Napoleón Gómez Urieta
Expediente 757/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Napoleón Gómez Urieta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes ejercieran ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Dicte la resolución en forma de laudo en el expediente laboral ******************** y lo haga del conocimiento de la parte quejosa como legalmente corresponda. ..". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio ******************** de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del laudo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************, y la notificación personal realizada a la parte actora y demandada, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, del citado laudo; documentales con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar el dictado del laudo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************, el cual fue notificado personal a la parte actora y demandada, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dicte la resolución en forma de laudo en el expediente laboral ********************, y lo haga del conocimiento de las partes como legalmente corresponda. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte la emisión del laudo veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************, notificado personal a la parte actora y demandada, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, digitalización, destrucción, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia del laudo dictado en el expediente laboral 01/580/16, y sus notificaciones. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, sin realizar mayor proveído en cuanto a su contenido en razón de que en quince junio de la anualidad se tuvo por recibido el informe rendido por dicha autoridad y el treinta de junio de dos mil veintitrés, se resolvió el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 757/2023, promovido por Napoleón Gómez Urieta contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Napoleón Gómez Urieta, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSJunta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos."La omisión de dictar laudo, en el expediente laboral 01/580/16" SEGUNDO. Previo auto de prevención, el doce de junio de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 757/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 01/580/16. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la omisión que se les reclama. Lo que se corrobora con las documentales que la responsable anexó a su informe justificado, a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. CUATRO. Procedencia del Juicio. La autoridad responsable invoca como causal de sobreseimiento, de manera genérica la prevista en el numeral 63, de la Ley de Amparo, pero solamente refiere que procede decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, en razón de que en el presente caso no puede considerarse que exista una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, que esté violentado sus derechos fundamentales. Dicha causal resulta infundada y a efecto de dilucidar lo anterior, se considera pertinente transcribir el contenido del numeral 63 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establecen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." A criterio de este juzgador, no se actualiza una causa de sobreseimiento, pues como se indicó anteriormente, se desprende que la promovente del amparo reclama de la responsable la omisión de dictar el proyecto de resolución forma de laudo, dentro del expediente laboral 01/580/16; y si bien la autoridad señala que la omisión reclamada no puede considerarse un acto de molestia que afecte a la parte quejosa, por lo debe sobreseerse el juicio de amparo en que se actúa; lo cierto es que el estudio de dicha causal implica el análisis del fondo del presente juicio de amparo, por lo que no es dable pronunciarse en este considerando. Es aplicable al particular la Jurisprudencia Tesis: P./J. 135/2001,Tomo XV, Enero de 2002, de texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa considera violado el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la responsable ha omitido dictar el proyecto de resolución forma de laudo, dentro del expediente laboral 01/580/16. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a las siguientes consideraciones. Es pertinente precisar, que al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde a la peticionaria de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el comprobar que proveyó o actuó, en los términos precisados en la Ley Federal del Trabajo, lo conducente en relación al dictado del laudo correspondiente. Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política Federal, determina lo siguiente: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en la legislación procesal y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2ª L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299, tomo XV, mayo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685 y 885, de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrán por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación y ejecución, lo que se traduce en cumplimiento al derecho fundamental de justicia pronta consagrada en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora bien, en el caso que nos atañe, la autoridad señalada como responsable al rendir su informe justificado afirmó la existencia del acto reclamado y remitió la documental consistente en copia certificada de la actuación de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, relativa al juicio laboral 01/580/16, donde se advierte que, en esa fecha dictó cierre de instrucción, y ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo, sin que se desprenda de dichas constancias que a la fecha haya dictado el laudo correspondiente, lo que lleva a la dilación del procedimiento en contravención al artículo 17, de la Ley Fundamental. Se afirma lo anterior, porque la dilación u omisión en el juicio laboral causa un retraso, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio; de ahí que se haga patente la violación al referido numeral, desde el momento en que la autoridad laboral incumplió con los términos y plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, se advierte por parte de la autoridad señalada como responsable un retardo injustificado en la impartición de justicia, pues a la fecha, ha demorado en el dictado del laudo más de tres meses aproximadamente, lo que, no es razonable en la medida que de autos no se advierte exista dificultad en la realización de la resolución definitiva, lo que constituye una abierta dilación del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Respecto al criterio transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, indicó que, tratándose de actos intraprocesales existe un caso de excepción que constriñe al juzgador de amparo a que no sólo lleve a cabo un análisis en cuanto a si los actos reclamados constituyen violaciones de este tipo respecto de las que se alegue transgresión a los artículos 8, 14 y 17, constitucionales, para considerar que el juicio es improcedente, ya que para ello es indispensable, además, que verifique si tales actos configuran una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En otras palabras, el motivo de improcedencia del juicio a que hace referencia el criterio jurisprudencial referido no obedece únicamente a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, que al ser una conducta omisiva autónoma al procedimiento no genera afectación a derechos sustantivos, pues para determinar tal afectación considerada como de ejecución irreparable es indispensable corroborar también que con ella no se produzca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En ese contexto, en el caso concreto existe una dilación abierta del procedimiento pues la autoridad señalada como responsable a la fecha ha omitido dictar el laudo correspondiente por más de tres meses aproximadamente, lo cual genera un retraso en la impartición de justicia. SEXTO. Efectos del juicio de amparo. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Napoleón Gómez Urieta, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho: Dicte la resolución en forma de laudo en el expediente laboral 01/580/16, y lo haga del conocimiento de la parte quejosa como legalmente corresponda. En el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la responsable dé cumplimiento a al punto precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Napoleón Gómez Urieta, respecto de la omisión reclamada a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.
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