Nancy Juárez Avila
Expediente 777/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nancy Juárez Avila
- Juez Mixto de Primera Instancia en Zinapécuaro, Michoacán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Nancy Juárez Ávila. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo y 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. ORIGINAL DE INCIDENTE Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DUPLICADO DE INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, por resultar innecesaria su retención en este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IV-777/2021, promovido por Abraham de la Cruz Castillo Dzib y Moisés Patiño Camargo, en su carácter de apoderados de NANCY JUÁREZ ÁVILA, contra actos de la Jueza Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito al día siguiente hábil, Abraham de la Cruz Castillo Dzib y Moisés Patiño Camargo, en su carácter de apoderados de NANCY JUÁREZ ÁVILA, promovieron demanda de amparo indirecto en contra actos de la Jueza Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió la citada demanda de garantías; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. En términos de lo señalando en los artículos primero y quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el presente asunto, será resuelto conforme a la ley vigente a partir del día tres de abril del referido año, al haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, cuyo contenido no se oponga a lo que la ley vigente de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la citada ley. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello en atención a que la parte quejosa reclama actos atribuidos a autoridades jurisdiccionales en materia civil con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se aprecia que la peticionaria de garantías reclama en esta instancia constitucional: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 873/2017, que sobre reivindicación de inmueble promovieron Daniel y Alicia, ambos de apellidos Juárez de la Vega, Alfonso Juárez Reyes y Gloria de la Vega Albor, frente a Cristina y Estefanía Alejandra, ambas de apellidos Juárez Ávila y Blanca Margarita Ávila Ortiz,; así como la inminente desposesión del inmueble materia de dicho controvertido, todo ello derivado de que no se le llamó a juicio como demandada poseedora del inmueble. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido de los informes justificados rendidos por la Juez y el Actuario, ambos adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, se advierte que aceptan parcialmente la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las documentales exhibidas en autos, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso particular, quien suscribe estima actualizada la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción II y el 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, toda vez que se concluye que tiene la calidad de autoridad responsable quien intervino en la tramitación del juicio ordinario civil 873/2017, del que derivan los actos reclamados en esta instancia constitucional. Esto es, tanto la Jueza Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, así como el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, siendo que dicho titular de la Sala unitaria no fue señalado como responsable por la quejosa, pese a que desde que presentó su demanda narró la intervención que tuvo dicha autoridad al confirmar el fallo que condenó a la restitución del inmueble que ahora pretende defender. Para sustentar esta postura, es preciso señalar que de las constancias que remite la jueza responsable y que en su oportunidad fueron valoradas en forma legal, se desprenden como antecedentes del acto reclamado los siguientes: Ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, se tramitó el juicio ordinario civil número 873/2017, al que la quejosa no fue llamada a juicio pese a ostentarse como poseedora del bien inmueble materia de la reivindicación. Una vez seguido el juicio por sus etapas procesales, se dictó sentencia declarando procedente la acción y como consecuencia condenando a las demandadas a la entrega del inmueble materia de la reivindicación. Inconforme con dicha resolución las demandadas interpusieron recurso de apelación, de la cual correspondió conocer al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el toca I-50/2020, quien mediante resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida. Por su parte, la peticionaria del amparo aduce que al ser poseedora del inmueble materia de la reivindicación debió llamársele a juicio a fin de hacer valer sus derechos, ostentándose por tanto tercera extraña equiparada por litisconsorcio. De lo anterior se colige que el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, tuvo intervención en el controvertido y, no obstante ello, la quejosa fue omisa en señalarlo como autoridad responsable, pese a que sabía de su participación desde que presentó su demanda de garantías, por así narrarlo en el tercero de los antecedentes manifestados bajo protesta de decir verdad. Sin que este Órgano de Control Constitucional esté facultado para suplir la deficiencia en la queja hasta el grado de extenderse señalando nuevas autoridades responsables. Bajo esas condiciones, el que suscribe se encuentra material y jurídicamente imposibilitado para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, toda vez que, como ya se dijo, tienen la calidad de autoridades responsables quienes intervinieron en la tramitación del juicio ordinario civil 873/2017; esto es, tanto la Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, como el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que pronunció la sentencia de segunda instancia, confirmando el fallo apelado, en el que se ordenaba la entrega del inmueble. Ello es así ya que de concederse el amparo a la parte quejosa implicaría dejar sin efectos la sentencia de apelación, entre otros actos, sin que el Magistrado que la dictó haya sido llamado y menos aún oído en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 164628 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2010 Página: 145 AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO ES LA SALA QUE CONOCIÓ DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CUANDO EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN RECLAMA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE ORIGEN Y TODO LO ACTUADO EN ÉL. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia P./J. 5/98 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR.", se infiere quiénes serán autoridades responsables en la demanda interpuesta por un tercero extraño a juicio por equiparación; luego entonces, es autoridad responsable la Sala que pronunció la sentencia de segunda instancia debido a que si como parte de los actos reclamados se señala el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el juicio a partir de aquél, entonces la Sala que pronunció el fallo de segundo grado que forma parte del juicio tendrá el carácter de autoridad responsable al haber intervenido en los actos posteriores al emplazamiento. Así, la Sala que conoció del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia cuando se reclama en amparo indirecto el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el juicio de origen es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que al tercero extraño por equiparación no sólo le afecta el ilegal emplazamiento a juicio sino también las determinaciones posteriores a éste, las cuales fueron tomadas durante todo el procedimiento como consecuencia de no haber sido legalmente emplazado. Virtud a lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente impedido para analizar el fondo material controvertido, ya que al no haber sido llamado a juicio la autoridad que conoció del recurso de apelación, se le dejaría inaudita en el juicio de amparo, ya que no podría justificar su acto o defender la constitucionalidad del mismo, y de concederse el amparo se dejaría sin efecto su sentencia, dado que a la quejosa no solo le afecta la falta de llamamiento al procedimiento sino todo lo actuado en el juicio de origen con posterioridad, como lo es la resolución de segunda instancia que lesiona su interés. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con registro digital 2024885, que a continuación se transcribe: Registro digital: 2024885 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: I.4o.C.2 C (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo VII, página 6349 Tipo: Aislada PERSONA EXTRAÑA A JUICIO REIVINDICATORIO. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE TENER EL ALCANCE DE DARLE INTERVENCIÓN DE LITISCONSORTE PARA DEFENDER SU POSESIÓN ORIGINARIA TUTELADA EN EL JUICIO DE AMPARO. Hechos: En un juicio reivindicatorio se dictó sentencia estimatoria en contra de los poseedores derivados, que recibieron la posesión del inmueble en calidad de arrendatarios del quejoso, quien no fue llamado a ese juicio, y acudió a pedir amparo en calidad de tercero extraño. Criterio jurídico: La persona extraña a juicio reivindicatorio debe ser restituida en el pleno goce de su derecho de audiencia para defender la posesión originaria tutelable en amparo, mediante la reposición del procedimiento natural, para darle intervención de litisconsorte. Justificación: El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que si el acto reclamado es de carácter positivo, la concesión debe restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, reestableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Así, tratándose de una persona extraña a juicio, el Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 11/95, en sesión de 18 de septiembre de 1997 consideró, entre otros supuestos, que cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se afectan directamente sus derechos humanos, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento contencioso del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Por ello, se afirma que resultaría insuficiente o precaria una concesión de amparo en la que únicamente se disponga que no se realicen actos de ejecución en contra del quejoso, pues dejaría intocada la sentencia estimatoria que reconoce un derecho contrapuesto a su interés, con lo que no habría restitución plena en el derecho vulnerado y tutelado en el amparo. Por tanto, el alcance de la protección constitucional debe ser para privar de toda eficacia lo actuado en el juicio a partir de que quedó fijada la litis natural, porque previamente a su continuación y apertura del periodo probatorio y alegatos, así como al dictado de la sentencia definitiva y su ejecución, el extraño debe quedar integrado al procedimiento, mediante su intervención de litisconsorte, porque la sentencia en el juicio reivindicatorio produce efectos directos y constitutivos en su esfera jurídica, de un lado, porque supone la declaratoria de dominio o propiedad sobre un bien cuya posesión originaria que cuenta es tutelable en el amparo; y de otro, implica la desocupación del mismo, cuya condena, aunque se dirija en contra de los demandados, si inicialmente recibieron la posesión del inmueble del quejoso, éste es el que debe salir en defensa de la perturbación de su posesión originaria. Así como la diversa: Época: Décima Época Registro: 2015542 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.14o.C.21 C (10a.) Página: 2203 TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. CUANDO PROMUEVE AMPARO INDIRECTO OSTENTÁNDOSE COMO PROPIETARIO DE UN BIEN INMUEBLE MATERIA DE LA LITIS EN UN JUICIO REIVINDICATORIO, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE ABSTENGAN DE DICTAR O EJECUTAR ACTOS QUE AFECTEN EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA EN TANTO SE OTORGUE EL DE AUDIENCIA. Cuando un tercero extraño promueve un juicio de amparo indirecto ostentándose como propietario de un bien inmueble materia de la litis en un juicio reivindicatorio, la protección constitucional debe ser para el efecto de que las autoridades responsables (ordenadoras y ejecutoras) se abstengan de dictar o ejecutar actos que afecten el derecho de propiedad que defiende, hasta en tanto se otorgue el derecho fundamental de audiencia previa en el juicio que, en su caso, promuevan los interesados para dilucidar las cuestiones de propiedad del bien raíz. Lo anterior no implica que la autoridad judicial deba abstenerse de analizar la acción intentada en la contienda de origen o suspender su tramitación, ya que si resulta procedente, podrá determinar, entre otros aspectos, que el demandado entregue a la parte demandante el inmueble materia de la controversia y lo desocupe, pero sin dictar o ejecutar actos que afecten el derecho de propiedad invocado por el tercero extraño, a quien no podría llamársele a ese procedimiento hasta en tanto se promueva uno en su contra en que sea parte formal, para que goce de los derechos fundamentales inherentes. Aunado a lo anterior, quien suscribe estima que también se actualiza la diversa causal causa de inejercicio de la acción constitucional prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que se estima que la quejosa no acreditó su interés jurídico para acudir en demanda de la protección federal. El numeral señalado textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley." En efecto, por interés jurídico debe entenderse el derecho subjetivo, público o privado que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías en su perjuicio, derecho que debe estar protegido por alguna norma legal y cuando se afecte por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, éste podrá acudir al juicio de amparo. Ahora, si bien la quejosa aduce tener la posesión del inmueble materia del controvertido de origen, lo cierto es que dicha circunstancia no fue acreditada. Y, hasta este momento tampoco está acreditado en autos derecho alguno derivado de un título sustentado en alguna figura jurídica que genere el derecho de posesión que ostenta. De tal modo que la aquí quejosa actualmente no está reconocida como propietaria o poseedora del inmueble, ni ostenta algún título respecto del mismo. De ahí que sus manifestaciones sean insuficientes para tener por acreditado el interés jurídico para efectos del juicio de garantías, en razón de que, como ya se dijo, no se acreditó el derecho que le asiste; esto es, la parte quejosa no ofreció medio de convicción alguno a efecto de demostrar su derecho derivado de un título sustentado en alguna figura jurídica y que sea generador del derecho que aduce tener. Sirve de apoyo la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido expresa: Época: Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En consecuencia, al surtirse las causales de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. De ahí que en el caso concreto, este juzgador está impedido para actuar en consecuencia y llegar al extremo de tener por señalada como responsable a una autoridad a la que no se le designó tal carácter en el momento procesal oportuno. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por NANCY JUÁREZ AVILA, contra actos de la Jueza Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, y otra autoridad, en términos del considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 777/2021 promovido por Nancy Juárez Avila contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Zinapécuaro, Michoacán y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se encuentran emplazados como terceros interesados ********************. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. En razón de que ninguna de la partes en este juicio compareció al desahogo de la prueba testimonial ni el oferente de la misma presentó a los atestes, no obstante haber sido debidamente notificado de ello como consta en la respectiva notificación; se hace efectivo el apercibimiento decretado el veintitrés de septiembre pasado, esto es, se declara desierto ese medio de convicción con las consecuencias legales que ello implica. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Juez Mixto de Primera Instancia en Zinapécuaro, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Zinapécuaro, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa y autoridad responsable aportaron prueba documental, misma que se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo; en el entendido que, la relativa a la responsable obra en cuaderno de pruebas por separado en la secretaría de este juzgado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente los formuló el representante social de la adscripción mediante pedimento presentado el dieciséis de diciembre de dos ml veintiuno. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. SE ADMITE PRUEBA TESTIMONIAL Agréguese para que obre como corresponda, el escrito signado por el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga el requerimiento de doce de septiembre del presente año; atento a lo anterior, y como se advierte se había reservado proveer respecto de la prueba testimonial ofrecida en autos, en consecuencia, y dado que en el escrito de cuenta el ocursante da cumplimiento al requerimiento realizado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida la prueba testimonial anunciada en autos, la que se desahogará a cargo de los atestes María del Carmen Luna Ramírez, María Leticia Arellano Hernández y Ma. Guadalupe Álvarez Lázaro, quienes serán examinados al tenor del interrogatorio que se acompañó al escrito de ofrecimiento; consecuentemente, distribúyase entre las partes copia del interrogatorio respectivo y hágaseles saber el derecho que tienen de repreguntar a los testigos ya sea en forma verbal o por escrito. De igual manera, toda vez que la parte quejosa, no manifiesta impedimento alguno para presentar a los testigos, prevéngasele para que los presente identificados con documento oficial ante el personal de este juzgado en la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional, con el apercibimiento que de no hacerlo, se declarará desierto el medio de convicción en su perjuicio. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe
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