Nancy Melisa Ribera Moya
Expediente 219/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Nancy Melisa Ribera Moya
- NANCY MELISA RIBERA MOYA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo1, y punto 8, párrafo tercero, de la Circular SECNO/7/20202, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se deban realizar a la autoridad oficiante, se lleven a cabo a través del correo electrónico que refiere, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veintisiete de octubre del presente año, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo1, y punto 8, párrafo tercero, de la Circular SECNO/7/20202, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se deban realizar a la autoridad oficiante, se lleven a cabo a través del correo electrónico que refiere, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veintisiete de octubre del presente año, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veintisiete de octubre del año que transcurre, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que la parte quejosa exhibió en el presente asunto documentos que por sus características deben ser devueltos, por tanto, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado con copia simple de los mismos a efecto de que se realice su cotejo y compulsa para que obren en autos, previo a su devolución, debiendo levantarse la razón de recibo correspondiente, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente. Para lo cual deberá presentarse en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora bien, toda vez que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo se concedió la suspensión definitiva; archívense los cuadernos incidentales, en el entendido de que, el cuaderno original es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres años): conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; así como, de ser el caso, los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Asimismo, terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del aludido expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En el mismo orden de ideas, con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por * respecto de las omisiones reclamadas de las autoridades precisadas en el considerando primero de la presente resolución, por los motivos expuestos en los diversos segundo y cuarto
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vistos los oficios de cuenta que remiten respectivamente el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación de las autoridades pertenecientes a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Jefe del departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, mediante los cuales dan cumplimiento a los requerimientos formulados por este Juzgado en proveídos de once de septiembre y siete de octubre del presente año; en atención a su contenido téngaseles dando cumplimiento a tales requerimientos. Ahora bien, de las constancias que integran el presente asunto, así como las diversas remitidas por las autoridades oficiantes se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que los quejosos Nancy Melisa Rivera Maya y Santos David Ramírez Hernández, reclaman de las autoridades responsables Director y del Subdirector de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; así como del Titular de las Oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, la omisión de remitir la solicitud de cambio de entidad federativa para continuar con el proceso de refugiados 0000000054433, seguido ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, contenida en el escrito presentado el tres de enero de dos mil veinte, así como su falta de respuesta, recibida por la Delegación Federal de San Luis Potosí de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, de los anexos que acompañaron las autoridades responsables, a los que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y, 202 del Código Federal de Procedimientos SECCIÓN DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 219/2020-III Ricardo Jasso Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb 27/05/23 19:31:20 Civiles1, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se colige que las omisiones reclamadas han cesado en sus efectos, toda vez que: A través del oficio INM/ORSLP/SDRM/001/I/2020, de siete de enero de dos mil veinte, la Subdirectora de Regulación Migratoria en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, remitió a la Coordinación General de dicha comisión, el escrito presentado del tres de enero de ese año, a través del cual se le solicitó por los aquí quejosos de cambio de entidad federativa para continuar con el proceso de refugiados 0000000054433. Luego, mediante acuerdo de sujeción a firmas dictado el veinticinco de mayo del año en curso, por el Jefe de Departamento de Protección a Grupos Vulnerables, ordenó se les notificara a los aquí quejosos dicha determinación, a efecto de informarles la obligación de comparecer ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, y se les advierta que su inasistencia injustificada por más de diez días hábiles consecutivos, será considerara como abandono del trámite de reconocimiento de condición de refugiado, y que tambien se tomaría como abandono de dicho trámite, trasladarse a una entidad federativa distinta sin la autorización de la coordinación, lo cual se les notificó el nueve de junio del año que transcurre. Por tanto, es inconcuso que tales eventos constituyen una situación jurídica que definitivamente destruyen la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues los actos negativos en estudio ya fueron subsanados por las 1 ARTÍCULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. ARTÍCULO 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo. ARTÍCULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal. citadas responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese por medio de lista conforme lo ordenado; personalmente a la parte quejosa; así como mediante oficios que se remitan a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.
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