Nancy Pérez Arevalo

Expediente 223/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
223/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Nancy Pérez Arevalo

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 173/2020, original del juicio de amparo en que se actúa, copia certificada del expediente 795/2019-S-4 y original del toca de reclamación 303/2019-P-2. Acúsese recibo. Por cuanto hace a la ejecutoria, se advierte que el Tribunal revisor, en sus puntos resolutivos determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 223/2020-4, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, promovido por Nancy Pérez Arévalo, contra las autoridades y por los actos precisados en el primer resultando de esta sentencia..." En consecuencia, intégrese a los autos el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por lo que procédase a la destrucción de éstas últimas. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, remítase copia certificada de la ejecutoria de mérito a las autoridades responsables, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, la copia certificada del expediente 795/2019-S-4 y original del toca de reclamación 303/2019-P-2, de su índice, que envió como anexo a su informe justificado, constancias que se manejaron por cuerda separada, constante de dos tomos. Notifíquese personalmente a las partes.

  2. Principal

    MESA 4.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con transcripción del proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, a través del cual informa a este Juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa NANCY PEREZ ARÉVALO, en contra de la sentencia dictada en el juicio del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, el cual fue radicado bajo el amparo en revisión 173/2020, de su índice, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Marseye Sánchez Bautista, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; el escrito de cuenta signado por la quejosa NANCY PÉREZ AREVALO, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y distribúyanse las restantes entre las partes; debiendo remitirse, en su oportunidad, el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, una vez integrado con las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente acuerdo dentro del término de tres días a que alude el precepto citado en último término, adjuntándose el original del escrito de expresión de agravios. Fórmese cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese y personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.

  4. Principal

    mesa 4 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas con cuarenta minutos del treinta de septiembre de dos mil veinte, estando en audiencia Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2135/2020, de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 223/2020-4 promovido por Nancy Pérez Arévalo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria encargada del despacho, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Asimismo, se da cuenta con el escrito signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, registrado bajo el folio 6791. Al respecto, la secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, personalidad que acredita y se le reconoce con la copia certificada del nombramiento expedido por el Director General de dicho instituto, mediante el cual se le tiene formulando alegatos, los cuales serán tomados en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional relativa, como lo dispone el artículo 124 de la Ley de Amparo. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con: 1. La instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda; 2. Copia certificada del oficio TJA-430-2019-S-4, resolución de quince de enero de dos mil veinte y sus constancias de notificación, copia certificada del toca de reclamación 303/2019-P-2 y expediente 795/2019-S-4, mismos que obran en autos. En consecuencia, la secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta con los formulados por el tercero interesado Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en escrito de treinta de los actuales. Sobre el particular, la secretaria encargada del despacho acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos que expresa el citado tercero, para ser tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; asimismo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para expresar alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 223/2020-4, promovido por Nancy Pérez Arévalo, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y otra autoridad, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el seis siguiente, Nancy Pérez Arévalo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y las autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La sentencia emitida el quince de enero de dos mil veinte, en el recurso de reclamación 303/2019-P-2, que revoca parcialmente el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve y desecha la demanda promovida en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Director General y Director de Finanzas de dicha entidad pública, en el juicio contencioso administrativo 795/2019-S-4. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 2 Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN. Mediante auto de siete de febrero de dos mil veinte, se previno a la parte quejosa en los siguientes términos: "Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, prevéngase a la promovente de mérito, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, y de las penas en que incurre al declarar hechos falsos, como lo establece el artículo 261 de la Ley de Amparo, aclare su demanda de amparo respecto de lo siguiente: PRIMERO. Especifique que acto le atribuye a cada una de las autoridades que señaló como responsables en su demanda de amparo de los numerales 1 al 3. Lo anterior obedece, a que de la lectura integral de la demanda que se provee, se advierte que señala como acto reclamado la resolución de quince de enero de dos mil veinte, emitida en el toca de reclamación REC-303/2019-P-2, por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en la cual se ordenó revocar parcialmente el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, dictado por la Cuarta Sala Unitaria Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, sin que se advierta que actos le atribuye al resto de las autoridades responsables que menciona". TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 223/2020-4; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CUARTO. EMPLAZAMIENTO. El veintiséis de febrero de dos mil veinte, el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, fue emplazado mediante oficio, en su calidad de tercero interesado. QUINTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". SEXTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de catorce de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La sentencia emitida el quince de enero de dos mil veinte, en el recurso de reclamación 303/2019-P-2, que revoca parcialmente el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve y desecha la demanda promovida en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Director General y Director de Finanzas de dicha entidad pública, en el juicio contencioso administrativo 795/2019-S-4. TERCERO. INEXISTENCIA. No es cierto el acto reclamado a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, por haberlo negado la magistrada integrante de la misma al rendir informe justificado (foja 29), lo cual no fue desvirtuado por la quejosa, sin que baste para ello su señalamiento en la demanda de amparo. Al respecto, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 553, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice compilación 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, página 368, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio respecto de la precitada autoridad. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, al haberlo reconocido al rendir informe justificado la Secretaria General de Acuerdos de dicho órgano jurisdiccional, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió de la sentencia de quince de enero de dos mil veinte, dictada en el recurso de reclamación 303/2019-P-2 (fojas 32 a 40) y del aludido toca. Apoya lo anterior la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia, tampoco se advierta de oficio la actualización de alguna. SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que: 1) Mediante auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, admitió a trámite la demanda promovida por la ahora quejosa, registrándola con el expediente 795/2019-S-4 de su índice (foja identificada con el folio 24 del tomo II de pruebas). 2) Inconforme con la precitada determinación, el Director General y Director de Finanzas, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, interpusieron recurso de reclamación, mismo que fue registrado con el toca 303/2019-P-2, del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que en sentencia de quince de enero de dos mil veinte, resolvió revocarla parcialmente y desechó la demanda promovida en contra de las aludidas autoridades y del referido instituto (fojas identificadas con los folios 35 a 42 del tomo I de pruebas). SÉPTIMO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. En esencia, la parte quejosa reclama la sentencia emitida el quince de enero de dos mil veinte, en el recurso de reclamación 303/2019-P-2, que revocó parcialmente el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve y desechó la demanda promovida en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Director General y Director de Finanzas de dicha entidad pública, en el juicio contencioso administrativo 795/2019-S-4. Al respecto, adujo que dicha determinación vulnera los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque: Para determinar que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, no es autoridad responsable, se apoyó en lo que establecen los artículos 37, 38 y 49 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, lo cual considera infundado, porque el aludido numeral 37 solo refiere quiénes son partes en el procedimiento; el diverso 38 establece quienes tienen el carácter de autoridades y el ordinal 49 faculta a los magistrados de las salas unitarias a admitir a trámite las demandas en las que no encuentre irregularidades. En los artículos 37, 38 y 49 de la ley de la materia, no existe prohibición alguna para señalar a las autoridades responsables, a las que se les atribuya algún acto de autoridad. El artículo 157 de le Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, solo otorga la competencia legal para conocer de los juicios que se promuevan ante dicho órgano colegiado, sin que establezca a qué autoridades se les puede demandar. El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y el Director General del mismo, son las autoridades responsables de proporcionar la seguridad social, así como del estudio y otorgamiento de las jubilaciones y pensiones, aun cuando no sean las emisoras del oficio DPSE/DPEP/2912/2019 de once de septiembre de dos mil diecinueve. Sobre el particular, esta juzgadora estima que los anteriores conceptos de violación resultan infundados por las siguientes consideraciones. Para el caso, debe partirse del contenido del numeral 16 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El dispositivo constitucional transcrito, contiene el derecho fundamental de legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Para colmar los anteriores requisitos, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares contiene la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando expresa razones para emitir su acto, sin embargo, éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. En ese contexto, la suscrita considera que la sentencia reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, la Sala en cuestión calificó de fundado el agravio planteado por la parte demandada, recurrente, por considerar que conforme a los artículos 37, 38, 49 y 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y el numeral 22, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social la referida entidad federativa, entonces vigente, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, el Director General y Director de Finanzas de dicha dependencia, no tienen el carácter de autoridades demandadas. Al respecto, la responsable adujo que el oficio cuestionado fue firmado por el entonces Director de Prestaciones Socioeconómicas del referido instituto, por lo que consideró que si el acto impugnado era la negativa de la pensión comunicada mediante el mismo, a él le correspondía exclusivamente el carácter de autoridad demandada, de conformidad con el aludido artículo 37, aduciendo, además, que de acuerdo a lo establecido en el numeral 22 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, entonces vigente, aquél es el responsable del otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas previstas en la ley, por ende, el único facultado para analizar y responder las peticiones realizadas con respecto a las pensiones. De ahí que se estimen infundados los motivos de inconformidad de la quejosa, pues el carácter de parte en el juicio contencioso administrativo no se lo da a la autoridad el señalamiento que hagan los particulares, sino el que la ley previamente ha considerado. En el caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, tiene el carácter de autoridad demandada las emisoras o ejecutoras del acto administrativo impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/18 (10a.), formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página: 2493, registrada con el número 2017564, del siguiente rubro y texto: "PENSIONES CONCEDIDAS POR EL GERENTE GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA PARA LA CUAL PRESTÓ SUS SERVICIOS EL SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE OTORGAN, NO ES PARTE EN EL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA EL DICTAMEN RELATIVO. El artículo 50, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal abrogada, prevé que tendrán el carácter de parte demandada en el juicio de nulidad: i) los entes del gobierno central o delegacional que emitan, ordenen o ejecuten la resolución o acto administrativo impugnado; ii) el gerente general de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la entidad federativa citada; iii) la persona física o moral a quien favorezca la resolución cuya nulidad sea demandada por la autoridad administrativa, tratándose del juicio de lesividad; y, iv) la administración pública paraestatal y la descentralizada, cuando actúen con el carácter de autoridad. Por tanto, cuando el juicio se promueva contra el dictamen de concesión de pensión emitido por el gerente general de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, el titular de la dependencia para la cual prestó sus servicios el servidor público a quien se otorgó esa prestación de seguridad social no es parte en aquél, toda vez que no emitió, ordenó o ejecutó la resolución administrativa impugnada, aunado a que no se trata de un juicio de lesividad ni forma parte de la administración pública descentralizada; sin que el hecho de que conforme al artículo 18, fracción I, de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, el gobierno local, a través del ente para el que prestó sus servicios el interesado, esté obligado a descontarle y, a su vez, a realizar las aportaciones correspondientes a la caja, sea suficiente para considerar que debe llamarse a juicio a su titular, en atención a la condena derivada de la posible declaratoria de nulidad, pues el cumplimiento de una resolución jurisdiccional debe realizarse por todas las autoridades vinculadas, independientemente de si fueron parte o no en el juicio de origen". También es de tomar en cuenta, lo expuesto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Julio de 1991, página 143 , con número de registro 222243, del siguiente rubro y texto: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, JUICIO. EL HECHO DE QUE EL ACTOR OMITA ANEXAR COPIA DE SU DEMANDA PARA ALGUNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO DEMANDADA, NO MOTIVA QUE SE TENGA POR NO PRESENTADA, SI ESTA NO TIENE LEGALMENTE EL CARACTER DE PARTE. El Código Fiscal de la Federación en su artículo 198 establece como partes en el juicio contencioso administrativo: a la autoridad que dictó la resolución impugnada, al titular de la dependencia a la que pertenece la autoridad emisora, así como el propio actor y los terceros que tengan un derecho incompatible con la pretensión del accionante. Así, si no reúne alguna autoridad señalada como demandada por la actora legalmente el carácter de parte y, por tanto, no se acompañan copias de la demanda y anexos para ésta, no se actualiza la sanción contemplada en el último párrafo del artículo 209 del ordenamiento citado, ya que el carácter de parte no se lo da a la autoridad el señalamiento que hagan los particulares, sino el que la ley previamente ha considerado. Esto es, que aun cuando el quejoso señale a una o varias unidades administrativas como demandadas y tan solo acompañe una copia de la demanda para la emisora y otra para el titular de la dependencia, es claro que está cumpliendo con la fracción I del artículo 209, consistente en acompañar una copia para cada una de las partes". En este orden de ideas, esta juzgadora estima que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que el oficio impugnado en el juicio contencioso administrativo fue emitido únicamente por el Director de Prestaciones Económicas, como de manera acertada lo señaló la responsable. Sin que de los conceptos de violación se advierta argumento alguno que evidencie que al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Director General y Director de Finanzas del mismo, les revista el carácter de autoridad demandada aun cuando no sean las emisoras del oficio DPSE/DPEP/2912/2019 de once de septiembre de dos mil diecinueve. Esto es, la quejosa omitió establecer por qué a pesar de no haber signado o emitido el referido oficio, las aludidas autoridades deben ser consideradas como demandadas, pues, por las razones anteriormente expuestas, es insuficiente para ello que las mismas sean las responsables de proporcionar la seguridad social, así como del estudio y otorgamiento de las jubilaciones y pensiones, como lo sostuvo la impetrante. Tampoco le asiste la razón a la quejosa, respecto a que en los numerales citados no existe prohibición alguna para señalar a las autoridades responsables, a las que se les atribuya algún acto de autoridad. Ello porque de los mismos se obtiene que el legislador local estableció que tienen el carácter de autoridades demandadas las emisoras del acto o resolución reclamada o las que lo ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares. En las relatadas circunstancias, se niega a la quejosa el amparo y protección de la justifica federal. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo; se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Nancy Pérez Arévalo, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el considerando TERCERO de este fallo, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Nancy Pérez Arévalo, respecto del acto reclamado al Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, por las razones establecidas en el considerando SÉPTIMO de esta resolución. TERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese

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