruz Acosta al realizar la operación de compraventa que quedó nulificada respecto de la aludida superficie de terreno. Finalmente, se determinó que los actores en lo principal podrían retirar las mejoras hechas al terreno en cuestión de conformidad con el artículo 810 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente a la Ley Agraria. Inconformes con lo anterior, tanto *********************** como ****************************, promovieron juicios de amparo 398/2015 y 399/2015, que fueron resueltos por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en sesión de dos de junio de dos mil dieciséis, en la que se determinó conceder el amparo solicitado en ambos juicios, para los siguientes efectos: En el juicio de amparo 398/2015: "PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******************** contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos y para los siguientes efectos: a) Que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Emita otra en la que deje intocado lo relativo a la nulidad del contrato de compraventa de tres de diciembre de dos mil cuatro, así como a la devolución a los actores de la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) c) Atendiendo a las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, así como lo resuelto en el juicio de amparo 399/2015 relacionado con el presente asunto, especifique la fecha a partir de la cual correrán los intereses devengados en virtud del uso dado a la superficie objeto de la controversia y el porcentaje de éstos, de conformidad con el artículo 2240 del Código Civil Federal; hecho lo anterior, resuelva como en derecho proceda. Para lo cual, en este punto, debe considerar que está en aptitud de verificar si tiene los elementos suficientes para pronunciarse respecto de éstas o, en su caso, establezca la condena y dejar abierta la posibilidad de abrir el incidente correspondiente a fin de allegarse de las pruebas que acrediten los montos específicos que las partes reclamen." En el juicio de amparo 399/2015: "PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******************************** contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos y para los siguientes efectos: a) Que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Emita otra en la que deje intocado lo relativo a la nulidad del contrato de compraventa de tres de diciembre de dos mil cuatro, así como a la devolución a los actores de la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) c) Atendiendo a las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, así como lo resuelto en el juicio de amparo 398/2015 relacionado con el presente asunto, especifique qué mejoras (de las aducidas y demostradas en el juicio de origen) podrán ser retiradas del predio materia de la litis o, de no ser posible debido a sus características, la forma en que deberán serle restituidas, en términos del artículo 810 del Código Civil Federal; hecho lo anterior, resuelva como en derecho proceda. Para lo cual, en este punto, debe considerar que está en aptitud de verificar si tiene los elementos suficientes para pronunciarse respecto de éstas o, en su caso, establezca la condena y dejar abierta la posibilidad de abrir el incidente correspondiente a fin de allegarse de las pruebas que acrediten los montos específicos que las partes reclamen." En cumplimiento de dichas ejecutorias, el treinta de junio de dos mil dieciséis, el Tribunal Agrario responsable emitió una segunda sentencia, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. La presente sentencia se emite en cumplimiento a las ejecutorias de los juicios de amparos números 398/2015 y 399/2015 relacionado con los diversos amparos directos 172/2015 y 173/2015, ordenadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Circuito, en Villahermosa, Tabasco, y en cumplimiento al acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Se decreta la nulidad del contrato de compraventa respecto de una superficie de 2-16-78 hectáreas, de fecha tres de diciembre de dos mil cuatro, correspondiente a la parcela 1128 Z-2 P1/1, la cual consta de una superficie de 11-26-04.93 hectáreas, ubicada en el ejido "Pejelagartero", del municipio de Huimanguillo, Tabasco, firmado entre ******************************** y el extinto ************************, en términos del considerando SÉPTIMO de la presente resolución. TERCERO. La parte actora habrá de restituir la superficie de 2-16-78 hectáreas, correspondiente a la parcela 1128 Z-2 P1/1, del ejido "Pejelagartero", del municipio de Huimanguillo, Tabasco, una vez que la demandada ********************, haga entrega a los hoy actores *****************************, la cantidad de $38,100.00 (treinta y ocho mil cien pesos 00/100 M.N.), que deberá entregar ***********************, a favor de ****************************, cantidad que se actualizará hasta la legal ejecución de la presente sentencia; además de las mejoras realizadas en la superficie controvertida; cuantía que deberá determinarse en ejecución de sentencia, atento a lo señalado en el considerando OCTAVO de la presente sentencia. CUARTO. Se absuelve a la parte actora ***************************************, al pago de gastos y costas de la presente controversia, en términos del considerando NOVENO de la presente sentencia. QUINTO. Envíese copia debidamente certificada de la presente sentencia al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, en cumplimiento a las ejecutorias de los juicios de amparos números 398/2015 y 399/2015 relacionado con los diversos amparos directos 172/2015 y 173/2015. SEXTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes en su domicilio procesal; una vez que cause estado, ejecútese en términos del artículo 191 de la Ley Agraria y en su oportunidad, previa anotación de estilo en el Libro de Gobierno, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido." Inconforme con la anterior determinación, Ricárdez Vinagre promovió juicio de amparo 747/2016, que fue resuelto por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en sesión de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en la que se determinó conceder el amparo solicitado para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis. b) Emita una nueva en la cual reitere aquellos aspectos que no fueron materia de concesión. c) Determine que la fecha a partir de la cual comenzarán a correr los intereses devengados por el uso de la fracción de parcela controvertida es el dieciocho de octubre de dos mil trece y que el pago correspondiente a los intereses anuales devengados hasta el treinta de junio de dos mil dieciséis (fecha de emisión del acto reclamado) asciende a $5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos), sin perjuicio de que dicha cantidad se actualice conforme a derecho corresponda hasta la legal ejecución de la sentencia agraria." En cumplimiento de la citada ejecutoria de amparo, el trece de febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal Agrario responsable emitió una nueva sentencia, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- La presente sentencia se emite en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 747/2016, ordenada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Circuito, en Villahermosa, Tabasco, y en cumplimiento al acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete. SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del contrato de compraventa respecto de una superficie de 2-16-78 hectáreas, de fecha tres de diciembre de dos mil cuatro, correspondiente a la parcela 1128 Z-2 P1/1 la cual consta de una superficie de 11-26-04.93 hectáreas, ubicada en el ejido "Pejelagartero", del municipio de Huimanguillo, Tabasco, firmado entre *************************************** y el extinto Encarnación de la Cruz Acosta, en términos del considerando SÉPTIMO de la presente resolución. TERCERO.- La parte actora habrá de restituir la superficie de 2-16-78 hectáreas, correspondiente a la parcela 1128 Z-2 P1/1 del ejido "Pejelagartero" del municipio de Huimanguillo, Tabasco, una vez que la demandada ************************ haga entrega a los hoy actores ***************************************, la cantidad de $35,400.00 (treinta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional); que deberá entregar *************************, a favor de ************************, cantidad que se actualizará hasta la legal ejecución de la presente sentencia a razón del interés legal del 9% (nueve por ciento) anual de conformidad con la ejecutoria 747/2016 a la que se da cumplimiento; así como de las mejoras realizadas en la superficie controvertida, cuantía que deberá determinarse en ejecución de sentencia, atento a lo señalado en el considerando OCTAVO de la presente sentencia. CUARTO.- Se absuelve a la parte actora ***************************************, al pago de gastos y costas de la presente controversia, en términos del considerando NOVENO de la presente sentencia. QUINTO.- Envíese copia debidamente certificada de la presente sentencia al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo número 747/2016 y en cumplimiento al acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete. SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes en su domicilio procesal; una vez que cause estado, ejecútese en términos del artículo 191 de la Ley Agraria y en su oportunidad, previa anotación de estilo en el Libro de Gobierno, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido". Inconformes con la anterior determinación, ***************************************, promovieron juicio de amparo directo 400/2017, que fue resuelto por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en sesión de catorce de junio de dos mil dieciocho, en el cual se determinó sobreseer el citado juicio de amparo. Posteriormente, en consecuencia de lo anterior, por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el tribunal agrario responsable declaró que la sentencia de trece de febrero de dos mil diecisiete había causado ejecutoria; asimismo, en cumplimiento al resolutivo octavo de dicha sentencia, se hizo del conocimiento de las partes que la quejosa **************************** debía pagar a los aquí terceros interesados ***************************************, la cantidad de $42,825.00 (cuarenta y dos mil, ochocientos veinticinco pesos 00/100 m.n.), con motivo de la enajenación de la fracción de 2-16-78 hectáreas, correspondientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1 del ejido "Pejelagartero" del municipio de Huimanguillo, Tabasco, más el 9% del interés legal anual, además se les requirió para que nombraran perito en materia de avalúo para determinar las mejoras realizadas en la parcela materia del presente asunto. Después, una vez desahogado el peritaje designado por la quejosa ********************, mediante resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte (acto reclamado), la autoridad responsable resolvió el incidente de ejecución de sentencia, determinando lo siguiente: ".RESUELVE. PRIMERO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando de este fallo, se determina la cantidad de la indemnización a que se refiere el resolutivo TERCERO de la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el trece de febrero de dos mil diecisiete, respecto al pago de las mejoras realizadas en la superficie de terreno de 2-16-78 (dos hectáreas, dieciséis áreas, setenta y ocho centiáreas), pertenecientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1, ubicada en el núcleo agrario "PEJELAGARTERO", municipio de Huimanguillo, Tabasco, en las siguientes cantidades: TITULAR CANTIDAD A ENTREGAR **************************** $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.) MARÍA RAMÍREZ JIMÉNEZ $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.) SEGUNDO. En consecuencia, en su oportunidad requiérase a *************************, para que exhiba por cualquiera de los medios previstos por la ley, las cantidades de dinero correspondientes de forma individual, en favor de cada una de las personas antes mencionadas; con base en los argumentos vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia interlocutoria. TERCERO. Una vez que se dé cumplimiento al requerimiento realizado en el punto resolutivo inmediato anterior, provéase lo conducente en cuanto al resto de las acciones a seguir tendientes a la ejecución total de la sentencia de trece de febrero de dos mil diecisiete; esto es, la entrega y desocupación que deberá realizar *************************, en favor de ********************, respecto de la superficie de terreno de 2-16-78 hectáreas, pertenecientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1, ubicada en el núcleo agrario "PEJELAGARTERO", municipio de Huimanguillo, Tabasco; con base en los argumentos vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia interlocutoria. (.)" Resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. Finalmente, en cumplimiento a la citada resolución interlocutoria, por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (posterior a la presentación de la presente demanda de amparo) la quejosa exhibió ante el tribunal agrario responsable, dos billetes de depósito números 766955 y 766956, expedidos por el Banco del Bienestar, que amparan cada uno la cantidad de $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.), cantidades que correspondían a las mejoras realizadas en la superficie de terreno materia del presente controvertido, como fue determinado en la incidencia reclamada. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Así el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". (.) De lo anteriormente transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Asimismo, el consentimiento para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. En relación con los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis visible en la página 13, de los volúmenes 139-144 Primera Parte, correspondiente a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, estableció el siguiente criterio: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: 1. Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto inexistente o que no se conoce y que, por lo mismo, no hubiera podido ponderar los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. 3. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley, cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley; es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa, se actualizan todos los requisitos previstos para que el acto reclamado en el juicio sea considerado como consentido en forma expresa. En primer lugar, porque la existencia del acto reclamado se encuentra reconocida por las partes, además de que obran las copias certificadas del expediente agrario 360/2013, remitidas por la Secretaria de Acuerdos en funciones de Magistrada del Tribunal Unitario del Distrito 29, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe con justificación, de lo que se advierte la resolución interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veinte (acto reclamado), en la que en los puntos resolutivos se determinó lo siguiente: ".RESUELVE. PRIMERO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando de este fallo, se determina la cantidad de la indemnización a que se refiere el resolutivo TERCERO de la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el trece de febrero de dos mil diecisiete, respecto al pago de las mejoras realizadas en la superficie de terreno de 2-16-78 (dos hectáreas, dieciséis áreas, setenta y ocho centiáreas), pertenecientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1, ubicada en el núcleo agrario "PEJELAGARTERO", municipio de Huimanguillo, Tabasco, en las siguientes cantidades: TITULAR CANTIDAD A ENTREGAR *********************** $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.) MARÍA RAMÍREZ JIMÉNEZ $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.) SEGUNDO. En consecuencia, en su oportunidad requiérase a RICÁRDEZ VINAGRE, para que exhiba por cualquiera de los medios previstos por la ley, las cantidades de dinero correspondientes de forma individual, en favor de cada una de las personas antes mencionadas; con base en los argumentos vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia interlocutoria. TERCERO. Una vez que se dé cumplimiento al requerimiento realizado en el punto resolutivo inmediato anterior, provéase lo conducente en cuanto al resto de las acciones a seguir tendientes a la ejecución total de la sentencia de trece de febrero de dos mil diecisiete; esto es, la entrega y desocupación que deberá realizar ****************************, en favor de RICÁRDEZ VINAGRE, respecto de la superficie de terreno de 2-16-78 hectáreas, pertenecientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1, ubicada en el núcleo agrario "PEJELAGARTERO", municipio de Huimanguillo, Tabasco; con base en los argumentos vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia interlocutoria. (.)" Ahora, en segundo término, el agravio para la quejosa se advierte de la resolución interlocutoria dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, pues así lo aduce en los conceptos de violación esgrimidos en su demanda de amparo (acreditado segundo requisito). Asimismo, en cuanto a la actualización del último requisito, se advierte que la quejosa consintió el acto reclamado, en atención a que realizó manifestaciones de voluntad que entrañaron el consentimiento de la determinación que se reclama, al exhibir mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ante el tribunal agrario responsable, dos billetes de depósito números 766955 y 766956, expedidos por el Banco del Bienestar, que amparan cada uno la cantidad de $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.), mismos que la citada responsable ordenó guardar en la caja de seguridad de ese tribunal. Cantidades a las que fue condenada la impetrante en la resolución interlocutoria reclamada de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, respecto de las mejoras realizadas en la superficie de terreno de 2-16-78 (dos hectáreas, dieciséis áreas, setenta y ocho centiáreas), pertenecientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1, ubicada en el núcleo agrario "PEJELAGARTERO", municipio de Huimanguillo, Tabasco, a que resultó condenada en la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veinte. En ese contexto, es posible inferir que, al exhibir los billetes de depósito descritos con antelación, con las cantidades de dinero a las que fue condenada la impetrante en dicha interlocutoria, se actualizó la hipótesis normativa de consentimiento expreso, contenida en la fracción XIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que se produce la improcedencia del juicio, al existir una manifestación de la voluntad que entraña un consentimiento expreso respecto de la resolución reclamada. Así es, puesto que no es factible impugnar la resolución reclamada, y a su vez, acatar lo que se determina en ella misma. En el caso es evidente, que la impetrante consintió la resolución impugnada, ya que no es posible aceptar que, por una parte dicha determinación sea tachada de anticonstitucional, y por otra, se acate lo que se determina en la misma, pues no debe perderse de vista que al promover el presente juicio constitucional, es un hecho positivo que importa la conformidad con la resolución combatida y el consentimiento de la misma, ya que destruye la inconformidad expresada por medio de la promoción del juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, como anteriormente se había anticipado, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y por tal motivo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********************, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN ESTABLECIDO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. MESA 6 VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 222/2021-6, promovido por **********************, a través de su asesor jurídico Francisco Javier Evia Ramírez, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29 del Quinto Circuito del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el cinco de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, ***************************, a través de su asesor jurídico Francisco Javier Evia Ramírez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO ".La RESOLUCIÓN DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, relacionado con el expediente de CONTROVERSIA AGRARIA número 360/2013, índice de la ahora señalada como Responsable." AUTORIDAD RESPONSABLE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 29 DEL QUINTO CIRCUITO DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. DESECHAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 222/2021-6, la cual se determinó desechar al estimarse que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la misma legislación. Inconforme con esa determinación la parte quejosa, interpuso el recurso de queja, medio de impugnación que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien lo radicó bajo el expediente 72/2021. Después, mediante resolución pronunciada en sesión virtual de ocho de julio de dos mil veintiuno, el citado Tribunal de Alzada declaró fundado dicho medio de defensa; por lo que, este órgano jurisdiccional en proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, admitió la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se emplazó al presente asunto mediante lista de acuerdos a los terceros interesados *************************. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitida en los autos del Incidente de Ejecución de Sentencia derivado del expediente agrario 360/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29, con sede en esta ciudad. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Secretaria de Acuerdos en funciones de Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29 del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye; lo que se corrobora, con las documentales que adjuntó al mismo, consistentes en copias certificadas del expediente agrario 360/2013, de su índice, a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para un mejor entendimiento, es conveniente realizar una breve semblanza de los antecedentes relevantes del caso en particular, los cuales se obtienen de las manifestaciones de las partes y de las constancias que fueron allegadas a este sumario, siendo del siguiente tenor: Por escrito presentado el quince de julio de dos mil trece, ****************** y *************************** promovieron juicio agrario en contra de ********************, de quien demandaron el respeto de la posesión y usufructo de la superficie de 02-16-78 hectáreas de la parcela 1128 Z-2 P1/1 del ejido "Pejelagartero" correspondiente al municipio de Huimanguillo, Tabasco que pertenecía al extinto Encarnación de la Cruz Jiménez, con quien el tres de diciembre de dos mil cuatro celebraron un contrato de compraventa respecto del citado bien inmueble. Por auto de quince de julio de ese año, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintinueve admitió a trámite la demanda agraria, ordenó emplazar a juicio y correr traslado a la demandada; y señaló fecha y hora para la verificación de la audiencia de Ley. El nueve de febrero de dos mil quince se emitió una primera sentencia, en la que se determinó que la acción intentada por *************************** consistente en el respeto de la posesión y usufructo de la superficie de 02-16-78 hectáreas de la parcela 1128 Z-2 P1/1 del ejido "Pejelagartero" perteneciente al municipio de Huimanguillo, Tabasco era infundada; asimismo, se decretó la nulidad del contrato de compraventa que celebraron los citados actores, demandados en reconvención, con el extinto Encarnación de la Cruz Acosta sobre dicho bien inmueble. De igual forma, se condenó a los actores en lo principal a restituir la citada superficie de terreno a ************************** y a ésta, a su vez, para que les reintegrara $30,000.00 (treinta mil pesos) que fue la cantidad que pagaron al extinto Encarnación de la Cruz Acosta al realizar la operación de compraventa que quedó nulificada respecto de la aludida superficie de terreno. Finalmente, se determinó que los actores en lo principal podrían retirar las mejoras hechas al terreno en cuestión de conformidad con el artículo 810 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente a la Ley Agraria. Inconformes con lo anterior, tanto *********************** como ****************************, promovieron juicios de amparo 398/2015 y 399/2015, que fueron resueltos por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en sesión de dos de junio de dos mil dieciséis, en la que se determinó conceder el amparo solicitado en ambos juicios, para los siguientes efectos: En el juicio de amparo 398/2015: "PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******************** contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos y para los siguientes efectos: a) Que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Emita otra en la que deje intocado lo relativo a la nulidad del contrato de compraventa de tres de diciembre de dos mil cuatro, así como a la devolución a los actores de la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) c) Atendiendo a las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, así como lo resuelto en el juicio de amparo 399/2015 relacionado con el presente asunto, especifique la fecha a partir de la cual correrán los intereses devengados en virtud del uso dado a la superficie objeto de la controversia y el porcentaje de éstos, de conformidad con el artículo 2240 del Código Civil Federal; hecho lo anterior, resuelva como en derecho proceda. Para lo cual, en este punto, debe considerar que está en aptitud de verificar si tiene los elementos suficientes para pronunciarse respecto de éstas o, en su caso, establezca la condena y dejar abierta la posibilidad de abrir el incidente correspondiente a fin de allegarse de las pruebas que acrediten los montos específicos que las partes reclamen." En el juicio de amparo 399/2015: "PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******************************** contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos y para los siguientes efectos: a) Que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Emita otra en la que deje intocado lo relativo a la nulidad del contrato de compraventa de tres de diciembre de dos mil cuatro, así como a la devolución a los actores de la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) c) Atendiendo a las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, así como lo resuelto en el juicio de amparo 398/2015 relacionado con el presente asunto, especifique qué mejoras (de las aducidas y demostradas en el juicio de origen) podrán ser retiradas del predio materia de la litis o, de no ser posible debido a sus características, la forma en que deberán serle restituidas, en términos del artículo 810 del Código Civil Federal; hecho lo anterior, resuelva como en derecho proceda. Para lo cual, en este punto, debe considerar que está en aptitud de verificar si tiene los elementos suficientes para pronunciarse respecto de éstas o, en su caso, establezca la condena y dejar abierta la posibilidad de abrir el incidente correspondiente a fin de allegarse de las pruebas que acrediten los montos específicos que las partes reclamen." En cumplimiento de dichas ejecutorias, el treinta de junio de dos mil dieciséis, el Tribunal Agrario responsable emitió una segunda sentencia, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. La presente sentencia se emite en cumplimiento a las ejecutorias de los juicios de amparos números 398/2015 y 399/2015 relacionado con los diversos amparos directos 172/2015 y 173/2015, ordenadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Circuito, en Villahermosa, Tabasco, y en cumplimiento al acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Se decreta la nulidad del contrato de compraventa respecto de una superficie de 2-16-78 hectáreas, de fecha tres de diciembre de dos mil cuatro, correspondiente a la parcela 1128 Z-2 P1/1, la cual consta de una superficie de 11-26-04.93 hectáreas, ubicada en el ejido "Pejelagartero", del municipio de Huimanguillo, Tabasco, firmado entre ******************************** y el extinto ************************, en términos del considerando SÉPTIMO de la presente resolución. TERCERO. La parte actora habrá de restituir la superficie de 2-16-78 hectáreas, correspondiente a la parcela 1128 Z-2 P1/1, del ejido "Pejelagartero", del municipio de Huimanguillo, Tabasco, una vez que la demandada ********************, haga entrega a los hoy actores *****************************, la cantidad de $38,100.00 (treinta y ocho mil cien pesos 00/100 M.N.), que deberá entregar ***********************, a favor de ****************************, cantidad que se actualizará hasta la legal ejecución de la presente sentencia; además de las mejoras realizadas en la superficie controvertida; cuantía que deberá determinarse en ejecución de sentencia, atento a lo señalado en el considerando OCTAVO de la presente sentencia. CUARTO. Se absuelve a la parte actora ***************************************, al pago de gastos y costas de la presente controversia, en términos del considerando NOVENO de la presente sentencia. QUINTO. Envíese copia debidamente certificada de la presente sentencia al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, en cumplimiento a las ejecutorias de los juicios de amparos números 398/2015 y 399/2015 relacionado con los diversos amparos directos 172/2015 y 173/2015. SEXTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes en su domicilio procesal; una vez que cause estado, ejecútese en términos del artículo 191 de la Ley Agraria y en su oportunidad, previa anotación de estilo en el Libro de Gobierno, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido." Inconforme con la anterior determinación, Ricárdez Vinagre promovió juicio de amparo 747/2016, que fue resuelto por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en sesión de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en la que se determinó conceder el amparo solicitado para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis. b) Emita una nueva en la cual reitere aquellos aspectos que no fueron materia de concesión. c) Determine que la fecha a partir de la cual comenzarán a correr los intereses devengados por el uso de la fracción de parcela controvertida es el dieciocho de octubre de dos mil trece y que el pago correspondiente a los intereses anuales devengados hasta el treinta de junio de dos mil dieciséis (fecha de emisión del acto reclamado) asciende a $5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos), sin perjuicio de que dicha cantidad se actualice conforme a derecho corresponda hasta la legal ejecución de la sentencia agraria." En cumplimiento de la citada ejecutoria de amparo, el trece de febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal Agrario responsable emitió una nueva sentencia, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- La presente sentencia se emite en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 747/2016, ordenada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Circuito, en Villahermosa, Tabasco, y en cumplimiento al acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete. SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del contrato de compraventa respecto de una superficie de 2-16-78 hectáreas, de fecha tres de diciembre de dos mil cuatro, correspondiente a la parcela 1128 Z-2 P1/1 la cual consta de una superficie de 11-26-04.93 hectáreas, ubicada en el ejido "Pejelagartero", del municipio de Huimanguillo, Tabasco, firmado entre *************************************** y el extinto Encarnación de la Cruz Acosta, en términos del considerando SÉPTIMO de la presente resolución. TERCERO.- La parte actora habrá de restituir la superficie de 2-16-78 hectáreas, correspondiente a la parcela 1128 Z-2 P1/1 del ejido "Pejelagartero" del municipio de Huimanguillo, Tabasco, una vez que la demandada ************************ haga entrega a los hoy actores ***************************************, la cantidad de $35,400.00 (treinta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional); que deberá entregar *************************, a favor de ************************, cantidad que se actualizará hasta la legal ejecución de la presente sentencia a razón del interés legal del 9% (nueve por ciento) anual de conformidad con la ejecutoria 747/2016 a la que se da cumplimiento; así como de las mejoras realizadas en la superficie controvertida, cuantía que deberá determinarse en ejecución de sentencia, atento a lo señalado en el considerando OCTAVO de la presente sentencia. CUARTO.- Se absuelve a la parte actora ***************************************, al pago de gastos y costas de la presente controversia, en términos del considerando NOVENO de la presente sentencia. QUINTO.- Envíese copia debidamente certificada de la presente sentencia al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo número 747/2016 y en cumplimiento al acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete. SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes en su domicilio procesal; una vez que cause estado, ejecútese en términos del artículo 191 de la Ley Agraria y en su oportunidad, previa anotación de estilo en el Libro de Gobierno, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido". Inconformes con la anterior determinación, ***************************************, promovieron juicio de amparo directo 400/2017, que fue resuelto por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en sesión de catorce de junio de dos mil dieciocho, en el cual se determinó sobreseer el citado juicio de amparo. Posteriormente, en consecuencia de lo anterior, por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el tribunal agrario responsable declaró que la sentencia de trece de febrero de dos mil diecisiete había causado ejecutoria; asimismo, en cumplimiento al resolutivo octavo de dicha sentencia, se hizo del conocimiento de las partes que la quejosa **************************** debía pagar a los aquí terceros interesados ***************************************, la cantidad de $42,825.00 (cuarenta y dos mil, ochocientos veinticinco pesos 00/100 m.n.), con motivo de la enajenación de la fracción de 2-16-78 hectáreas, correspondientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1 del ejido "Pejelagartero" del municipio de Huimanguillo, Tabasco, más el 9% del interés legal anual, además se les requirió para que nombraran perito en materia de avalúo para determinar las mejoras realizadas en la parcela materia del presente asunto. Después, una vez desahogado el peritaje designado por la quejosa ********************, mediante resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte (acto reclamado), la autoridad responsable resolvió el incidente de ejecución de sentencia, determinando lo siguiente: ".RESUELVE. PRIMERO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando de este fallo, se determina la cantidad de la indemnización a que se refiere el resolutivo TERCERO de la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el trece de febrero de dos mil diecisiete, respecto al pago de las mejoras realizadas en la superficie de terreno de 2-16-78 (dos hectáreas, dieciséis áreas, setenta y ocho centiáreas), pertenecientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1, ubicada en el núcleo agrario "PEJELAGARTERO", municipio de Huimanguillo, Tabasco, en las siguientes cantidades: TITULAR CANTIDAD A ENTREGAR **************************** $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.) MARÍA RAMÍREZ JIMÉNEZ $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.) SEGUNDO. En consecuencia, en su oportunidad requiérase a *************************, para que exhiba por cualquiera de los medios previstos por la ley, las cantidades de dinero correspondientes de forma individual, en favor de cada una de las personas antes mencionadas; con base en los argumentos vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia interlocutoria. TERCERO. Una vez que se dé cumplimiento al requerimiento realizado en el punto resolutivo inmediato anterior, provéase lo conducente en cuanto al resto de las acciones a seguir tendientes a la ejecución total de la sentencia de trece de febrero de dos mil diecisiete; esto es, la entrega y desocupación que deberá realizar *************************, en favor de ********************, respecto de la superficie de terreno de 2-16-78 hectáreas, pertenecientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1, ubicada en el núcleo agrario "PEJELAGARTERO", municipio de Huimanguillo, Tabasco; con base en los argumentos vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia interlocutoria. (.)" Resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. Finalmente, en cumplimiento a la citada resolución interlocutoria, por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (posterior a la presentación de la presente demanda de amparo) la quejosa exhibió ante el tribunal agrario responsable, dos billetes de depósito números 766955 y 766956, expedidos por el Banco del Bienestar, que amparan cada uno la cantidad de $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.), cantidades que correspondían a las mejoras realizadas en la superficie de terreno materia del presente controvertido, como fue determinado en la incidencia reclamada. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Así el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". (.) De lo anteriormente transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Asimismo, el consentimiento para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. En relación con los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis visible en la página 13, de los volúmenes 139-144 Primera Parte, correspondiente a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, estableció el siguiente criterio: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: 1. Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto inexistente o que no se conoce y que, por lo mismo, no hubiera podido ponderar los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. 3. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley, cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley; es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa, se actualizan todos los requisitos previstos para que el acto reclamado en el juicio sea considerado como consentido en forma expresa. En primer lugar, porque la existencia del acto reclamado se encuentra reconocida por las partes, además de que obran las copias certificadas del expediente agrario 360/2013, remitidas por la Secretaria de Acuerdos en funciones de Magistrada del Tribunal Unitario del Distrito 29, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe con justificación, de lo que se advierte la resolución interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veinte (acto reclamado), en la que en los puntos resolutivos se determinó lo siguiente: ".RESUELVE. PRIMERO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando de este fallo, se determina la cantidad de la indemnización a que se refiere el resolutivo TERCERO de la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el trece de febrero de dos mil diecisiete, respecto al pago de las mejoras realizadas en la superficie de terreno de 2-16-78 (dos hectáreas, dieciséis áreas, setenta y ocho centiáreas), pertenecientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1, ubicada en el núcleo agrario "PEJELAGARTERO", municipio de Huimanguillo, Tabasco, en las siguientes cantidades: TITULAR CANTIDAD A ENTREGAR *********************** $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.) MARÍA RAMÍREZ JIMÉNEZ $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.) SEGUNDO. En consecuencia, en su oportunidad requiérase a RICÁRDEZ VINAGRE, para que exhiba por cualquiera de los medios previstos por la ley, las cantidades de dinero correspondientes de forma individual, en favor de cada una de las personas antes mencionadas; con base en los argumentos vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia interlocutoria. TERCERO. Una vez que se dé cumplimiento al requerimiento realizado en el punto resolutivo inmediato anterior, provéase lo conducente en cuanto al resto de las acciones a seguir tendientes a la ejecución total de la sentencia de trece de febrero de dos mil diecisiete; esto es, la entrega y desocupación que deberá realizar ****************************, en favor de RICÁRDEZ VINAGRE, respecto de la superficie de terreno de 2-16-78 hectáreas, pertenecientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1, ubicada en el núcleo agrario "PEJELAGARTERO", municipio de Huimanguillo, Tabasco; con base en los argumentos vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia interlocutoria. (.)" Ahora, en segundo término, el agravio para la quejosa se advierte de la resolución interlocutoria dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, pues así lo aduce en los conceptos de violación esgrimidos en su demanda de amparo (acreditado segundo requisito). Asimismo, en cuanto a la actualización del último requisito, se advierte que la quejosa consintió el acto reclamado, en atención a que realizó manifestaciones de voluntad que entrañaron el consentimiento de la determinación que se reclama, al exhibir mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ante el tribunal agrario responsable, dos billetes de depósito números 766955 y 766956, expedidos por el Banco del Bienestar, que amparan cada uno la cantidad de $30,202.50 (treinta mil doscientos dos pesos 50/100 m.n.), mismos que la citada responsable ordenó guardar en la caja de seguridad de ese tribunal. Cantidades a las que fue condenada la impetrante en la resolución interlocutoria reclamada de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, respecto de las mejoras realizadas en la superficie de terreno de 2-16-78 (dos hectáreas, dieciséis áreas, setenta y ocho centiáreas), pertenecientes a la parcela 1128 Z-2 P1/1, ubicada en el núcleo agrario "PEJELAGARTERO", municipio de Huimanguillo, Tabasco, a que resultó condenada en la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veinte. En ese contexto, es posible inferir que, al exhibir los billetes de depósito descritos con antelación, con las cantidades de dinero a las que fue condenada la impetrante en dicha interlocutoria, se actualizó la hipótesis normativa de consentimiento expreso, contenida en la fracción XIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que se produce la improcedencia del juicio, al existir una manifestación de la voluntad que entraña un consentimiento expreso respecto de la resolución reclamada. Así es, puesto que no es factible impugnar la resolución reclamada, y a su vez, acatar lo que se determina en ella misma. En el caso es evidente, que la impetrante consintió la resolución impugnada, ya que no es posible aceptar que, por una parte dicha determinación sea tachada de anticonstitucional, y por otra, se acate lo que se determina en la misma, pues no debe perderse de vista que al promover el presente juicio constitucional, es un hecho positivo que importa la conformidad con la resolución combatida y el consentimiento de la misma, ya que destruye la inconformidad expresada por medio de la promoción del juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, como anteriormente se había anticipado, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y por tal motivo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********************, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de diecisiete de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Secretaria de Acuerdos en funciones de Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de ocho días para que las partes se impongan de sus contenidos se encuentra transcurriendo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Secretaria de Acuerdos en funciones de Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del expediente 360/2013, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante el tomo de pruebas que anexó, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de doce de agosto del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su respectivo informe justificado y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de la constancia remitida por la autoridad responsable, manéjese ésta por cuerda separada constante de un tomo y déjese a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

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