Nancy Lilia Nuñez Borja

Expediente 45/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
45/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Nancy Lilia Nuñez Borja
  • Juez de Ejecución de Penas en funciones de Juez Tradicional del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el mismo causa estado. En tal virtud, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese el presente asunto como concluido. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de garantías promovida por Nancy Lilia Núñez Borja, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo indirecto con el número 45/2022-V. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, la anterior disposición legal señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre demostrada al menos una causa de improcedencia del juicio constitucional; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado por Nancy Lilia Núñez Borja, es materia de otro juicio de amparo que se encuentra en trámite pendiente de resolución. Para una mayor comprensión del presente asunto se impone reproducir el contenido del artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." La causa de mérito establece que el juicio de amparo resulta improcedente tratándose de normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, siempre y cuando dicho juicio sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De la demanda de amparo se aprecia que Nancy Lilia Núñez Borja, la promueve contra un acto del Juez de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de acordar fecha y hora para celebrar la audiencia relativa a la concesión del beneficios preliberacionales, solicitada en la causa penal 1091/2010. Ahora bien, como hecho notorio para este órgano de control constitucional, se tiene la existencia del diverso juicio de amparo 37/2022-VIII, el que se tiene a la vista al momento de emitir el presente acuerdo, por constituir un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto del índice de este Juzgado de Distrito, del cual se obtiene que el citado juicio fue promovido por Nancy Lilia Núñez Borja, en contra del propio acto reclamado a la autoridad responsable referida en el párrafo anterior, el que se encuentra en trámite y pendiente de resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.103/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, Materia Común, consultable en la página 285, cuyo texto y rubro dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En este orden de ideas, si el acto atacado de inconstitucional que motivó el presente expediente es materia de un diverso juicio de amparo no concluido del orden de este juzgado federal (37/2022-VIII), dado que a la fecha se encuentra pendiente de resolución, tal como se advierte de los autos del mismo que se tienen a la vista; resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso en lo conducente la tesis XI.2o.8 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Junio de 1996, Novena Época, página 817, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." Las jurisprudencias y tesis antes mencionadas integradas conforme a la ley de amparo anterior, resultan aplicables al caso en atención a que no se oponen a la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo interpuesta por Nancy Lilia Núñez Borja. Toda vez que la promovente se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Dos, en esta localidad fronteriza, lugar que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones y no autorizó a persona alguna para ello, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, ésta y las subsecuentes notificaciones deberán realizarse en forma personal en dicho centro de reclusión. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la actuaría judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente expediente (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Se hace saber también que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Elfego Bencomo Siller, secretario que autoriza las actuaciones y da fe.JEBG/EBS/dcmm

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