Nancy Lorena Castillo Perez

Expediente 1770/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1770/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Nancy Lorena Castillo Perez

Actuaciones

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 11242/2023 del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, recibido vía interconexión, de cuyo contenido se advierte que, esencialmente, se dio entrada al recurso de queja interpuesto en los presentes autos incidentales por la quejosa ********************, en contra del proveído de quince de noviembre en curso; mismo que se radicó bajo el número de toca ********************. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Mérida, ********************, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos incidentales, para los efectos legales correspondientes, el oficio número 3056 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite vía interconexión el testimonio digital de la resolución dictada el veinticuatro de noviembre de esta anualidad, en el toca 431/2023, formado con motivo recurso de queja interpuesto por la quejosa Nancy Lorena Castillo Pérez, en contra del acuerdo de quince de noviembre del año en curso; ejecutoria de la que se desprende que la citada Superioridad resolvió declarar fundado el aludido medio de impugnación interpuesto. En mérito de lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo de estilo correspondiente, vía interconexión. Ahora bien, de la lectura de la ejecutoria de mérito se advierte que el tribunal de alzada declaró fundado el recurso de queja y que en términos de lo que expresamente dispone la fracción I, del artículo 166 y el diverso 163, ambos de la Ley de Amparo, determinó CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, solo para el efecto de que la peticionaria del amparo quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación, por lo que la quejosa deberá permanecer en el lugar en el que se encuentra recluída. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, y atendiendo a la suspensión provisional que se otorgó, se remite a la autoridad responsable Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en ********************, ********************, copia autorizada de la resolución que dictó el Tribunal de Alzada, para que observe en sus términos dicha determinación. Ahora bien, por cuanto el domicilio de la parte tercero interesada ******************** se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en ********************, ********************, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al funcionario que corresponda, se constituya en el predio ********************, de la calle ********************, cruzamiento con la calle ********************, de la colonia ********************, de la localidad y municipio de ********************, ********************, y previamente cerciorado de ser el que habita o en donde recibe notificaciones la nombrada tercero interesada, le notifique el presente proveído, con entrega de copia autorizada de la resolución que dictó el Tribunal de Alzada y del presente acuerdo. Asimismo, se otorga plenitud de jurisdicción al referido Juez, para el cumplimiento de lo solicitado y para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su total desahogo; y hecho lo anterior, una vez diligenciada la encomienda, devuelva a este Juzgado el despacho de mérito. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Incidental

    Mérida, ********************, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: para los efectos legales correspondientes, agréguese el escrito de la quejosa ********************, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado el quince de noviembre de dos mil veintitrés, en los presentes autos incidentales. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, se negó a la parte quejosa, la suspensión provisional de los actos reclamados; por los motivos expuestos en dicho proveído. Hágase saber a las demás partes la interposición del citado recurso, con entrega de una copia del escrito de mérito y remítase de inmediato, vía interconexión, el escrito que contiene la expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa superioridad estime procedente resolver al respecto. Lo anterior, sin que exista necesidad de esperar a que obren en autos la totalidad de las constancias de notificación del presente proveído a las partes, en cumplimiento a lo que dispone la jurisprudencia 1a./J. 126/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el registro digital 2025397, Undécima Época, bajo el rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), con relación a la procedencia del recurso de queja de carácter urgente. Así, uno de ellos consideró que la sustanciación del recurso se encuentra supeditada a que el Juez de Distrito remita al Tribunal Colegiado de Circuito las constancias de notificación a las partes del auto en el cual se tuvo por interpuesto el recurso, estimando la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de manera implícita. En contraposición, el otro Tribunal Colegiado no aplicó la jurisprudencia porque consideró que era violatoria del derecho a la justicia pronta, centrando su argumentación en torno a la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien es cierto que para la sustanciación del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de la concesión o negativa de la suspensión de plano o provisional, existe la obligación establecida en el artículo 101, párrafo quinto, de la propia ley, en el sentido de que el Juez de Distrito debe remitir las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, también lo es que, en atención a los artículos 17, párrafo tercero, de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede paralizarse el proceso so pretexto de que no se cuenta con las constancias de notificación, porque a la vez, existe un deber de dictar la resolución en un plazo de 48 horas. Justificación: Aun cuando esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.) había determinado que el trámite del recurso de queja de carácter urgente estaba supeditado a que el Juez de Distrito remitiera las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cierto es que el criterio fue emitido antes de la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General, por lo que, de una reinterpretación del proceso, se considera que esta Sala interrumpe dicha jurisprudencia y, por tanto, es necesario hacer una reinterpretación del criterio contenido en ella para evitar una metodología que privilegie la forma sobre el fondo. Entonces, atendiendo a la inmediatez con la cual debe sustanciarse el recurso de queja de carácter urgente por ser interpuesto en contra de una determinación con relación a la suspensión de plano o provisional (medida cautelar que busca la protección de derechos humanos), la obstaculización de su trámite por un formalismo sería contrario al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, porque se privilegiaría un requisito que podría dejar sin efectividad al juicio de amparo." Desde este momento, se otorga a la antedicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente; sin perjuicio de que en caso de que el tribunal de amparo requiera el expediente físico, el mismo le será remitido. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Ahora bien, por cuanto el domicilio de la parte tercero interesada ******************** se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en ********************, ********************, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al funcionario que corresponda, se constituya en el predio ********************, de la calle ********************, cruzamiento con la calle ********************, de la colonia ********************, de la localidad y municipio de ********************, ********************, y previamente cerciorado de ser el que habita o en donde recibe notificaciones la nombrada tercero interesada, con entrega de copia simple del escrito de queja y autorizada del presente acuerdo, le notifique el presente proveído. Previniéndole para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que quede notificada de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, ********************, para oír y recibir notificaciones. Apercibida que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Asimismo, se otorga plenitud de jurisdicción al referido Juez, para el cumplimiento de lo solicitado y para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su total desahogo; y hecho lo anterior, una vez diligenciada la encomienda, devuelva a este Juzgado el despacho de mérito. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia de la demanda de amparo promovida por Nancy Lorena Castillo Pérez, contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, que hace consistir en: ACTO RECLAMADO La resolución dictada en la audiencia inicial de trece de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta administrativa 82/2023, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Fórmese por separado y en cuaderno único este incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA MEDIDA SUSPENSORIA SOLICITADA Primeramente, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, pues deviene incuestionable que resulta necesario atender dicha característica, a efecto de determinar si pueden ser o no paralizados. En razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto de los señalados actos reclamados; debe analizarse en primer término su naturaleza, la cual, es de un acto consumado con efectos positivos; pues al tratarse de la determinación que emitió la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la quejosa, debe entenderse que ya se emitió; no obstante, respecto a los efectos y consecuencias de dicho acto, es viable analizar si resulta procedente o no la concesión de la medida cautelar que se solicita. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO En relación con los efectos y consecuencias del acto reclamado, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, como primer punto, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio al impetrante del amparo. Esto es, si el solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tales actos reclamados. Así, en el caso concreto, se colma el primer requisito que exige el artículo 128 de la ley de la materia, ya que, la medida suspensional fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Además, el interés suspensional, se encuentra acreditado en autos con la manifestación bajo protesta de decir verdad que realiza la promovente en la demanda de amparo, en el sentido de que se le instruye la carpeta administrativa 82/2023, por la probable comisión del delito de abuso sexual, en la que le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. También se satisface el segundo de los requisitos citados del ordinal 128 de la Ley de Amparo, ya que con la suspensión no se advierte que se siga un perjuicio al interés social ni se afectan disposiciones de orden público en términos de la fracción II, pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley en cita. Ahora bien, a fin de analizar la procedencia de la suspensión contra una medida cautelar en un proceso penal y con efectos restitutorios por virtud de la figura de tutela provisional anticipada, si bien el tercer párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo señala que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares -entre otros supuestos- concedidas por autoridad judicial, lo cierto es, que esta disposición no es absoluta. Lo anterior, habida cuenta que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de seis de julio de dos mil diecisiete, estableció que la referida porción normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el amparo, y que pueden existir excepciones a ese lineamiento general, correspondiendo al juzgador de amparo analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna técnica o incluso, alguna medida cautelar o de protección, puede ser suspendida. Y es que entre las diversas consideraciones que se esgrimieron para sostener tal criterio, el Tribunal Pleno mencionó que bajo una interpretación, la norma aludida no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos, tratándose de técnicas de investigación y de medidas cautelares en el procedimiento penal por la autoridad judicial, ya que en algunos casos pueden trascender a diversos derechos humanos, no sólo de los procesados, sino también de las víctimas, testigos y de cualquier persona que participe en dicho proceso. Por ello, el Juzgador Federal no se encuentra impedido para aplicar los parámetros que respecto de la concesión de la suspensión establece el artículo 107, fracción X, de la Constitución General. Sin embargo, en el caso no resulta procedente otorgar la suspensión, ya que de concederse acabaría con la materia del juicio, pues en el particular el acto reclamado consiste precisamente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y ordenar que la libertad del quejoso quede a disposición de este órgano judicial, en términos del artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, ningún fin práctico tendría pues nada se podría resolver en un sentido diverso al ser la materia del juicio principal. Bajo esas premisas, se determina entonces, NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL que se solicita. AUDIENCIA INCIDENTAL. Por otro lado, no obstante que el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que el domicilio de la autoridad responsable, se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y que por la distancia no es factible que rinda su informe previo en el término aludido, a fin de evitar posteriores diferimientos, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. INFORME PREVIO. De conformidad con la fracción III, del artículo 138 de la citada Ley de la materia, pídase informe previo a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio alternativo de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, ello en atención a que instó las notificaciones vía electrónica en este asunto, y como sus autorizados en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julián Alberto Román Tun y Luis Miguel García Berlín; lo anterior hasta que los antes nombrados acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario "LIC.LUIS.GARCIA", para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio y además las notificaciones relativas, se le efectúen por la vía electrónica. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes restantes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este incidente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Notifíquese y cúmplase.

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