Nancy Lizette Malpica Márquez
Expediente 935/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nancy Lizette Malpica Márquez
Actuaciones
- Principal
Hago constar que notifico a la parte quejosa Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Cristóbal Acevedo Aguirre, Rubén Morales Ozaeta, Ramiro Macedo Domínguez, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, respectivamente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, el contenido de las determinaciones emitidas el trece de enero y treinta de agosto, ambas de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de catorce de febrero de dos mil veinte, por medio de lista que se fija en el exterior de la Sede del Poder Judicial Federal, dada la situación de pandemia que se vive actualmente; lo anterior, con fundamento en la Fracción III, Inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, a treinta de agosto de dos mil veintiuno Visto el estado de los autos de los que se advierte que se omitió notificar de manera personal a la parte quejosa la resolución de trece de enero de la presente anualidad; al respecto, se comisiona al actuario de la adscripción para que a la brevedad, notifique de manera personal dicha resolución en acatamiento a lo establecido en el séptimo considerando de dicha resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido del Licenciado Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito de tres de diciembre de dos mil diecinueve, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por turno correspondió conocer a esta autoridad federal, Dr. Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Ing. Cristóbal Acevedo Aguirre, Ing. Rubén Morales Ozaeta, Ramiro Macedo Domínguez, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, respectivamente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: Autoridades responsables: Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado, Magistrado titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Actuario de su adscripción, todos de Morelos y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Actos reclamados: ". 1.- Del Gobernador., Secretario de Gobierno. y Director del Periódico Oficial. reclamamos el decreto promulgatorio por el que se ordenó la publicación y observación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, específicamente en lo que se refiere a los artículos 11 fracción V y 91 fracción III de la ley en comento. 2.- Del Congreso. se reclama la discusión, aprobación y expedición de los artículos 11 fracción V y 91 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por resultar inconstitucional al soslayar lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3.- Del Magistrado. se reclama: a).- La resolución de 27 de noviembre de 2019 en la que se ordenó la inmediata destitución e inhabilitación por 3 años de los aquí quejosos. b).- El requerimiento hecho al Secretario Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos a efecto de materializar la destitución de los aquí quejosos, convocar a cabildo, y llamar a los suplentes de las autoridades municipales cuya destitución se ordenó. c).- Por ende, la arbitraria aplicación de los artículos 11 fracción V y 91 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 4.- Del actuario. se reclama la ilegal ejecución de la resolución emitida el 27 de noviembre de 2019 por el Magistrado titular de la Tercera Sala. 5.- Respecto del Secretario Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, la inminente materialización de la orden de destitución e inhabilitación por 3 años de los quejosos, particularmente a través de la inminente convocatoria a sesión de cabildo y el llamamiento de cada uno de los suplentes de las autoridades municipales cuya destitución se ordenó". SEGUNDO. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió a trámite la demanda de amparo, radicó el asunto con el consecutivo 1660/2019, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; emplazó al tercero interesado, dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la adscripción y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito de seis de febrero de dos mil veinte, los quejosos ampliaron la demanda de amparo, señalando las mismas autoridades y actos reclamados, agregando únicamente conceptos de violación, así esta autoridad requirió a las responsables el informe justificado en cuanto a la ampliación de demanda, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción.. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. ... En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La promulgación, publicación, discusión, aprobación y expedición de los artículos 11 fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos. El acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, dictada en el incidente de justificación del incumplimiento de sentencia, que impone destitución e inhabilitación para ejercer puesto público por tres años, en el expediente administrativo TJA/3ªS/296/2016, su cumplimiento por parte de las autoridades ejecutoras. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a las autoridades responsables Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado, Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Actuario de su adscripción, todos de Morelos y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado cada cual en el ámbito de su respectiva competencia, lo que se corrobora con las constancias que remitió la Tercera Sala, como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada de constancias del juicio administrativo TJA/3ªS/296/2016, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. ...Además, en cuanto a que reclaman leyes, éstas no son objeto de prueba, pues la existencia de las normas no depende del contenido de los informes de las autoridades responsables, ya que basta con que estén publicadas en el Diario o en el Periódico Oficial correspondiente para tener por acreditada su existencia, así como para que las autoridades estén obligadas a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, en consecuencia, a conocer su contenido y alcance. ...CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Causas de improcedencia fundadas. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobierno, por si y como director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley Amparo, debido a que se reclama su participación en el proceso legislativo que originó los artículos 11 fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al no haber hecho valer la existencia de algún vicio propio en contra de la publicación reclamado. El artículo 108 fracción III de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:. --- III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral en comento. Por su parte, el artículo 108 fracción III de la Ley de Amparo dispone que cuando se impugnen normas generales, tendrán el carácter de autoridades responsables los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su refrendo y promulgación y cuando se señale a las que hubieren intervenido en el refrendo y publicación del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, éstas tendrán tal carácter únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios. Sin embargo, de la demanda de amparo se advierte que reclamó del Secretario de Gobierno, por si y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" su participación en el proceso legislativo (publicación) que diera origen a los artículos 11 fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; no obstante lo anterior, no se les atribuyó ningún vicio propio sino que sólo se les reclamó como parte del proceso legislativo. Por tanto, si no se hicieron valer vicios propios respecto de la participación de dichas autoridades en el proceso legislativo (publicación) que dio origen al artículo reclamado al Secretario de Gobierno, por si y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos a dicha autoridad. Causas de improcedencia infundadas. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en concordancia con el diverso 108 fracción III, de la Ley de Amparo, por no combatir por vicios propios los actos de sanción y promulgación y publicación de la norma reclamada. Contrario a lo afirmado por la autoridad responsable, no se actualiza la causa de improcedencia en análisis, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, relativas a que no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional y que no se impugnan sus actos por vicios propios. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" "ARTICULO *70.- Son facultades del Gobernador del Estado: (.) XVII. En materia de legislación y normatividad estatal: a) Promulgar y hacer cumplir las Leyes o Decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; (.)" Lo anterior, toda vez que de conformidad con el último de los numerales citados, la parte quejosa debe señalar en su demanda las autoridades responsables y tratándose de la impugnación de normas generales deberá precisar los órganos a los que la ley encomiende su promulgación, por lo que en términos del artículo 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Morelos, corresponde al Gobernador de la entidad la promulgación de las Leyes y Decretos del Congreso del Estado. Por lo tanto, el Gobernador de la entidad sí tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que es el encargado de la promulgación de la norma, y el supuesto previsto en la parte final de la fracción III del artículo 108, solo fue contemplado por el legislador para las autoridades que únicamente intervienen en el refrendo y publicación de la norma impugnada y que sus actos no son reclamados por vicios propios, lo que excluye a los actos de la autoridad que promulga, de ahí lo infundado de la causal de improcedencia propuesta. Por último la responsable Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en relación con el artículo 7º de la Ley de amparo, señala que la persona moral no acude al amparo en defensa de sus derechos patrimoniales, pues tiene el carácter de autoridad en el juicio de donde emana el acto reclamado, y porque el nombramiento del servidor publico no tiene un carácter patrimonial. "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." Resulta infundada, la improcedencia que invoca la responsable, en razón a que los quejosos no promueven el juicio de amparo, en calidad de representantes del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, si no por su propio derecho y únicamente refieren sustentar el carácter de presidente, Sindico y Regidores integrantes de ese municipio. Además, los quejosos cuentan con el interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo en la medida en que se les está destituyendo de su cargo de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, con lo cual se produce una afectación real y actual en su perjuicio al tener como consecuencia la pérdida de su trabajo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Los conceptos de violación se analizarán, sin que sea necesaria su transcripción, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación, además ello no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. ...El quejoso sustancialmente aduce que el artículos 11, fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, transgrede los derechos de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, pues se limitó a aplicar de manera directa el artículo 11, fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, sin considerar que de dicha disposición normativa no se desprende expresamente que le sea aplicable a los funcionarios que obtengan el cargo a través del voto directo de la ciudadanía por el contrario los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la constitución Local, 178 , 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, ordenan expresamente que para la revocación de mandato, suspensión definitiva de servidores públicos de elección popular de los Ayuntamientos se debe seguir procedimiento y resolución del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Sigue argumentando que, el artículo 11, fracción V y 91 fracción III de la ley en comento, aún cuando persigue una finalidad constitucionalmente valida establecida en el artículo 17 constitucional, porque protege el derecho al acceso a la justicia, a que se ejecute una sentencia, y que el precepto legal señala como infracción por el desacato a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se castigará con destitución e inhabilitación del servidor público que incurra en desacato, que será impuesta por el órgano jurisdiccional, dicha sanción no trae como consecuencia de manera inmediata y directa el cumplimiento de la sentencia, lo único que ocasiona es que el cumplimiento se prorrogue hasta que se nombre a las nuevas autoridades que habrán de cumplir con la sentencia. También señala que la norma legal combatida, viola el precepto legal 115, fracción I, párrafo tercero, de la Carta Magna, al no establecer en qué consisten las causas graves para su aplicación, demás en dicho precepto legal se establece que las sanciones, destitución de los miembros de los Ayuntamientos Municipales electos por elección popular, es facultad de la legislatura del Estado, por ello, la Tercera Sala responsable debió dar cuenta al Congreso Local a fin de que conforme a la normativa aplicable dar el trámite correspondiente, así como que no respetó el derecho de audiencia de los quejosos, además que el artículo 115 fracción I, constitucional, otorga la facultad a las legislaturas locales, con el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes para suspender Ayuntamientos o revocar el mandato a alguno de sus miembros siempre y cuando hayan tenido oportunidad para rendir pruebas, que el procedimiento para ello, está regido en el artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 178, 181 y 182, ponderan el procedimiento que el Poder Legislativo del Estado para suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, que por ello, la Tercera Sala responsable no interpreto la norma conforme a la constitución federal, toda vez que destituyó e inhabilitó directamente a los quejosos, pues para ello, debe llevar a cabo el procedimiento ante el Congreso del Estado de Morelos. Análisis de constitucionalidad del artículo 11, fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al formar una unidad, se analizan en su conjunto por formar un sistema normativo. ... Los conceptos de violación son infundados, por lo que debe negarse el amparo solicitado. Para efectos de una mejor explicación, debe establecerse que la norma cuya constitucionalidad ha sido puesta en tela de juicio por los quejosos es la siguiente: "Artículo 11. Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el Tribunal y las Salas podrán hacer uso, a su elección, según el caso, de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: (.) V. La destitución del servidor público que haya sido nombrado por designación, y para el caso de los servidores vía elección popular, se procederá por acuerdo de pleno conforme a la normativa aplicable, y Artículo 91. Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. (.) III. Si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y (.)" Al respecto, en esencia, los quejosos sostienen que dichos preceptos normativos son inconstitucionales porque no respeta a plenitud el derecho de audiencia; además de que sostienen que es facultad única y exclusiva de la Legislatura Local, separar o suspender de su encargo a los miembros de un Ayuntamiento y, por ende, el contenido de la norma impugnada es contrario a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, se advierte que los impetrantes de amparo consideran que la norma reclamada es inconstitucional al autorizar la destitución de los servidores públicos por no acatar la determinación -sentencia definitiva-de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Sin embargo, no le asiste razón a la parte quejosa, porque para que la autoridad responsable ordenara su destitución, con fundamento en el artículo 11, fracción V y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no requiere seguir un procedimiento ante el Congreso del Estado de Morelos, ya que los citados preceptos la facultan para que sea ella quien sancione al servidor público que incurre en desacato de sus resoluciones de esa forma, incluso el normativo 11, fracción V, indica que respecto a servidores vía elección popular, procederá por acuerdo de pleno conforme a la normativa aplicable funcionarios públicos; y justamente en razón de que se trata de una sanción a una actitud contumaz del infractor es que no se requiere darle audiencia, puesto que los ahora quejosos conocieron las acciones que debían realizar para evitar que se les impusiera la aludida sanción, al haberles aplicado progresivamente durante el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva de cuatro de abril de dos mil diecisiete, diversos apercibimiento de multa, arrestos y finalmente la orden de destitución. Y esa facultad sancionadora de la autoridad que está contenida en la norma en comento no contraviene lo dispuesto en el artículo 115 de la Carta Magna, en razón de que este último prevé lineamientos específicos para que pueda ocurrir el desconocimiento de los poderes municipales o miembros del Ayuntamiento por parte del poder Legislativo estatal, es decir, para que pueda haber por parte del Estado una intromisión en el ámbito de gobierno del municipio y las normas impugnadas prevén una sanción que, en vía de apremio, es facultad de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, imponerla en caso de incumplimiento de sus resoluciones, sin que ello implique una injerencia o afectación en la gobernabilidad del municipio, sino una forma de hacer coercible y efectivas sus decisiones; y no hay con ello contraposición de la norma local con lo establecido en el precepto constitucional. Veamos. Para sustentar la determinación adoptada es necesario primeramente determinar el alcance y sentido del artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enunciado normativo es el siguiente: "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 1. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. . (.) Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.". Al respecto, al resolver la controversia constitucional 43/2004, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que del precepto anterior se desprende que las legislaturas locales tienen facultades para suspender ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, supuestos que causan una afectación a dicho órgano de gobierno; sin embargo, lo hacen de diferente forma, pudiendo clasificarse de la siguiente manera: a) Actos que afectan al ayuntamiento en su integridad, en cuanto impiden el ejercicio municipal, como sería la declaración de suspensión o desaparición del mismo; puesto que ello va dirigido al órgano en sí y no a alguno de sus integrantes en lo particular, impidiéndole de esta forma continuar con el cumplimiento de sus atribuciones y con el ejercicio de las funciones de gobierno que constitucional y legalmente corresponden a dicho nivel; y b) Actos que afectan la integración del ayuntamiento, como la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, en este caso, a diferencia de la hipótesis señalada en el inciso que antecede, esto recae en alguno o algunos de sus miembros individualmente considerados, en tanto que el ayuntamiento como órgano de gobierno seguirá en el ejercicio de sus funciones, aunque para ello deba seguirse el procedimiento de designación de suplentes que prevea la legislación local. Ahora bien, para que pudiera afectarse al Ayuntamiento, en cualquiera de las hipótesis señaladas, las Legislaturas estatales, deben cumplir con los requisitos siguientes: a) La ley deberá prever las causas graves para suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido o para suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros; b) El que previamente a la emisión del acto se otorgue al ayuntamiento la oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos; y, c) El acuerdo de suspensión o desaparición de un Ayuntamiento o de suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros sea tomado por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. Ello, debido a que la intención del constituyente de plasmar lo anterior a rango constitucional fue con la finalidad de respetar la libertad y autodeterminación de las entidades federativas y vigorizar la decisión fundamental del pueblo sobre el Municipio Libre, para lo cual creyó necesario instaurar un procedimiento con derecho de defensa para los afectados antes de interferir sobre el mandato que los ayuntamientos ejercen por decisión del pueblo a través del sufragio directo y, por lo mismo, inducir a las entidades federativas, para que en sus constituciones locales y leyes relativas señalaran con toda precisión cuáles son las causas graves que pueden ameritar el desconocimiento de los poderes municipales o de los miembros de los ayuntamientos. Así, la Corte concluyó que de la teleología del precepto fundamental en comento se desprende que el Órgano Reformador de la Constitución Federal estableció como prerrogativa principal, preservar a los ayuntamientos como institución municipal, salvaguardándolos tanto en su integración como en la continuidad del ejercicio de sus funciones de gobierno, debido a que tienen lugar con motivo de un proceso de elección popular directa, por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la Legislación local. Nótese de todo esto, que la esencia del precepto constitucional en comento es la de, recogiendo los principios electorales del propio texto constitucional, consignar las bases para el funcionamiento de los ayuntamientos y los requisitos indispensables para la suspensión -detener o diferir por un tiempo-, declaración de desaparición de poderes municipales o revocación -dejar sin efecto- de mandato a los miembros de los ayuntamientos, es decir, el desconocimiento de los poderes municipales o de sus miembros, en aras de proteger la autodeterminación -administrativa o de gobierno- de los ayuntamientos como órganos representativos de los Municipios Libres; esto en la generalidad y sin abordar casos excepcionales, como el aquí planteado, donde existe una sanción por incumplimiento a una resolución de carácter jurisdiccional dictada en contra del municipio en su calidad de patrón, que representan los quejosos como presidente, sindico y regidores municipales. En el caso de Morelos, lo anterior fue acatado, ya que justamente en uso de esa libertad de configuración legislativa que otorgó el precepto 115 de la Carta Magna, en el artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos se especificaron las causas que se consideran graves y que conllevan la posibilidad de que la legislatura local declare la desaparición o suspensión de un ayuntamiento, así como la revocación o suspensión de alguno de sus miembros ; cuyo contenido, a su vez, lo hacen suyo los diversos preceptos 178 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Supuestos en lo que debe agotarse el procedimiento previsto en los artículos 183 y 184 de este último ordenamiento legal; pero sin que ello implique proscribir sanciones en contra del municipio o en este caso de sus funcionarios por no acatar resoluciones en su contra cuando tenga la calidad de patrón, así como de sus representantes. Y es de recalcarse que esas causas obedecen a situaciones específicas que, según el legislador local, justifican el desconocimiento de los poderes municipales y, por ende, la intromisión en éstos. En efecto, el Congreso del Estado podrá declarar la desaparición del Ayuntamiento cuando ocurra la desintegración del cuerpo edilicio o éste se encuentre imposibilitado para el ejercicio de sus funciones; podrá declarar la suspensión definitiva del Ayuntamiento cuando haya dejado de funcionar normalmente por cualquier situación distinta a la anterior, cuando haya violado reiteradamente la legislación estatal o la de la federación y cuando todos sus integrantes se encuentren en el caso en que proceda su suspensión en particular; para declarar la suspensión de los miembros del ayuntamiento se establece un catálogo de situaciones tendentes a demostrar el desinterés del funcionario o que legalmente impida el ejercicio de sus funciones; y acordará la revocación del mandato de los miembros del ayuntamiento cuando no reúna los requisitos de elegibilidad. Véase, pues, que el propio legislador estatal consideró que las causas graves por las cuales la Constitución Federal le permite a los poderes de los Estados interferir en la autodeterminación y funcionamiento de los órganos de gobierno de los municipios del Estado de Morelos, obedecen a temas inmersos a eligibilidad de los miembros o imposibilidades fácticas o jurídicas en el ejercicio de sus funciones tanto de éstos como de la totalidad del ayuntamiento; esto como protección a su autodeterminación gubernamental y/o administrativa. Sin embargo, ello no abarca, pero tampoco proscribe la imposición de medidas de apremio impuestas al municipio y sus funcionarios para que cumpla con las resoluciones jurisdiccionales que se hayan dictado en su contra por fungir como patrón y a quienes lo representen; tales medidas son un tema diferente que no contradice el referido mandato constitucional. En efecto, el artículo 11, fracción V y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos establece que la desobediencia a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, si a pesar de las medidas de apremio no resultaren eficaces, -11 fracción V- para servidores vía elección popular, la destitución procederá conforme a la normativa aplicable, así como que la autoridad procederá en términos del primer párrafo del precepto legal en cita -91 fracción III-, declarará que el funcionario público incurrió en desacato procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por seis años; y faculta a dicho tribunal para imponerlas. Esta sanción de destitución de funcionarios públicos a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, nada tiene que ver con la facultad que originariamente prevé el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , consistente en que la legislatura local puede suspender ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna causa grave contemplada en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 41, porque es palpable que tanto las suspensiones por causas graves como la destitución por infracción a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, son de distinta naturaleza. Efectivamente, las causas que permiten el desconocimiento de los poderes municipales o de sus miembros van encaminadas a proteger la autodeterminación de dichos entes y no mermar su libre administración, salvo que se presenten temas de elegibilidad de los miembros o imposibilidades fácticas o jurídicas en el ejercicio de sus funciones tanto de éstos como de la totalidad del ayuntamiento; supuestos en los que el Estado, a través del Congreso, rompe con la autonomía del municipio, lo desconoce y tiene injerencia en él; tan es así que el propio artículo 41 de la Constitución Local, prevé que en caso de declararse desaparecido algún Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros cuando no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebrasen nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los períodos respectivos. Y, por su parte, la sanción que, como medida de apremio, prevén los artículos impugnados es tendente a lograr el cumplimiento de las decisiones que tome en el caso la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, sin importar ninguno de los temas señalados en el párrafo anterior, sino únicamente si sus determinaciones son o no acatadas; además de que en este supuesto no existe una invasión a la autonomía del municipio, porque el aludido órgano jurisdiccional, en dado caso, ordena la destitución de quien haya desacatado sus disposiciones y la ley no faculta a involucrarse en la elección de su sucesor ni en nada más. Incluso, debido a las distinciones que permean sobre ambas situaciones es que su aplicación normativa y procedimental también se realiza de forma diferente, en tanto que para las suspensiones se prevé un procedimiento que otorgue audiencia al afectado, las destituciones no, porque justamente persiguen sancionar a quien, con conocimiento de las consecuencias, se comporta contumaz ante las decisiones del aludido tribunal, como en el caso que los quejosos son parte demandada y condenada en el juicio natural, por ello, su derecho de defensa y audiencia no queda inaudito; es decir, una constituye la consecuencia del indebido ejercicio de las funciones públicas y la otra es el costo del desacato. Y esa sanción, como medida de apremio no está proscrita por la Carta Magna en el referido artículo 115. Además de lo anterior, las causas para suspender o revocar el poder municipal y/o sus miembros deriva directamente de lo estatuido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en cambio, el artículo impugnado, además de que no contraviene el mencionado precepto constitucional, tiene su fundamento en otro artículo de igual jerarquía: el 17 de la Carta Magna, pues la finalidad perseguida es garantizar el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional y la plena ejecución de las resoluciones y evitar que se obstaculice la actividad jurisdiccional, dándole al gobernado un efectivo acceso a la justicia. Se dice esto último, en virtud de que la lógica del sistema sancionador, como imperio para hacer cumplir con sus determinaciones, con el que dota la ley al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, obedece al principio de independencia judicial y el acceso efectivo a la impartición de justicia completa e imparcial, en la medida de que le otorga prerrogativas para dar un efecto útil a sus resoluciones y materializarlas; pues de poco serviría activar la maquinaria judicial y obtener una sentencia favorable si no puede exigirse su cumplimiento o, peor aún, si para ello -sancionar por incumplimiento- es necesario obtener la anuencia del Gobernador del Estado o del Congreso local. Máxime que, en casos como este, en que al tratarse de servidores públicos que integran el órgano de gobierno municipal, éstos son elegidos mediante elección popular y generalmente pertenecen a un partido político, de forma tal que, si la imposición de la sanción dependiera del Congreso Local o del Gobernador, podría significar que la efectividad judicial estuviera subordinada a la voluntad política, lo que acabaría con la independencia judicial. Y en esa medida, en que la finalidad que persigue la disposición reclamada es la plena eficacia de las resoluciones emitidas por la Tercera Sala responsable, es que en nada afecta que no distinga si la destitución procede en relación a nombramientos expedidos por la administración municipal o por cargo de elección popular, porque no es en función de la naturaleza del nombramiento, por sí, que procede o no la medida de apremio, sino en que a quien se le aplique funja como parte material -en este caso, patronal- o su representante en un procedimiento jurisdiccional y que sea infractor de las resoluciones ahí emitidas. Y lo aquí determinado no riñe con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 7/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO", en primer lugar, porque como ya se explicó los artículos locales aquí analizado no regulan el tema abordado por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni, por ende, forma parte de las facultades de intromisión de los congresos locales; y, además, en razón de que la jurisprudencia en comento no derivó de un caso similar al aquí analizado, sino que deviene de una controversia constitucional, en la cual la materia de estudio fue la decisión de un municipio de suspender a un regidor por no cumplir con requisitos de elegibilidad -ser regidor y ostentar un puesto dentro de gobierno del Estado- y quien consideró afectado en sus facultades fue el Congreso Local; y en ese supuesto, la Corte resolvió que, efectivamente, el Municipio -cabildo- había ido más allá de sus facultades legales e invadió las del Congreso Local, pero no se analizó el tema aquí propuesto por la parte quejosa relativo a la constitucionalidad del artículo 11, fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De todo lo expuesto también puede advertirse que, contrario a lo que sostienen los quejosos, el precepto impugnado no contraviene el contenido del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tampoco el derecho de audiencia, en la medida en que para que surta aplicabilidad el artículo 11, fracción V y 91 fracción III, en comento es necesaria que exista una actitud contumaz por parte de la autoridad de no cumplir con una resolución o determinación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, lo que de suyo significa que ésta conoció las acciones que debía emprender para no ser sancionada en los términos legales apuntados, es decir, al conocer la obligación impuesta por el aludido tribunal, el obligado tiene expedito su derecho de comparecer ante dicha autoridad y exponer lo que considere pertinente o cumplir con esa obligación, de lo contrario podrá hacerse acreedora a la sanción legal ahí prevista. En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación en estudio, procede negar el amparo solicitado. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado consistente en la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve dictada en el expediente TJA/3ªS/296/2016. A través de dicha actuación el Magistrado titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos determinó la destitución e inhabilitación por tres años, del Presidente Municipal Sindico y Regidores del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. El quejoso refiere sustancialmente en sus conceptos de violación que la orden de destitución viola el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dado que no funda y motiva de manera suficiente su determinación, sin considerar que las disposiciones normativas no se desprende expresamente que le sean aplicables a los funcionarios que obtuvieron el cargo a través del voto directo de la ciudadanía, para dar de baja, suspenderlos o removerlos como Presidente Municipal, Sindico y Regidores del ayuntamiento Puente de Ixlta, Morelos. El concepto de violación que hace valer la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y, para demostrarlo, es conveniente citar el primer párrafo del artículo 16 constitucional: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". El derecho fundamental consagrado en el transcrito artículo constitucional impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emiten, esto es, por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que deberán señalarse, claramente, las circunstancias especiales, razones o causas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas legales aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 266, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo i, constitucional 3, derechos fundamentales primera parte - SCJN, décima tercera sección - fundamentación y motivación, de texto y rubro siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". El artículo 11, fracción V y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos establece: "Artículo 11. Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el Tribunal y las Salas podrán hacer uso, a su elección, según el caso, de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: (.) V. La destitución del servidor público que haya sido nombrado por designación, y para el caso de los servidores vía elección popular, se procederá por acuerdo de pleno conforme a la normativa aplicable, y Artículo 91. Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente: (.) III. Si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y (.)" De los preceptos legales trascritos se desprende que la desobediencia a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa se castigará con destitución e inhabilitación hasta por seis años para ocupar puesto público tanto estatal como municipal. Está sanción será impuesta, en su caso, por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En ese tenor, como ya fue materia de análisis al resolverse sobre la constitucionalidad del artículo 11, fracción V y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se determinó que los únicos mecanismos para poder separar de su encargo a un miembro del Ayuntamiento que es electo popularmente, son los que se prevén en el artículo 115 constitucional, a saber: suspensión o revocación de su mandato; procedimientos en los cuales el órgano legislativo es competente para conocer de ellos y resolverlos, y, por ende, la sanción a que se hace referencia en los artículos 11, fracción V y 91, fracción III, del ordenamiento legal en cita, no es aplicable a los miembros del Ayuntamiento que es electo popularmente, sino a aquellos funcionarios de libre designación, ya que para los quejosos el pleno de la responsable debe actuar conforme a la normativa aplicable. Apoya lo anterior la Jurisprudencia P./J. 7/2004 , en los términos siguientes: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO. El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, establece que las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y se actualice alguna de las causas graves que la ley local prevenga; además, que los miembros de los Ayuntamientos deben tener oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar. De lo expuesto se colige que si bien el Órgano Reformador de la Constitución pretendió fortalecer el ámbito competencial del Municipio, consignando facultades propias de éste y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, también prescribió que sólo a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales hayan previsto, las Legislaturas Locales podrán ejercer las referidas facultades. En consecuencia, cualquier otro mecanismo contenido en una disposición local tendente a separar o suspender de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las atribuciones que constitucionalmente corresponden a los Congresos Estatales y, por ende, resulta contrario al citado precepto constitucional." Esto es, si el artículo 11, fracción V y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa, del Estado de Morelos, no se interpreta conforme a la Constitución Federal, -artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- y sus correlativos 41 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consideró que estaba en aptitud de destituir a integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, revocando de facto el mandato otorgado a éstos por elección popular directa, no obstante que la Ley Fundamental, así como los preceptos de la Constitución del Estado de Morelos y Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un Municipio, impidiendo así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución e inhabilitación de alguno de los integrantes del Ayuntamiento. En ese sentido, se reitera lo dispuesto en el artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establece que la negativa injustificada de las autoridades a cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa, se castigará, vía resolución dictada por el Magistrado instructor correspondiente, con destitución e inhabilitación hasta por seis años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. Empero, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, al resolver la controversia constitucional 253/2016, realizó la interpretación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de contenido semejante al aquí tildado de inconstitucional, habiendo señalado los siguiente: "(.) La disposición transcrita, interpretada conforme a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, permite considerar que la palabra 'infractor' no incluye a los miembros de los ayuntamientos, pues de lo contrario se estaría transgrediendo el Texto Supremo, al estimarse facultado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, olvidando que el citado artículo 115 señala con toda claridad que únicamente las Legislaturas locales, "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan". --- Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como a los preceptos de la Constitución del Estado de Morelos y Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, impidiendo así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento (.)". La reproducción anterior pone de manifiesto que el numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que dispone que la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se castigará con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, debe interpretarse en el sentido de que la palabra "infractor" no incluye a los miembros de los ayuntamientos, esto es, al Presidente Municipal, regidores y síndicos. Luego entonces, dada la similitud de los preceptos legales en cita -numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos- resulta válido concluir que el citado en segundo término debe interpretarse también en el sentido de que la palabra "autoridad" no incluye a los miembros de los ayuntamientos, esto es, al Presidente Municipal, regidores y síndicos. Por tanto, si en el presente caso mediante resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, decretó la destitución de los aquí quejosos de los cargos de que ostentaban dentro del ayuntamiento de Puente de Ixtla (presidente municipal, y regidores respectivamente), al considerar que el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo TJA/3a.S/296/2016, es injustificado. Debe convenirse que dicha determinación no se encuentra ajustada a derecho, ya que si bien el referido tribunal está facultado para decretar la destitución de las autoridades renuentes a cumplir sus mandatos, ello no incluye a los miembros de los ayuntamientos; como los ahora inconformes, quienes ocupan los cargos de Presidente Municipal y regidores del citado ayuntamiento. En decir, el proceder de la autoridad responsable al ordenar la destitución de los quejosos en su carácter de Presidente Municipal y Regidores, al ser cargos de elección popular y que, por tanto, no les resultaba aplicable la sanción establecida en el artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; es un acto inconstitucional que lo deja en estado de indefensión. Atento a lo anterior, dado el sentido de la presente determinación y los efectos de la concesión del amparo en el sentido de declarar fundados los conceptos de violación que se consideraron de mayor beneficio, se estima innecesario el estudio de los restantes motivos de disenso. En consecuencia, dado que el Magistrado instructor de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no interpretó la norma conforme a la Constitución Federal, toda vez que destituyó directamente al Presidente Municipal Sindico y Regidores del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, por desacato a cumplir con la sentencia definitiva, cuando le señala que debe actuar conforme a la normatividad aplicable, se impone declarar la invalidez de la determinación que tomó el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, así como los actos de ejecución, al ser un acto inconstitucional que deja en estado de indefensión a los quejosos, a fin de hacer efectiva la determinación dictada en el juicio TJA/3ªS/296/2016. Efectos de la concesión de amparo. Consecuentemente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Cristóbal Acevedo Aguirre, Ramiro Macedo Domínguez, Rubén Morales Ozaeta, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, respectivamente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, para que la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, deje sin efectos la orden de destitución del cargo e inhabilitación por tres años, que les fue impuesta en resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente administrativo TJA/3ªS/296/2016. En la inteligencia que la determinación se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades señaladas como ejecutoras, al no ser impugnados por vicios propios. SÉPTIMO. Resolución y notificación del presente asunto. Cabe señalar que la resolución del presente asunto, se emite con base en los lineamientos establecidos en los artículos 1, fracción II, 10 y 11 del Acuerdo General 13/2020, así como la circular SECNO/1/2021, de los que se desprende la posibilidad de emitir la sentencia en los asuntos que ya contaran con la celebración de la audiencia constitucional celebrada. Finalmente, en concomitancia con lo anterior, se ordena a los fedatarios públicos adscritos a este Juzgado de Distrito, la notificación por lista del presente asunto, y una vez que se regularicen las actividades, se deberá hacer del conocimiento a las partes la presente determinación en los términos de ley; encomienda que podrá escalonarse con las demás actividades inherentes a su cargo. Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por los quejosos Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Cristóbal Acevedo Aguirre, Ramiro Macedo Domínguez, Rubén Morales Ozaeta, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, respectivamente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Cristóbal Acevedo Aguirre, Ramiro Macedo Domínguez, Rubén Morales Ozaeta, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, respectivamente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Cristóbal Acevedo Aguirre, Ramiro Macedo Domínguez, Rubén Morales Ozaeta, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, respectivamente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando sexto, para los efectos precisados en el penúltimo considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy trece de enero de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe. "R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito de tres de diciembre de dos mil diecinueve, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por turno correspondió conocer a esta autoridad federal, Dr. Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Ing. Cristóbal Acevedo Aguirre, Ing. Rubén Morales Ozaeta, Ramiro Macedo Domínguez, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, respectivamente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: Autoridades responsables: Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado, Magistrado titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Actuario de su adscripción, todos de Morelos y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Actos reclamados: ". 1.- Del Gobernador., Secretario de Gobierno. y Director del Periódico Oficial. reclamamos el decreto promulgatorio por el que se ordenó la publicación y observación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, específicamente en lo que se refiere a los artículos 11 fracción V y 91 fracción III de la ley en comento. 2.- Del Congreso. se reclama la discusión, aprobación y expedición de los artículos 11 fracción V y 91 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por resultar inconstitucional al soslayar lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3.- Del Magistrado. se reclama: a).- La resolución de 27 de noviembre de 2019 en la que se ordenó la inmediata destitución e inhabilitación por 3 años de los aquí quejosos. b).- El requerimiento hecho al Secretario Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos a efecto de materializar la destitución de los aquí quejosos, convocar a cabildo, y llamar a los suplentes de las autoridades municipales cuya destitución se ordenó. c).- Por ende, la arbitraria aplicación de los artículos 11 fracción V y 91 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 4.- Del actuario. se reclama la ilegal ejecución de la resolución emitida el 27 de noviembre de 2019 por el Magistrado titular de la Tercera Sala. 5.- Respecto del Secretario Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, la inminente materialización de la orden de destitución e inhabilitación por 3 años de los quejosos, particularmente a través de la inminente convocatoria a sesión de cabildo y el llamamiento de cada uno de los suplentes de las autoridades municipales cuya destitución se ordenó". SEGUNDO. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió a trámite la demanda de amparo, radicó el asunto con el consecutivo 1660/2019, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; emplazó al tercero interesado, dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la adscripción y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito de seis de febrero de dos mil veinte, los quejosos ampliaron la demanda de amparo, señalando las mismas autoridades y actos reclamados, agregando únicamente conceptos de violación, así esta autoridad requirió a las responsables el informe justificado en cuanto a la ampliación de demanda, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción.. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. ... En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La promulgación, publicación, discusión, aprobación y expedición de los artículos 11 fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos. El acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, dictada en el incidente de justificación del incumplimiento de sentencia, que impone destitución e inhabilitación para ejercer puesto público por tres años, en el expediente administrativo TJA/3ªS/296/2016, su cumplimiento por parte de las autoridades ejecutoras. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a las autoridades responsables Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado, Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Actuario de su adscripción, todos de Morelos y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado cada cual en el ámbito de su respectiva competencia, lo que se corrobora con las constancias que remitió la Tercera Sala, como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada de constancias del juicio administrativo TJA/3ªS/296/2016, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. ...Además, en cuanto a que reclaman leyes, éstas no son objeto de prueba, pues la existencia de las normas no depende del contenido de los informes de las autoridades responsables, ya que basta con que estén publicadas en el Diario o en el Periódico Oficial correspondiente para tener por acreditada su existencia, así como para que las autoridades estén obligadas a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, en consecuencia, a conocer su contenido y alcance. ...CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Causas de improcedencia fundadas. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobierno, por si y como director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley Amparo, debido a que se reclama su participación en el proceso legislativo que originó los artículos 11 fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al no haber hecho valer la existencia de algún vicio propio en contra de la publicación reclamado. El artículo 108 fracción III de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:. --- III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral en comento. Por su parte, el artículo 108 fracción III de la Ley de Amparo dispone que cuando se impugnen normas generales, tendrán el carácter de autoridades responsables los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su refrendo y promulgación y cuando se señale a las que hubieren intervenido en el refrendo y publicación del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, éstas tendrán tal carácter únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios. Sin embargo, de la demanda de amparo se advierte que reclamó del Secretario de Gobierno, por si y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" su participación en el proceso legislativo (publicación) que diera origen a los artículos 11 fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; no obstante lo anterior, no se les atribuyó ningún vicio propio sino que sólo se les reclamó como parte del proceso legislativo. Por tanto, si no se hicieron valer vicios propios respecto de la participación de dichas autoridades en el proceso legislativo (publicación) que dio origen al artículo reclamado al Secretario de Gobierno, por si y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos a dicha autoridad. Causas de improcedencia infundadas. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en concordancia con el diverso 108 fracción III, de la Ley de Amparo, por no combatir por vicios propios los actos de sanción y promulgación y publicación de la norma reclamada. Contrario a lo afirmado por la autoridad responsable, no se actualiza la causa de improcedencia en análisis, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, relativas a que no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional y que no se impugnan sus actos por vicios propios. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" "ARTICULO *70.- Son facultades del Gobernador del Estado: (.) XVII. En materia de legislación y normatividad estatal: a) Promulgar y hacer cumplir las Leyes o Decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; (.)" Lo anterior, toda vez que de conformidad con el último de los numerales citados, la parte quejosa debe señalar en su demanda las autoridades responsables y tratándose de la impugnación de normas generales deberá precisar los órganos a los que la ley encomiende su promulgación, por lo que en términos del artículo 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Morelos, corresponde al Gobernador de la entidad la promulgación de las Leyes y Decretos del Congreso del Estado. Por lo tanto, el Gobernador de la entidad sí tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que es el encargado de la promulgación de la norma, y el supuesto previsto en la parte final de la fracción III del artículo 108, solo fue contemplado por el legislador para las autoridades que únicamente intervienen en el refrendo y publicación de la norma impugnada y que sus actos no son reclamados por vicios propios, lo que excluye a los actos de la autoridad que promulga, de ahí lo infundado de la causal de improcedencia propuesta. Por último la responsable Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en relación con el artículo 7º de la Ley de amparo, señala que la persona moral no acude al amparo en defensa de sus derechos patrimoniales, pues tiene el carácter de autoridad en el juicio de donde emana el acto reclamado, y porque el nombramiento del servidor publico no tiene un carácter patrimonial. "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." Resulta infundada, la improcedencia que invoca la responsable, en razón a que los quejosos no promueven el juicio de amparo, en calidad de representantes del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, si no por su propio derecho y únicamente refieren sustentar el carácter de presidente, Sindico y Regidores integrantes de ese municipio. Además, los quejosos cuentan con el interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo en la medida en que se les está destituyendo de su cargo de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, con lo cual se produce una afectación real y actual en su perjuicio al tener como consecuencia la pérdida de su trabajo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Los conceptos de violación se analizarán, sin que sea necesaria su transcripción, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación, además ello no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. ...El quejoso sustancialmente aduce que el artículos 11, fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, transgrede los derechos de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, pues se limitó a aplicar de manera directa el artículo 11, fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, sin considerar que de dicha disposición normativa no se desprende expresamente que le sea aplicable a los funcionarios que obtengan el cargo a través del voto directo de la ciudadanía por el contrario los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la constitución Local, 178 , 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, ordenan expresamente que para la revocación de mandato, suspensión definitiva de servidores públicos de elección popular de los Ayuntamientos se debe seguir procedimiento y resolución del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Sigue argumentando que, el artículo 11, fracción V y 91 fracción III de la ley en comento, aún cuando persigue una finalidad constitucionalmente valida establecida en el artículo 17 constitucional, porque protege el derecho al acceso a la justicia, a que se ejecute una sentencia, y que el precepto legal señala como infracción por el desacato a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se castigará con destitución e inhabilitación del servidor público que incurra en desacato, que será impuesta por el órgano jurisdiccional, dicha sanción no trae como consecuencia de manera inmediata y directa el cumplimiento de la sentencia, lo único que ocasiona es que el cumplimiento se prorrogue hasta que se nombre a las nuevas autoridades que habrán de cumplir con la sentencia. También señala que la norma legal combatida, viola el precepto legal 115, fracción I, párrafo tercero, de la Carta Magna, al no establecer en qué consisten las causas graves para su aplicación, demás en dicho precepto legal se establece que las sanciones, destitución de los miembros de los Ayuntamientos Municipales electos por elección popular, es facultad de la legislatura del Estado, por ello, la Tercera Sala responsable debió dar cuenta al Congreso Local a fin de que conforme a la normativa aplicable dar el trámite correspondiente, así como que no respetó el derecho de audiencia de los quejosos, además que el artículo 115 fracción I, constitucional, otorga la facultad a las legislaturas locales, con el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes para suspender Ayuntamientos o revocar el mandato a alguno de sus miembros siempre y cuando hayan tenido oportunidad para rendir pruebas, que el procedimiento para ello, está regido en el artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 178, 181 y 182, ponderan el procedimiento que el Poder Legislativo del Estado para suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, que por ello, la Tercera Sala responsable no interpreto la norma conforme a la constitución federal, toda vez que destituyó e inhabilitó directamente a los quejosos, pues para ello, debe llevar a cabo el procedimiento ante el Congreso del Estado de Morelos. Análisis de constitucionalidad del artículo 11, fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al formar una unidad, se analizan en su conjunto por formar un sistema normativo. ... Los conceptos de violación son infundados, por lo que debe negarse el amparo solicitado. Para efectos de una mejor explicación, debe establecerse que la norma cuya constitucionalidad ha sido puesta en tela de juicio por los quejosos es la siguiente: "Artículo 11. Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el Tribunal y las Salas podrán hacer uso, a su elección, según el caso, de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: (.) V. La destitución del servidor público que haya sido nombrado por designación, y para el caso de los servidores vía elección popular, se procederá por acuerdo de pleno conforme a la normativa aplicable, y Artículo 91. Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. (.) III. Si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y (.)" Al respecto, en esencia, los quejosos sostienen que dichos preceptos normativos son inconstitucionales porque no respeta a plenitud el derecho de audiencia; además de que sostienen que es facultad única y exclusiva de la Legislatura Local, separar o suspender de su encargo a los miembros de un Ayuntamiento y, por ende, el contenido de la norma impugnada es contrario a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, se advierte que los impetrantes de amparo consideran que la norma reclamada es inconstitucional al autorizar la destitución de los servidores públicos por no acatar la determinación -sentencia definitiva-de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Sin embargo, no le asiste razón a la parte quejosa, porque para que la autoridad responsable ordenara su destitución, con fundamento en el artículo 11, fracción V y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no requiere seguir un procedimiento ante el Congreso del Estado de Morelos, ya que los citados preceptos la facultan para que sea ella quien sancione al servidor público que incurre en desacato de sus resoluciones de esa forma, incluso el normativo 11, fracción V, indica que respecto a servidores vía elección popular, procederá por acuerdo de pleno conforme a la normativa aplicable funcionarios públicos; y justamente en razón de que se trata de una sanción a una actitud contumaz del infractor es que no se requiere darle audiencia, puesto que los ahora quejosos conocieron las acciones que debían realizar para evitar que se les impusiera la aludida sanción, al haberles aplicado progresivamente durante el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva de cuatro de abril de dos mil diecisiete, diversos apercibimiento de multa, arrestos y finalmente la orden de destitución. Y esa facultad sancionadora de la autoridad que está contenida en la norma en comento no contraviene lo dispuesto en el artículo 115 de la Carta Magna, en razón de que este último prevé lineamientos específicos para que pueda ocurrir el desconocimiento de los poderes municipales o miembros del Ayuntamiento por parte del poder Legislativo estatal, es decir, para que pueda haber por parte del Estado una intromisión en el ámbito de gobierno del municipio y las normas impugnadas prevén una sanción que, en vía de apremio, es facultad de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, imponerla en caso de incumplimiento de sus resoluciones, sin que ello implique una injerencia o afectación en la gobernabilidad del municipio, sino una forma de hacer coercible y efectivas sus decisiones; y no hay con ello contraposición de la norma local con lo establecido en el precepto constitucional. Veamos. Para sustentar la determinación adoptada es necesario primeramente determinar el alcance y sentido del artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enunciado normativo es el siguiente: "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 1. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. . (.) Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.". Al respecto, al resolver la controversia constitucional 43/2004, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que del precepto anterior se desprende que las legislaturas locales tienen facultades para suspender ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, supuestos que causan una afectación a dicho órgano de gobierno; sin embargo, lo hacen de diferente forma, pudiendo clasificarse de la siguiente manera: a) Actos que afectan al ayuntamiento en su integridad, en cuanto impiden el ejercicio municipal, como sería la declaración de suspensión o desaparición del mismo; puesto que ello va dirigido al órgano en sí y no a alguno de sus integrantes en lo particular, impidiéndole de esta forma continuar con el cumplimiento de sus atribuciones y con el ejercicio de las funciones de gobierno que constitucional y legalmente corresponden a dicho nivel; y b) Actos que afectan la integración del ayuntamiento, como la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, en este caso, a diferencia de la hipótesis señalada en el inciso que antecede, esto recae en alguno o algunos de sus miembros individualmente considerados, en tanto que el ayuntamiento como órgano de gobierno seguirá en el ejercicio de sus funciones, aunque para ello deba seguirse el procedimiento de designación de suplentes que prevea la legislación local. Ahora bien, para que pudiera afectarse al Ayuntamiento, en cualquiera de las hipótesis señaladas, las Legislaturas estatales, deben cumplir con los requisitos siguientes: a) La ley deberá prever las causas graves para suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido o para suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros; b) El que previamente a la emisión del acto se otorgue al ayuntamiento la oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos; y, c) El acuerdo de suspensión o desaparición de un Ayuntamiento o de suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros sea tomado por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. Ello, debido a que la intención del constituyente de plasmar lo anterior a rango constitucional fue con la finalidad de respetar la libertad y autodeterminación de las entidades federativas y vigorizar la decisión fundamental del pueblo sobre el Municipio Libre, para lo cual creyó necesario instaurar un procedimiento con derecho de defensa para los afectados antes de interferir sobre el mandato que los ayuntamientos ejercen por decisión del pueblo a través del sufragio directo y, por lo mismo, inducir a las entidades federativas, para que en sus constituciones locales y leyes relativas señalaran con toda precisión cuáles son las causas graves que pueden ameritar el desconocimiento de los poderes municipales o de los miembros de los ayuntamientos. Así, la Corte concluyó que de la teleología del precepto fundamental en comento se desprende que el Órgano Reformador de la Constitución Federal estableció como prerrogativa principal, preservar a los ayuntamientos como institución municipal, salvaguardándolos tanto en su integración como en la continuidad del ejercicio de sus funciones de gobierno, debido a que tienen lugar con motivo de un proceso de elección popular directa, por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la Legislación local. Nótese de todo esto, que la esencia del precepto constitucional en comento es la de, recogiendo los principios electorales del propio texto constitucional, consignar las bases para el funcionamiento de los ayuntamientos y los requisitos indispensables para la suspensión -detener o diferir por un tiempo-, declaración de desaparición de poderes municipales o revocación -dejar sin efecto- de mandato a los miembros de los ayuntamientos, es decir, el desconocimiento de los poderes municipales o de sus miembros, en aras de proteger la autodeterminación -administrativa o de gobierno- de los ayuntamientos como órganos representativos de los Municipios Libres; esto en la generalidad y sin abordar casos excepcionales, como el aquí planteado, donde existe una sanción por incumplimiento a una resolución de carácter jurisdiccional dictada en contra del municipio en su calidad de patrón, que representan los quejosos como presidente, sindico y regidores municipales. En el caso de Morelos, lo anterior fue acatado, ya que justamente en uso de esa libertad de configuración legislativa que otorgó el precepto 115 de la Carta Magna, en el artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos se especificaron las causas que se consideran graves y que conllevan la posibilidad de que la legislatura local declare la desaparición o suspensión de un ayuntamiento, así como la revocación o suspensión de alguno de sus miembros ; cuyo contenido, a su vez, lo hacen suyo los diversos preceptos 178 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Supuestos en lo que debe agotarse el procedimiento previsto en los artículos 183 y 184 de este último ordenamiento legal; pero sin que ello implique proscribir sanciones en contra del municipio o en este caso de sus funcionarios por no acatar resoluciones en su contra cuando tenga la calidad de patrón, así como de sus representantes. Y es de recalcarse que esas causas obedecen a situaciones específicas que, según el legislador local, justifican el desconocimiento de los poderes municipales y, por ende, la intromisión en éstos. En efecto, el Congreso del Estado podrá declarar la desaparición del Ayuntamiento cuando ocurra la desintegración del cuerpo edilicio o éste se encuentre imposibilitado para el ejercicio de sus funciones; podrá declarar la suspensión definitiva del Ayuntamiento cuando haya dejado de funcionar normalmente por cualquier situación distinta a la anterior, cuando haya violado reiteradamente la legislación estatal o la de la federación y cuando todos sus integrantes se encuentren en el caso en que proceda su suspensión en particular; para declarar la suspensión de los miembros del ayuntamiento se establece un catálogo de situaciones tendentes a demostrar el desinterés del funcionario o que legalmente impida el ejercicio de sus funciones; y acordará la revocación del mandato de los miembros del ayuntamiento cuando no reúna los requisitos de elegibilidad. Véase, pues, que el propio legislador estatal consideró que las causas graves por las cuales la Constitución Federal le permite a los poderes de los Estados interferir en la autodeterminación y funcionamiento de los órganos de gobierno de los municipios del Estado de Morelos, obedecen a temas inmersos a eligibilidad de los miembros o imposibilidades fácticas o jurídicas en el ejercicio de sus funciones tanto de éstos como de la totalidad del ayuntamiento; esto como protección a su autodeterminación gubernamental y/o administrativa. Sin embargo, ello no abarca, pero tampoco proscribe la imposición de medidas de apremio impuestas al municipio y sus funcionarios para que cumpla con las resoluciones jurisdiccionales que se hayan dictado en su contra por fungir como patrón y a quienes lo representen; tales medidas son un tema diferente que no contradice el referido mandato constitucional. En efecto, el artículo 11, fracción V y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos establece que la desobediencia a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, si a pesar de las medidas de apremio no resultaren eficaces, -11 fracción V- para servidores vía elección popular, la destitución procederá conforme a la normativa aplicable, así como que la autoridad procederá en términos del primer párrafo del precepto legal en cita -91 fracción III-, declarará que el funcionario público incurrió en desacato procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por seis años; y faculta a dicho tribunal para imponerlas. Esta sanción de destitución de funcionarios públicos a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, nada tiene que ver con la facultad que originariamente prevé el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , consistente en que la legislatura local puede suspender ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna causa grave contemplada en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 41, porque es palpable que tanto las suspensiones por causas graves como la destitución por infracción a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, son de distinta naturaleza. Efectivamente, las causas que permiten el desconocimiento de los poderes municipales o de sus miembros van encaminadas a proteger la autodeterminación de dichos entes y no mermar su libre administración, salvo que se presenten temas de elegibilidad de los miembros o imposibilidades fácticas o jurídicas en el ejercicio de sus funciones tanto de éstos como de la totalidad del ayuntamiento; supuestos en los que el Estado, a través del Congreso, rompe con la autonomía del municipio, lo desconoce y tiene injerencia en él; tan es así que el propio artículo 41 de la Constitución Local, prevé que en caso de declararse desaparecido algún Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros cuando no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebrasen nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los períodos respectivos. Y, por su parte, la sanción que, como medida de apremio, prevén los artículos impugnados es tendente a lograr el cumplimiento de las decisiones que tome en el caso la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, sin importar ninguno de los temas señalados en el párrafo anterior, sino únicamente si sus determinaciones son o no acatadas; además de que en este supuesto no existe una invasión a la autonomía del municipio, porque el aludido órgano jurisdiccional, en dado caso, ordena la destitución de quien haya desacatado sus disposiciones y la ley no faculta a involucrarse en la elección de su sucesor ni en nada más. Incluso, debido a las distinciones que permean sobre ambas situaciones es que su aplicación normativa y procedimental también se realiza de forma diferente, en tanto que para las suspensiones se prevé un procedimiento que otorgue audiencia al afectado, las destituciones no, porque justamente persiguen sancionar a quien, con conocimiento de las consecuencias, se comporta contumaz ante las decisiones del aludido tribunal, como en el caso que los quejosos son parte demandada y condenada en el juicio natural, por ello, su derecho de defensa y audiencia no queda inaudito; es decir, una constituye la consecuencia del indebido ejercicio de las funciones públicas y la otra es el costo del desacato. Y esa sanción, como medida de apremio no está proscrita por la Carta Magna en el referido artículo 115. Además de lo anterior, las causas para suspender o revocar el poder municipal y/o sus miembros deriva directamente de lo estatuido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en cambio, el artículo impugnado, además de que no contraviene el mencionado precepto constitucional, tiene su fundamento en otro artículo de igual jerarquía: el 17 de la Carta Magna, pues la finalidad perseguida es garantizar el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional y la plena ejecución de las resoluciones y evitar que se obstaculice la actividad jurisdiccional, dándole al gobernado un efectivo acceso a la justicia. Se dice esto último, en virtud de que la lógica del sistema sancionador, como imperio para hacer cumplir con sus determinaciones, con el que dota la ley al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, obedece al principio de independencia judicial y el acceso efectivo a la impartición de justicia completa e imparcial, en la medida de que le otorga prerrogativas para dar un efecto útil a sus resoluciones y materializarlas; pues de poco serviría activar la maquinaria judicial y obtener una sentencia favorable si no puede exigirse su cumplimiento o, peor aún, si para ello -sancionar por incumplimiento- es necesario obtener la anuencia del Gobernador del Estado o del Congreso local. Máxime que, en casos como este, en que al tratarse de servidores públicos que integran el órgano de gobierno municipal, éstos son elegidos mediante elección popular y generalmente pertenecen a un partido político, de forma tal que, si la imposición de la sanción dependiera del Congreso Local o del Gobernador, podría significar que la efectividad judicial estuviera subordinada a la voluntad política, lo que acabaría con la independencia judicial. Y en esa medida, en que la finalidad que persigue la disposición reclamada es la plena eficacia de las resoluciones emitidas por la Tercera Sala responsable, es que en nada afecta que no distinga si la destitución procede en relación a nombramientos expedidos por la administración municipal o por cargo de elección popular, porque no es en función de la naturaleza del nombramiento, por sí, que procede o no la medida de apremio, sino en que a quien se le aplique funja como parte material -en este caso, patronal- o su representante en un procedimiento jurisdiccional y que sea infractor de las resoluciones ahí emitidas. Y lo aquí determinado no riñe con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 7/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO", en primer lugar, porque como ya se explicó los artículos locales aquí analizado no regulan el tema abordado por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni, por ende, forma parte de las facultades de intromisión de los congresos locales; y, además, en razón de que la jurisprudencia en comento no derivó de un caso similar al aquí analizado, sino que deviene de una controversia constitucional, en la cual la materia de estudio fue la decisión de un municipio de suspender a un regidor por no cumplir con requisitos de elegibilidad -ser regidor y ostentar un puesto dentro de gobierno del Estado- y quien consideró afectado en sus facultades fue el Congreso Local; y en ese supuesto, la Corte resolvió que, efectivamente, el Municipio -cabildo- había ido más allá de sus facultades legales e invadió las del Congreso Local, pero no se analizó el tema aquí propuesto por la parte quejosa relativo a la constitucionalidad del artículo 11, fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De todo lo expuesto también puede advertirse que, contrario a lo que sostienen los quejosos, el precepto impugnado no contraviene el contenido del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tampoco el derecho de audiencia, en la medida en que para que surta aplicabilidad el artículo 11, fracción V y 91 fracción III, en comento es necesaria que exista una actitud contumaz por parte de la autoridad de no cumplir con una resolución o determinación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, lo que de suyo significa que ésta conoció las acciones que debía emprender para no ser sancionada en los términos legales apuntados, es decir, al conocer la obligación impuesta por el aludido tribunal, el obligado tiene expedito su derecho de comparecer ante dicha autoridad y exponer lo que considere pertinente o cumplir con esa obligación, de lo contrario podrá hacerse acreedora a la sanción legal ahí prevista. En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación en estudio, procede negar el amparo solicitado. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado consistente en la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve dictada en el expediente TJA/3ªS/296/2016. A través de dicha actuación el Magistrado titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos determinó la destitución e inhabilitación por tres años, del Presidente Municipal Sindico y Regidores del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. El quejoso refiere sustancialmente en sus conceptos de violación que la orden de destitución viola el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dado que no funda y motiva de manera suficiente su determinación, sin considerar que las disposiciones normativas no se desprende expresamente que le sean aplicables a los funcionarios que obtuvieron el cargo a través del voto directo de la ciudadanía, para dar de baja, suspenderlos o removerlos como Presidente Municipal, Sindico y Regidores del ayuntamiento Puente de Ixlta, Morelos. El concepto de violación que hace valer la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y, para demostrarlo, es conveniente citar el primer párrafo del artículo 16 constitucional: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". El derecho fundamental consagrado en el transcrito artículo constitucional impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emiten, esto es, por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que deberán señalarse, claramente, las circunstancias especiales, razones o causas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas legales aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 266, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo i, constitucional 3, derechos fundamentales primera parte - SCJN, décima tercera sección - fundamentación y motivación, de texto y rubro siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". El artículo 11, fracción V y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos establece: "Artículo 11. Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el Tribunal y las Salas podrán hacer uso, a su elección, según el caso, de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: (.) V. La destitución del servidor público que haya sido nombrado por designación, y para el caso de los servidores vía elección popular, se procederá por acuerdo de pleno conforme a la normativa aplicable, y Artículo 91. Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente: (.) III. Si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y (.)" De los preceptos legales trascritos se desprende que la desobediencia a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa se castigará con destitución e inhabilitación hasta por seis años para ocupar puesto público tanto estatal como municipal. Está sanción será impuesta, en su caso, por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En ese tenor, como ya fue materia de análisis al resolverse sobre la constitucionalidad del artículo 11, fracción V y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se determinó que los únicos mecanismos para poder separar de su encargo a un miembro del Ayuntamiento que es electo popularmente, son los que se prevén en el artículo 115 constitucional, a saber: suspensión o revocación de su mandato; procedimientos en los cuales el órgano legislativo es competente para conocer de ellos y resolverlos, y, por ende, la sanción a que se hace referencia en los artículos 11, fracción V y 91, fracción III, del ordenamiento legal en cita, no es aplicable a los miembros del Ayuntamiento que es electo popularmente, sino a aquellos funcionarios de libre designación, ya que para los quejosos el pleno de la responsable debe actuar conforme a la normativa aplicable. Apoya lo anterior la Jurisprudencia P./J. 7/2004 , en los términos siguientes: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO. El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, establece que las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y se actualice alguna de las causas graves que la ley local prevenga; además, que los miembros de los Ayuntamientos deben tener oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar. De lo expuesto se colige que si bien el Órgano Reformador de la Constitución pretendió fortalecer el ámbito competencial del Municipio, consignando facultades propias de éste y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, también prescribió que sólo a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales hayan previsto, las Legislaturas Locales podrán ejercer las referidas facultades. En consecuencia, cualquier otro mecanismo contenido en una disposición local tendente a separar o suspender de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las atribuciones que constitucionalmente corresponden a los Congresos Estatales y, por ende, resulta contrario al citado precepto constitucional." Esto es, si el artículo 11, fracción V y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa, del Estado de Morelos, no se interpreta conforme a la Constitución Federal, -artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- y sus correlativos 41 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consideró que estaba en aptitud de destituir a integrantes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, revocando de facto el mandato otorgado a éstos por elección popular directa, no obstante que la Ley Fundamental, así como los preceptos de la Constitución del Estado de Morelos y Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un Municipio, impidiendo así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución e inhabilitación de alguno de los integrantes del Ayuntamiento. En ese sentido, se reitera lo dispuesto en el artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establece que la negativa injustificada de las autoridades a cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa, se castigará, vía resolución dictada por el Magistrado instructor correspondiente, con destitución e inhabilitación hasta por seis años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. Empero, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, al resolver la controversia constitucional 253/2016, realizó la interpretación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de contenido semejante al aquí tildado de inconstitucional, habiendo señalado los siguiente: "(.) La disposición transcrita, interpretada conforme a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, permite considerar que la palabra 'infractor' no incluye a los miembros de los ayuntamientos, pues de lo contrario se estaría transgrediendo el Texto Supremo, al estimarse facultado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, olvidando que el citado artículo 115 señala con toda claridad que únicamente las Legislaturas locales, "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan". --- Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como a los preceptos de la Constitución del Estado de Morelos y Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, impidiendo así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento (.)". La reproducción anterior pone de manifiesto que el numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que dispone que la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se castigará con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, debe interpretarse en el sentido de que la palabra "infractor" no incluye a los miembros de los ayuntamientos, esto es, al Presidente Municipal, regidores y síndicos. Luego entonces, dada la similitud de los preceptos legales en cita -numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos- resulta válido concluir que el citado en segundo término debe interpretarse también en el sentido de que la palabra "autoridad" no incluye a los miembros de los ayuntamientos, esto es, al Presidente Municipal, regidores y síndicos. Por tanto, si en el presente caso mediante resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, decretó la destitución de los aquí quejosos de los cargos de que ostentaban dentro del ayuntamiento de Puente de Ixtla (presidente municipal, y regidores respectivamente), al considerar que el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo TJA/3a.S/296/2016, es injustificado. Debe convenirse que dicha determinación no se encuentra ajustada a derecho, ya que si bien el referido tribunal está facultado para decretar la destitución de las autoridades renuentes a cumplir sus mandatos, ello no incluye a los miembros de los ayuntamientos; como los ahora inconformes, quienes ocupan los cargos de Presidente Municipal y regidores del citado ayuntamiento. En decir, el proceder de la autoridad responsable al ordenar la destitución de los quejosos en su carácter de Presidente Municipal y Regidores, al ser cargos de elección popular y que, por tanto, no les resultaba aplicable la sanción establecida en el artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; es un acto inconstitucional que lo deja en estado de indefensión. Atento a lo anterior, dado el sentido de la presente determinación y los efectos de la concesión del amparo en el sentido de declarar fundados los conceptos de violación que se consideraron de mayor beneficio, se estima innecesario el estudio de los restantes motivos de disenso. En consecuencia, dado que el Magistrado instructor de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no interpretó la norma conforme a la Constitución Federal, toda vez que destituyó directamente al Presidente Municipal Sindico y Regidores del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, por desacato a cumplir con la sentencia definitiva, cuando le señala que debe actuar conforme a la normatividad aplicable, se impone declarar la invalidez de la determinación que tomó el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, así como los actos de ejecución, al ser un acto inconstitucional que deja en estado de indefensión a los quejosos, a fin de hacer efectiva la determinación dictada en el juicio TJA/3ªS/296/2016. Efectos de la concesión de amparo. Consecuentemente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Cristóbal Acevedo Aguirre, Ramiro Macedo Domínguez, Rubén Morales Ozaeta, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, respectivamente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, para que la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, deje sin efectos la orden de destitución del cargo e inhabilitación por tres años, que les fue impuesta en resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente administrativo TJA/3ªS/296/2016. En la inteligencia que la determinación se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades señaladas como ejecutoras, al no ser impugnados por vicios propios. SÉPTIMO. Resolución y notificación del presente asunto. Cabe señalar que la resolución del presente asunto, se emite con base en los lineamientos establecidos en los artículos 1, fracción II, 10 y 11 del Acuerdo General 13/2020, así como la circular SECNO/1/2021, de los que se desprende la posibilidad de emitir la sentencia en los asuntos que ya contaran con la celebración de la audiencia constitucional celebrada. Finalmente, en concomitancia con lo anterior, se ordena a los fedatarios públicos adscritos a este Juzgado de Distrito, la notificación por lista del presente asunto, y una vez que se regularicen las actividades, se deberá hacer del conocimiento a las partes la presente determinación en los términos de ley; encomienda que podrá escalonarse con las demás actividades inherentes a su cargo. Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por los quejosos Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Cristóbal Acevedo Aguirre, Ramiro Macedo Domínguez, Rubén Morales Ozaeta, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, respectivamente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Cristóbal Acevedo Aguirre, Ramiro Macedo Domínguez, Rubén Morales Ozaeta, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, respectivamente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Cristóbal Acevedo Aguirre, Ramiro Macedo Domínguez, Rubén Morales Ozaeta, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, respectivamente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando sexto, para los efectos precisados en el penúltimo considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy trece de enero de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 20096/2020, por medio del cual se notifica a la autoridad responsable la sentencia dictada en autos, constancia que necesita obrar en autos para que este juzgado tenga la certeza de que el Juez responsable está debidamente notificado de la resolución dictada en autos y estar en condiciones de causar ejecutoria la misma; en esa virtud, se ordena reenviar el oficio mencionado, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de Sergio Adrián Mendieta Rojas, en su carácter de mandatario general para pleitos y cobranzas del presidente de la ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO PARAISO TLAHUICA A.C., y en atención a su contenido, dígasele que esté a lo anteriormente acordado y una vez que obre en autos el acuse de recibo del oficio mencionado, se acordará lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María Del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
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