Nadhir Noemí Vargas Bejar
Expediente 711/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nadhir Noemí Vargas Bejar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee las determinaciones siguientes: CAUSA EJECUTORIA Visto lo de cuenta, y toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto, que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la impetrante de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por ende, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En los autos del cuaderno incidental se aprecia que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 711/2021, promovido por Nadhir Noemí Vargas Bejar, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad; y, RESULTANDO Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Nadhir Noemí Vargas Béjar, contra el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por las razones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En treinta de diciembre de dos mil veintiuno, la secretaria certifica: Que el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, rinda su informe justificado transcurre del diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno, al veinte de enero de dos mil veintidós, plazo del que se descuentan los días inhábiles y el periodo de vacaciones de la autoridad. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. En la misma fecha, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con la certificación que antecede y con un escrito recibido electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrado bajo el folio 16935. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Alegatos. Téngase al Representante Especial, formulando alegatos; por tanto, se tienen por formulados para el efecto legal conducente, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene por ofrecidas la pruebas documentales consistentes en el informe justificado y previo, así como las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones que refiere el representante especial, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 2. Diferimiento. De la certificación de cuenta y estado procesal que guardan los autos se aprecia que no ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, rinda su informe justificado; en esa virtud, para dar margen a que se reciba el informe, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta, las NUEVE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS PARA SU VERIFICATIVO. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4764/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.
- Incidental
En veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno En Uruapan, Michoacán de Ocampo siendo las trece horas con treinta y un minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para este día, asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, en el presente incidente de suspensión 711/2021, de conformidad con lo dispuesto en el AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que estas no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, la secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver y el Juez acuerda lo conducente. CUENTA ACUERDO 1 La Secretaria certifica: que a través de juicio en línea se recibió un escrito del representante especial de los menores de edad, registrado bajo el folio 16798. Se da cuenta con el informe previo rendido con anterioridad el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán de Ocampo.Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. PRUEBAS1 Se da con las pruebas documental pública, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones ofrecidas por el representante especial de los menores de edad Se tienen por admitidas y desahogadas conforme a su especial naturaleza, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. Se cierra esta etapa. ALEGATOS 1 Se hace constar que la parte quejosa formuló alegatos. Se le tiene formulando los alegatos que a su parte corresponden y se cierra esta etapa Finalmente, el Juez procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, Nadhir Noemí Vargas Béjar, por su propio derecho, solicitó la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X de la Constitución Federal; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamados. La quejosa solicitó la suspensión definitiva respecto de: "(.) IV.- ACTO RECLAMADO. Lo constituye el auto de fecha 24 de Noviembre del 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio Ordinario Oral Familiar que sobre Perdida de la Patria Potestad promueve el C. ALEJANDRO SILVA MEDEL en el juzgado Tercero Familiar de este Distrito Judicial bajo el número 219/2020. (.)". De lo anterior se desprende que, la impetrante de amparo comparece ante esta instancia constitucional a solicitar la suspensión de los actos reclamados, en esencia, de lo siguiente: Las consecuencias del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio 219/2020, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, por el cual, se modificó el pago de pensión alimenticia provisional, en favor de las menores de iniciales P.A. y X.M., ambas de apellidos Silva Vargas. TERCERO. Normas, actos u omisiones cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto que el quejoso reclama del Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, debido a que así lo manifestó la propia autoridad al rendir su informe previo. CUARTO. Improcedencia de la suspensión. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, Las previsiones que el Juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia de los actos reclamados. La naturaleza de los actos reclamados. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión de los actos reclamados; y. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Orienta a lo anterior, la tesis emitida por el Tercero Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, XXVII.3o.J/2., de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". Ahora, en estrecha vinculación con lo expuesto, se exige que los actos reclamados acorde su naturaleza, sean susceptibles de suspenderse. Lo anterior es así, pues, en caso de conceder la suspensión equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia decretada a cargo del ahora parte incidentista, y los perjuicios que se ocasionarían a los acreedores alimentistas, serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger su subsistencia y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial. Se suma a lo anterior, que conforme a la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de la que el Estado Mexicano forma parte, publicada en la primera sección del Diario Oficial de la Federación del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en su artículo 4°, se establece que toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación; de ahí que resulte improcedente conceder la medida cautelar solicitada. Además que, del escrito de demanda no se desprende que con la fijación de la pensión alimenticia la parte incidentista quede en estado de insolvencia; máxime, que el monto de la pensión se fija en un porcentaje de los ingresos de la obligada, suficientes para cubrir los gastos indispensables para la subsistencia de los acreedores, a efecto de que la referida pensión resulte verdaderamente proporcional a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 128 fracción II de Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en relación con el 129, fracción IX de la citada Lay, SE NIEGA A LA PARTE INCIDENTISTA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA PETICIONADA, pues, como se estableció en líneas primigenias, de concederse dicha medida cautelar se afectaría el orden público y el interés social, ya que se impediría el pago de alimentos en favor de los acreedores alimentistas. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.14o.C.74 C, del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 3147, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente: "ALIMENTOS. CUANDO SE INVOLUCRA EL DERECHO DE UN MENOR A RECIBIRLOS, NINGUNA RAZÓN FORMAL VÁLIDAMENTE LO PUEDE OBSTACULIZAR O HACER NUGATORIO. El interés superior de un menor debe encontrarse inmerso en toda consideración judicial que se pronuncie en la que pudieran afectarse, directa o indirectamente sus derechos, por lo cual los juzgadores tienen que tomar en cuenta los derechos preponderantes y de mayor jerarquía de los niños, como criterio rector para resolver lo que corresponda. Por tanto, si desde que se presenta una demanda incidental se solicita, en favor de un menor de edad, se fije una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, ninguna razón formal puede constituir un obstáculo jurídico válido que impida pronunciarse respecto a la determinación del monto de la pensión de alimentos tomando como base la presentación de dicha demanda, independientemente de que en el auto que la admita no se decrete en contra del demandado una pensión alimenticia provisional y que esa resolución se hubiese consentido, porque no se impugnó oportunamente, en tanto que no es admisible reconocer un mayor peso a esta cuestión meramente formal, que a la concreción líquida del derecho de un menor a recibir alimentos, establecido en una sentencia firme, si tal pronunciamiento puede realizarse en la resolución definitiva del incidente, en la que se comprendan los alimentos adeudados desde que se presentó la demanda referida y los que se sigan venciendo hasta la fecha en que el menor ya no los necesite, o se declare la cancelación o suspensión del derecho a recibirlos. Esta postura encuentra plena justificación, en la medida de que el derecho a recibir alimentos comprende un conjunto de satisfactores necesarios para preservar la salud y subsistencia, entre otros, de un niño, cuyo interés, como derecho fundamental, debe ser tutelado a toda costa, y evitar, con ello, que ese derecho resulte nugatorio". Asimismo, sirve de apoyo la tesis II.2o.C.212 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 965, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ALIMENTOS. SU FIJACIÓN EN PORCENTAJE RESULTA LEGAL Y CORRECTA CUANDO SE DESCONOZCAN LOS INGRESOS REALES DEL DEUDOR. Cuando en un juicio de divorcio se condene al pago de pensión alimenticia, y no existan datos que permitan determinar los ingresos del deudor alimentista, es correcto fijar el monto de la pensión en un porcentaje de los ingresos del obligado, suficientes para cubrir los gastos indispensables para la subsistencia de los acreedores, a efecto de que la referida pensión resulte verdaderamente proporcional a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Ello cuando no queden probados dichos ingresos reales del deudor alimentista." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se niega a Nadhir Noemí Vargas Béjar, la suspensión definitiva, en los términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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