Nancy Hiracheta Alfaro

Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
22/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Nancy Hiracheta Alfaro

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de siete de enero de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destino. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de siete de enero de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; y por lista, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual solicita un término adicional a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, dígasele que se le concede una ampliación del plazo, por el término de ocho días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que informe el cumplimiento total a la sentencia de amparo; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento formulado a esa autoridad en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se requirió su cumplimiento. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio a la autoridad responsable, Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de enero de dos mil veintidós. 1. Se forma expediente. Vista la demanda de amparo que promueve Jaime Suárez Lara, quien se ostenta Defensor Público Federal de Nancy Hiracheta Alfaro, contra los actos reclamados del Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí y otras autoridades. 2. Precisión de los actos reclamados. Se procede al estudio de la demanda en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, para lo cual, en principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados. Para tal efecto debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que en el caso se reclama: A. El aislamiento de Nancy Hiracheta Alfaro, en el área denominada "APANDO". B. Como consecuencia de lo anterior, los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales se aduce está siendo objeto Nancy Hiracheta Alfaro, en las instalaciones del Centro Penitenciario, con motivo del aislamiento. 3. Suspensión de plano. En atención a que los actos consistentes en el ingreso de la directamente agraviada a una celda de castigo (y con ello su segregación de la población general y cancelación de visitas familiares), incomunicación, tortura física y psicológica, se encuentran comprendidos en los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, con fundamento en los numerales 53, 125, 126 y 140 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de dichos actos para el efecto de que cesen de inmediato, así como para que Nancy Hiracheta Alfaro, sea removida del lugar en el que actualmente se encuentra y regrese al área en que habitualmente reside. Es aplicable al caso, la tesis I.10o.P.1 P (10a), emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Tribunal Circuito, consultable en la página 2725, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REUBICACIÓN DE UN INTERNO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A UNA CELDA DE CASTIGO COMO MEDIDA DISCIPLINARIA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CON EL EFECTO RESTAURATIVO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 147, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. En la reforma constitucional de 6 de junio de 2011 y la posterior emisión de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se evidenció la voluntad del legislador de garantizar que el juicio de amparo sea una herramienta eficaz en la protección y restauración de los derechos humanos; en función de lo cual, con el artículo 147, párrafo segundo, de la citada ley, se ampliaron los efectos de la suspensión, para que en los casos en que la naturaleza del acto reclamado lo permita, esa figura sirva como medida restitutoria provisional de los derechos afectados por determinado acto y así evitar que el proceso constitucional autónomo pierda su materia al haberse consumado la afectación irremediable a los derechos del quejoso. Por lo anterior, cuando el acto reclamado se hace consistir en una medida disciplinaria impuesta a un interno de un centro penitenciario, como lo es su reubicación a una celda de castigo, y tomando en cuenta que por la premura con que el Juez de amparo resuelve sobre la medida cautelar, no se cuenta con elementos que permitan presumir la legalidad del referido acto, debe concederse la suspensión solicitada con el efecto restaurativo a que se refiere el precepto mencionado, a fin de restablecer al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado, a efecto de que se le reinstale en el dormitorio que originalmente le fue asignado, toda vez que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela], al estar limitada la utilización de las celdas de castigo al tiempo estrictamente necesario y otros requisitos cuyo incumplimiento se traduce en actos de tortura, de no paralizarse el acto reclamado, se corre el riesgo de que se sufra en su totalidad la violación alegada y el juicio de amparo principal quede sin materia, lo que contradice la finalidad de la medida suspensional de que se trata". La suspensión decretada respecto a la permanencia de la quejosa en el área de "castigo" no surtirá efectos si tiene por objetivo salvaguardar la integridad de la propia Nancy Hiracheta Alfaro, o la de otros internos, así como en caso de requerir de medidas especiales de seguridad o haber sido ingresada por delincuencia organizada, en términos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y tampoco en caso de que aquello haya sido autorizado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, ni si proviene de determinación emitida por el Juez de Control o de Ejecución en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 25, 117 y 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, así como que deberán informar en el término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 15 de la Ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta resolución. Apercibidas de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción I, de la legislación en cita. Se faculta al actuario judicial adscrito al órgano jurisdiccional que actúe en auxilio de este juzgado, para que se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario Estatal en esta ciudad, y dé fe de las condiciones físicas en que se encuentra la directamente quejosa, así como del lugar donde se halle detenida. Asimismo, en el acto de la notificación del presente auto, la requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, o lo haga por escrito en el término de tres días, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias antes dictadas. La diligencia deberá llevarse a cabo en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realizan la notificación y de las personas justiciables. En la inteligencia que de ratificarse la demanda se procederá a proveer lo conducente para la admisión del controvertido constitucional. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué por medio de lista (previa razón asentada como soporte), en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. 5. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante el uso de su FIREL o e.firma (antes FIEL). Se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el Acuerdo General 13/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Desde luego se hace notar a las autoridades responsables e instituciones públicas que en su caso lleguen a figurar como parte en el presente juicio de amparo, que sin perjuicio de lo anterior, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas: Los juzgados de Distrito podrán recibir electrónicamente, de las Instituciones Públicas Interconectadas informes, medios de impugnación que señala la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, el desahogo de cualquier otro tipo de requerimiento, incluyendo promociones y comunicaciones, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que generará un acuse electrónico de recepción que contendrá la denominación de la autoridad emisora y receptora, la fecha y hora de recepción, el número de expediente asignado al juicio de amparo, así como el nombre de los archivos electrónicos y si estos cuentan con evidencia criptográfica de firma electrónica. 6. Notificaciones por lista. Desde luego, hágase del conocimiento de la parte quejosa que de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo último, y el ya citado Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, las notificaciones que deban realizarse por lista se publicarán únicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. 7. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Tomando en cuenta que de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo último, se deben adoptar medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; por consiguiente, con la finalidad de evitar la propagación del mismo, inclusive en pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, se determina respecto a las notificaciones que deban realizarse hasta en tanto se regularicen las actividades de este órgano jurisdiccional o en tanto el suscrito no emita diversa instrucción en el presente asunto para llevar a cabo las comunicaciones procesales de mérito, lo siguiente: 7.1 Toda vez que en el cuaderno diversos del índice de este órgano jurisdiccional, por auto de ocho de marzo del año en curso, se tuvo autorizado el correo electrónico omar_rivera@pgr.gob.mx, a efecto de notificar al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, y como número telefónico para confirmar su recepción el 444-219-74-61, por consiguiente: En aplicación analógica del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público derivado de las medidas de contingencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en observancia al acuerdo del Secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo del año en curso, notifíquese por dicho medio electrónico a la parte procesal referida, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. 7.2 Tratándose de instituciones públicas que figuren como partes en los juicios de amparo con cualquier carácter (quejosas, terceras interesadas, autoridades responsables): 7.2.1 Las que cuenten con convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, en términos de los artículos 3 de la Ley de Amparo, 20, 65, 71, 75 y 76 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los numerales 1, 2 y el capítulo tercero "De la interconexión tecnológica en el juicio de amparo indirecto", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, deberán ser notificados mediante el uso de dicha herramienta tecnológica. Al respecto, se hace notar a los actuarios de la adscripción que: (i) conforme al artículo 2 del acuerdo últimamente mencionado, las declaratorias de interconexión tecnológica se publican en el Diario Oficial de la Federación, y se difunden a través del Portal de Servicios en Línea y del Sistema de Seguimiento de expedientes; por lo que deberán consultar sendos medios de difusión, (ii) asimismo observar las reglas previstas en el preindicado acuerdo para la obtención de las constancias de notificación. 7.2.2 Las que no cuenten con el referido convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, deberán ser notificadas vía electrónica conforme a lo siguiente: Si ya cuenta con registro de dirección de correo electrónico al cual puedan hacerse llegar los oficios generados electrónicamente o digitalizados, en ambos casos con la correspondiente firma electrónica certificada (FIREL), desde luego se instruye a realizar su remisión a través de tal medio, en conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 y el numeral 67 del diverso Acuerdo General 12/2020 ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como los preceptos 28, último párrafo, 30, fracción I de la Ley de Amparo, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. De no contar con el indicado registro, instrúyase al Actuario Judicial de la adscripción a la búsqueda del correo electrónico institucional de dicha autoridad, y lo notifique a través de tal medio electrónico, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. 7.2.2.1. Requerimiento para que señalen correo electrónico para recibir notificaciones: Sin perjuicio de lo anterior, dadas la circunstancias expuestas, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, 1 y 2, fracciones IX, XII y XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, requiérase a las autoridades responsables, para que informen en el plazo de tres días, si cuentan con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual para su uso requiere únicamente de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. En el entendido de que, de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas antes mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, proporcionen algún correo institucional al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio, ello en términos de los dispositivos antes mencionados, en relación con los artículos 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 y, precisamente, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en las instalaciones de las autoridades y evitar su propagación del como una medida de prevención sanitaria. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tengan para ello, se impondrá al faltante una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley en cita. En ese tenor, mientras solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas, una vez proporcionada la información últimamente indicada y en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera diversa, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que reciban toda clase de notificaciones que sean remitidas por este juzgado, a través de cualquiera de los siguientes medios electrónicos: Correo electrónico del juzgado 6jdo9cto@correo.cjf.gob.mx Secretario Ricardo Jasso Flores. celular: 44-41-42-16-55 Actuario José Luis Barrón Jasso jose.barron.jasso@correo.cjf.gob.mx celular: 44-44-21-01-65 Actuaria Amira del Carmen Baltazar y Jiménez amiradelcarmen.baltazar.yjimenez@correo.cjf.gob.mx celular: 44-42-05-15-41 Actuario Jonathan Manríquez Galván jonathan.manriquez.galvan@correo.cjf.gob.mx celular: 44-48-43-73-22 En el entendido de que, independientemente de ello, toda comunicación dirigida a este órgano jurisdiccional deberá ser presentada en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, esto es, por escrito con firma autógrafa o mediante el Portal de Servicios en Línea el Poder Judicial de la Federación, ya sea mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma). 8. Autorizados de la parte quejosa, consulta del expediente electrónico y notificaciones vía electrónica. Téngasele como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a José Juan Chávez Godínez, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a Mireya Cayetano Cruz, por así haberlo solicitado. Respecto a su petición de que se autorice consultar el expediente electrónico a través del usuario "Jsuarez", y también se realicen las notificaciones de manera electrónica; dígase al promovente que se le autoriza para consultar el expediente electrónico en la forma propuesta, asimismo, realícense las notificaciones de carácter personal vía electrónica. Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese el usuario respectivo para tales efectos. Por otro lado, no ha lugar a tenerlo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 439/2018, señaló que la Ley de Amparo establece la posibilidad de las partes de ser notificadas por medios electrónicos de expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. En ese tenor, tomando en consideración que el compareciente solicita a este órgano de control constitucional, le sean practicadas las notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de ahí que no ha lugar a tenerlo señalando domicilio para tal efecto, pues será precisamente a través de dicho sistema (electrónico) que se le practicarán las notificaciones personales en este asunto. La contradicción de tesis en cita, dio lugar a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Incluso deviene pertinente destacar que de tener a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, implicaría que se pudieran duplicar las notificaciones al propio representante especial, ordenándolas tanto vía electrónica como en su domicilio. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del promovente a designar como único medio para oír y recibir notificaciones personales el domicilio que indica, en cuyo caso deberá solicitar que quede sin efectos la designación que hizo previamente para recibirlas vía electrónica. 9. Información de contacto. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, y diverso 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngansele proporcionando el correo electrónico jaime.juarez.lara@correo.cjf.gob.mx y el número de teléfono celular 7223027319, a efecto de estar en aptitud de establecer el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario, con la precisión que tal autorización no conlleva que por dicho medio electrónico se le realicen notificaciones. 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 11. Identidad de expedientes físico y electrónico. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico. 12. Datos personales. Con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión; por medio de lista que se publique en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación; y por oficio a las autoridades responsables en términos de este proveído.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

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