NANCY NAYELI POOl CAB
Expediente 1490/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1490/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- NANCY NAYELI POOl CAB
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos incidentales el oficio 4205/2023, signado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, que remite a efecto de informar el cumplimiento dado a la suspensión definitiva otorgada en autos; al cual adjunta copia certificada de las constancias conducentes del expediente 845/2021 de origen. Al respecto, no se realiza mayor pronunciamiento, toda vez que por proveído de veintidós de noviembre del año en curso, dictado en el cuaderno principal del que deriva este incidente, se declaró que causó estado el acuerdo de treinta de octubre del dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en dicho sumario, ordenándose el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de treinta de octubre del dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para lo anterior, el hecho de que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo del oficio dirigido a la autoridad responsable con sede en Umán, Yucatán. Lo anterior, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé. Ahora bien, en relación con la autoridad responsable debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, y que por tanto, no afecta el interés que pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de conservación, PUES SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, dado que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en copias certificadas del expediente 845/2021, relativo al juicio ordinario de guarda y custodia, del índice del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán, Yucatán; en consecuencia: Mediante oficio que al efecto se le gire, devuélvase a dicha autoridad el anexo de referencia, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, dado que se trata de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 25189/2023-III-A, mediante el cual se le remitió el anexo consistente en las copias certificadas del juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, que la Magistrada Segunda y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, remitió junto con su informe justificado. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
VISTO. Para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1490/2023-VIII-B, promovido por Nancy Nayeli Pool Cab, por su propio derecho y en ejercicio de la representación de los menores de iniciales N.E.E.P., L.N.E.P. y B.S.E.P.; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, Nancy Nayeli Pool Cab, por su propio derecho y en ejercicio de la representación de los menores de iniciales N.E.E.P., L.N.E.P. y B.S.E.P., solicitó la suspensión definitiva en contra el acto que reclama de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y en cuaderno único el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, mediante proveído de esa propia fecha se ordenó notificar a las partes, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: La omisión de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, y alimentos de manera provisional, en el juicio ordinario familiar de guarda y custodia con número de expediente 845/2021. SEGUNDA. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, pues así lo sostuvo al rendir su informe previo, de lo que evidencia su certeza. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." TERCERA. Pronunciamiento respecto a la medida suspensoria solicitada. Ahora bien, en cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza del acto reclamado, el cual en la especie se trata de un acto omisivo con efectos positivos, respecto de los cuales es procedente analizar si se surten los elementos necesarios que hagan procedente la suspensión solicitada. Así, se tiene que los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, son los siguientes: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". El artículo 129 de la Ley de Amparo, enuncia algunas hipótesis en que el legislador consideró que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, sin que sean limitativas porque el propio artículo dispone "entre otros casos", con lo que se otorgó libertad al juzgador para ponderar en qué otros casos se podría perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público. En esa libertad que se concede al juzgador, adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, respecto de lo cual, el artículo 138 de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: [.]". Así, si se solicita la suspensión respecto de un acto que es cierto, susceptible de suspender y no se encuentra en la hipótesis a que alude el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que la medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión. En efecto, la apariencia del buen derecho consiste en determinar hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Sobre la apariencia del buen derecho la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio a seguir para ponderarlo, en el sentido de que, cuando el acto reclamado se vincula a la afectación de derechos que puedan ocasionarse a menores de edad o que les pueda causar trastorno psíquico o emocional, el juzgador está obligado a analizar cada caso en concreto, a fin de determinar: 1. Si el acto reclamado en sí mismo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción VIII del artículo 129 de la Ley de Amparo; y, 2. Si dicho acto actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación a que alude la fracción X del artículo 107 constitucional, pues atendiendo a lo dispuesto en el artículo 129 mencionado, inevitablemente deberá negarse la suspensión del acto reclamado, pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia, a fin de determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso. Dicho criterio deriva de la jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.), de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir." Por otro lado, el artículo 147, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Así, el citado artículo 147 de la Ley de Amparo, obliga al juez a analizar cada caso en concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto, debe ponderar la apariencia del buen derecho, y la afectación o perjuicio que ocasiona el acto, para establecer en qué medida se afecta un derecho sustantivo del agraviado, puesto que tan grave pueden ser las consecuencias de un acto positivo, como las de una omisión, porque lo relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de derechos del quejoso. En ese contexto, sí podrá conceder la suspensión y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional a la quejosa en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada y dictar las medidas necesarias para que no se defrauden los derechos de menores o incapaces; y defraudar es burlar o no atender a derechos sustantivos de las personas. Por tanto, si el acto reclamado es la omisión de la Juez responsable de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, y alimentos de manera provisional a los aquí menores quejosos, es claro que esa omisión implica un no actuar de la responsable que impide que dichos infantes obtengan un medio de subsistencia y se defraude su derecho a los alimentos que en sí mismos son de carácter urgente y no admiten dilación con formalismos procedimentales. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA DE UN MENOR. ANTE LA OMISIÓN DE DECRETARLA Y PONER EN RIESGO LA SUBSISTENCIA DE AQUÉL, ES PRECISO DICTAR LA MEDIDA PERTINENTE QUE ASEGURE EL DERECHO A RECIBIRLA Y ORDENAR A LA RESPONSABLE QUE LA FIJE PARA SU COBRO Y DARLE PROVISIONALMENTE EL EFECTO RESTITUTORIO AL DERECHO INFRINGIDO DEL INFANTE. Si el acto reclamado es la omisión de la responsable de acordar sobre la pensión alimenticia a favor de un menor, quien según manifiesta el quejoso, bajo protesta de decir verdad, actualmente se encuentra bajo su cuidado, es claro que esa omisión implica un no actuar de la autoridad en materia familiar que impide que el menor obtenga un medio de subsistencia y se defraude su derecho a los alimentos que en sí mismos son de carácter urgente y no admiten dilación con formalismos procedimentales. En efecto, el acto omisivo -no proveer sobre una pensión alimenticia- por cualquier causa, supone no atender a un estado de necesidad del acreedor alimentario que se presume es inherente a su estado de dependencia por su minoría de edad; por lo que tan grave es suspender una medida que los decreta y que no deba ser excesiva, como el no decretar la pensión en un porcentaje determinado. Por eso, y atento a que la buena fe se presume y basta lo informado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, para establecer que el menor se halle bajo el cuidado del quejoso y mientras se decide sobre la suspensión definitiva y, en su caso, el juicio de amparo, así como la guarda y custodia en el juicio correspondiente, es preciso dictar la medida pertinente que asegure ese derecho a recibir alimentos, y ordenar a la autoridad responsable que de inmediato fije la pensión y ordene su cobro para dar provisionalmente el efecto restitutorio al derecho que se presume infringido en perjuicio del menor. Lo anterior, en virtud de que se trata del pago de alimentos conforme al interés superior del menor establecido en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño." (Época: Décima Época, Registro: 2017562, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Civil, Tesis: I.12o.C.38 C (10a.), Página: 2998). En consecuencia, en términos del párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados, para el efecto de que: La Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, siempre y cuando se hubiese integrado la litis en el juicio de origen, de inmediato fije fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, y acuerde lo que en derecho corresponda respecto a la cantidad que por concepto de pensión alimenticia le corresponde a los menores quejosos, para dar provisionalmente el efecto restitutorio al derecho que se presume infringido en perjuicio de los infantes, pues en apariencia del buen derecho antes definido, se aprecia una violación manifiesta de la ley en contra de los menores al no fijarse la pensión alimenticia en su favor. La medida suspensional se otorga, hasta en tanto se dicte sentencia firme en el juicio de donde deriva este cuaderno incidental. Apoya lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 06 de diciembre de 2019, con registro 2021263, que indica: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE a Nancy Nayeli Pool Cab, por su propio derecho y en ejercicio de la representación de los menores de iniciales N.E.E.P., L.N.E.P. y B.S.E.P., la suspensión definitiva del acto que reclama de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese y cúmplase.
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