Nancy Ibarra Cortés
Expediente 14/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nancy Ibarra Cortés y Otros.
- Nancy Ibarra Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. FIRME DESECHADA Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintitrés de enero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por NANCY Y JULIO CÉSAR AMBOS DE APELLIDOS IBARRA CORTÉS, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, suscrito por los quejosos, a través del cual solicita la devolución de los documentos originales que adjuntó al juicio de amparo en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°, hágasele la devolución de los referidos documentos, autorizando para tal efecto a las personas que señala, previa acta de desglose que se realice y sin que haya lugar a dejar copia certificada de los mismos, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. SE ACUERDA ACTA DE RATIFICACIÓN Agréguese a los presentes autos el acta de ratificación, a través del cual los quejosos******************** ratifican el contenido del escrito aclaratorio de demanda el dieciséis de enero del año en curso y presentado ante la Oficialía de Partes de este juzgado el día hoy. En consecuencia, como de la lectura del escrito presentado el día de hoy, se advierte que la parte quejosa cumplió cabalmente con lo putos de prevención que se le formularon el seis de enero del año en curso, se provee lo siguiente: ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda de amparo y aclaratorio de la misma, promovida por********************, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. En términos de la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenida en la Tesis PC.III.L. J/5 L (10a), localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]; en esa virtud, procede analizar sobre el carácter de autoridad de la institución que se señala como responsable en la demanda y el acto que se le reclama. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Mientras que el artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, este juzgado advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, interpretada contario sensu, ambos de la Ley de Amparo, dado que la autoridad que señala como responsable, no le asiste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En efecto, en esa línea de estimación, respecto de los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De esos dispositivos legales transcritos, se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente contra "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado a la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, en este juicio de amparo. La fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, establece claramente: "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad", esto es, para determinar que un particular deba ser llamado al juicio de amparo como autoridad responsable, debe examinarse el tipo de acto que realiza, esto es, sí realiza un acto equivalente a uno de autoridad, entonces se le considerara como autoridad responsable, pero si sus actos, no reúnen dichas características, no pueden ser llamados con tal carácter. En efecto, de las anteriores consideraciones deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, como aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares (que se emitan en el mismo plano de igualdad), precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Luego, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Del tal criterio se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para los efectos del juicio de amparo, una autoridad goza de las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado. En esa relación de supra a subordinación, las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, características de las que igualmente deben encontrarse revestidos los actos de particulares, pues de lo contrario, esto es, al faltar alguna de esas características, no se pueden considerar como actos de autoridad. De tal modo, se considera que la responsable no actúa como autoridad para efectos del amparo al determinar el corte del suministro de energía eléctrica. En efecto, el hecho de que no se les haya dado la oportunidad de ser escuchados o imponerse a un debido procedimiento relativo al corte de suministro de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad, no significa que realice actos de autoridad para el juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. Como premisa fundamental para apoyar tal consideración, debe tenerse en cuenta que, por regla general, la Comisión Federal de Electricidad no puede ser considerada como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que sus actos normalmente derivan de la relación contractual inherente a la prestación del servicio público que tiene encomendado, siendo considerados dentro de un plano de coordinación; sin que incluso la determinación para negar el suministro de energía eléctrica, pueda ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, puesto que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, siendo por regla general, que los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades; por lo que, resulta inconcuso, que los actos que reclama de la autoridad responsable no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de supra a subordinación y que por tanto se atribuya como acto de autoridad. De lo que se tiene, que el acto que reclama de la Comisión señalada como responsable no se encuentra revestido de imperio frente al particular en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, porque carece de las características de unilateralidad propias de un acto de autoridad. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que dice: Registro digital: 2016656 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa, Civil Tesis: 2a./J. 30/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532 Tipo: Jurisprudencia "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo.". Así como la diversa jurisprudencia del texto siguiente: Registro digital: 2000322 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Común, Administrativa Tesis: IV.2o.A.4 A (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página 1082 Tipo: Aislada "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO CUANDO CORTA O SUSPENDE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO EL CORTE O LA SUSPENSIÓN NO DERIVE DEL SIMPLE IMPAGO DEL AVISO RECIBO CORRESPONDIENTE Y AUN CUANDO EL QUEJOSO EXPRESE DESCONOCER LAS CAUSAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 318/2009, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 560, sostuvo que el corte del suministro de energía eléctrica efectuado por la Comisión Federal de Electricidad ante el incumplimiento de pago del usuario, no genera que la relación de coordinación que existe entre ambos se transforme a una relación de supra a subordinación, ya que sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo, a través del embargo de bienes), para lo cual sí se tendría que acudir a los tribunales de justicia para esos efectos. Consecuentemente, el citado organismo no es autoridad para efectos del amparo cuando corta o suspende el suministro de energía eléctrica, inclusive cuando el corte o la suspensión no derive del simple impago del aviso recibo, sino de cualquier otro de los supuestos previstos en el contrato de prestación del servicio o de un procedimiento de verificación o reajuste seguido en términos de los artículos 30 y 31 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ya que ni el contrato en sí mismo ni el procedimiento descrito en dichas disposiciones reglamentarias otorgan a la mencionada comisión potestades de imperatividad, coercitividad o unilateralidad que supongan la posibilidad legal de que, en caso de resistencia, pueda vencer por sí misma al usuario yendo más allá de la determinación de un adeudo, un saldo a favor o la suspensión del servicio; de lo que sigue que aun cuando el corte ya fue ejecutado, la indicada comisión continúa actuando acorde con lo contractualmente pactado, sin que se constituya por dicha acción una relación de supra a subordinación. Sin que obste a lo anterior la expresión lisa y llana del quejoso en el sentido de que desconoce las causas del corte o suspensión, pues al prevalecer la consideración de que éste constituye sólo el ejercicio de un derecho de retención en el ámbito contractual, la controversia que se suscite al respecto constituiría una denuncia de incumplimiento del contrato por la parte prestadora del servicio y la materia del amparo en ese supuesto incluiría resolver, precisamente, si en realidad existe un incumplimiento de los contratantes, por el impago en que habría incurrido el quejoso o por la decisión unilateral de no proporcionarlo más sin causa justificada; cuestiones cuyo análisis no corresponde a un procedimiento extraordinario de control constitucional, como lo es el juicio de amparo.". Sin que nos encontremos en alguno de los supuestos que señala el criterio Jurisprudencial citado en primer término, para que se pueda considerar a la Comisión Federal de Electricidad como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Ello es así, en virtud de que el quejoso no señala ni se advierte que el acto reclamado vulnere derechos humanos, además de que no se reclama la aplicación de normas que se estimen inconstitucionales. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado, se estima que se actualiza las causas de improcedencia invocadas con antelación y, en consecuencia POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por********************, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. PRETENDE CUMPLIR REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el escrito de cuenta aparentemente signado por los promoventes Nancy y Julio César ambos de apellidos Ibarra Cortés, por propio derecho, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de doce de enero del año actual; sin embargo, se advierte que las firmas que lo calzan difieren notablemente a simple vista con las que obran estampadas en el escrito inicial de demanda. En tal virtud, requiérase a los promoventes, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados de este proveído, comparezcan ante el personal de este juzgado en hora y día hábil, con identificación oficial para que manifiesten si ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito de cuenta y si reconocen como suyas las firmas que lo calzan; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso con el que se da cuenta. Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: Tesis: 3a. 24 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207437 Tercera Sala Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Página 385 Jurisprudencia (Común) "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". El criterio jurisprudencial que aparece citado, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintitrés. SE RECIBE EJECUTORIA DEL TRIBUNAL DE ALZADA. Acúsese recibo al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, del oficio 9030 mediante el cual ese tribunal remite el expediente original del juicio de amparo en que se actúa, y testimonio de la ejecutoria pronunciada en la revisión civil 134/2022; agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, que el tribunal de alzada, mediante ejecutoria de ocho de diciembre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, reflejado en el resolutivo primero de la misma, en relación con los actos atribuidos a la Encargada del Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Morelia. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ********************, por propio derecho y como representante legal de sus hijas menores de edad de iniciales ******************** de apellidos ********************, contra el acto reclamado al Gobernador, al Congreso y al Pleno del Consejo del Poder Judicial, todos del Estado de Michoacán, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el séptimo considerando de este fallo. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ********************, por propio derecho y como representante legal de sus hijas menores de edad de iniciales ******************** de apellidos ********************, contra el acto reclamado al Gobernador, al Congreso y al Plano del Consejo del Poder Judicial, todos del Estado de Michoacán, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el séptimo considerando de este fallo. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ********************, por propio derecho y como representante legal de sus hijas menores de edad de iniciales ******************** de apellidos ********************, contra el acto reclamado a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria." En consecuencia, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y envíese a las autoridades responsables copia de la resolución aludida, asimismo agréguese el cuaderno de antecedentes derivado de este juicio y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Cabe precisar que los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional al quejoso, son los siguientes: ".1. Deje insubsistente el auto reclamado, y, en su ligar pronuncie otro en la cual reitere los aspectos que no fueron materia de concesión en esta ejecutoria, esto es, que las convivencias presenciales son las más adecuadas para las menores, en los términos precisados por la responsable. 2. Con independencia de las reglas de salud establecidas por la Organización Mundial de la Salud, así como los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para evitar más contagios en el país, que la responsable familiar fijó en el acuerdo reclamado, deberá requerir a los progenitores y los abuelos maternos y paternos que conviven directamente con la menores que demuestren encontrarse vacunados contra el virus SARS-COVID 19, así como para requerir al progenitor custodio a fin de que acredite que las menores ya se encuentran vacunadas, o en su caso manifestaran la imposibilidad que tengan para ello. En la inteligencia de que el hecho de que las menores de edad no cuenten con sus vacunas ello no sería obstáculo para que convivan con la progenitora no custodio y sus abuelos maternos." SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. En consideración a lo anterior, requiérase al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, para que en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta una multa de cien a mil unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia, y si aun así es omisa se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193, de la ley en aplicación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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