Nancy Herrera Campuzano
Expediente 371/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Nancy Herrera Campuzano y Otros.
- Nancy Herrera Campuzano
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite el proveído de ocho de agosto último, pronunciado en el juicio de amparo directo 189/2022 de su índice, en el que informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de garantías promovida por Nancy Herrera Campuzano por propio derecho y en representación de su menor hija V.G.D.H. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de mayo de dos mil veintidós. Por recibida la demanda promovida por Nancy Herrera Campuzano, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales V. G. D. H. contra actos atribuidos al Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 371/2022-VI. Ahora bien, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que este juzgador carece de competencia legal para conocer de la misma, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de fecha veintiocho de marzo del año en curso dentro del expediente 17/2022, del índice del tribunal antes indicado, en la cual se declaró prescrita la acción intentada por la parte actora y no se admitió la demanda planteada, por lo que al ser una resolución que pone fin a juicio, es impugnable en la vía de amparo directo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, 44, 170 y 171 de la Ley de Amparo, numerales que indican: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De los numerales citados, se aprecia que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; entendiendo como tales, aquellas que, sin decidir en lo principal, dan por concluida la controversia planteada. Asimismo, se colige que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, excepto cuando la ley permita la renuncia de los recursos. En el caso, se itera que del análisis de la demanda se advierte que la impetrante de garantías reclama una resolución que pone fin a juicio, pues señala como acto reclamado, la emitida en el expediente 17/2022 por el Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad, en donde se declaró prescrita la acción intentada por la actora y, se negó la admisión de la demanda laboral. En ese tenor, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes, tal determinación es combatible a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgador se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías, por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase la demanda, junto con las copias exhibidas y demás constancias que obran en el presente expediente al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que esté en aptitud de determinar lo que en derecho corresponda. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Parque Juárez, número 515, del Fraccionamiento Los Parques, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Alejandro Ulises Vizcarra por no contar con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la quejosa y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 03 DE MAYO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Por recibida la demanda promovida por Nancy Herrera Campuzano, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales V. G. D. H. contra actos atribuidos al Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 371/2022-VI. En el caso, se itera que del análisis de la demanda se advierte que la impetrante de garantías reclama una resolución que pone fin a juicio, pues señala como acto reclamado, la emitida en el expediente 17/2022 por el Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad, en donde se declaró prescrita la acción intentada por la actora y, se negó la admisión de la demanda laboral. En ese tenor, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes, tal determinación es combatible a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgador se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías, por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase la demanda, junto con las copias exhibidas y demás constancias que obran en el presente expediente al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que esté en aptitud de determinar lo que en derecho corresponda.
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