Nancy Medina Ángel

Expediente 24/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
24/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Nancy Medina Ángel
  • Secretaría del Trabajo Y Previsión Social

Actuaciones

  1. Principal

    En uno de febrero de dos mil veintitrés, el secretario certifica: Que el término legal de que disponía la parte quejosa para impugnar el auto de trece de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del veinte al veintiséis de enero de este año, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada electrónicamente el diecinueve de enero pasado; sin que lo hubiere hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha, se da cuenta al Juez, con el estado de autos y la certificación secretarial que antecede. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. De la certificación de cuenta, se desprende que, dentro de plazo legal que fue concedido a la parte quejosa, no impugnó el auto de trece de enero de dos mil veintitrés, dentro del plazo legal otorgado a la parte quejosa, en que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO. En mérito de lo anterior, se ordena el archivo definitivo del expediente, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente cuaderno, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En trece de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con una demanda de amparo presentada electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y registrada bajo el folio 582. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de enero de dos mil veintitrés. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Nancy Medina Ángel, por su propio derecho, contra actos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 24/2023. 1.2. Desechamiento. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 17, fracción l, y 18, de la Ley de Amparo, porque la demanda se presentó en forma extemporánea. En efecto, de los preceptos citados, se desprende que, el juicio de amparo debe instarse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente, a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la quejosa del acto o resolución que reclame o, a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del numeral 17, de la Ley de Amparo, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor, cuando se trate de una norma autoaplicativa (caso concreto en el presente juicio), el plazo para la presentación de la demanda de amparo será de treinta días, esto es, que: a) Hubiere surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acto que reclame; salvo la hipótesis prevista en la fracción I, del numeral 17, de la ley de la materia, que será de treinta días, contado a partir del mismo día de su entrada en vigor. b) La parte quejosa hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; c) La parte quejosa se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber a la parte quejosa el acto reclamado, o bien, con la entrada en vigor de la norma tildada de inconstitucional. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable, distinto a la notificación del acto reclamado, de una autoridad diversa, o incluso de la propia quejosa, que conlleve a la certeza de que esta última tuvo conocimiento en determinada fecha de aquél, el cual debe producir la convicción de que la quejosa se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que la quejosa se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación combatida, conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte de la afectada. En ese contexto, se concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos indicados, el cual, como se señaló, es determinante para computar el plazo excepcional de treinta días para la presentación del juicio constitucional. Es así, pues de la demanda de amparo se advierte que la quejosa manifiesta lo siguiente: ".IV.- Ley o acto que de cada autoridad se reclama: La expedición del ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECEN CRITERIOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN RELACIONADOS CON LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de noviembre de 2022 y que entro en vigor el día 15 de noviembre de esta misma anualidad." En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos indicados, el cual, como se señaló, es determinante para computar el plazo exceptuado de treinta días para la presentación del juicio constitucional, pues la quejosa reclama la expedición del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil veintidós, mismo que, como ya se dijo, entró en vigor al día siguiente, esto es, a las cero horas del quince de noviembre pasado. Así, el plazo de treinta días que establece el artículo 17, fracción l, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa presentara la demanda, le transcurrió del quince de noviembre al veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, esto es, el lunes 21 de noviembre (en conmemoración al 20 de noviembre), seis sábados (19 y 26 de noviembre, 3, 10, 17 y 24 de diciembre) y seis domingos (20 y 27 de noviembre, 4, 11, 18 y 25 de diciembre de dos mil veintidós). Luego si la demanda de amparo se recibió electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el día diez de enero de dos mil veintitrés, y fue turnada el doce de enero siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, es evidente que su presentación resulta EXTEMPORÁNEA, pues como se indicó, la parte quejosa estuvo en condiciones de ejercer su derecho para presentar la demanda de amparo, a partir del quince de noviembre al veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 26/98, visible en la página 461, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Materia Común Constitucional, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." En consecuencia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 17, fracción l, y 18, todos de la Ley de Amparo. 1.3. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo y autorizado para tales efectos a las personas que refiere. 1.4. USUARIO. De igual manera, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario respectivo para que registre al usuario que indica la parte quejosa, a efecto de tenga acceso al expediente electrónico. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 2.1. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Albina Alvarado Santos, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/200/2023, de nueve de enero de dos mil veintitrés, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa asistida de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.

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